Fue el 5 de diciembre de 1986 cuando el presidente Raúl Alfonsín sorprendió con un anuncio. “No hay una Argentina para los civiles y otra para los militares”. Presentaba un proyecto de seis puntos en el que fijaba un plazo de treinta días para hacer denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Elaborado por los diputados Juan Carlos Pugliese, Carlos Bravo y Antonio Macris, la norma estipulaba que pasado ese tiempo, no se podían hacer presentaciones. Se extinguía la ley penal contra el que hubiese cometido este tipo de delitos hasta el 10 de octubre de 1983. Solo quedaban fuera de esta medida los secuestros de recién nacidos. El presidente creía así que se llegaría hacia la paz social.
A la frase presidencial “porque la democracia es fuerte podemos asumir con fortaleza el pasado”, partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos le respondieron con una multitudinaria marcha por la ciudad de Buenos Aires. Las críticas que recibió eran varias, y especialistas del derecho aseguraban que esa medida iba a contramano de la garantía de igualdad ante la ley, ya que los civiles tendrían el derecho de recibir el mismo tratamiento ante la ley.
La Ley 23492 de Punto Final fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el mandatario radical. Dicha norma frenó los procesos judiciales contra militares acusados.
En el mismo sentido, la Ley 23521 de Obediencia Debida complementó la anterior, también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987, donde esos militares no debían ser juzgados ya que actuaron obedeciendo las órdenes de sus superiores.
El 23 de junio de 1987, la Corte Suprema en un fallo declaró la constitucionalidad de dichas leyes.
Alfonsín había armado un grupo de juristas que habían analizado cómo proceder frente a los integrantes de las juntas militares. Las aguas entre los partidos mayoritarios estaban divididas. Antes de dejar el poder, el gobierno militar había sancionado una autoamnistía, que prohibía juzgar hechos cometidos entre 1973 y 1983. Dicha iniciativa fue rechazada por Alfonsín y apoyada por Italo Luder, el candidato peronista a la Casa Rosada.
Para darle sustento a su iniciativa, Alfonsín dispuso en diciembre de 1983 la creación de la Conadep, que estuvo formada por 16 integrantes, diez de los cuales fueron elegidos por él: fueron el exrectores de la Universidad de Buenos Aires Ricardo Colombres e Hilario Fernández Long, René Favaloro, el obispo Carlos T. Gattinoni, el científico Gregorio Klimovsky, el rabino Marshall T. Meyer, el obispo católico Jaime de Nevares, el activista de derechos humanos Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú y Ernesto Sabato.
Sus conclusiones están volcadas en el libro “Nunca Más”, que fue best seller en Eudeba, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. En dicho informe se señala que el número de personas desaparecidas asciende a 8961, de acuerdo a los casos analizados. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen la cifra de 30 mil.
El 15 de diciembre de 1983, mediante el decreto 158, Alfonsín anunció el juicio a los ex integrantes de las juntas militares: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.
Un decreto, que llevaba el número 157, establecía juzgar a los jefes guerrilleros montoneros Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Rodolfo Galimberti, Roberto Perdía y Héctor Pardo, más Ricardo Obregón Cano del Partido Peronista Auténtico vinculado a Montoneros y a Enrique Gorriarán Merlo, del Ejército Revolucionario del Pueblo.
Los militares fueron juzgados por 703 casos que involucraban delitos de secuestro, tortura, robo, homicidio, allanamiento ilegal y falsedad documental, excluyendo violencia sexual y apropiación de menores.
Las audiencias se desarrollaron entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 y el 9 de diciembre se dictó sentencia. Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución. Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años y Agosti a 4 años y 6 meses y destituidos, mientras que Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos.
Fue en los inicios del gobierno de Carlos Menem que se comenzó a hablar de un indulto. En octubre de 1989 el presidente aseguró que esa medida resolvía el noventa por ciento de la crisis militar, que no peligraba la democracia y que “sin los indultos se ponía en riesgo el sistema institucional”. Aprovechando la oportunidad, Vaca Narvaja y Perdía pidieron la libertad tanto de los ex comandantes como la de Mario Firmenich. Con el correr de los días los indultos fueron ampliados a otros militares y civiles.
Por medio de veinte decretos firmados entre el 6 de octubre de 1989 al 30 de diciembre de 1990 quedaron libres los miembros de las ex juntas militares y los jefes de las organizaciones guerrilleras. Fueron unas 1200 personas, entre las que se incluyeron, por ejemplo, al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
En 2003, el Senado había sancionado la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la 23.492 y la 23.521, que impedían el juzgamiento de los responsables de los delitos de lesa humanidad.
El golpe de efecto del presidente Néstor Kirchner para posicionarse en el terreno de la defensa de los derechos humanos lo dio el 2 de septiembre de ese mismo año, cuando promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes.
El problema radicó que para fundamentar la nulidad se basaron en convenios internacionales que, al momento de cometerse los delitos, no existían.
El otro golpe lo dio el 24 de marzo de 2004 al cumplirse los 28 años del derrocamiento del gobierno de Isabel Perón: ordenó bajar de la galería de directores del Colegio Militar los cuadros de Videla y Bignone, tarea que estuvo a cargo del general Roberto Bendini, jefe del Ejército.
El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales dichas leyes en el fallo “Simón”-que alude a Julio Simón y Juan Del Cerro y su responsabilidad en la desaparición forzada de dos personas-con los votos a favor de todos sus miembros, menos el de Carlos Fayt, quien lo hizo en disidencia. En el mismo sentido, la sentencia de “Arancibia Clavel” del 8 de marzo de 2005 -Enrique Arancibia Clavel fue quien asesinó al matrimonio Prats Cuthbert en Buenos Aires en 1974- motivaron la reapertura de los juicios de lesa humanidad.
Se dictaron entonces 269 sentencias en 15 años. También se condenaron 1065 personas y 165 fueron absueltas.
Desde ese momento, de un total de 2697 militares acusados, 791 murieron en prisión o mientras transitaban la prisión domiciliaria; 677 estaban sin sentencia firme.
En la causa del juicio a las juntas se describe el papel de organizaciones armadas entre 1969 y 1979. Se computaron 21.642 acciones, entre ellas 5215 atentados explosivos, 1748 secuestros, 1501 asesinatos, y casi 200 copamientos de unidades militares, policiales y de seguridad, medios de comunicación y fábricas, entre otros delitos. Se calcula en 1094 las víctimas mortales por el accionar terrorista.
Muchos de los responsables de esos delitos fueron juzgados por la Cámara Federal Penal, conocida como “el camarón”. Fue creada el 28 de mayo de 1971 durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse para ocuparse de delitos de terrorismo en todo el país. Luego, cuando Héctor J. Cámpora asumió la presidencia, dictó una amplia amnistía y esa misma noche fueron liberados los guerrilleros detenidos.
Cuando el ERP continuó con su accionar, los miembros que eran detenidos fueron procesados como si hubiesen cometido delitos comunes, hasta que se sancionó la ley 20840, que establecía penas más severas de hechos cometidos en tiempos en que nuestro país estaba sumido en la violencia.