Misterios sin resolver y encubrimientos políticos del atentado a la AMIA: ¿por qué, después de casi 30 años, no hubo justicia?

Pasaron casi 30 años desde el atentado terrorista que destruyó el centro comunitario judío de Buenos Aires en 1994 que provocó la muerte de 85 personas. Sin embargo, no hubo justicia para las víctimas y sus familia.

A pesar de la detención de varios sospechosos, entre ellos funcionarios iraníes y agentes de Hezbolá, nadie fue condenado por el atentado. “Necesito entender lo que nadie entiende todavía: por qué, después de casi treinta años, no hubo justicia”, expresó el autor y periodista argentino Javier Sinay en un ensayo sobre el tema que fue publicado en la revista The Jewish Quarterly
y donde consignó que el acto terrorista dejó un saldo de 151 heridos.

Además de expresar toda su frustración por la falta de avances en el caso, Sinay arroja luz sobre el impacto del atentado en la comunidad judía de Argentina y de todo el mundo. “El atentado supuso un punto de inflexión para la comunidad judía, que hasta entonces se había sentido segura e integrada en la sociedad argentina. El atentado hizo añicos esa ilusión y provocó un aumento de las medidas de seguridad y una sensación de vulnerabilidad”, afirmó.

La cobertura de The Jewish Quarterly sobre el atentado contra la AMIA es un recordatorio de la lucha constante por la justicia y la rendición de cuentas frente al terrorismo. El artículo plantea importantes cuestiones sobre el papel de los gobiernos y las organizaciones internacionales en la lucha contra el terrorismo y la protección de las comunidades vulnerables. También pone de relieve la resistencia y la determinación de las familias de las víctimas y de la comunidad judía para buscar justicia y honrar la memoria de quienes perdieron la vida.

La publicación ofrece un análisis matizado y perspicaz de las cuestiones sin resolver y las intrigas políticas que rodean el caso, al tiempo que pone de relieve el impacto del atentado en la comunidad judía y la lucha en curso por la justicia y la rendición de cuentas.

Lunes 18 de julio de 2022. Tras dos años de pandemia, durante los cuales se suspendieron las actividades masivas, se volvió a reunir esta concentración anual para exigir justicia. Hubo unas 6.000 personas, una multitud inquieta y expansiva, y el sonido de un millón de pisadas es como un susurro amenazador.

Estas personas reanudaron su pedido de justicia para que se resuelva el atentado contra la AMIA -la Asociación Mutual Israelita Argentina, la mayor organización social judía de Argentina- y que se lleve a alguien ante la justicia por las 85 víctimas mortales y cientos de heridos.

Dado que no hay nadie en prisión después de todos estos años, existe la inquietante creencia de que no se produjo ninguna investigación seria. Pero esto no es del todo cierto. Quedó probado que a las 9.53 horas del lunes 18 de julio de 1994, el edificio de la AMIA fue arrasado hasta sus cimientos por un Renault Trafic blanca, matrícula C-1498506, cargada con 300 kilos de explosivos y conducida por un suicida.

Se demostró que los autores intelectuales eran miembros de alto rango del gobierno iraní, entre ellos un presidente, dos ministros y un embajador, y que Hezbolá ejecutó el plan. Pero no fue posible confirmarlo en un tribunal porque ninguno de los sospechosos aceptó someterse a juicio, ni en Argentina ni en ningún otro lugar, ni pudieron ser capturados.

Sin embargo, después de tres juicios y con la Corte Suprema de Justicia identificándolo como “el caso más complejo de la historia jurídica argentina”, aún queda mucho por saber. Hubo encubrimientos, teorías conspirativas, pruebas débiles, sospechas y teorías alternativas. Un juez y dos fiscales apartados del caso. Y un fiscal muerto: Alberto Nisman, descubierto en su baño con una bala en la cabeza.

