El “gran olvidado”: José Luis Torres, el periodista de investigación que bautizó a “La Década Infame”

La Década Infame fue un período oscuro en la historia argentina. Se refiere a la época desde 1930 hasta 1943, donde los sistemas gubernamentales cuyo deber principal era proteger a los ciudadanos argentinos, en realidad estaban plagados de corrupción, sumisión a intereses extranjeros y repetidas maniobras en perjuicio al interés público.

Pero poco se habla de una figura central en esta historia, de la mismísima persona que bautizó aquel período como la “Decada Infame”. Se trata de José Luis Torres, un periodista tucumano cuyas investigaciones no solo sirvieron para exponer el cohecho de los funcionarios públicos, sino que también se usaron como evidencia en las investigaciones posteriores que se hicieron para poner en evidencia aquellas maniobras ilegales.

Torres nació en 1901 en San Miguel de Tucumán y desde joven tuvo una perspectiva crítica hacia las instituciones gubernamentales no solo de su provincia natal, sino también a nivel nacional.

Un observador por naturaleza, durante su adolescencia Torres percibía cómo los tucumanos poderosos, que él definía como la “oligarquía”, explotaban a los trabajadores, que trabajaban largas horas cosechando azúcar -una de las industrias más grandes de Tucumán- bajo condiciones precarias. Él mismo lo describió en su libro La Década Infame:

“Ahora la región en que nací es tierra de enfeudación de grandes oligarcas. Una veintena de ellos disfruta de todos los halagos, mientras millares y millares de familias viven la lacería de su miseria injusta. Quienes mercan el azúcar sin haber cultivado jamás una planta de caña ni movido nunca un dedo en el esfuerzo de convertirla con su industria, han acumulado millones y millones de pesos, traficando el fruto del esfuerzo ajeno. Y muchos niños hambrientos de mi tierra no tienen fuerzas para aprender el abecedario y se desmayan de inanición al repetir la lección de su maestra”.

Tras presenciar esta injusticia, Torres ni había cumplido los diecisiete años cuando fue detenido por la policía por el delito de “escandalizar la tranquilidad de los privilegiados en procura de un mísero aumento de jornal para los trabajadores de una fábrica de azúcar”.

Fue por esa época que decidió seguir por el camino del periodismo. Hasta ese momento había tenido trabajos misceláneos, entre ellos fue dependiente de ferretería, empleado de biblioteca, “pinche” de oficina y redactor esporádico de artículos periodísticos en Tucumán. Decidió probar suerte en otras partes del país y logró ser director de diarios en Salta y Jujuy. De todos modos, al poco tiempo Torres se dio cuenta que la cuna de la corrupción era Buenos Aires, y que si quería seguir sus impulsos periodísticos debía reubicarse en la capital del país:

“No era posible aceptar, sin renunciar todos los atributos que ennoblecen al hombre y enaltecen su conducta, el dominio del fraude, de la mentira y la venalidad, sin luchar por librar a la República de estas plagas. Vine después a Buenos Aires, dispuesto a luchar contra la ignominia ufana de sus triunfos, sin ningún propósito de venganza, animado solamente por patrióticos impulsos,” recordó en su libro La Década Infame.

Fue en el año 1930 que Torres comenzó a hacerse de enemigos poderosos por las denuncias que hacía a través de sus trabajos de investigación. José Félix de Uriburu era presidente de facto en ese momento, y durante su mandato se dio la génesis de lo que hoy se sigue conociendo como la década infame.

Era un período repleto de incertidumbre. El gobierno radical de Hipólito Yrigoyen había sido interrumpido por la fuerza y Uriburu terminó en el poder tras el primer golpe de Estado. Durante su gestión, Uriburu se dedicó a suprimir la ley Sáenz Peña e impulsar el fraude electoral, reformar la Constitución, dirigir un régimen represivo y conspirar con las empresas extranjeras en perjuicio de los intereses nacionales.

