Suspendieron el desalojo de más de 100 familias en Parque Patricios tras alcanzar un acuerdo por seis meses

Las más de 100 familias que mantienen tomado el edificio “Casa Santa Cruz 140″, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, llegaron a un acuerdo para postergar el desalojo ordenado por la Justicia y que se abra una mesa de trabajo durante un período máximos de seis meses, cuyo objetivo es encontrar una solución habitacional definitiva. Además, durante esos meses, el gobierno de la Ciudad le pagará un canon al empresario al hotelero Leonardo Ratuschny que compró el edificio, según supo Infobae.

Las familias, acompañadas por organizaciones sociales, organizaron desde desde ayer una vigilia ante el “inminente desalojo” previsto para hoy martes 31 de octubre. Se trata de un inmueble de seis pisos donde viven alrededor de 350 personas. Desde el Ministerio de Seguridad porteño habían advertido que el operativo implicaría “una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años”.

Por su parte, desde el gobierno porteño habían adelantado a este medio que representantes de ambas partes se reunieron para buscar una solución. “Se busca establecer una mesa de diálogo”, indicaron. Finalmente, pasado el mediodía llegaron a un acuerdo, que ahora deberá ser firmado en la sede del Juzgado en lo Civil N° 60, lugar donde tramita el expediente. Con el acuerdo, finalmente el operativo policial fue levantado.

Jorge Abasto, referente la coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, informó a la agencia Télam que, como parte del acuerdo alcanzado, el gobierno porteño realizará el pago al propietario para que “no presione y tolere el plazo de tiempo” hasta que las personas consignan una vivienda alternativa y puedan irse del lugar.

“Es un desenlace positivo para los integrantes de la Casa y es el resultado de la lucha que venimos llevando”, resaltó Abasto. También se hicieron presentes legisladores nacionales y porteños, la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, el asesor tutelar Gustavo Moreno, integrantes del Instituto de la Vivienda porteño y referentes de agrupaciones políticas y sociales.

”Se va a firmar un acuerdo que implica, en principio, la suspensión del lanzamiento. El juez retira el oficio de mandamiento –que es el instrumento con el que se hace el lanzamiento-, eso nos da la seguridad de que no se va a hacer el desalojo próximamente y se va a construir una mesa de trabajo con Ciudad -y estamos trabajando para que Nación también- para producir una solución definitiva al conflicto”, precisó Abasto.

A través de un comunicado que circuló en las redes sociales, las 107 familias que conformaron la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco aseguraron que van a “resistir” el desalojo. “Nos negamos a que nos expulsen de nuestro centro de vida, a un subsidio habitacional insuficiente, a que nuestros hijos no puedan ir más al colegio del barrio y más aún, que nos desalojen con la fuerza pública dejándonos en la calle. Sin soluciones, nos vemos obligados nuevamente a resistir. ¡Vivienda sí, desalojo no!”, sostuvieron. En el lugar se estableció un importante operativo por parte de la Ciudad, que incluye la presencia de un camión hidrante.

Uno de los afectados, padre de cuatro hijos, dos mayores de edad, y otros dos de 3 y 4 años, manifestó su preocupación. “La expectativa es que nos den una solución, no nos queremos ir de la anoche a la mañana, hay niños estudiando y niños en la escuela, y ellos van a perder eso. ¿Cómo los vamos a llevar si no tenemos donde vivir? Ellos son argentinos”, dijo Luis Antonio a Télam. Y agregó: “Queremos una vivienda digna para poder vivir. Hace 10 u 11 años atrás hicieron una subasta del edificio y ahí empezaron con la amenaza del desalojo”.

En sintonía, otras de las vecinas defendió la ocupación de la casa. “Cuando llegamos acá, el lugar estaba totalmente vacío: no había luz, ni agua, ni servicios higiénicos. Nosotros siempre quisimos quedarnos acá, no queremos vivir gratis y somos una cooperativa para lograr eso. Hasta ahora no hubo ningún tipo de solución. Queremos una opción para ir pagando algo”, dijo Yesenia Villanueva a Télam.

El edificio, donde viven más de un centenar familias y cerca de 300 niños, es una unidad funcional de la antigua fábrica de toallas Selsa que en la década de 1990 quebró.

Como quedó “deshabitado y desarreglado”, en 2004 un grupo de personas decidieron ingresar para tener un lugar donde vivir. Ese lugar, hoy cuenta con servicio de agua, luz y cloacas gracias al esfuerzo de esos vecinos.

Seis años después, en 2010, la propiedad fue subastada y, pese al intento de las familias de comprarla, fue adquirida por el empresario Ratuschny, quien luego inició un juicio por desalojo. La causa lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil N° 60. Sin embargo, el pasado jueves, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo prevista para este martes.

Según una resolución dictada el pasado miércoles por el juez Fernando Cesari, el desalojo puede ser de forma “escalonada” y se autorizó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales “ante la complejidad del caso”.

En ese contexto, las familias que viven en el ex complejo fabril advirtieron que no se irán y denunciaron que el empresario Ratuschny “no solo busca una inversión inmobiliaria en dicho terreno, sino que se enriquece de la falta de vivienda y de la población en situación de calle”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteña advirtió que “la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años” debido a “la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión”. Además, sostuvo que “no se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan”.

En tanto, las más de 100 familias se preparan para pasar una noche larga y llena de incertidumbre. “Desde las 6 de la mañana tendremos que estar atentos para lo que se venga”, aseguró una de las vecinas.