Por eso, una multitud susurrante volvió a reunirse en la calle Pasteur. Las fuerzas de seguridad montaron su espectáculo y, en una sociedad en la que el antisemitismo parece haber disminuido, uno no puede estar seguro de si su despliegue es una señal de la cooperación del Gobierno con la comunidad judía o sólo un espectáculo... o si realmente existe una amenaza que exija la presencia de francotiradores.

El evento comenzó a las a las 9.53 con el sonido de una sirena estremecedora.

Cuando se produjo el atentado contra la AMIA había unas 120 personas trabajando en el interior del edificio que también albergaba a la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), una organización paraguas judía; el IWO (acrónimo yiddish del Instituto de Investigaciones Judías), que albergaba una gran biblioteca; y varias organizaciones más.

Miércoles 27 de julio de 1994. Un hombre que acababa de regresar de Posadas, Misiones, esperaba en la sala de llegadas del Aeropuerto Jorge Newbery, con el rostro marcado por la duda. Le llamaban el Enano o el Petiso. Los que no lo querían lo llamaban el Sapo. Se llamaba Carlos Telleldín.

Le gustaba el dinero y cualquier negocio que pudiera resultar lucrativo: a los 18 años, tras un breve período como aprendiz en los servicios de inteligencia de la policía de la provincia de Córdoba, había abierto su primera tienda de coches usados con la ayuda de su padre, jefe de inteligencia de la policía.

En 1994, Telleldín tenía 33 años y había regentado salones de masajes sexuales, dos clubes nocturnos, un videoclub, una tienda de compra-venta de antigüedades, joyas y oro, una red de venta de electrodomésticos usados; y, de nuevo, un negocio de coches. Como consecuencia de la venta de electrodomésticos, aparentemente robados, se había enfrentado en dos ocasiones a una posible detención como presunto cómplice de los robos. Pero había vuelto de Posadas porque estaba en un aprieto aún mayor: según las primeras pistas de los investigadores, había vendido la Renault Trafic a los terroristas.

La furgoneta iba cargada con 300 kilos de amonal -nitrato amónico y aluminio-, un detonador y tierra para dirigir la onda expansiva. Es una mezcla que se puede comprar libremente y deja un desagradable olor del amoníaco.

El 26 de julio, después de que los israelíes encontrasen el motor del coche bomba, el cerco se cerró a su alrededor y abandonó la ciudad. Más tarde, explicó que lo había hecho por miedo a que algunos agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires lo atacaran, tal vez incluso lo mataran.

Según Telleldín, estos agentes le habían extorsionado varias veces, dejándole llevar su negocio a cambio de dinero y vehículos. Pero últimamente Telleldín se había negado y pagaba menos de lo que le exigían: estaba endeudado. Dijo que ése era el motivo por el que había huido, no el negocio con el Trafic. Lo que quería decir era que no había colaborado con los terroristas, que -al menos en este asunto- era completamente inocente.

Cuando agentes de la Policía Federal y de la SIDE fueron a buscarlo a su casa de los suburbios de Villa Ballester, se encontraron con que la esposa y los tres hijos de Telleldín ya habían dejado entrar a dos policías bonaerenses sin aparente relación con la investigación. Hablando por teléfono con un agente de la SIDE apostado en su casa que le ofreció ciertas garantías si se entregaba, Telleldín decidió volver a su casa.

Aunque el agente de la SIDE le había prometido que sus colegas estarían en el aeropuerto, no había nadie. Telleldín llamó a su casa desde un teléfono público: “Te estoy esperando, ¿no ibas a venir a buscarme?”. Finalmente, fue detenido por agentes federales.

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Esa noche se convirtió en el sospechoso más intrigante del caso, y lo seguiría siendo durante décadas. Se le acusó de participar en el atentado y de conocer el uso que se iba a dar al vehículo. Él lo negó. Cuánto sabía, cuánto ignoraba, cuánto ocultaba y cuánto cooperaba son preguntas a las que se han enfrentado todos los que le investigaron. Pero Telleldín -el hijo de un jefe de inteligencia de la policía- parece haber sido más listo que todos ellos.