En una conversación con Infobae, el historiador Felipe Pigna explicó el contexto a fondo a través de la mirada de Torres:

“Torres describe la infamia en distintos niveles. Por un lado, el fraude y la ausencia de la participación popular a partir del golpe del ‘30 donde Uriburu y su continuador Justo hablan del ‘fraude patriótico’, o sea que hacen fraude para que no vuelva la ‘chusma radical’ al poder, como decían ellos,” contó Pigna. “Siguieron con la implementación de la tortura, el departamento que dirigía Leopoldo Lugones hijo, donde se comienza a aplicar la picana eléctrica en los interrogatorios, los fusilamientos de opositores, la cantidad impresionante de presos políticos que hay en ese período, y la miseria de esta década que está marcada por la crisis mundial de 1929 que tuvo gravísimas consecuencias en Argentina”.

Pigna también destacó otra característica central: negociados escandalosos a expensas del bienestar de la ciudadanía que despegaron a toda velocidad durante el gobierno de Uriburu y azotarían a la Argentina hasta la década siguiente. El mismo José Luis Torres lo explicó con claridad al denominar el término que trascendería toda la historia argentina:

“Coincidió mi sorpresiva entrada a la vida política con el comienzo de lo que yo llamo ‘década infame’, y con la iniciación de mi lucha en contra de quienes infamaron esa década, con la más total y absoluta falta de escrúpulos políticos y morales.”

Quizás uno de los casos de corrupción de mayor trascendencia de la época fue el escándalo de la Compañía Hispano-Americana de Electricidad, conocida popularmente por su acrónimo CHADE, que después se nacionalizaría, convirtiéndose en la Compañía Argentina de Electricidad, o CADE.

Durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, se realizaron una serie de ordenanzas emitidas por el Consejo Deliberante porteño en los últimos días de 1936, que habían ampliado generosamente por 50 años las concesiones de dos monopolios de servicios eléctricos, cuando aún no habían vencido las que estaban en vigencia.

Hacia 1930, los servicios eléctricos que se prestaban en el territorio argentino se habían materializado en áreas determinadas, intencionalmente distribuidas entre un grupo reducido de empresas. En Buenos Aires, además de la CHADE, que también tenía concesión en Rosario, se encontraba la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, o CIADE. Ambas eran controladas por poderosas empresas extranjeras: la CHADE por su parte pertenecía a la Société Financière de Transports et d’Entreprises Industrielles, más conocido por Sofina, poderoso holding europeo con sede central en Bruselas, mientras que la CIADE dependía de un monopolio internacional, la Motor Columbus, con sede en Suiza.

“Se trataba de renovar o no la concesión de la empresa que manejaba la electricidad en Capital y en la provincia de Buenos Aires. Era un consorcio que en el momento que se vencía el contrato amenazaban con dejar sin luz a todo lo que hoy llamamos AMBA y empieza una serie de elementos extorsivos y sobornos escandalosos a los legisladores porteños fundamentalmente de la bancada Radical-Alvearista,” explicó Pigna sobre el caso que luego afectaría los servicios eléctricos durante décadas.

En realidad, el cerebro que orquestó la inmensa prórroga de las concesiones fue el Ministro de Hacienda de Justo, Federico Pinedo. Un personaje que volverá a aparecer en esta historia, Pinedo estuvo involucrado en cada uno de los casos de corrupción que plagaron la época, siendo un funcionario central no solo durante el gobierno de Justo, sino también en el de sus sucesores, Roberto Marcelino Ortiz y después Ramón Castillo. De hecho, no solo fue Ministro de Hacienda, sino también abogado consultor de la CHADE.

