Fusilamientos en el basural de José León Suárez, “el muerto que vive” y la Operación Masacre que denunció Walsh

La noche del sábado 9 de junio de 1956, un grupo de hombres se ha reunido en la casa del fondo de avenida Hipólito Yrigoyen 4519, en Florida, para escuchar por la radio el acontecimiento deportivo del día, la pelea entre el “zurdo” Eduardo Lausse y Humberto Loayza en el Luna Park.

Allí vive, solo, Juan Carlos Torres y es común que algunos de los muchachos de barrio se junten ahí para jugar al truco, tomar alguna cerveza o, como en ese caso, escuchar el relato de una pelea importante y comentar sus alternativas.

De los que están allí, solo algunos saben que, en otro lado, se está cocinando algo y que probablemente la transmisión de la pelea sea interrumpida por un comunicado. Los demás, no.

Lo que se cocina esa noche es algo grande, nada menos que un levantamiento militar para derrocar a la dictadura encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas y traer de regreso al país al presidente derrocado menos de un año antes, Juan Domingo Perón.

La movida se venía planificando desde hacía meses y, sus líderes, los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, sabían que estaba en conocimiento de la dictadura que se llamaba a sí misma “Revolución Libertadora”. El general Juan Carlos Quaranta, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), seguía paso a paso las jugadas de los conspiradores.

En dos oportunidades, Valle y Tanco tuvieron que postergar la acción ante la evidencia de que Aramburu y Rojas contaban con datos precisos.

Desde su punto de vista, los atropellos de la dictadura cerraban los caminos de la protesta pacífica. La CGT había sido intervenida; los sindicatos, asaltados; cien mil dirigentes obreros, desde simples delegados hasta secretarios generales, habían cesado sus mandatos por decreto. Nunca hubo tantos presos políticos en la Argentina. A principios de 1956, los peronistas encarcelados llegaban a 30.000.

El plan de operaciones

La fecha del levantamiento quedó fijada para el 9 de junio, y esa vez no lo iban a suspender. Esa noche, pese a lo incierto del resultado, decidieron no echarse atrás. Creyeron que era más importante dar un ejemplo de valentía que postergar las acciones por tercera vez.

El foco más fuerte del levantamiento está en La Plata, donde el teniente coronel Jorge Cogorno, el mayor Juan José Pratt y el capitán Jorge Morganti estaban encargados de tomar el Regimiento VII de Infantería y desde ahí seguir las operaciones que contemplaban tomar la central telefónica, la planta de Radio Provincia, el Distrito Militar La Plata, el Segundo Comando de Ejército y el Departamento Central de Policía.

En Campo de Mayo, los rebeldes –liderados por dos coroneles– debían tomar la agrupación de intantería de la Escuela de suboficiales y la primera división blindada.

Paralelamente, luego de la emisión de la proclama por radio, habría levantamientos en otras unidades militares y también entrarían en acción militantes peronistas –en su mayoría obreros– en diferentes puntos del conurbano bonaerense, fundamentalmente en Avellaneda y Lanús.

Algunos de los hombres que están reunidos en la casa de Juan Carlos Torres, supuestamente para escuchar la pelea, en realidad están esperando que la radio emita una proclama que será la señal de entrar en acción. En lugar de eso, antes de la medianoche, escucharán un grito fatal.

-¡Policía! – les grita el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez.

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Detenidos y fusilados

La redada es desprolija, algunos de los hombres que están en la casa de Torres logran escapar, otros levantan las manos y se entregan. Algunos saben qué está pasando, otros no tienen la más mínima idea.

Finalmente hay entre 12 y 15 detenidos: a los capturados en la casa del fondo, se suman dos de la casa que está en el frente y luego habrá otros dos que son capturados cuando están llegando a la casa.

Cuando los detienen no han dado las doce de la noche del 9 de junio. Los suben a un colectivo y los trasladan a la Unidad Regional San Martín de la Policía Bonaerense.

Están allí cuando, a las 0.32 de la madrugada del domingo 10 cuando por Radio del Estado se da a conocer el decreto de ley marcial, firmado por Isaac Rojas, que autoriza a fusilar a los rebeldes que sean detenidos a partir de ese momento.

Los detenidos, entonces, no han violado la ley marcial y no pueden ser fusilados. Sin embargo, poco después, el jefe de la Unidad Regional, inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno, recibe precisamente esa orden imposible: fusilar a los detenidos, de parte del jefe de la Bonaerense, que después de la redada de Florida ha regresado a la jefatura de policía, en La Plata.

“¡A esos detenidos de San Martín, que los lleven a un descampado y los fusilen!”, son sus palabras exactas.

Los suben a un camión y los llevan a un descampado. Los policías no están muy convencidos de lo que los han mandado a hacer: matar a sangre fría. Quizás por eso, cuando los bajan en el basural de José León Suárez y los hacen caminar iluminados por los focos del camión, algunos dudan y otros, quizás, tiran a errar.

Sobre los terrenos del basural quedan cinco cadáveres. Son los de Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brion.

Los otros –algunos heridos- logran escapar. Algunos de ellos serán recapturados horas después, pero se salvarán de ser fusilados e irán presos; otros se esconderán durante meses, protegidos por familiares o amigos; unos pocos alcanzarán a meterse en la Embajada de Bolivia y partirán al exilio.

En medio de la conmoción y la vorágine informativa del levantamiento de los militares rebeldes, la confusa aparición de cinco cadáveres en un basural del conurbano pasará casi inadvertida.

