A 7 años de la prohibición de las carreras de galgos, la ley que refundó las bases del derecho animal argentino

Si es verdad que existen los ángeles, Ignacio Lucas Albarracín, el padre de la primera ley animal argentina, fue uno de los que el 16 de noviembre de 2016 estuvo presente en el recinto de diputados para que el gran deseo de su vida se hiciera norma.

Ese día, como último ítem, se trató el proyecto de ley que pedía poner fin a las carreras de perros en todo el país. Las caritas visibles de esa lucha —iniciada sólo por cinco mujeres y que tras la media sanción lograda en el Senado puso a todo el país de pie— fueron los galgos, víctimas de la despiadada actividad que tanta trama oscura escondía.

Toda fue sacada a la luz cuando, en 2013, una proteccionista expuso en la página Realidad Galgo la fotografía de un perro colgando de un árbol, en Neuquén. Era un descarte de las carreras y fue la punta del iceberg.

La primera en tomar el palo caliente fue la entonces senadora Magdalena Odarda, que de una petición virtual para acabar con el flagelo introdujo el proyecto en la cámara Alta, la acompañó el senador Pedro Guastavino en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales; y tomaron la posta en Diputados Gabriela Burgos y Daniel Lipovezky, que tuvieron la responsabilidad de defenderla con uñas y dientes en la sesión definitoria. Exposiciones como la de Graciela Camaño aún se recuerdan: “Hay un nuevo paradigma aunque no los queramos aceptar”, dijo al entender qué tipo de ley se estaba tratando.

Apenas habían pasado 40 minutos del 17 de noviembre de 2016 cuando, por dos votos, el proyecto que proponía la prohibición de las carreras de perros en todo el territorio argentino se convirtió en ley. Durante su tratamiento, en el tramo final de la sesión iniciada el mediodía anterior, se buscó que la actividad fuera reglamentada y algunos legisladores que no querían lograrla pidieron la modificación del artículo segundo que establece penas de prisión de hasta 4 años para el que “organizare, promoviere, facilitare o realizare una carrera de perros, cualquiera sea su raza”.

En los últimos minutos, la ley caminó por una cornisa, pero no cayó. Mientras en el recinto sucedían distintos episodios que hacían presuponer que no sería tratada esa noche, como charlas secretas a los oídos entre legisladores, continuas llamadas telefónica, conversaciones en los pasillos y en los baños; afuera, sobre la Avenida Rivadavia, cientos de personas seguían la transmisión en vivo desde sus celulares y esperaban por el ansiado resultado que terminó creando la Ley 27.330: 132 votos afirmativos, 17 negativos y 23 abstenciones, en la votación general.

Aunque esos números parecen por amplia ventaja a favor de los galgos, en la votación nominal casi se cae el castillo de arena: se diferenció sólo por dos votos a favor. Los galgos ganaban frente una de las actividades más crueles practicadas durante décadas de manera clandestina y despiadada en muchos rincones escondidos del país.

Entre los diputados que votaron en contra de la ley, estuvo Diana Conti, que la calificó de “bochornosa”. Pero también otros representantes del FPV: Juliana Di Tullio, Carlos Kunkel, Juan Manuel Pedrini, Luis Tailhade, Alejandro Abraham, José Ciampini, Claudio Doñate, Juan Carlos Díaz Roig, Francisco Furlán, Lautaro Gervasoni, Ana Llanos, Eduardo Seminara y María Emilia Soria. También, el salteño Alfredo Olmedo —acusado por Néstor Pitrola (una de las abstenciones) de “llenar la calles de gorros amarillos” (por los galgueros)— y Sixto Bermejo, del bloque Trabajo y Dignidad.

“Esto fue un logro de toda la sociedad. Sin el apoyo de toda la gente, los legisladores jamás hubieran votado y aprobado esta ley”, le aseguró a Infobae esa noche Inés Sánchez, de Proyecto Galgo Argentina (PGA), la organización que promovió el proyecto al que luego adhirieron otros grupos y asociaciones proteccionistas y animalistas del país, también de Uruguay, Chile e Inglaterra.