La pobre calidad del servicio de electricidad pronto se volvió un problema central entre los vecinos de Buenos Aires. Como después lo recordaron los historiadores Félix Luna y Miguel Ángel Scenna en una edición de la revista Todo Es Historia publicada en 1976, para 1933 eran tantos los abusos cometidos por CADE y CIADE en detrimento de los consumidores y en perjuicio del Estado que, a mediados de ese año, se nuclearon varias sociedades de fomento de los barrios ciudadanos en una Junta, con el propósito de juntar esfuerzos colectivos y organizar una campaña destinada a poner en vereda a los monopolios. Entre la serie de cargos levantados contra las dos empresas, se encontraban siguientes:

El abultamiento de las tarifas cobradas a los usuarios mediante manejo de cálculos violatorios de la concesión, la fijación de tarifas por sobre los topes convenidos, habiéndose estafado a la población en este concepto un valor de 87.300.000 pesos entre los años 1924 y 1936, la exigencia ilegal a los usuarios de un depósito de garantía para prevenir faltas de pago, con lo cual se amasaron apreciables fondos no previstos en la concesión, entre muchos otros.

A todo esto, Torres hizo hincapié en los avances científicos que se lograron durante esa época, lo cual hubiera implicado una reducción en los precios de la electricidad. Pese a estos progresos a nivel mundial, los precios impuestos por CADE solo aumentaron:

“Es un hecho extraordinario y singular, que el costo por kilowatt-hora disminuyó, gracias a los progresos técnicos alcanzados y al creciente consumo de corriente, en el transcurso de esos diez años, en un 78%, es decir, que un kilowatt-hora de corriente producida en el año 1920, costaba a la CADE un 355.33% más que lo que costaba en 1930. Este dato, suficiente para lograr que en la nueva concesión, los usuarios de la corriente consumida, no ha sido invocado en ningún caso con algún éxito por ninguno de los señores del Honorable Concejo Deliberante de la Capital al debatirse la nueva concesión y el valor obtenido en menor costo de la corriente producida fue así a aumentar la potencia formidable de la CADE sin que los consumidores, que son centenares de miles, se hayan beneficiado con ese progreso,” escribió Torres en La Década Infame.

En 1936, el gobierno argentino decidió nacionalizar la CHADE. El plan fue diseñado por el ingeniero estadounidense Daniel Heineman, que era el vicepresidente de la compañía. Lo que ocurría era que la sede central de la CHADE estaba en las ciudades de Madrid y Barcelona y, en ese momento venían ocurriendo alzamientos militares que indicaban el comienzo inminente de una guerra civil. Como Sofina, dueña de CHADE, no quería comprometer sus acciones por el contexto, decidió realizar maniobras para sacar a CHADE de España. La manera más eficaz de hacerlo era nacionalizando la empresa. Fue por eso que en octubre de ese año, a través de una ordenanza apresurada, la CHADE se convirtió en la CADE, o la Compañía Argentina de Electricidad.

Una vez logrado el objetivo, la CADE no perdió tiempo en anunciar una propuesta para extender los servicios eléctricos a la provincia de Buenos Aires, eliminar la cláusula que preveía la reducción de tarifas, lograr una prórroga de la concesión por 25 años y una agregar opción al vencimiento por 25 años más.

Como lo contaba Torres en sus publicaciones, el problema que enfrentaba la CADE era la necesidad de conseguir suficientes votos de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante -que tenía mayoría socialista con una insobornable posición antimonopolista- para concretar la nueva concesión. Los dirigentes de la empresa eléctrica resolvieron el problema pasando sobres a aquellos concejales con una moralidad corrompible. El diario La Vanguardia, un medio prominente del momento, estimó que se habían pagado entre 60.000 y 120.000 pesos de esa época por cada voto a favor de la compañía.

Como luego concluyó el historiador Rodolfo Puiggrós, “La CADE corrompió a oficialistas y radicales. Amenazó con dejar a Buenos Aires a oscuras y con sus fábricas y servicios públicos paralizados.” Por su parte, los historiadores Félix Luna y Miguel Ángel Scenna agregaron que “quedaron probados apreciables aumentos en las cuentas corrientes bancarias de buen número de concejales, presas de repentina prosperidad económica a tal punto que el término ‘concejal’ pasó a ser sinónimo de ‘coimero’”.