La Trafic que vendió Telleldín y con lo que se cometió el atentado era gemela. El asunto es difícil de seguir y empieza con una furgoneta anterior que se quemó en un incendio. Los restos del vehículo quemado fueron comprados por un negocio de Alejandro Monjo que vendía automóviles usados y chatarra. Pero la documentación de la furgoneta seguía siendo válida porque nunca se denunció el incendio.

Monjo vendió esa Trafic y su documentación a Telleldín. Y este último delegó una tarea en dos mecánicos: extraer su motor e instalarlo dentro de otra Trafic, una que un ladrón acababa de robar. Al final, la segunda furgoneta estaba lista para funcionar con el motor y la documentación de la primera. Telleldín la vendió como vehículo usado. Ésta era la furgoneta de la explosión. El número del motor original era el final del ovillo que conducía de nuevo a él.

Telleldín fue juzgado dos veces y dos veces absuelto: nadie pudo demostrar que conociera al comprador ni que fuera consciente de que el destino de la Trafic sería la explosión. Convenció a nueve jueces -incluidos tres de un tribunal superior que revisó una apelación en su contra-, pero aun así, sigue siendo una pieza enigmática del rompecabezas.

En su libro de 2004 Caso AMIA: La gran mentira (The AMIA Case: La gran mentira), Telleldín se queja de que al juez Galeano: “Se le ocurrió una frase célebre, un caballito de batalla que usó todo el tiempo. No sólo él sino también las querellas y los fiscales”. La frase es la siguiente: “Telleldín sabe más de lo que dice”.

Días después del atentado, se culpó al entonces presidente Carlos Menem por la indiferencia del Estado para evitar este segundo atentado terrorista. El mandatario riojano empezó a ser visto como cómplice por acción u omisión. Sin embargo, fue juzgado por encubrimiento y absuelto en 2019.

“En ningún momento dio muestras de ayudar a esclarecer la verdad para los familiares de las víctimas y para la sociedad”, reza un tuit de Memoria Activa, la principal agrupación de familiares de víctimas, publicado tras su muerte en 2021.

Un año y medio después de la muerte del ex presidente, Carlos Vladimiro Corach, uno de sus ministros más activos, explicó que en 1994 nunca habían ocurrido cosas así en Argentina y que nadie tenía experiencia en tratar con terroristas: ni el Gobierno, ni el partido de la oposición, ni las fuerzas de seguridad, ni los jueces. Pero eso no es del todo cierto. Argentina ya había conocido un caso similar: el atentado contra la embajada de Israel, cometido en 1992, posiblemente por las mismas personas.

Corach fue nombrado ministro del Interior seis meses después del atentado. En aquellos días nunca se separó del presidente. Era un hombre astuto, judío, abogado, operador político y peronista.

“Para el Gobierno, el caso AMIA era una cuestión fundamental”, le dijo Corach al periodista Sinay. “Para el presidente fue un golpe muy duro ya que tenía vínculos con la comunidad judía”, aseguró.

De bebé, Menem había tenido una nodriza judía, contó Corach. Y fue el primer presidente argentino que visitó Israel. “La idea de que queríamos taparlo es una tontería”, afirmó Corach de manera rotunda. “¿En qué benefició al Gobierno encubrir un crimen como ése? Todo lo contrario, nuestro Gobierno tenía la mejor relación con el Estado de Israel”, indicó. Y concluyó: “Nada habría sido más beneficioso y triunfante para el Gobierno que descubrir algo sobre ese asunto, habría significado la gloria”.

El juez Juan José Galeano estaba en una posición ambigua. Investigar el atentado era investigar la corrupción. El caso era una plaga, y Galeano se contagió. Tanto Memoria Activa, que intentaba descubrir la verdad, como los abogados defensores, que intentaban defender los derechos de sus clientes, le acusaron de salirse de la ley para obtener información de los acusados, de interceptar las llamadas de los abogados, de presionar a los detenidos. De muchas cosas más. Pero los dirigentes judíos la apoyaron y los poderes políticos también. Durante un tiempo.

