Internas y tensiones en la Agencia Regulatoria del Cannabis por la firma de permisos a último momento

Desde el 10 de diciembre Javier Milei será el hombre que gobernará nuestro destino como país y como comunidad durante cuatro años. Ojalá, por el bien de todos nosotros, le salga bien. Eso implica muchísimo más que las Leliqs, la dolarización y la motosierra. Hay un montón de rincones del Estado que funcionan como pequeñas piezas de un reloj complejo.

La incertidumbre sobre lo que hará el presidente electo respecto de un montón de secretarías, direcciones y organismos es total. En ese frasco entran nuestras plantas de cannabis y todo lo que supimos conseguir en estos últimos ocho años: dos leyes (la medicinal, en 2017, y la industrial, en 2022), muchas resoluciones, la incorporación de la semilla al Código Alimentario, la producción de plantas y genéticas nacional y las dos cuestiones más significativas: ¿el Reprocann tendrá vida más allá del 10 de diciembre? ¿Y la Agencia Regulatoria?

Mientras en los sótanos del Hotel Libertador Milei y su equipo desarrollan su plan presidencial, en la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (Ariccame), con sede física en el edificio del Ministerio de Economía, explotó una interna entre el presidente, Francisco Echarren, y su directorio, integrado por representantes de los ministerios de Seguridad, Salud y Ciencia y Tecnología y de la secretaría de Agricultura.

¿Por qué la interna? Porque Echarren, paralelamente intendente de Castelli, quiere irse de Ariccame -el mandato del presidente, a propuesta de la cartera de Economía, es de cuatro años y debería permanecer tres años más, pero el funcionario tiene pensado renunciar el 9 de diciembre- dejando listos permisos provisorios para algunas empresas que vienen esperando ser incluidas en la primera tanda de licencias para producir, exportar, distribuir, comercializar cannabis y sus derivados.

Echarren prometió durante todo 2023, especialmente desde agosto, cuando se reglamentó la ley 27.669, que antes de fin de año habría licencias, al menos, dijo, para los proyectos que ya habían sido aprobados por el Ministerio de Salud en el marco de la ley (27.350) de uso medicinal, destinados a investigación y desarrollo. Para esa cuestión, y para las pymes y los emprendimientos de la economía regional, la Agencia tiene, por ley, un régimen de trámite simplificado.

Pero nada ocurrió. La Ariccame anduvo todo este tiempo en primera. Nunca pasó a segunda. Echarren anunció que iban a crear una Ventanilla Única para agilizar los trámites de las licencias pero no pusieron ni un solo ladrillo para esa ventanilla. La Agencia no tiene ni siquiera una oficina de personal jurídico propia. Tampoco armó un equipo para fiscalizar los proyectos productivos en sus respectivos territorios: hay emprendimientos en casi todas las provincias del país.

A pesar de las promesas, las licencias jamás salieron. Vinieron las PASO, después las elecciones generales de octubre y finalmente la segunda vuelta. Fue derrotado Sergio Massa y la Ariccame perdió la brújula. Es cierto que los años electorales son complejos. Tan cierto como que al candidato a Presidente de Unión por la Patria nunca le interesó particularmente el tema. Un poco por todo eso, a poco más de una semana del cambio de gobierno, lo único que deja la Agencia son internas.

¿Qué propuso Echarren, entonces, para antes de que se termine su gestión? La creación de permisos provisorios a través de una resolución firmada en septiembre pasado. Según dicen en su entorno, lo hizo principalmente para que no se desintegren los proyectos -con suntuosas inversiones, en algunos casos-, una alarma que incluso habrían hecho sonar los gobernadores en un encuentro con el ministro Sergio Tomás Massa, aunque fuentes muy cercanas al ministro sugirieron que no fue tan así. “Echarren pidió a los gobernadores que presionen”, comentaron.

El permiso provisorio implicaría una habilitación de 12 meses. No hay más detalles sobre qué abarcaría su temporalidad. Ni siquiera la idea tiene una aprobación de las áreas de legales de los ministerios intervinientes. Como la Agencia no tiene personal jurídico propio, la oficina de Legales de Economía, a cargo de Ricardo Casal, debería dar dictamen a cada uno de estos proyectos que, se estima, serían menos de 20, para que se les puedan conceder estos permisos.

La idea también fue rechazada por el Consejo Federal de la Agencia (integrado por un representante por cada provincia más CABA, lo cual hace más dudosa aún la versión de la presión de los gobernadores) y por tres de los cuatro directores: Marcelo Morante (Salud), Gabriel Giménez (Agricultura) y Valeria Rudoy (Ciencia y Tecnología). Echarren solo contó con el apoyo de la directora Mercedes La Gioiosa, quien representa al ministerio de Seguridad

Los directores que se oponen consideran que el permiso provisorio es “una irregularidad administrativa porque los dictámenes de estas empresas pasaron sin asistencia legal”.