La historia de la CADE termina recién en 1957, bajo el mandato de otro presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. En julio de ese año, Aramburu firmó un decreto que formalmente declaró la nulidad de las dos ordenanzas de 1936. Hasta ese momento, Torres ya había publicado siete libros denunciando los negociados de la época: Algunas Maneras de Vender la Patria (1940), Los Perduellis (1943), La Década Infame (1945), La Patria y su Destino (1947), Seis Prótesis Después (1949), Nos Acechan Desde Bolivia (1952) y La Oligarquía Maléfica (1953).

“Él fue, con mucha dificultad, publicando en pequeños periódicos porque le costaba publicar sus ensayos y a veces tenía que hacer libros de edición de autor dado que no le querían publicar sus trabajos,” contó Pigna.

Otro negociado de mayor envergadura que provocó una enorme defraudación de los intereses argentinos fue la reconversión de la deuda pública argentina durante el año 1935 bajo el mandato del presidente Justo.

Ese año, el ministro de Hacienda Pinedo, envió al Congreso un proyecto de ley que fue aprobado con sospechosa rapidez, por el que se autorizaba al Poder Ejecutivo a efectuar la reconversión de la deuda pública nacional. En él se proponía canjear los bonos de dicha deuda en manos de inversores argentinos y extranjeros por títulos nuevos sujetos a un sistema distinto de compensación de intereses, de cotización y prórroga de las fechas de vencimiento, tal como explicó el historiador Saúl Blejman en su libro, Hegemonías, crisis y corrupción en la política argentina: 1890-2003.

En Buenos Aires fue aprobada una ley paralela para convertir la deuda del Estado provincial, liderado por su parte por el ministerio de Hacienda de la Provincia, Pedro Groppo. La gestión de canje de los títulos fue entregada, mediante contratos que fueron mantenidos en secreto, a la Banca Bemberg, violentando leyes y prácticas establecidas, ya que el agente financiero del Estado Nacional era el Banco de la Nación y el agente financiero del Estado Provincial era el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La familia Bemberg fue un actor clave en esta maniobra y muchas de las otras que aparecieron en la década del 30. El imperio de la familia Bemberg fue fundado a fines del siglo XIX por Otto Sebastián Bemberg. Pronto, los Bemberg adquirieron la concentración económica más poderosa que actuaba en el país en aquel momento. El rubro en el que comenzó su actividad fue la industria de la cerveza, que llegó a monopolizar en forma absoluta, pero de a poco se fue expandiendo a otras ramas como la inmobiliaria, la agrícola, los servicios públicos, la industria algodonera y hasta la financiera, tal como lo contó Blejman.

Torres explicó con detalle las maniobras de la banca Bemberg en su libro Algunas Maneras de Vender la Patria, y cuenta que Bemberg “convirtió todo el escenario nacional en un laboratorio permanente del soborno. Él y sus leales servidores pudieron demostrar después de repetidos ensayos cómo la política se puede adaptar a los negocios y cómo se puede convertir a los más altos personajes en simples instrumentos para todos los tráficos, inclusive el de los intereses más sagrados del país”.

También hizo hincapié en las herramientas que utilizó Bemberg para lograr sus varios objetivos: “Bemberg no hubiera podido escapar a las sanciones de la ley, ni organizar sus inmensos monopolios, ni evitar medidas útiles de gobierno, ni acallar a la justicia, sin el auxilio interesado de los encargados de hacer cumplir las leyes existentes y de estudiar las nuevas leyes necesarias al progreso y a la seguridad de la República. Cabe preguntarse acerca de las técnicas utilizadas por Bemberg para lograr conductas a la medida de los órganos ejecutivos, acciones activas (sanción de leyes favorables) y pasivas (no tratamiento de denuncias y de proyectos de investigación) de los cuerpos legislativos y pronunciamientos favorables de la justicia”.

Retomando las maniobras para lograr la reconversión de la deuda pública, los documentos de esta enorme defraudación, referidos solamente a la provincia de Buenos Aires, aparecieron cuatro años más tarde, cuando alguien los puso en manos de Torres.

