Un grupo de unas 100 personas que dicen ser adjudicatarias de departamentos en reparación por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en el Barrio Mugica —en Villa Lugano— decidieron tomarlos de manera ilegal ante los comentarios de que podrían ser usurpados por vecinos de zonas aledañas. Ante esta situación, efectivos de la Policía de la Ciudad llevaron adelante el desalojo, tras un acuerdo logrado por funcionarios porteños de dicho organismo. En el operativo se produjeron algunos incidentes que, por fortuna, no pasaron a mayores.
Los incidentes comenzaron ayer por la noche, cuando varias familias se organizaron para ingresar a los edificios y repartirse las unidades que aún no están terminadas. Se trata de 120 departamentos en las plateas 12 y 13 del complejo ubicado sobre Zelarrayán al 6800, cuyas unidades se encuentran vacías y sin los servicios de luz, gas ni agua porque quedaron en medio de un litigio judicial, más precisamente en la causa “Sueños Compartidos”, que investiga el desvío de más de $200 millones de los $750 millones destinados al plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La usurpación se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara un planteo de Sergio Schoklender —que tenía a su cargo la ejecución del programa de viviendas— por el cual solicitaba su sobreseimiento. El expediente principal fue elevado a juicio en mayo de 2019 y desde entonces está prácticamente paralizado. Todavía se siguen haciendo pericias por las obras.
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Una vez que el personal de la Comisaría Vecinal 8 A de la Policía de la Ciudad fue notificado de la toma, se presentó en el lugar pasada la medianoche para evitar que sigan accediendo personas al complejo.
Fuentes policiales confirmaron a Infobae que también se hizo presente el personal de la División Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) y División Orden Urbano (DOU) con el fin de impedir el ingreso de bebidas y alimentos y así evitar que los moradores ilegales puedan extender su estadía.
En el hecho intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°34, que, como primer medida, dispuso mantener la custodia del lugar. A lo largo de este viernes, en la zona se presentaron camiones hidrantes y oficiales de la División Motorizada y de Infantería. Así, la fuerza porteña bloqueó los accesos.
Este medio pudo averiguar que cerca del mediodía, cuatro vecinos —pertenecientes al grupo que tomó los departamentos— mantuvieron una reunión con el personal del IVC, quien se comprometió a cumplir con los reclamos y pidió un listado de los beneficiarios. “Lo único que quedó claro es que no entra nadie más y el que sale no vuelve a ingresar”, precisaron las fuentes consultadas.
Las gestiones de los representantes del IVC dieron resultado: “Las familias accedieron a retirarse”, comunicaron las fuentes. De ese modo, alrededor de las 16, los edificios quedaron completamente desalojados.
Sin embargo, unos minutos más tarde un grupo de mujeres quiso reingresar, lo que generó un escenario de tensión. Frente a esta situación, las autoridades decidieron implementar un cordón de seguridad para evitar nuevos intentos de ocupación.
Desde el gobierno porteño informaron que “los ingresos a los edificios serán tapiados”. En efecto, poco después del desalojo, comenzaron a llegar camiones con materiales y el personal encargado de la obra.
Ante la crisis habitacional que se vive en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y la problemática para conseguir alquileres accesibles, los vecinos habían considerado oportuno ocupar esas propiedades antes que lo hicieran personas que habitan en los asentamientos INTA y Bermejo.
A lo largo de la jornada, se escucharon varios testimonios de vecinos opinando sobre la situación. “Es un programa de la Fundación Sueños Compartidos que nunca se concluyó. Las dos plateas que están tomadas son las que no se resolvieron desde el punto judicial. Estas personas tienen problemas habitacionales. Se le hicieron muchas promesas y llegó el momento en que se desbordaron y tomaron los edificios. Esto es producto de la desidia y corrupción del Estado”, describió el panorama Adolfo a TN.
“Esperamos que nos den el departamento para los pibes. No cumplieron y se fueron en palabras. Queremos un papel firmado. La promesa nos la hizo el IVC, en 2010. Hace más de 10 años que el complejo está vacío”, se quejó por su parte una de las mujeres que, junto a sus niños, se acercaron a la zona a la espera de una respuesta de las autoridades.
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La vecina aseguró que los edificios son usados por jóvenes para drogarse, vender droga o hacer fogatas. “Vienen los fisuras y hacen fuego adentro de los departamentos. ¿Por qué no se lo dan nuestros hijos. Estamos cansados de tener que pagar 50 lucas por una pieza con baño”, reclamó la mujer que tiene 10 hijos y viven distribuidos en tres piezas.
En declaraciones al canal Crónica HD, otra vecina que participó del reclamo, contextualizó: “La mano viene así… Cuando nos censaron en Barracas, para sacarnos para acá, nosotros teníamos a todos los chicos menores de edad. Ahora los chicos ya son todos mayores de edad y ya tienen familia. Les corresponde tener sus casas”. La mujer precisó luego: “No es justo, ellos ya son mayores de edad y tienen familia. Ellos tendrían que haber pensado que cuando a uno lo censan, los chicos crecen”.
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