Amenazas de bombas en escuelas, estado de sitio y el triunfo de Alfonsín en las elecciones legislativas de 1985

El 25 de octubre de 1985 el ministro del Interior, Antonio Troccoli, durante una breve conferencia de prensa, anunció que el gobierno había dictado el Decreto 2.049 declarando el Estado de Sitio en todo el país y que la medida que se extendería por un lapso de 60 días. En ese tiempo el gobierno se reservaba el derecho de arrestar a las personas, trasladarlas dentro del territorio nacional o darles la opción de abandonar por el país. Habían pasado solo dos años que se había derogado el estado de sitio en el país. El 6 de noviembre de 1974, bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, se estableció el estado de sitio que sostuvo el régimen militar hasta poco antes de las elecciones de 1983.

La decisión del gobierno de la Unión Cívica Radical, presidido por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín fue cuestionada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al declararlo inconstitucional. Para la Corte la decisión gubernamental que ordenó la detención de personas era condenable en razón de no haberse dispuesto antes el estado de sitio, como hecho necesario para el ejercicio de las facultades que se ejercieron al dictarlo. Seis militares y seis civiles, entre ellos el analista Rosendo Fraga y los periodistas Daniel Horacio Rodríguez, del diario La Prensa, y Jorge Vago, director de Prensa Confidencial, se sostenía en medios oficialistas, estaban involucrados en la ola de atentados que se venía dando en el país. También se involucraba a una organización comandada por el prófugo general Carlos Suárez Mason e integrada por cubanos anticastristas, “contras” que peleaban contra el gobierno sandinista, unos uruguayos y brasileños. El decreto comprometía también a los coroneles Oscar “Pascualito” Guerrieri y Alejandro Arias Duval; los capitanes Osvaldo Antinori, Leopoldo Cao y al mayor Jorge Granada. Otros civiles eran Ernesto Rivanera Carlés, Alberto Camps y Enrique Gilardi Novaro.

A todos se los acusó por las amenazas de bomba en las escuelas porteñas, de los atentados consumados contra la sede del Comando en Jefe del Ejército, la confitería Florida Garden y de desestabilizar al gobierno constitucional. Algunas versiones apuntaban a que los atentados fueron provocados bajo la dirección de la Junta Coordinadora Radical para otorgarle vía libre al gobierno de Alfonsín, en medio de una contienda electoral de medio término. En esos días las calles de Buenos Aires exhibieron carteles que rezaban “Democracia o Caos” financiados por el radicalismo. También, entre otros argumentos para dictar el decreto, se dijo que era una medida para detener un supuesto golpe cívico-militar que, según el gobierno, se estaba pergeñando. Con la firma de esa decisión Alfonsín insinuó que podría enfrentar un golpe militar.

Era muy difícil de imaginar que la Argentina podría volver a caer en un golpe castrense luego de la huida de las FF.AA. a sus cuarteles; el fracaso en todos los órdenes de la gestión 1976 a 1983; la condena internacional por su política de Derechos Humanos y el descrédito interno y externo por su derrota en la Guerra de las Malvinas (1982). Como era de prever, el fiasco terminó con un perjuicio al país: al no poderse probar nada, los acusados enjuiciaron al Estado, que tuvo que repararlos. Tal fueron las sumas que se tuvieron que pagar que uno de los perjudicados se compró un departamento en el exterior.

En realidad la operación respondía a contrarrestar el malestar sindical nacida en la situación económica, la irritación social a la que se sumo el malestar de algunos sectores por los juicios a las pasadas juntas militares por la violación de los DD.HH. Lo cierto es que la herencia castrense, “la década perdida” como la bautizaron algunos economistas, no podía ser peor: recesión, una deuda externa difícil de afrontar, una inflación cercana al 400% anual y escasez de reservas en el Banco Central. La radiografía del fracaso de la dictadura castrense y la ausencia de serenidad e improvisación eyectarían a Bernardo Grinspun, el primer Ministro de Economía del gobierno democrático. En su lugar, en febrero de 1985, asumió Juan Vital Sourrouille con un plan más cercano al neoliberalismo.

El 26 de abril de 1985, con una Plaza de Mayo, repleta de gente, habló el presidente Raúl Alfonsín. Antes de que el primer mandatario saliera al balcón una gruesa columna de jóvenes radicales se abría paso hacia la primera fila. Eran los muchachos de la Junta Coordinadora Radical encabezados por sus referentes que habían decidido estar entre la gente y no en los lugares preferenciales, al lado de Alfonsín. Entre otros se pudo ver a Federico Storani, “Changui” Cáceres, Enrique Nosiglia y el diputado Luis Stubrin. La Argentina atravesaba los primeros dieciséis meses de gestión radical. Alfonsín y sus más cercanos asesores sabían que el motivo principal de la convocatoria era la situación económica pero antes de considerarla lanzó una cortina de humo desde el balcón de la Casa Rosada. Habló de un complot contra su gobierno que nunca se comprobó y llamó a “defender las instituciones democráticas”.

En materia económica anunció tardíamente que su gobierno estaba enfrentando “dificultades extremas” porque “hemos heredado un estado devastado”. Acompañado por el senador Fernando de la Rúa y el diputado Juan Carlos Pugliese, durante quince minutos reconoció que existía por parte de los sectores más necesitados “un reclamo legítimo de reivindicaciones justas” y que, por lo tanto, había que “poner orden en la economía que demanda un ajuste”. Era escuchado en silencio, no había nada que festejar, en particular cuando dijo que había que combatir “la recesión que se mantiene en el tiempo”, generando la “desesperanza”, e iniciar una etapa de crecimiento. La síntesis de su mensaje la presentó sobre el final: “Esto se llama economía de guerra y es bueno, compatriotas, que todos vayamos sacando conclusiones”. Salvo las columnas radicales, la mayoría de los asistentes se retiró en silencio, esbozando críticas.

A pesar de todos los inconvenientes, en noviembre de 1985, el radicalismo se impuso en las elecciones parlamentarias con el 43 por ciento de los votos. Ganó en 20 provincias y sumó una banca más a su bloque en la Cámara de Diputados, mientras el peronismo perdía ocho bancas. Así, con este éxito, nacía “el tercer movimiento histórico” según la juventud radical. Una simple expresión de deseos. La fiesta no duró mucho tiempo. Dos años más tarde, el 6 de septiembre de 1985, el gobierno perdía otra contienda parlamentaria (en ese tiempo el período presidencial era de 6 años) y se desvanecían los sueños de Alfonsín por prolongarse en otro período presidencial como fruto de una reforma constitucional que alentaba desde su creado Consejo de Consolidación de la Democracia.

El 29 de mayo de 1989, después de la derrota electoral del radicalismo y la victoria de Carlos Saúl Menem, el presidente Raúl Alfonsín volvió a disponer el estado de sitio en todo el país, por 30 días, frente a los graves desórdenes que se habían producido durante los saqueos a almacenes y supermercados en el interior. El centro de los disturbios fue en Rosario, Santa Fe, y durante los serios enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, murió un ciudadano, 37 resultaron heridos y se realizaron 400 detenciones. También se produjeron saqueos en el conurbano bonaerense donde fueron detenidas 300 personas. Entre los asaltos a los mercados, el malestar social y la desatada inflación Alfonsín abandonó el poder seis meses antes de vencerse su período presidencial.