En su libro Algunas Maneras de Vender La Patria, Torres hizo referencia a unos estudios realizados en aquel momento por el Instituto de Finanzas Argentinas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Esos estudios revelaron que la reconversión de la deuda pública de la provincia de Buenos Aires “ha tenido como consecuencia la pérdida para el estado argentino de más de 503 millones de pesos, para lograr lo cual se pagaron comisiones y gastos a la banca Bemberg que alcanzaron a quince millones de pesos”.

Mientras tanto, como consecuencia de la reconversión de la deuda pública a nivel nacional llevada adelante por Federico Pinedo y la entrega de contratos a la Banca Bemberg, el mercado de títulos nacionales perdió a raíz de tales convenios sumas que fácilmente sobrepasaron los mil millones de pesos, según Torres. Nunca se pudo verificar la cifra exacta porque los contratos oficiales fueron mantenidos en secreto.

Aunque anteriormente sólo se mencionaron dos, la cantidad de casos que Torres investigó a lo largo de ese período fueron varios. Entre otros estaba el Pacto Roca-Runciman de 1933, que luego implicó el asesinato del senador Enzo Bordabehere en el recinto del Congreso en 1935 y el suicidio del senador Lisandro de la Torre en 1939, la venta ilegal de tierras en El Palomar en 1940, y el caso de fraude masivo en la Lotería Nacional en 1942, para mencionar algunos.

Muchos lo etiquetaron a Torres como nacionalista o anti-imperialista por la interferencia repetida de intereses extranjeros en Argentina, pero él mismo se encargó también de fundamentalmente responsabilizar a los líderes políticos que se dejaron sobornar y que estaban dispuestos a ceder su moralidad.

“Era un gran investigador que se metía a fondo y con mucho coraje porque estaba enfrentando intereses muy potentes. Sus informes de prensa y sus libros hablaron fundamentalmente de la corrupción, quienes estaban implicados y cómo el Estado y las empresas privadas maniobraban mientras que la gente estaba pasando hambre en Argentina,” reflexionó Pigna.

Debido a la persecución constante que recibió, Torres terminó exiliado en Chile en 1956 tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón y el acoso renovado por la autodenominada Revolución Libertadora, que él terminó por bautizar la “Revolución Fusiladora”. Por esa época, se pierde el rastro de Torres, y solo se sabe que volvió al país en 1960, muriendo cinco años después a los 64 años.

La evidencia que Torres procuró a través de sus investigaciones nunca se judicializó, pero no porque él no lo haya intentado, sino por la impunidad que reinaba en esos tiempos.

“Hubiera sido muy importante en el caso CADE y en la reconversión de la deuda”, contó Pigna. “Lo que él tenía para aportar era impresionante porque había dedicado su vida a investigar en los tribunales, en los balances de las empresas, fue increíble el trabajo que hizo Torres”.

Pigna define a Torres como un pionero del periodismo de investigación, pese a que hoy en día no se habla de él y el rol que tuvo durante la década infame. Es muy poca la cantidad de personas que sabe quién fue este periodista tucumano que bautizó el término que luego definiría un período tan oscuro en la historia argentina.

“Es un enorme desconocido y un gran olvidado,” concluyó Pigna. “Fue incorruptible, porque imaginate que lo habrán querido sobornar, callar, encarcelar, porque realmente molestaba mucho al poder, y creo que sería muy interesante que la gente lo conozca. Se extraña mucho ese periodismo”.

Aunque Torres dedicó su carrera profesional a publicar injusticias y corrupción, a través de sus libros siempre recordó que había una salida para los argentinos. Lo sintetiza en la introducción de La Década Infame:

“La solidaridad entre los argentinos de bien, puede unir a toda la conciencia nacional en un solo amor fecundo por la Patria común. Sobre los intereses de la parcialidad, sobre la lucha de predominio entre grupos políticos y facciones, sobre las ambiciones de los dirigentes, se encuentra el supremo ideal de la Argentinidad”.