Para obtener estas licencias, las empresas tenían que presentar un plan de adecuación. Según fuentes cercanas a los directores que se oponen, para eso se necesita enviar inspectores técnicos para comprobar que lo que los aspirantes declaran para producir esté dentro de lo permitido. “Estamos hablando de cannabis, que sigue siendo una droga para la ley federal”, remarcan los consultados, intimidados por el regreso de Patricia Bullrich al ministerio de Seguridad y por su postura negativa a cualquier regulación del cannabis.

Desde el equipo de otro director explican: “La resolución de los permisos está viciada desde el inicio. Se trabaja la expectativa de la industria con permisos provisorios, válidos por 12 meses y en un gobierno de transición. Una decisión tomada después de perder las elecciones. Es una locura”. Y agregan: “Son 40 proyectos presentados violando la ley que dice que hay que darle prioridad a proyectos de salud. El director que firme eso va a quedar bajo la lupa. Hay continuidad jurídica en el Estado después de las elecciones, no se puede hacer así”.

Entre los proyectos postulados para estos permisos hay emprendimientos de Misiones, Corrientes, Chaco, Chubut, La Rioja y provincia de Buenos Aires. Alguien comentó, sugerente: “Antes de que salga la resolución de los permisos ya había empresas que habían subido al sistema su adecuación al permiso provisorio, raro”.

Desde un sector de la industria quieren, o necesitan, que salga el permiso. Indican que prefieren defenderse en la Justicia eventualmente, si el próximo gobierno quiere revisar estas autorizaciones, a no poder ni siquiera arrancar a producir. “Hay muchos inversores que ya avisaron que si esto no empieza se bajan el 1 de enero. Hay muchas fuentes de trabajo en juego. Es una locura que los directores no lo quieran firmar”, me comentó uno de ellos.

Otra parte del sector, que también tiene grandes inversiones, no mira con confianza esta modalidad de permisos. “Tirar autorizaciones provisorias indefinidas no parece prolijo. Hay dos o tres empresas que no se entiende muy bien qué hacen en esa lista, no sabemos si son empresas fantasma o qué”, me dijo un jugador importante del sector privado que, como todos con los que hablé, pidió reserva de su identidad.

Hay empresarios que encontraron que su empresa está en la lista de permisos provisorios sin haberlo pedido. Hay otros que fueron incluidos y que, dicen, después se enteraron de que, si bien les habían dicho que había un dictamen legal, ese dictamen nunca existió. Eso, parece, generó un conflicto también entre Echarren y alguno de los gerentes de la Agencia.

“Nosotros no pedimos ningún permiso, pedimos la licencia”, me respondió un empresario. “Es raro hacer esto a diez días de que el gobierno se termine, sería algo muy atacable por la nueva administración”, agregó. Cerca de Massa opinan igual. Creen que ya está. Que la oportunidad pasó. Que ahora será tarea del próximo gobierno decidir cómo continúa la historia de la nueva industria cannábica, que no termina de nacer.

Los directores que no quieren firmar exponen argumentos técnicos y políticos. En relación a lo primero, dicen que no se especifica qué tipo de producción permitiría un permiso provisorio y que además debería haber un okey de los organismos intervinientes, como el INTA. Por el lado político dicen que podrían quedar muy expuestos si al gobierno de Milei se le ocurre revisar cada uno de los proyectos permitidos en estas condiciones.

Antes de la creación de la Ariccame, el Ministerio de Salud había otorgado permisos a 55 proyectos de investigación y desarrollo. Lo que dijo Echarren era que las primeras licencias, con trámite simplificado, serían para muchos de estos proyectos (se estima que 35 de 55 están en actividad actualmente). Pero según explican fuentes muy metidas en el caso, apenas hay cuatro emprendimientos de ese total en la lista de aspirantes a los permisos provisorios.

En el entorno de Echarren defienden la posición desde la perspectiva política. Dicen: “Hay dos bibliotecas. Hay argumentos jurídicos para ambos lados. Es una posición política. Los directores que no quisieron firmar el dictamen proponen no sacar nada para después sacarlo prolijo. Pero con Milei no va a haber nada para sacar después. Entre no dejarle nada a la industria o dejarle un permiso provisorio que genere derechos adquiridos aunque sean discutibles técnicamente, Echarren prefiere legar los permisos”.

Algunos directores que se oponen a la idea de Echarren admiten que si Casal firma un dictamen jurídico positivo para cada una de las empresas ellos firmarían, pero evaluando cada caso de manera particular. Otros sostienen que, aún así, no van a firmar. Alguien cree, directamente, que Casal no firmará ningún dictamen. Echarren, en esos mismos pasillos, asegura que sí. Invoca a Massa. Pero Massa está en otra.

Quizá no haya mejor ejemplo para explicar las dificultades del gobierno de Alberto Fernández que la breve y fallida historia de la Agencia de cannabis, entre internas, irregularidades, mentiras y diferencias políticas.

¿Y el futuro? A donde vamos quizá ni siquiera haya futuro.

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