Un temblor en cámara lenta, esquirlas por el aire y cuerpos en el suelo: el relato de los sobrevivientes de la bomba de Montoneros

Néstor Gustavo Soria no escuchó la explosión. Lo que percibió es un ruido seco, como el de un cortocircuito -dice-. “Pero más fuerte”, aclara. Lo que sintió después fue un mundo rompiéndose de a poco hasta que el tiempo volvió a su curso normal por la interrupción del vértigo y el drama. El relato es elocuente: “Todo comenzó a temblar; un temblor en cámara lenta, salvo las esquirlas que volaban para todos lados, tan veloces que cada una iba acompañada por un zumbido. Me veo todavía cayendo de la silla, queriéndome agarrar del mantel de la mesa, pero sin poder hacerlo porque a la mano solo la podía mover en forma muy, muy lenta. Caí al suelo y la mesa se dio vuelta y se me vino encima, pero pude empujarla a un costado. Los primeros momentos, todo estaba a oscuras, hasta que el lugar se iluminó por la explosión de la cañería de gas. Y todo fue silencio, salvo el zumbido de las esquirlas. De repente, esa escena, que me pareció larguísima, se cortó, y comenzaron los gritos y las quejas de los heridos”.

Pudo pararse y distinguió en una esquina una luz que le indicaba la salida. El fuego se había apagado y la oscuridad había vuelto a gobernar la escena. En su huida, un brutal descubrimiento lo llevó al espanto. “Lo primero que toqué, a tientas, casi a ras del piso, fue algo caliente, húmedo; me fijé bien y era el cuello de la sargenta María Esther Pérez Cantos: la bomba le había arrancado la cabeza, que había caído al lado del cuerpo, y yo le estaba tocando el cuello, la parte de adentro del cuello… Pérez Cantos era muy conocida y muy apreciada por todos; en aquel tiempo, no había mujeres oficiales y ella había llegado al grado más alto al que podía aspirar una mujer entre los suboficiales. Una persona muy capaz. Estaba en Robos y Hurtos, en el Departamento Central”.

Soria no lo sabía pero era uno de los 110 heridos que había provocado la bomba vietnamita colocada por Montoneros en el comedor de la calle Moreno 1417, a una decena de cuadras de la Casa Rosada; y Pérez Cantos, una de las veintitrés víctimas fatales del atentado en la Superintendencia de Seguridad Federal. Ese mediodía del 4 de abril de 1976, hace cuarenta y siete años, Soria era subinspector de la Policía Federal. Recuerda haber pedido para almorzar calamar relleno (“me encantaba”, rememora) con una Coca Cola.

Los comensales eran, en su mayoría, de la Superintendencia de Seguridad Federal y del Departamento Central de la Policía Federal, ubicado a una cuadra, cruzando la calle. Soria, que se retiró como comisario y se recibió también de licenciado en Criminalística, trabajaba en una brigada de prevención del delito común, en la calle. “Nos conocíamos todos de vista. Yo vivía en Haedo y no podía ir a almorzar a mi casa; la comida era riquísima: lengua a la vinagreta o ensalada rusa con jamón crudo como entradas; carne al horno con papas, milanesa con papas fritas, tortilla a la española y hasta calamar relleno”.

“A algunos de los fallecidos -precisó- los conocía más. Como a Juan Carlos Blanco, que era el cajero. En esa época no había teléfonos celulares; así que, si alguien nos necesitaba, llamaba directamente al teléfono del Casino, que estaba un costado del mostrador, camino a los baños. Atendía Blanco y pegaba el grito: ‘¡Soria, teléfono!’”, recuerda desde su casa de San Andrés de Giles, a un centenar de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Aunque todavía sufría consecuencias en la cintura y en una pierna por las lesiones recibidas, el caso de Soria no fue de los más graves. Varios heridos sobrevivieron con graves mutilaciones; algunos, postrados para siempre. Seis cadáveres quedaron destrozados, irreconocibles a simple vista: carbonizados; sin brazos ni piernas; decapitados o con la cabeza apenas colgando y convertida en una masa sin forma. Todo eso por las características del artefacto explosivo utilizado contra la fortaleza de la Inteligencia policial: una “bomba vietnamita”, del tipo Claymore. Fueron los militares de Estados Unidos los que inventaron esas bombas durante la Guerra de Vietnam, que duró veinte años: entre 1955 y 1975; luego, fueron copiados creativamente por otros países y también por diversos grupos guerrilleros. El artefacto nació como una mina antipersonal; a diferencia de la mina terrestre convencional, era direccional y se activaba por control remoto, y estaba preparado de tal manera que, una vez detonado, disparaba una lluvia de bolas metálicas hacia una zona determinada -la “zona de muerte”- como si fuera una escopeta.