En su primera resolución, el juez Galeano indicó que el atentado se había cometido con un Renault Trafic, utilizando amonal como agente explosivo. Describió cómo Hezbolá organizaba sus atentados en el extranjero y mencionó al clérigo Mohsen Rabbani. Acusó a Carlos Telleldín de ocultar pruebas y pidió la detención internacional de los hombres iraníes identificados por Manuchehr Moatamer.

Era el 9 de agosto de 1994: aún no había pasado un mes desde el atentado y el caso parecía resuelto. Pero, como sabemos, las cosas se complicaron. Y en 1996 el juez se equivocó de estrategia. “Galeano puede haber cometido errores garrafales, pero es alguien que dio su vida por esta investigación”, le dijo al periodista Sinay el ex fiscal Gabriel Mullen. “Lo que produjo en la investigación es enorme. Entonces el árbol eclipsó el bosque: un error eclipsó una investigación seria. Él consideraba que lo que había hecho era legal, pero la Justicia no. Si hubiera sido legal, no nos habríamos visto arrastrados a ello”.

En 1997, Gabriel Mullen que trabajaba junto a otro fiscal, José Barbaccia, comenzó a prepararse para llevar el caso a juicio. Los fiscales veían el horizonte y pensaron que incorporar a un tercer fiscal ayudaría. Se reunieron con su jefe y le dijeron que necesitaban a alguien dinámico y capaz, alguien preparado para analizar un expediente infinito.

Mullen sugirió un candidato: un fiscal federal de primera instancia del Departamento San Martín. Un joven con buenos antecedentes y una memoria fantástica, y cierta fama de ambicioso y vistoso, que quería dejar atrás el caso en el que entonces trabajaba, que versaba sobre un sangriento ataque a una base militar por parte de un comando guevarista.

“Compartí mesa con él en la boda de uno de mis empleados, y se lo expliqué, le conté lo que teníamos entre manos”, recordó Mullen al ser entrevistado por Sinay. Le estaba ofreciendo un puesto en el equipo de acusación del mayor caso de la historia argentina. “Se quedó prendado, le brillaron los ojos y se puso rojo”. El tercer fiscal se llamaba Alberto Nisman.

El atentado tiñó ya casi 30 años de política argentina. Pero en los primeros 30 días, el misterio parecía resuelto. Algunas de las cosas que se descubrieron en ese mes (del 18 de julio al 18 de agosto de 1994) siguen siendo pilares de la investigación: la existencia de una bomba en una Renault Trafic; la historia de la Trafic, incluido el capítulo con Telleldín como conexión local; incluso la probable responsabilidad de Hezbolá y de ciertos funcionarios del gobierno iraní.

Luego todo pareció tambalearse, y el caso judicial se hundió en un lodazal del que aún no ha conseguido salir. El periodista le preguntó al juez Juan José Galeano qué había pasado.

“El problema es que, cuando empezás a profundizar en los asuntos de corrupción privada y pública, se produce una cadena interminable de factores y probar cualquiera de ellos es complejo”, explicó. “Yo quería saber la verdad sobre lo ocurrido. Y descubrimos la verdad, descubrimos la verdad... pero no es fácil llevar a terroristas internacionales a un tribunal. Y meter las narices en la Policía de la Provincia de Buenos Aires... ese tipo de cosas siempre traen problemas”, afirmó.

El abogado de la AMIA, Miguel Bronfman, escribió en su libro que el trabajo que implicó la causa fue “monumental” y que “no sólo se esclareció mucho, sino que no quedó nada sin investigar”. Memoria Activa indicó lo contrario: “El ex juez Galeano es uno de los responsables de que, a más de 21 años del atentado, los familiares de las víctimas y la sociedad argentina no sepan qué pasó el 18 de julio de 1994”.

