“No quiero que haya más paros en mi escuela”, el pedido de un nene de 11 años que vive al lado de un basural municipal y sueña con ser militar

Santino Meza, del barrio Madres a la Lucha, en la ciudad de Río Gallegos, vende chatarra para poder llevar algo de plata a la mesa familiar y reclama “aprender para ser alguien en la vida”

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El barrio Madres a la Lucha, de la provincia de Santa Cruz, en donde vive Santino Meza
El barrio Madres a la Lucha, de la provincia de Santa Cruz, en donde vive Santino Meza

Desde la Patagonia, un nene de 11 años llamado Santino Meza le puso voz a un reclamo constante de miles de familias santacruceñas: los paros docentes que ralean el ciclo lectivo anual. “Que la escuela no haga más paro”, ruega como un deseo que repite una y otra vez por Radio Mitre, desde una zona vulnerable de Río Gallegos, la capital santacruceña, atravesada -hasta el momento- por 61 días de paro docente.

Meza vive en el barrio Madres a la Lucha, lindante con el basurero municipal, y cursa en la Escuela N°8. “Voy a la mañana, en 5 grado, quiero aprender y ser alguien en la vida: matemática es lo que más me gusta estudiar”, cuenta en diálogo con Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo.

El niño es hijo de Lorena, quien está terminando el colegio -ya que con su marido no pudieron finalizar la educación básica- y colabora con la economía familiar vendiendo chatarra. ”Mis papás viven de changas”, dice el pequeño.

El chico, aparte de la continuidad de clases, tiene dos sueños más a cumplir, como bien lo expresó al aire: “Que bajen los precios de las cosas”, deseó en relación a la trepidante inflación que azota al país. También pidió “que se urbanice el barrio” por las precarias condiciones del tejido urbano en el que reside.

Santino sorprende al revelar cuáles son las profesiones que sueña ejercer cuando sea un adulto. “Militar o chef”, dice sin dudar. “¿Militar?”, se intriga Feinmann. “Sí, me gustaría ser militar para proteger a la Patria”, reafirmó sin titubear. “San Martín y Belgrano son mis ídolos”, señaló con orgullo este amante de las milanesas y las hamburguesas con puré.

El conflicto educativo en Santa Cruz

Durante la primera mitad del año, el paro declarado por la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) superó el 65% de los días de clases y se optó por limitar a un 20% los días de clase de lo que resta del año 2023, que puedan verse afectados por medidas de acción directa.

Por ende, El Poder Judicial provincial falló que el paro docente se debe limitar a cuatro días al mes. En su resolución, el juez Marcelo Bersanelli sostiene que se procura “evitar la profundización del daño ocasionado al alumnado provincial por la grave restricción del derecho fundamental a la educación”.

El remedio judicial llega luego de que, desde finales del año pasado Adosac y el Consejo Profesional de Educación de Santa Cruz se reunieran en el marco de negociaciones paritarias ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia sin lograr un acuerdo, y cuando la autoridad administrativa dictó conciliación obligatoria. En ese marco, hubo propuestas y contrapropuestas, hasta que el 16 de junio, el gobierno provincial dictó el Decreto N° 695/23 efectivizando la propuesta rechazada por el sindicato.

Desde el gremio docente se exige la “reapertura inmediata de las paritarias, una recomposición salarial acorde a los costos de la Canasta Básica Total patagónica y que la transición entre gobiernos no puede darse con la docencia como variable de ajuste”. También advierten que las condiciones pedagógicas en las escuelas eran preocupantes. “En quinto año hay casos de cientos de alumnos que están adeudando más de 30 espacios curriculares”, explicó Javier Fernández, secretario general de ADOSAC.

Vale aclarar que el fallo judicial se sostiene por el derecho a la educación consagrado en la “Convención sobre los Derechos del Nino”, el “Pacto Intencional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, en la “Declaración Universal de Derechos Humanos” y en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)”, la Constitución Nacional y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

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