La inseguridad no da tregua, los ataques violentos proliferan y cada vez es más frecuente escuchar que alguien perdió la vida por el solo hecho de resistirse a un robo. Pero lo peor es observar cómo los delincuentes entran y salen por la llamada “puerta giratoria” de la justicia y que las fuerzas de seguridad están cada vez más limitadas en su accionar por temor a ser acusadas de “gatillo fácil”.
En este contexto, un informe sobre creencias sociales elaborado por el Observatorio Pulsar. UBA arrojó que existe un consenso mayoritario en la sociedad argentina en cuanto a la necesidad de aumentar las penas para luchar contra la inseguridad (77%) y de otorgar más poder a la policía en la lucha contra el delito (73%)
Sin embargo, señaló que hay divisiones significativas en cuanto a la pérdida de libertades y derechos para combatir el narcotráfico, la participación de los militares en la lucha contra el narcotráfico y la posibilidad de que cualquier persona porte legalmente un arma.
“Estos resultados reflejan una preocupación generalizada por la seguridad y el combate al delito, pero también una división en cuanto a los límites que cada uno y una está dispuesto a aceptar en términos de derechos y libertades individuales”, sostiene el informe.
Además, se advierte una reticencia mayoritaria hacia la idea de que cualquier persona pueda portar legalmente un arma. Este punto es uno de los primeros que aparece partidizado ya que encuentra mayor aceptación entre votantes de Juntos por Cambio y menor aprobación entre los simpatizantes de Unión por la Patria.
En momentos de campaña electoral, la encuesta también se preocupó por trazar un perfil ideológico de los argentino y establecer cómo piensan programáticamente.
Para ello, se aplicó una técnica denominada “agrupamiento proyectivo de perfiles ideológicos”, la cual ayuda a identificar y clasificar a las personas en grupos con creencias políticas y económicas similares.
Para lograrlo, utilizó variables o características que le permitieron entender las opiniones y posturas de las personas. Tomando en cuenta los posicionamientos de los entrevistados en las dimensiones de análisis “Público y privado” y “Libertad e Igualdad”, se construyen cuatro perfiles ideológicos desde dos ejes complementarios: económico y moral. Y de allí surgieron cuatro: 1) privatista, 2) estatista, 3) progresista y 4) conservadores.
En el eje económico, un 30% admitió ser privatista (preferencia porque el sector privado sea el proveedor de los servicios públicos y favorecer la autonomía del sector respecto al Estado) y otro 30% estatista (tienen una postura favorable a la intervención y el papel activo del Estado en la economía y la sociedad).
Mientras que en el eje social, un 19% se autodenominó progresista (manifiestan su preferencia por una baja regulación del Estado en los asuntos de la vida privada) y un 18% conservador (prefieren que el Estado regule los asuntos de la vida privada).
Del total de los 1.000 encuestados mayores de 18 años de ambos sexos, se llegó a la conclusión de que “la sociedad se agrupa en estos cuatro segmentos con asimetrías; muy lejos de la Argentina bipolar que muchos creen en épocas de grieta política”, destaca el informe.
Entre quienes se identifican como votantes peronistas, una porción no menor sigue valorando el empleo público como algo necesario. Al mismo tiempo, sugieren que la privatización de las empresas no tiene que ser igual al realizado en los ‘90: hay un clima favorable a pensar que la extensión del sector privado tiene que tener cierto control del Estado.
En esta investigación de Pulsar.UBA se puede observar el principio de un cambio en las valoraciones de la sociedad argentina, apoyada en una mayor preferencia por la participación de empresas privadas en la economía: “Este giro tiene una explicación política. Hay una base sólida, que reúne tanto a los votantes de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza, que considera necesaria una mayor centralidad del sector privado en la vida pública. Hay una percepción generalizada de que ‘los privados’ tienen que tener mayor presencia en términos organizativos y en la provisión del empleo”.
Otra de las cuestiones abordadas en este informe es la importancia del Estado en materia de inclusión, defensa y promoción de derechos adquiridos. Tres de ellas tienen un consenso importante: la eutanasia (72%), la adopción homoparental (59%) y la subrogación de vientre (58%) . Mientras que la primera está prohibida, la segunda está legalizada y la tercera no está reglamentada, pero es permitida.
En lo que respecta a la ampliación de esta agenda (trabajo sexual legalizado, consumo de marihuana y lenguaje inclusivo) existen importantes reparos a considerarlos como demandas sociales. Son cuestiones planteadas por porciones más metropolitanas de la sociedad, pero sin encontrar el consenso suficiente todavía.
Sobre este punto, resalta la consideración sobre la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que como política pública tiene un apoyo mayoritariamente urbano. El resto de los estratos consideran, en cambio, que tienen que ser también las familias las que trabajen en casa. Aflora así una demanda por la co-responsabilidad de la educación sexual.
“Acá existe una agenda de derechos sociales que permitirían ampliar las libertades de quienes demandan por la consideración del Estado en estas situaciones. Un Estado que esté presente, cuando se lo necesita”, concluye el informe.
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