Ocho de cada diez mujeres con discapacidad reconoce que vive o vivió alguna situación de violencia o discriminación y el 51% de las migrantes dijo haber sentido violencia o discriminación por su nacionalidad mientras que nueve de cada diez personas trans aseveró que vive o vivió alguna situación de violencia o discriminación en general y el 16% afirma estar viviéndola actualmente.
Estos datos se desprenden del informe a cargo de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), realizado con el apoyo del Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra las mujeres, e incluye los resultados de una investigación realizada entre diciembre 2022 y febrero 2023 en contexto del proyecto “Maravilla de Mujeres contra la Violencia”, coordinado por María José Lubertino, que tuvo el objetivo de acceder a información de base sobre la situación de violencia de género contra mujeres migrantes, trans y con discapacidad que residen en la República Argentina.
Los resultados de la investigación permitieron la recolección de información tanto cuantitativa como cualitativa sobre los diferentes tipos de violencias a las que están y estuvieron expuestas; las formas en las que se manifiestan esas violencias y las actitudes para enfrentarlas.
“Presentamos nuestro segundo informe, que es una investigación en profundidad, sobre mujeres con discapacidad, trans, migrantes, con discapacidad, y no binaries. Llegamos a 9.825 beneficiarias secundarias, que no son personas que pertenecen a estos colectivos pero que incluyen a funcionarias municipales, judiciales, familias del grupo, y luego llegamos a 250 mil beneficiarios indirectos a través de nuestras redes, webs y medios de comunicación. Hicimos las capacitaciones a cada uno de los colectivos”, dijo la presidenta de ACDH al abrir la jornada que se realizó este jueves en la CTA.
Asimismo manifestó: “Desde Argentina avanzamos mucho porque por primera vez desde el Ministerio de Mujeres se tiene un sistema donde se registran todos los casos de violencia a lo largo de las provincias, pero no había denuncias de mujeres trans, migrantes y con discapacidad, entonces este informe nos permite comprender que el sistema integrado no nos da respuesta de todo lo que ocurre en estos colectivos. Ocho de cada diez mujeres de estos colectivos han sufrido violencia”.
Desde New York, Mila Loncheva, representante del Fondo fiduciario de ONU, aseguró que “los resultados de la investigación son de mucha importancia porque han permitido entender mucha información clave sobre los diferentes tipos de violencia a las que están expuestas” estos grupos. Analía De Franco, investigadora principal del proyecto, explicó: “Fue una encuesta autoadministrada, los objetivos fueron acceder a la información de las violencias, los ámbitos de violencia y evaluar el tipo de consecuencias a partir de las denuncias”.
En primera persona
Remi Cáceres, es una mujer con discapacidad motriz (tiene las dos piernas amputadas) y migrante que llegó de Paraguay en los 90s. “Llegué por seis meses, por trabajo, vine con mi marido y mi hija, pero no me pude ir. Me quedé trabajando cuidando a mi sobrina y así pasó el tiempo. Llegó el 2001, el corralito, yo iba con mis dos hijas a los lugares en los que hacían trueques y empezó la situación de violencia”, cuenta la actual secretaria de Discapacidad de la CTA.
Los celos y la desconfianza comenzaron. “Cuando llegaba con las bolsas de cosas que intercambié por la comida que llevaba, él me revisaba porque pensaba que me estaba prostituyendo y comenzó a revisarme debajo de la ropa interior”.
Eso no la detuvo. Un día averiguó para terminar la primaria y fue feliz a contárselo a su marido. Eso lo violentó. “Comenzó con los insultos, a obligarme a tener relaciones hasta apuntándome con un arma. Un día me fui a la casa de una amiga y me fue a buscar porque la pareja de ella le contó dónde yo estaba”, relata sobre el inicio de la cruel etapa en la que fue violentada de manera reiterada.
Fue en el día que cumplió años que él, al enterarse que ella festejó el día con su familia mientras él estaba de pesca, la golpeó salvajemente. Gracias a la ayuda de una amiga, que le hizo ver la situación que estaba pasando, lo denunció. “Al estudiar comencé a conocer mis derechos, a darme cuenta de lo que estaba pasando. La policía lo sacó de la casa y le pusieron una perimetral”, revive.
Mientras eso sucedía, trabajaba de trapito para mantener a sus hijas. “Él nunca me pasó dinero para ellas y yo seguía trabajando como podía”, cuenta. En ese tiempo, mediados de la primera década del 2000, en la localidad de San Justo, en La Matanza, junto a otras mujeres formó una cooperativa de trabajo y así inició su camino en la militancia de los derechos de las mujeres con discapacidad. Más tarde, cuando ya era una reconocida activista en la CTA al frente de la Secretaría de Discapacidad, la llamaron de Nación para que sea parte de un proyecto de concientización para mujeres victimas de violencia de género de la Secretará de la Mujer.