En 2007, el fiscal Alberto Nisman logró que Interpol volviera a incluir a cinco iraníes en su lista de difusión roja: Moshen Rezai, Ahmad Vahidi, Alí Fallahijan, Ahmad Reza Asghari y Moshen Rabbani.

La acusación general formulada por Nisman, basada en informaciones de disidentes del régimen, así como en un cúmulo de llamadas cruzadas entre Buenos Aires, la Triple Frontera y Oriente Próximo, afirmaba que el atentado se había decidido el 14 de agosto de 1993, en Mashhad, Irán.

Fue planeado por el líder religioso supremo, Ali Jamenei; el presidente, Ali Rafsanjani; el ministro de Asuntos Exteriores, Akbar Velayati; Fallahian; Rabbani; y el tercer secretario de la embajada, Ahmad Reza Asghari.

Interpol no accedió a todas las peticiones de Nisman. También pidió la detención de un miembro libanés de Hezbolá (Samuel Salman El Reda o Salman Raouf Salman) y del jefe de la Unidad de Relaciones Exteriores de Hezbolá, Imad Fayez Mughniyeh.

En 2007, Néstor Kirchner puso fin a su presidencia. Lo sucedió su esposa, Cristina Fernández. En 2009, ella emitió una demanda en las Naciones Unidas que Irán cooperara y entregara a los acusados ya que apoyaba la investigación de Nisman.

Néstor Kirchner murió de un infarto en 2010. Fue repentino e impactante: era popular. En 2011, Cristina Fernández ganó la reelección. Nisman iba a la guerra contra su vieja aliada, la presidenta, contra la izquierda y contra Irán. En sus aliados regionales, el brasileño Lula Da Silva y el venezolano Hugo Chávez. Este último era un buen amigo de Irán. ¿Fue Chávez quien pidió a Fernández que dejara en paz a los iraníes?

En 2013, Cristina le ofreció un tratado a Irán que era consistir en olvidar Interpol, celebrar un juicio en territorio neutral y prescindir de la cacería humana. Pero lo más importante es que se volvería a reanudar el comercio entre ambos países. Finalmente, el Congreso ratificó el memo en un espinoso debate. La justificación oficial fue que el caso estaba paralizado tras 19 años de impunidad.

De repente, las notificaciones rojas e incluso la investigación no sirvieron de nada. Para el fiscal Nisman y el espía Jaime Stiuso fue jaque mate. Dos décadas sin justicia. Decenas de peticiones, redactadas por organizaciones judías y partidos de la oposición, se presentaron en los tribunales federales para frenar el memorándum.

El 14 de enero de 2015, el fiscal Nisman redactó una denuncia muy grave: dijo que el memorándum era un encubrimiento de la presidenta, y que se había establecido una forma de diplomacia paralela para negociar con Irán, en la que participaban congresistas, miembros de la comunidad islámica argentina, funcionarios iraníes y activistas de izquierda radicalizados vinculados a Irán, país con el que simpatizaban porque tenían a Estados Unidos como enemigo común. Nisman acusaba a casi todos pero, lo más sorprendente, fue la inclusión de Cristina Fernández de Kirchner.

El fiscal debía presentar su denuncia ante el Congreso el 19 de enero. En ese momento se encontraba de viaje en Europa con su hija, que cumplía 15 años. “He tenido que suspender mi viaje con mi hija y volver antes de tiempo”, escribió en un mensaje de WhatsApp a un grupo de amigos.

“Me juego mucho en esto. Todo, diría yo. Pero siempre he tomado decisiones y hoy no será la excepción. Y estoy convencido de hacerlo. Sé que no va a ser fácil. Todo lo contrario. Pero más pronto que tarde la verdad se impone y tengo mucha confianza. Haré todo lo que esté a mi alcance, y más, me enfrente a quien me enfrente. Gracias a todos vosotros. ¡¡Habrá justicia!! Oh. Y que quede claro que no me he vuelto loco ni nada por el estilo. A pesar de todo, estoy mejor que nunca. Ja ja ja ja ja ja”.

