Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro: “La tendencia está orientada a la despenalización”

El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. La fecha se eligió en 1990 en un encuentro feminista en la Argentina con el objetivo de visibilizar el aborto inseguro y clandestino como primera causa de mortalidad de las personas con posibilidad de gestar en distintos países de América Latina, y a la vez como estrategia para potenciar el reclamo colectivo por la legalización de esta práctica.

El 28S es, entonces, un día de movilizaciones, de generar especial ruido en las calles y en redes sociales para machacar que forzar a las mujeres a continuar con embarazos en contra de su voluntad es una vulneración a la intimidad y la autonomía, pero además puede ser considerado tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

En los últimos 30 años más de 60 países de todos los continentes modificaron su legislación para permitir el acceso al aborto. Entre otros puntos porque no puede taparse el sol con una mano y los números alrededor del mundo siguen demostrando que las leyes restrictivas no evitan el aborto. Las mujeres que decidieron abortar, abortan. La restricción, la persecución, la penalización solo pasa la práctica a la ilegalidad y obliga a las mujeres a considerar opciones inseguras.

En diálogo con Infobae lo explica Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina: “La tendencia global está orientada a la despenalización y legalización de la interrupción del embarazo. Basta con mirar el mapa global: en más de 60 países, donde reside el 40% de la población mundial, rigen marcos normativos más tolerantes en relación con la legalidad del aborto. Queda demostrado que la liberalización de la interrupción legal del embarazo protege la salud y la vida”.

Los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes de mujeres gestantes se deben a un aborto peligroso. Se calcula que en las regiones desarrolladas por cada 100.000 abortos peligrosos se producen 30 defunciones, mientras que esta proporción aumenta hasta las 220 defunciones por cada 100.000 abortos peligrosos en las regiones en desarrollo.

Para que se entienda: las muertes y lesiones causadas por abortos inseguros son evitables. Y la evidencia indica, asimismo, que los índices de aborto son más altos en los países donde se limita la información, la educación y el acceso a métodos anticonceptivos. Es decir, se practican menos abortos cuando las personas, incluidas las adolescentes, tienen información y acceso a métodos anticonceptivos modernos y a educación sexual integral.

El 30 de diciembre de 2020 se convirtió en una fecha histórica en la Argentina a partir de la sanción de la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional en materia de salud pública y derechos humanos.

La ley estableció una mixtura de plazos y causales y concede el derecho de personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo, sin tener que compartir motivos, hasta la semana 14 ─inclusive─ del proceso gestacional. Este derecho coexiste con un sistema de causales que indica que, independientemente de la edad gestacional, la persona gestante puede interrumpir el embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o su salud (ILE).

Según el último reporte del Proyecto Mirar ─una iniciativa del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health─, los abortos realizados en el sector público se incrementaron en un tercio entre el primero y el segundo año de implementación de la ley. Mientras en 2021 se registraron 73.487 interrupciones del embarazo, la cifra fue de 96.664 en 2022. Al mismo tiempo, se destaca que las muertes maternas por aborto descendieron de 23 en 2020 a 13 en 2021.

Pero a casi tres años de ley, Argentina no solo tiene números para mostrar. La experiencia de la marea verde actuó como faro de otras batallas y generó un efecto contagio.

Para Agustina Ramón Michel, abogada co-directora de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), la ley 27.610 fue un antes y un después en la historia regional de América Latina en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos: “Aunque Uruguay y la ciudad de México fueron pioneros en permitir el aborto en las primeras semanas del embarazo, la Argentina marcó la diferencia por cómo lo hizo. No solamente se reconoce que se obtuvo una muy buena ley que, por ejemplo, garantiza derechos a las mujeres y reconoce la objeción de conciencia como un derecho de los profesionales de la salud sin que se transforme en trampa mortal para las usuarias. Sino que ante todo se valora el proceso: las audiencias legislativas en 2018 con más de 700 personas, de distintos perfiles, expresando distintas opiniones. Ese debate social significó un aporte enorme a los sistemas democráticos de la región”.

Otro condimento singular del proceso argentino que resultó notorio e inspirador fue la magnitud de la movilización, la mezcla de generaciones que se apropiaron del pañuelo verde y salieron a reclamar por el derecho a decidir.

