Este domingo se cumple una década de la peor tragedia de la historia de Rosario. A las 9.38 del 6 de agosto de 2013, un edificio ubicado en Salta 2141 –en el centro de la ciudad– que ya tenía inconvenientes con fugas y presión de gas, explotó luego de una cadena de presuntos trabajos irregulares de gasistas y de controles de la empresa Litoral Gas. Murieron 22 personas, 62 resultaron heridas y 238 inmuebles fueron afectados. Los familiares de las víctimas aún hoy reclaman justicia, mientras la causa judicial está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El acto que tendrá lugar este domingo por los diez años de la explosión tendrá varias particularidades. Una de ellas es que será la última edición en la que se cortará la calle para montar un escenario donde hablarán familiares de víctimas, sobrevivientes, tendrá la bendición de un cura, música, un video con un compacto de imágenes y la icónica sirena de Bomberos, que sonará a las 9.38, el momento exacto del hecho.
En el lugar donde ocurrió la tragedia hace una década actualmente se construye un memorial y una escuela de música. “Esperamos que el próximo aniversario ya sea ahí adentro, para no molestar a nadie con cortes de calle ni con música en horas de la mañana. Será algo más íntimo, con exposiciones de arte”, indicó a Infobae Marcela Nisoria, viuda de Hugo Montefusco, una de las 22 víctimas fatales.
“No puedo creer que pasaron diez años, pero a la vez sí. Por un lado, para mí es como que ocurrió hace 4 o 5 años. Pero por el otro, el cuerpo me lo hace sentir. Esta semana tuve un dolor de pecho, algo que nunca me había pasado, soy una persona sana, pero esta fecha y el agobio de las actividades puede que hayan influido. También sucede que no sé si hicimos los familiares un duelo como corresponde. Tampoco sé cómo se hace porque esto no es algo común y corriente, esto es un duelo público. Y se pide memoria y justicia”, agregó Nisoria.
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Sebastián Gómez Cavalieri, un vecino de 34 años que vivió en Salta y Balcarce, también habló con Infobae y recordó aquel 6 de agosto de 2013 como si hubiese sido ayer. “Me acuerdo de todo. Estaba durmiendo porque tenía día libre. De golpe escuché un zumbido muy fuerte, un silbido, y después estallaron todos los vidrios de las ventanas y se me cayeron encima. Vino mi vieja gritando de que se estaba cayendo el edificio. Yo no entendía nada, estaba en bóxer, salí así y bajé dos pisos por la escalera porque el ascensor se había caído. Y haciendo el descenso me di cuenta de que la escalera no tenía pared, de golpe daba a un precipicio”, relató. Y agregó: “Cuando llegué a la calle era algo difícil de describir. Llamas, humo negro y vidrios volando por todos lados. Y gritos. La gente me daba ropa porque estaba en bóxer. Después llegaron los Bomberos, se armó el operativo y nos alejaron. Recién pude pisar mi departamento a la noche para buscar algo de valor que había quedado en mi pieza. Logramos entrar después de hacerle un pedido a Sergio Berni de que había rumores de saqueos en toda la manzana porque habían sido abandonadas todas las casas”, precisó Gómez Cavalieri. “Pasé, en un instante, a vivir de prestado. A mi departamento se le voló el balcón. Pudo haber sido peor, pero al menos yo la puedo contar. A mi perra, recuerdo, la pudimos encontrar tiempo después, estaba asustada debajo de la cama”.
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La causa judicial
El expediente judicial por el delito de estrago culposo agravado se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De las once personas que fueron llevadas a juicio por la Justicia provincial, diez resultaron absueltas y solo el gasista Carlos Osvaldo García –el último que manipuló el gabinete de gas aquel 6 de agosto de 2013– recibió una condena a cuatro años de prisión, que actualmente cumple en modalidad domiciliaria, ya que tiene 72 años. Sin embargo, la querella a cargo de la familia de Débora Gianángelo, una de las víctimas 22 fatales del episodio, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal nacional.
“La causa tuvo movimiento interno entre las vocalías de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Actualmente, está en la Secretaría N° 3. Seguramente habrá alguna novedad, pero será después de las elecciones porque puede tener un tinte político. Era mejor que saliera el expediente de Santa Fe, porque todos los actores que intervinieron desde la Justicia tuvieron después un ascenso en su carrera. Es tiempo de alzar la voz y exigir un sistema judicial imparcial, donde impere la justicia y no la impunidad”, dijo a Infobae Adrián Gianángelo, hermano de Débora.
Para el hermano de una de las víctimas fatales, “la sentencia impune no es el fin de la lucha; es el inicio de la búsqueda de la justicia y el castigo a los verdaderos responsables de la tragedia”. “No vamos a descansar hasta que se haga justicia por mi hermanita. No queremos que sea olvidada. Vamos a ir hasta el final por todas las víctimas”, añadió.
El fallo que únicamente condenó a García fue dictado en julio de 2019 por los jueces de primera instancia Marcela Canavesio, Rodolfo Zavala y Carlos Leiva. En marzo de 2020, la Cámara de Apelaciones en lo Penal integrada por los camaristas José Luis Mascali, Carina Lurati y Carlos Carbone confirmó la resolución. Después de eso, se elevó un recurso de queja presentado por el Ministerio Público de la Acusación y la querella ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que la rechazó.
En las dos sentencias fueron absueltos por “insuficiencia probatoria” José Luis Allala (gasista que hizo un trabajo previo en la torre); Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli (responsables de la administración del edificio); Guillermo Oller, Luis Curaba y Gerardo Bolaño (reclamistas de Litoral Gas); Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas); Viviana Leegstra (gerenta técnica de Litoral Gas); y Pablo Miño (ayudante de García).
Según la acusación de la fiscal Graciela Argüelles y la querella, la explosión en la que murieron 22 personas y otras 62 resultaron heridas había sido la consecuencia de “una cadena de negligencias” que involucraron desde el gasista que trabajó en la torre hasta el personal de Litoral Gas y los administradores del consorcio.
La fiscal Argüelles había dejado en claro durante el juicio y la investigación que el gasista Carlos García, el último que manipuló el gabinete de gas antes de la explosión, no cortó el suministro cuando comenzó a hacer los trabajos; tampoco la luz; no cerró la puerta de acceso al edificio; y no avisó a los vecinos cuando empezó el escape que duró aproximadamente 12 minutos.
García, el único condenado, recibió un revés judicial el 12 de julio pasado, cuando la jueza de Ejecución Condicional Luciana Prunotto le negó salidas laborales. El gasista había hecho la petición del permiso para hacer tareas de voluntariado en la Fundación Santuario de Fe.
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