La mayoría de los parques nacionales tendrán hoy cerrados sus accesos a los visitantes, a raíz de un paro nacional en apoyo a cuatro guardaparques que enfrentan un proceso judicial en la provincia de Río Negro. La causa se originó por la muerte de dos niños en el complejo Lolen como consecuencia de la caída de un árbol el 1 de enero de 2016.
La medida de fuerza es impulsada por ATE, UPCN y el sindicato de guardaparques nacionales (Sigunara), las entidades gremiales con representación de los trabajadores estatales de las áreas naturales. Pero cuentan, además, con apoyo oficial de las autoridades gubernamentales.
A través de un comunicado, la administración de Parques Nacionales (APN) respaldó el reclamo. “El 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, se cierran algunas áreas del país”, informó la entidad. “Ese miércoles, en todas las áreas protegidas del país que estarán abiertas al público sus trabajadores realizarán distintas medidas para reclamar que los trabajadores no son responsables por los fenómenos naturales”.
La protesta tendrá algunas particularidades dependiendo de la zona natural en la que se desarrolle. En el Parque Nacional Iguazú, se resolvió cerrar el área de las Cataratas con charlas y difusión dirigida a taxistas y visitantes particulares que lleguen a la zona. En Calilegua, los trabajadores de ATE resolvieron realizar una olla popular y una asamblea frente al centro de visitantes de Aguas Negras, además del cierre total de los senderos. Acciones similares se replican en los parques Nahuel Huapi, El Leoncito, Los Alerces, El Palmar, Tierra del Fuego.
“Lamentamos los inconvenientes que esto pueda generar, pero también solicitamos que comprendan la trascendencia del caso ya que los hechos de la naturaleza son imprevisibles e inevitables”, lamentó la Administración de Parques Nacionales (APN).
Las implicancias detrás de un accidente natural
El conflicto se generó a partir de un hecho trágico ocurrido hace ocho años, en el camping Lolen ubicado dentro del Parque Nacional Lanín. En medio de un paisaje agreste, un roble pellín se desplomó sobre la playa del lago Lácar y aplastó a Matías Mercanti, de 7 años, y Martina Sepúlveda, de 3. Otros dos adultos que estaban celebrando ahí Año Nuevo también sufrieron heridas.
A raíz de ese desenlace, cuatro agentes de la APN fueron procesados por los delitos de homicidio culposo, presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves. También están imputados por homicidio culposo dos prestadores turísticos que pertenecen a la comunidad mapuche Curruhuinca.
Las autoridades del organismo y las organizaciones sindicales rechazan esta acusación, porque se trató de un hecho “fortuito” y es algo que ocurre cotidianamente. Sostienen que los guardaparques no son responsables de los eventos naturales, algo que se vuelve inmanejable en áreas que abarcan miles de hectáreas. Y apuntan que algunos magistrados parecen no comprender el funcionamiento de los Parques Nacionales y las actividades turísticas en entornos agrestes.
Danilo Hernández Otaño, secretario de Prensa de Sigunara y coordinador de Capacitación en Administración de Parques Nacionales, expresó su pesar por el fallecimiento de los chicos. “Nadie que no haya perdido un hijo es capaz de sentir lo que deben estar sintiendo las familias. Lo que no admitimos es que, ocho años después, haya todavía cuatro guardaparques procesados”.
“La fiscalía y la querella asumen que el personal de Parques Nacionales tienen que saber perfectamente a qué día, a qué hora, y en qué dirección va a caer cada uno de los millones de árboles que componen el bosque andino-patagónico. Tendríamos que hacerle un seguimiento a cada árbol como si fuéramos un médico de cabecera”, indicó el guardaparques en declaraciones a Radio Nacional. “Se tiene que comprender que el ambiente natural tienen riesgos intrínsecos. Si elegimos la sombra de un árbol, nos estamos exponiendo a pueda derrumbarse y nos lastime o nos haga perder la vida”, agregó.
En la misma línea se pronunciaron desde la APN. “La caída de un árbol es un fenómeno propio de la dinámica natural del bosque; los árboles son susceptibles de ser afectados por el clima, condiciones de sequía o humedad, movimientos de suelo, hongos, insectos, entre otros tantos factores que condicionan a los seres vivos”, señalaron las autoridades en un comunicado.
“No es admisible -continúa el texto-, no es un hecho de justicia responsabilizar al personal de la APN de las múltiples eventualidades que puedan ocurrir en la visita a extensas áreas naturales como la mordedura de una serpiente, la caída de un árbol, el ataque de un puma, la picadura de un alacrán o de un mosquito”.
Paro total en octubre
La protesta no se limita a la jornada de hoy ya que también continuará cuando se celebre el juicio, estipulado entre el 30 de octubre al 2 de noviembre. Durante esos días, habrá una paralización total en todas las áreas protegidas del país.
“El personal de parques nacionales no puede ir tranquilo a su casa mientras haya una posibilidad de que la Justicia decida que la responsabilidad por una accidente natural sea nuestra. En estas condiciones, se nos hace muy difícil mantener abiertos los parques nacionales al público. La alternativa es que los parques estén dedicados a la conservación y nadie los puede visitar, porque si hay un accidente, los que vamos presos somos nosotros. Si la Justicia finalmente lo entiende de esta manera, es el camino que nos está invitando a recorrer y lo vamos a lamentar mucho”, concluyó Hernández Otaño.