Sandra Vázquez, médica ginecóloga infanto juvenil y directora ejecutiva de la asociación civil FUSA, también distingue el año 2018 como un momento bisagra en la despenalización social del aborto en nuestro país: “A partir del debate en el Congreso la gente empezó a sentir que se podía hablar del tema. Y con la derogación de la ley las consultas fluyeron, la gente llama por teléfono y dice directamente `necesito interrumpir un embarazo´. Antes sentían que había que ocultarlo”.

Pegadito a la Argentina, en América Latina avanzaron las legislaciones en Chile, México, Ecuador y Colombia.

En febrero de 2022, las organizaciones de mujeres reclamaron al Tribunal Constitucional de Colombia y consiguieron que se despenalizara el aborto durante las primeras 24 semanas de un embarazo. Y el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte mexicana despenalizó el aborto tras una decisión histórica votada por unanimidad.

Desde la ciudad de México comparte la alegría Stephanie Lomelí Guerrero, coordinadora del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA: “La resolución de la Corte reitera una sentencia emitida ya en 2021 sobre la inconstitucionalidad de criminalizar a quienes abortamos. Surge, así, la tarea pendiente para el Congreso de la Nación de sentarse a reformar el Código Penal y eliminar el delito de aborto. Esta resolución permitirá, entre otras cosas, que el personal de salud de los servicios de salud federales pueda brindar atención de aborto en sus unidades con la certeza de que tampoco serán criminalizados. Por todo esto hoy saldremos a las calles a festejar nuestros logros y la existencia de redes y de organizaciones que trabajamos a favor de la vida de las mujeres, hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar”.

Los movimientos resonaron incluso en Brasil. Hasta el momento el aborto es legal por tres causales: violación, riesgo a la vida de la persona gestante y anencefalia del feto. Pero en estos días un juicio en el Tribunal Supremo podría conseguir la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. La madrugada del 22 de septiembre pasado, la entonces presidenta de la Corte, Rosa Weber, presentó su voto en favor de la despenalización bajo argumentos como justicia social reproductiva, igualdad ciudadana y proyecto de vida digna. La votación sin embargo fue frenada por una petición de otro ministro, Luís Roberto Barroso.

La antropóloga brasileña Debora Diniz, fundadora de la organización feminista Anis Instituto de Bioética, da cuenta del actual estado de espera: “Estamos a la espera de que se reinicie el juicio. No sabemos cuándo va a retornar. Igualmente, vale destacar la decisión de la jueza Weber por la descriminalización del aborto y porque creó un concepto muy importante que es el de justicia social reproductiva. De esta forma, se pone al aborto en un marco amplio de derechos sociales y fundamentales en Brasil, y no solo en la salud sexual y reproductiva. Se trata de justicia social”.

Marianny Sánchez, directora de comunicaciones para América Latina de la organización Planned Parenthood Global, pone el foco tanto en las victorias contundentes como en los avances menos rimbombantes pero igual de importantes en la ola de progreso hacia la justicia social: “En países en los que las restricciones eran casi totales, como Honduras, este año se aprobó la píldora de anticoncepción de emergencia. Perú es otro país que vale destacar por la aprobación del Protocolo de aborto terapéutico, que codifica el derecho a la interrupción del embarazo por razones de salud. Recientemente el Comité de derechos del niño de Naciones Unidas emitió un dictamen frente al Caso Camila ─una niña peruana forzada a mantener un embarazo producto de una violación─ en el que se insta al estado peruano a que garantice el aborto terapéutico para todos los casos de embarazo infantil. También hace un mes pudimos ver que Mila, otra niña peruana, pudo acceder a la interrupción de su embarazo producto de la violación reiterada de su padre, en gran medida como consecuencia del dictamen en el caso de Camila. Estos hechos nos muestran cómo tanto los pasos inmensos como los discretos hablan de una irreversible ola de progreso y de un reconocimiento del aborto como lo que es: un derecho y un servicio de salud”.

Los derechos se luchan, se conquistan y se defienden. Por eso, hoy en Argentina y en el mundo se marcha. Se tomarán otra vez las calles para reforzar la importancia de poder garantizar la decisión efectiva sobre nuestros cuerpos.