Un episodio más de esos días, que pronto sería olvidado. Si no lo fue, se debió a un periodista llamado Rodolfo Walsh.

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“Hay un fusilado que vive”

La noche del sábado 9 de junio de 1956 Rodolfo Walsh estaba jugando al ajedrez en el Bar Rivadavia de La Plata. No pintaba un fin de semana tranquilo cuando se comenzaron a escuchar los tiros. Walsh salió con otros parroquianos para ver “qué festejo era ése”.

Las detonaciones, sin embargo, no tenían que ver con ninguna celebración sino con un duro enfrentamiento armando frente a la Jefatura de Policía, ubicada a unas diez cuadras del bar. El tiroteo era entre un grupo de oficiales y suboficiales del Regimiento VII de Infantería que intentaban ocuparlo por sorpresa y otros policías y militares que trataba de defender el edificio.

En el prólogo de “Operación Masacre”, cuya escritura empezó meses después, Walsh relata la vacilante caminata que debió hacer esa noche para llegar a su casa –donde estaban su mujer y sus dos hijas– ubicada a unos trescientos metros de la Jefatura.

Cuando finalmente llegó, cuenta, no sin cierta ironía: “Mi casa era peor que el café y peor que la estación de ómnibus, porque había soldados en las azoteas y en la cocina y en los dormitorios, pero principalmente en el baño, y desde entonces he tomado aversión a las casas que están frente a un cuartel, un comando o un departamento de policía”.

También escribió que le tocó en suerte ser testigo de una muerte: “Tampoco olvido que, pegado a la persiana, oí morir a un conscripto en la calle y ese hombre no dijo ‘Viva la patria” sino que dijo ‘No me dejen solo, hijos de puta”.

Los hechos de esa noche del sábado 9 de junio le produjeron una fuerte impresión. Sin embargo, no lo motivaron a nada, quería olvidarlos. “Tengo demasiado para una sola noche. (El general) Valle no me interesa. Perón no me interesa, la revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez?”, escribió.

El desinterés de Rodolfo Walsh frente a los fusilamientos perpetrados por la dictadura de “La Libertadora” después del levantamiento de Valle y Tanco desapareció repentinamente la noche del martes 18 de diciembre de 1956, cuando en el mismo bar desde donde había escuchado los tiros la noche del sábado 9 de junio alguien le dice casi susurrando:

—Hay un fusilado que vive.

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La investigación de Walsh

Durante meses, con la colaboración de Enriqueta Muñiz, y la ayuda de fuentes que nunca reveló, Walsh logró encontrar y entrevistar a los sobrevivientes, reconstruir paso a paso los hechos de esa noche y –muy importante– establecer que los fusilados habían sido detenidos antes de la promulgación de la ley marcial. Es decir, que fueron ejecutados ilegalmente incluso en los términos de la precaria legalidad de la dictadura de Aramburu y Rojas.

Lo dice el propio Walsh en el primer párrafo del prólogo: “La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual, a fines de ese año, en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez”.

La clave es la palabra “clandestinos” que utiliza para calificar a los fusilamientos de la madrugada del 10 de junio en José León Suárez. A su criterio de entonces esa ilegalidad los hace diferentes de otros fusilamientos de militares y civiles detenidos después de la promulgación del decreto de Ley Marcial a las 0.32 de la madrugada.

Los fusilados de José León Suárez –a diferencia del resto– habían sido detenidos la noche del 9 de junio, antes del anuncio por Radio del Estado de la Ley Marcial. Esa detención, previa al decreto, hace “ilegales” a esos fusilamientos y eso es lo que Walsh –con la ayuda de los sobrevivientes y la información que le brinda el teniente Dillon– quiere demostrar y demuestra.

Hoy todos esos fusilamientos –los unos y los otros– están claramente definidos como crímenes de terrorismo de Estado, una calificación que la Argentina todavía no conocía en 1956.

Lo que a Rodolfo Walsh lo indigna y lo lleva a investigar es que, con los fusilamientos clandestinos del basural, la “Revolución Libertadora” está violando sus propias leyes.

“Tampoco soy ya un partidario de la revolución que –como tantos– creí libertadora”, dirá.

La publicación de “Operación Masacre”, primero como una serie de artículos en la revista Mayoría y luego como libro, logrará que los fusilamientos de José León Suárez y sus víctimas no fueran nunca olvidados.

67 años después

Esta semana se inició un juicio por la verdad que tiene mucho de histórico, pero que busca que aquellas muertes sean consideradas crímenes de lesa humanidad, que no prescriban y queden impunes.

Se desarrolla en el Tribunal Federal N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence. En la primera audiencia declararon dos hijas de las víctimas, Berta Josefa Carranza y Delia Beatríz Garibotti. Para la semana que viene está prevista la declaración del “fusilado que vive”, Juan Carlos Livraga.

El abogado querellante por la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín, Alberto Palacios informó que se efectuarán entre una y dos audiencias por semana, con dos testigos por día.

“Estuve con familiares de las víctimas y para ellos es muy fuerte, porque es la primera vez que van a testimoniar frente a un juzgado federal por estos hechos. De declararse delitos de lesa humanidad será un acto reparatorio fundamental para todos ellos”, explicó al salir de la primera audiencia.

Ocurre 67 años después de aquella oscura noche en que un basural de José León Suárez quedó regado con la sangre de las víctimas.

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