El 29 de junio de 2011, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26691 de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado. En ese contexto, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación elaboraron un listado de edificios que deben tener esa placa recordatoria que en algunos casos provocaron polémica.
Una de ellas se originó en el Regimiento de Infantería N°1 de Patricios. Organizaciones de DD.HH sostienen que allí funcionó un centro de detención ilegal durante el último gobierno militar. La Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) lo niega y asegura que no hay ningún militar condenado por delitos de lesa humanidad ni existe ningún fallo judicial que así lo compruebe.
Esto derivó en la presentación de un recurso de amparo, el martes 28 de agosto, con el patrocinio del doctor Guillermo García, para que no se llevara a cabo esa señalización. El mismo quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 9, que aún no se expidió sobre el tema. Sin embargo, tres días después se colocó dicha placa.
Infobae tuvo acceso al escrito judicial donde se advierte que “todos aquellos que con honor y dignidad militar se han desempeñado en el Ejército Argentino en aquellos años, se verían estigmatizados al ver la placa en su Regimiento, donde se concentra la mayor actividad de conmemoraciones patrias y donde, por lo demás, jamás se probó que haya existido un centro de las características que se le quiere atribuir”.
Desde la UMPAC recordaron que el expediente sobre el Regimiento Patricios surgió a raíz de una causa iniciada por el juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, contra 6 de los militares que allí se desempeñaban por haber incurrido en torturas y tormentos contra los detenidos.
“Lo que no se tiene en cuenta es que la Cámara Nacional de Apelaciones dejó libre por falta de mérito a todos esos militares y en su fallo dijo que no está probado que en ese lugar haya existido un centro clandestino de detención”, señalaron.
Y agregaron: “La solicitud hecha por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación siguió en marcha y llegó hasta el Ministerio de Defensa donde el doctor Eduardo Jozami, director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa, se encargó de alimentar todo esto a pesar que no hubo fallo judicial”.
Frente a lo que ellos consideran una medida arbitraria, decidieron defender ante la justicia a este Regimiento histórico. “No se puede estar manchando por así nomás a una unidad que es un símbolo militar. Nos parece un agravio gratuito, otro más de los permanentes que se viven cometiendo en contra de las Fuerzas Armadas”, remarcaron.
La colocación de la placa, que estaba prevista para el 8 septiembre, fue adelantada para el viernes 1 con el claro objetivo de esquivar una posible “resolución adversa”, denunciaron desde la UMPAC.
“Lo curioso fue que no la coloraron en el exterior del Regimiento Patricios, cuya puerta principal está ubicada sobre la avenida Bullrich, sino justo en la esquina con la avenida Santa Fe porque allí se encuentra una parte del Regimiento y otra parte del Primer Cuerpo del Ejército”, explicaron.
“No se animaron a ponerla sólo en el Regimiento Patricios. Esto es una ofensa más que intentamos que se frene. Esta gente quiere manchar todo lo que puedan manchar. Estamos esperando que la lenta justicia se explica al respecto” reclamaron desde la Unión del Personal Militar.
Por último, destacaron que los argumentos desarrollados en el expediente para la instalación de la placa recordatoria “no sólo no reconoce sus antecedentes y fundamentos en sentencia firme, sino que habría de generar una afrenta a la honra y dignidad de quienes lo integraron y cumplieron con hombría de bien su rol militar”.
Por su parte, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación argumentaron que la ley que regula la señalización de los sitios de la Memoria no exige un fallo judicial para la colocación de placas que los identifiquen. Un sitio se señaliza porque está en el informe de la CONADEP, porque fue mencionado por una víctima cuando prestó declaración testimonial y por registros que haya en el Archivo Nacional de la Memoria, explicaron a Infobae.
En esa línea, voceros del organismo nacional remarcaron que cuando se logra acreditar responsabilidad penal de una persona, se deja constancia de que lo que refleja la sentencia, pero es un elemento mas, no una condición, aclararon.