“Vivir violencia con una discapacidad es horrible, es un horror, porque no te podés escapar, no podés hacer nada. Él se creía dueño de mi cuerpo y hay refugios, a los que se podría ir, pero no están adaptados para quedarnos ahí; en otros te separan de los hijos y ante estar separada de mis hijas, yo lo aguanté cinco años porque no tenía adonde ir”, finaliza.
El informe
Más allá de los números el informe, Lubertino aclaró que “la pensión por discapacidad no es compatible con el programa acompañar sino que hay un programa, ‘Acompañar’, del Ministerio de las Mujeres, género y diversidades, que está destinado a brindar un recurso a las mujeres en situación de violencia, pero por distintos motivos burocráticos, no se le otorga a la misma persona dos pensiones. Esto significa que la mujer que tiene una discapacidad y que recibe pensión por discapacidad, no tiene la pensión si es víctima de violencia, tiene los problemas de toda persona con discapacidad y además es víctima de violencia”.
Además, le contó a Infobae cómo se inicio del proyecto del que también fueron parte mujeres que en sus roles de tutoras contaron en primera persona sus experiencias como víctimas de violencias y el camino de empoderamiento que han realizado para poder ayudar a quienes hoy están donde ellas lo estuvieron.
“Fuimos parte de un concurso global durante 2022, se seleccionaron unos 500 proyectos de todo el mundo dentro de decenas de miles de proyectos presentados a Naciones Unidas. Este fue seleccionado porque les interesó particularmente nuestro foco en estos grupos vulnerabilizados y la experiencia de nuestra organización, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, en el abordaje interseccional en el que cruzamos nuestra experiencia en relación a la discriminación de género con las otras discriminaciones porque decimos que estas mujeres de estos grupos vulnerabilizados son objetos de una doble o de una triple discriminación, en muchos casos”.
El objetivo general del estudio es “generar insumos para el diseño y ejecución de programas estratégicos de prevención”, detalla el informe cuyo diseño y ejecución del trabajo de campo contó con el apoyo de las organizaciones involucradas y de referentes de cada uno de los colectivos como la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), Asociación Polio- Postpolio Argentina (APPA), la Secretaria de Discapacidad de la CTA y la Red de Mujeres para la Justicia.
Además, da cuenta de las violencias más frecuentes que viven estas poblaciones, se refiere a los ámbitos en los que suceden las situaciones de violencia y el tipo de personas que la ejercen como también distingue las diferentes estrategias para responder a las situaciones de violencia: denuncias, redes de apoyo, etc.
La muestra fue de 300 mujeres (100 mujeres migrantes; 100 mujeres con discapacidad y otras 100 trans), de las cuales, el 34% habita en el Gran Buenos Aires, el 26 en la Ciudad y el 11.2% en el resto de la Provincia, mientras que el resto se distribuye en el resto del país.
Al consultarlas sobre si padecieron o padecen alguna situación de violencia y/o discriminación, resulta contrastante el bajo nivel de denuncias (11.9%) que manifiestan haber realizado ante los hechos vividos: el 70% de las encuestadas dice no haber denunciado institucionalmente aunque el segmento donde se concentró la mayor cantidad de denuncias es el de mujeres con discapacidad (21.2%) y las que tienen la menor cantidad de denuncias es el de las mujeres migrantes (76.2%).
Mujeres con discapacidad
La selección de la muestra de mujeres con discapacidad se realizó a partir de la distribución Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad que realizó Indec en 2018 con la incorporación de algunas categorías adicionales de discapacidad que dicho estudio no contemplaba. Para el estudio se tomó la distribución por cantidad y tipo de dificultad: una dificultad, 59% (motora, 25.2%; visual, 13.7%; auditiva, 11%, etc.); dos dificultades, 18,3%, tres dificultades o más, 12,2% y las que poseen sólo certificado de discapacidad, 10,5 por ciento.
Ocho de cada diez mujeres con discapacidad reconoce que vive o vivió alguna situación de violencia o discriminación; la mayoría de las que lo reconoce tienen entre 30 y 39 años y dicen que el lugar más frecuente donde lo experimentaron es el espacio público (39,5%), sobre todo por las mujeres con discapacidades motrices, visuales o auditivas. El segundo lugar señalado es el hogar o el ámbito familiar (33,3%), reconocido sobre todo por las mujeres con alguna discapacidad psicosocial o con dos o más condiciones.
Los servicios de salud u hospitales aparecen en el tercer lugar de mayor frecuencia, sobre todo entre las mujeres con discapacidad auditiva o visual o con dos o más condiciones. Entre aquellas que suelen padecer situaciones de violencia en los ámbitos familiares por victimas de varones, especialmente sus ex parejas. En cambio, en el ámbito laboral, los varones aparecen en menor medida como los agresores y, en algunos casos, reconocen a otra mujer como la agresora.
El tipo de violencia que padecen, sobre todo, las mujeres con discapacidad motriz (siete de cada una de ellas tuvo esta experiencia), son comentarios o bromas sobre la apariencia física, el cuerpo y la vestimenta que llevan.