La bomba contra la Policía Federal fue mucho más poderosa: los peritos de Bomberos determinaron rápidamente que su carga fue hasta diez veces mayor que el modelo original; de entre cinco y siete kilos de trotyl, con una doble boca de proyección de la onda expansiva, hacia adelante y hacia atrás de la silla donde fue dejada, dentro de un maletín marca Primicia de color negro.

En una de las fábricas de armas y explosivos de Montoneros en el Gran Buenos Aires -probablemente la de Munro- los expertos de Montoneros completaron el núcleo de la bomba con dos caños cargados con postas o bolas de acero, que luego de la detonación se convirtieron en proyectiles mortales, junto con los tenedores, cuchillos, platos, vasos, botellas, bandejas, y hasta la caja registradora y las patas de las sillas y mesas del comedor, que también salieron volando para todos lados.

Precisamente, el oficial ayudante Héctor Alejandro Castro, Castrito, que había cumplido veinticuatro años el día anterior, fue atravesado de lado a lado por la pata de una mesa metálica; lo encontraron gritando, pidiendo por su mamá, Carmen, y lo llevaron al Churruca, donde murió ocho días después, el 10 de julio. El médico Héctor Murro explicó que “no salió en ningún momento del grave coma de grados tercero y cuarto” en el que fue internado.

“Castro era compañero de promoción mío, la promoción número 69″, dijo el comisario inspector Carlos Sablich, quien agregó: “Aquel día, yo iba a Defraudaciones y Estafas, en el Departamento Central de Policía. En el momento de la explosión, estaba en Moreno y Sáenz Peña, a menos de cien metros del lugar del atentado; la puerta de entrada voló y se estampó enfrente”.

El agente Adolfo Fister también vio cómo el portón impactó contra el edificio de viviendas y oficinas ubicado frente a la Superintendencia de Seguridad Federal. “Yo -contó Fister- estaba yendo a comer al Casino cuando, en la vereda frente al Departamento Central, me encontré con un amigo con el que había trabajado antes de entrar a la policía. Charlamos un ratito y me pidió el teléfono, pero no llevaba ni birome ni papel por lo cual entré a la farmacia y les pedí algo para anotar. Salí y justo cuando le estaba escribiendo mi número, vi que la puerta, que era muy grande, salía volando”.

Fister corrió hacia Seguridad Federal y entró al comedor. Quedó muy impresionado: “Estaba todo destruido; había pedazos de cuerpos humanos, como brazos, cabezas y piernas; todo esparcido por el suelo”.

Es que el objetivo de este tipo de bombas no era solo matar sino también mutilar, cercenar, cortar los cuerpos, como una manera de sembrar un terror adicional. Ya lo indica el nombre con el que fueron bautizadas: Claymore eran las temibles espadas de doble filo, que pesaban un kilo y medio y debían ser manejadas a dos manos por los guerreros de las tierras altas de Escocia contra los invasores ingleses durante la Edad Media.

Muy lejos de los rebeldes territorios montañosos de Escocia, en su casa en San Andrés de Giles, siempre sentado a la punta de la mesa del sencillo comedor porque el dolor en la cintura le impedía pararse, Soria recordó también que logró pararse luego de la explosión, pero no pudo aguantar mucho por las esquirlas que le hirieron las piernas, de las que solo se dio cuenta cuando volvió a caerse. “Me fui arrastrando hacia la salida; cuando estaba a unos cinco metros, vino alguien, me tomó de la nuca, me levantó y me depositó en el pasillo. Quedé acostado mirando para arriba, hacia el techo. La onda expansiva había arrancado todo, hasta parte de los azulejos de las paredes, pero lo primero que vi fue la ménsula de mármol y arriba, la Virgen de Luján con sus floreritos; me impresionó mucho esa primera visión: una Virgen de cerámica que había logrado sobrevivir a toda esa destrucción”.

Si hubiera podido cumplir sus hábitos cotidianos, Soria habría sido otro de los fallecidos. Todos los días buscaba sentarse a una mesa redonda, en el sector derecho, a dos o tres mesas de la pared de la cocina. Pero aquel viernes ese sitio estaba ocupado y terminó sentado al costado de una de las dos columnas centrales, en el sector izquierdo del comedor, invitado por un sargento de Robos y Hurtos, en diagonal y a unos seis o siete metros de su lugar de siempre.