A siete años de esa epopeya animalista, María Rosa, activista de PGA desde el primer momento, recuerda: “Cuando llamé a mi casa, durante esa noche, me contaron que durante todo el día y en todos los canales se hablaban de los galgos y de lo se decía durante la sesión. Recién entonces me di cuenta de la magnitud de lo que estábamos viviendo, más allá de lo que estaba pasando en la calle, donde estuve. Es indescriptible la emoción vivida cuando dijeron que era ley. Todos gritaron, explotaron de emoción. Se lloró mucho esa noche”.

Mujeres enfrentando a grupos de galgueros con rasgos misóginos que hicieron estragos en las redes y en la realidad. Los adjetivos calificativos contra ellas son los imaginados, el más amables y resonante era el de “locas” a las que enviaban “a lavar los platos” y a “cuidar a los maridos”, como poco.

No quedó en insultos virtuales. Las graves amenazas iniciaron cuando se comenzó a develar el trasfondo de las carreras: drogas y apuestas ilegales, entre otros. Esto hizo que hasta la actualidad, esas cinco mujeres no puedan revelar sus identidades. También la ligaron los legisladores, figuras públicas y periodistas que apoyaban públicamente la iniciativa. Incluso a un maestro santafesino que salió abiertamente a dar apoyo al proyecto le incendiaron el frente de la casa.

“El momento más solitario que pasamos fue la media sanción porque PGA no tenía tantos seguidores y creo que la gente tampoco entendía que desde la sociedad civil se podía marcar la agenda política y, menos, poner a los animales en agenda, entonces en esa media sanción nos abrazábamos entre nosotras. La lucha colectiva se inició luego de eso, en Diputados cuando la gente sí entendió que había una proximidad a la ley. Soy una convencida de que los galgos abrieron las puertas del Congreso al resto de los animales”, sostiene María Rosa, mientras recuerda lo vivido desde 2015.

Retrocediendo, agrega: “Antes de esta ley, las carreras de galgos en Argentina eran moneda corriente y ocurrían todos los fines de semana, en cada pueblo, ciudad y provincia del país. Se realizaban miles los sábados y domingos, desde las 9 hasta las 17.00, y un mismo perro podía estar sometido a correr hasta cuatro veces. Además padecían las consecuencias de los cócteles que les inyectaban: anabólicos, cocaína, cardiotónicos, broncodilatadores, estupefacientes varios disfrazados con nombres inventados como Rosita Veloz, Chinche Roja, Corre o Corre, donde los propios galgueros se recetaban entre ellos las dosis para aplicarle a los perros, ejerciendo el uso ilegal de la medicina veterinaria”.

Como consecuencia, miles de galgos murieron abandonados a su suerte o fueron descartados como basura luego que ya no les servían más para ganar dinero. La edad promedio de un galgo de carrera (Greyhound) estaba estimada entre 2 o 3 años. Las hembras eran utilizadas por su vientre como máquinas reproductoras y los machos como padrillos, pero sólo si habían ganado alguna carrera, sino serían descartados al costado de una ruta o en el medio del campo para que nadie los encontrara y, otras veces, eran ahorcados.

“Eran tantas las carreras que se realizaban como la cantidad de muertes. ¡Y eso ocurría en todo el país!”, recuerda consternada, casi queriendo explicar por qué en lugar de hacer la vista gorda, optaron por hacer de los galgos una causa a la cual ponerle el cuerpo, pasara lo que pasara.

El punto de partida de esta ley, impensada en ese momento, fue una manifestación que pedía por el cierre del zoológico de Colón, provincia de Buenos Aires, a 287 kilómetros de la CABA. A ese reclamo se sumaron vecinos y alguien pidió ayuda a ese grupo para que también hiciera algo para terminar con la tortura a la que se sometían a los galgos obligados a correr. Salió a la luz la foto del pobre perro ahorcado y colgando de un árbol.

En 2013, cuando estas acciones bárbaras comenzaron a difundirse, entonces, por la página Realidad Galgo, Infobae se hizo eco de inmediato, siendo el primer medio nacional en darle difusión a través del blog #CosasDeAnimales.