La noche anterior a su presentación en el Congreso revisó la denuncia y charló con un diputado antikirchnerista. Después abrió la computadora, sacó la bandeja de entrada de su correo electrónico, leyó online los diarios Página/12, Clarín, La Nación, Infobae y Perfil, y se metió en Instagram para mirar las fotos de una mujer con la que se había acostado cuatro días antes.

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En algún momento, se detuvo en una columna de Infobae sobre morir y volver. Era la historia de Mellen [Thomas Benedict, un artista de Estados Unidos que aseguró haber estado muerto durante una hora y media en 1982]. El artista habló de un viaje psicodélico, lo que llevó a Nisman a buscar en Google la palabra “psicodelia”. Tal vez leyó sobre alteraciones de la percepción del tiempo y del sentido de la identidad. Y luego cerró el ordenador.

Le perdimos durante unas horas. Ahora no sabemos nada de él. ¿Dónde está? No responde a las llamadas telefónicas. Es raro. Su madre se preocupa y decide, muy tarde, ir a su apartamento. Allí lo encuentra inconsciente en el cuarto de baño, en camiseta y pantalón corto, salpicado de sangre, con una pistola a su lado y un agujero en un lado de la cabeza, encima de la oreja derecha. Era un solo disparo, calibre 22.

Abundaron las teorías: a Nisman lo mató la SIDE, la CIA, el Mossad, un comando venezolano-iraní, algún subordinado de la presidenta, Stiuso lo traicionó. Pero el Gobierno apoyó la teoría de un suicidio: los ministros dijeron que la denuncia era tan vergonzosa que Nisman no podía defenderla, y que en su lugar había elegido una bala.

En 2017, un juez concluyó que la muerte de Nisman fue un crimen. Según un perito de la Gendarmería Nacional, el fiscal había sido sedado con ketamina y golpeado en la nariz, el hígado y las piernas. Uno de los asesinos le sujetó contra el suelo con una rodilla y el otro le disparó. Pero este testimonio ha sido muy discutido.

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En enero de 2021, el gobierno de Alberto Fernández -cuya vicepresidenta es Cristina Fernández (no son parientes)- aportó otro testimonio pericial del ministerio de Seguridad. El Gobierno trató de demostrar que el caso tenía una motivación política antikirchnerista. El peritaje indicó que la Gendarmería actuó indebidamente en el lugar de los hechos y que Nisman estaba solo en el baño cuando impactó la bala.

Finalmente, el memorando de entendimiento con Irán nunca llegó a aplicarse. En noviembre de 2022, el padre de Paola, junto a otros familiares de víctimas, reclamó en una solicitada que Cristina Kirchner y el resto de los imputados fueran indagados nuevamente, retomando la denuncia original. Pero el informe de Nisman cayó en el olvido.

El trigésimo aniversario no está lejos. Después de tanto tiempo, la investigación debe continuar: la sociedad lo exige y las víctimas lo merecen. “El rol de la fiscalía es recorrer todo lo que queda por hacer lo más rápido posible”, dice el fiscal Sebastián Basso. “El caso AMIA no llegó a ese punto. Todavía hay posibilidades de investigar”. Pero no es posible condenar a los acusados si no están presentes en Argentina.

El expediente de la causa AMIA alcanzó proporciones colosales y fue digitalizado: 720 secciones; 146.000 fojas o páginas; 422 carpetas; 775 líneas telefónicas intervenidas; 134 personas sospechadas de tener algún tipo de participación en el atentado, de las cuales 42 siguen siendo investigadas. Unas 70 personas fueron sobreseídas por los fiscales y 8 fueron oficialmente absueltas. Probablemente sea el mayor expediente de Argentina.

La miseria y la justicia, la oscuridad y la luz de una nación han quedado cautivas aquí, dentro de estos archivos, dentro de estos documentos. Quizá para siempre.

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