Las consultadas dijeron que es muy poco frecuente denunciar estas situaciones porque consideran que se desestimará por considerarlo poco importante, o porque piensan que es una pérdida de tiempo. Otras dicen que no pueden identificar a las personas que la agredió.
Tres de las mujeres con discapacidad que participaron del estudio reconocieron haberse sentido obligadas a tener relaciones sexuales sin consentimiento por temor a represalias o porque su vida corría o corre peligro: dos de ellas no hicieron la denuncia, pero una lo habló con familiares o amigos/as. El único inhibidor que menciona para realizar una denuncia fue mantener la privacidad.
Sólo una de ellas denunció en una comisaría y la asesoraron sobre los pasos y procedimientos a seguir.
Las mujeres migrantes
La muestra de mujeres migrantes se realizó según parámetro de la Encuesta Nacional Migrante realizada por CONICET y la Red de Investigaciones en Derechos Humanos en 2020: el 32.1% es de origen paraguayo; el 17.5% nació en Bolivia y el 11.4% en Chile, mientras que en menores porcentajes proceden de Perú (7.6%), Italia (5 y Venezuela, entre otros países.
Del total que participó en el informe, ocho de cada 10 mujeres manifestó haber pasado o estar pasando situaciones de violencia o discriminación (80%). Esas situaciones ocurren principalmente en el espacio público: cerca del 85% vivió una situación de hostilidad en calles, plazas, transporte público y espacios comerciales; el 33% del total de la muestra remite al hogar como lugar de ejercicio de violencia y discriminación.
Otras manifestaron que el lugar de trabajo (20.4%), tanto en ámbito semi privado y de vivencia diaria, les resulta poco amigable (22,6%): más de un cuarto de las menciones (26%) refiere a hospitales o centros de salud como focos en los que se presentan actitudes de violencia y discriminación.
Para ellas, el hogar o ámbito familiar (30%) es el espacio más frecuente donde se ejerce violencia o discriminación, especialmente para las migrantes provenientes de Paraguay, entre las menores de 30 años que son principales sostén de su hogar. El segundo ámbito más frecuente es el espacio público mencionado por mujeres entre 30 a 39 años.
Casi todas las situaciones de violencia son ejercidas por varones (parejas, 16%; exparejas, 14%; o conocidos, 7%; o sea, en el ámbito personal / familiar). En cambio, tanto en las situaciones de violencia laboral como en situaciones educativas son mujeres las reconocidas, en mayor medida, como agresoras: las principales situaciones de violencia están referidas a maltrato verbal relacionado a su apariencia física (comentario y bromas sobre su cuerpo o vestimenta) y la segunda, al intento o concreción de agresiones físicas (“alguien intentó agredirme físicamente”- “alguien me golpeó/lastimó físicamente”).
Las que más dijeron haber padecido o padecer violencia física y, con mayor frecuencia, verbal son las mujeres bolivianas y las menores de 30 años. De ellas, muy pocas hicieron alguna denuncia frente a la situación vivida, sobre todo porque creen que su problema no será considerado o no será considerado grave y, en menor medida porque creen que realizar la denuncia es una pérdida de tiempo. En unos pocos casos temen a represalias por la jerarquía de las personas agresoras o porque no conocen a quién las agredió.
Las denuncias están principalmente vinculadas a situaciones de agresión física y fueron denunciadas en la comisaría y en menor orden en la Fiscalía de Violencia de Género. Quienes la realizaron dicen que fue una experiencia positiva y valoran el trato recibido ya que les informaron sobre sus derechos. Sólo en un par de casos la denuncia fue recibida sin ningún tipo de asesoramiento. Las pocas mujeres que denunciaron aseguran ver de manera positiva los resultados de su acción, ya que luego de la denuncia no volvieron a experimentar la situación denunciada.
Entre quienes no denunció institucionalmente, la mayoría buscó soporte con amigos/ as/es o familiares. Sin embargo, un grupo importante de ellas mantuvo silencio y no solo no realizó la denuncia institucional sino que tampoco buscó apoyo familiar o profesional.
En el caso de las siete mujeres que afirmaron haber sufrido situaciones de agresión sexual, sólo una de ellas realizó una denuncia en la comisaría y en la Fiscalía de Violencia de Género, donde recibió asesoramiento sobre la continuidad del procedimiento. Sin embargo, no fue informada sobre la píldora del día después o sobre el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Las razones de las mujeres que sufrieron agresión sexual para no hacer la denuncia formal la sustentan en preferir mantener su privacidad personal o para evitar problemas a la persona agresora.
Desde el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia piden que “el otorgamiento de la pensión por discapacidad y el subsidio del programa Acompañar no sean incompatibles”.
*La segunda capacitación con ACDH y el Fondo Fiduciario contra la Violencia hacia las Mujeres los martes 7, 14, 21 y 28 de noviembre a las 18.00 vía zoom.
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