Ocurrió que la bomba explotó en aquella mesa redonda, oculta en un maletín negro depositado en la silla y cubierto, pero no totalmente, por un sobretodo piel de camello plegado sobre el respaldo, que habían sido dejados -maletín y sobretodo- por el agente José María Pepe Salgado, un infiltrado del Servicio de Informaciones e Inteligencia de Montoneros.

A Soria lo cargaron en un Jeep carrozado que pasaba por la calle y lo llevaron al Churruca junto con otros tres heridos en los que apenas se fijó, concentrado como estaba en sus propias heridas.

-Decime la verdad: ¿estoy lastimado, estoy lastimado? -le preguntó de pronto, desesperado, uno de sus compañeros de viaje.

Soria levantó la vista: el muchacho, bastante más joven que él, que ya había cumplido 28 años, tenía la cara cubierta de sangre y la mandíbula le colgaba, literalmente, dejando al descubierto los dientes y los huesos de la boca.

-No tenés nada, quédate tranquilo, lo único que no te toqués la cara.

Diecinueve de las víctimas fatales murieron en el acto y sus restos fueron ordenados y numerados menos de tres horas después del ataque, a las cuatro y cuarto de la tarde de aquel viernes de tanta sangre y tanto dolor, en una sala contigua a la farmacia del Churruca, cada una con un número escrito a mano atado al dedo gordo de uno de sus pies; las otras cuatro personas fallecieron entre cuatro y ocho días después en el hospital policial a causa de las gravísimas heridas recibidas.

Entre los veintitrés muertos en el comedor de la calle Moreno 1417 hubo cinco mujeres. Una de ellas fue la única persona que no pertenecía a la policía, la única víctima civil: Josefina Melucci de Cepeda, de 42 años, casada, tres hijos, que trabajaba en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y aquel viernes fue a comer con su amiga, la sargenta María Olga Pérez de Bravo, que también falleció. Melucci de Cepeda fue uno de las siete víctimas que no cumplían tareas policiales: el encargado del comedor, el cajero, un mozo, un enfermero, un bombero y un suboficial retirado que estaba haciendo su changa de repartidor de pan.

La agrupación Montoneros afirmaba que buscaba eliminar preferentemente al personal superior de la Policía Federal, en tanto “centro de gravedad” de la represión ilegal de la dictadura, pero de los veintitrés muertos solo dos eran oficiales y de muy baja graduación. Por lo general, los jefes no iban al Casino, que es como los policías llaman al comedor; almorzaban en sus despachos o en algún restaurante de Monserrat, San Telmo, Congreso o el Microcentro, o volvían a comer a sus casas ya que tenían horarios más flexibles.

A pesar de que fue el atentado más sangriento en la historia del país hasta la AMIA -dejó incluso más muertos que la voladura de la embajada de Israel en la Argentina, el 17 de marzo de 1992-, nunca fue investigado por la Justicia. Primero la jueza federal María Servini de Cubría en 2006 y luego la Corte Suprema en 2012 rechazaron una denuncia contra los presuntos autores del atentado, entre ellos el ex número uno de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich, Pepe, y el periodista Horacio Verbitsky. Todas las instancias judiciales coincidieron en que el ataque no debía ser ni siquiera investigado porque había pasado demasiado tiempo y, en consecuencia, estaba prescripto. No fue considerado un delito de lesa humanidad, como solicitaban los abogados de algunas de las víctimas del estrago, sino un delito común.

Días atrás, la magistrada volvió a rechazar la intención de analizar las responsabilidades de la agrupación Montoneros en el atentado. La decisión se sustentó en antiguas resoluciones de la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal, que ya habían declinado la posibilidad de investigar el caso como un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra. Servini, a su vez, no aceptó la retensión de revisar los sobreseimientos y de aceptar como querellantes a los impulsores de los planteos. “Dado que los argumentos en base a los cuales se solicita la declaración de nulidad de los sobreseimientos dispuestos en autos resultan una revisión de lo ya analizado y descartado por las instancias superiores a este Juzgado corresponde a proceder a su rechazo”, afirmó el fallo. Los impulsores de la denuncia apelaron y ahora la cuestión volverá a ser revisada por la Cámara Federal.

*El autor de esta nota es periodista y escritor, extraído de su último libro Masacre en el comedor.