Con toda la información en la mesa, el hashtag StopGalgueros comenzó a viralizarse en las redes, Twitter sobre todo, para pedir a los legisladores que se hicieran parte de las primeras denuncias que Proyecto Galgo Argentina difundía y se armó la petición en la plataforma Change.org, que terminó con 404.540 firmas. Así llegó la senadora Magdalena Odarda con la idea de presentar un proyecto de ley nacional, e introducirlo y defenderlo en la cámara Alta. El trabajo lo hicieron dos colores políticos diferentes. Pedro Guastavino lo presentó en su comisión.

“A las pocas semanas de ser presentado, logramos el dictamen y su media sanción por unanimidad”, le señaló a Infobae y recordó: “El proceso en Diputados fue mucho más largo e intenso y estuvo acompañado de muchas amenazas contra quienes impulsamos esta iniciativa”.

El resultado fue 42 votos a favor, 15 abstenciones, entre ellos legisladores radicales y peronistas del sector de Adolfo Rodríguez Saá, y ningún voto en contra. El 25 de noviembre de 2015 consiguió, sobre tablas, la media sanción del Senado Nacional. Luego el trayecto siguió en dos comisiones de la cámara de Diputados, primero pasó por la de Legislación Penal, siguió en Legislación General y finalmente entró al recinto para ser tratado en la sesión del 16 de noviembre de 2016. Fue la diputada Gabriela Burgos quien lo presentó y defendió junto a otros legisladores, entre ellos Daniel Lipovetzky. Tras un tenso debate que superó una hora, finalmente (y con margen muy estrecho), la propuesta penal salió convertida en la Ley 27.330 de Prohibición de Carreras de Perros en todo el territorio nacional.

Esa noche por primera vez en la historia del Congreso de la Nación se habló de los perros, y de los animales en general, como sujetos de derechos y de seres con sintiencia. Además, varios legisladores en sus intervenciones destacaron que “es hora de cambiar de paradigma” respecto a la visión sobre los demás animales.

”Lo más importante de la Ley 27.330 es que fue producto de la movilización ciudadana, eso le dio mucha legitimidad. La sociedad ya no tolera más el trato cruel con los animales y eso se confirma cuando vemos que, desde la sanción de la ley, las carreras han bajado al 90% y la Justicia actuó en unas 20 causas, con varios organizadores procesados”.

Hoy, si cualquier ciudadano se entera de que hay alguna carrera clandestina, lo denuncia al 911 o avisa a PGA. “Apenas nos enteramos, la denunciamos. Como mínimo, tenemos que saber el nombre del organizador, dónde corre, el campo, ciudad y provincia. Con eso, se manda a la Patrulla Rural, por ejemplo. Está la herramienta en mano, que es la ley, y la frenamos”, asegura María Rosa.

Hubo varias denuncias tras la promulgación de la ley y se actuó bajo su letra. “Hubo jueces que le negaron a varios galgueros armar sus asociaciones, aunque muchos se presentaron en desfiles. También hubo detenciones porque cuando se allanaba una casa siempre encontraban con que además del galgo había estupefacientes”.

Tras la promulgación, se abrieron páginas de rescate y adopción de galgos. “Había una chica de Santa Fe, la conocimos en 2011, que el día de la ley nos llamó llorando a mares y decía que no lo podía creer que podrían rescatar galgos y darlos en adopción en una provincia que siempre los consideró para correr claro o para la caza. Nos escribieron desde Inglaterra diciendo que estaban esperando el resultado. Fue mucho lo que sucedió esa noche, todo ese día completo, en el que, finalmente, los galgos dejaron de ser invisibles”, finaliza.

Lo que se logró hace 7 años llegó a que se decretara, con intervención de PGA junto a las ONG locales, la prohibición de las carreras de perros en Uruguay, mientras esperan por la ley; en Santa Catalina y Rio Grande Do Sul, Brasil, también se prohibieron por decreto y luego salió la ley; y en Chile se está peleando para también ponerles fin.