El 3 de junio de 2015 alrededor de 300 mil personas se reunieron frente al Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, protagonizando un hecho histórico: la primera manifestación en contra de la violencia machista. El desborde social tuvo réplicas de punta a punta del país, bajo un grito caliente, indignado, hastiado que repitió como un mantra “Ni una menos”. Hacía pocos días habían asesinado a Chiara Páez, una adolescente santafesina de 14 años, oriunda de Rufino, que cursaba un embarazo de ocho semanas. El femicida, su novio también adolescente, la mató a golpes y enterró el cuerpo en el patio de su casa familiar.
“La muerte de Chiara fue cúlmine. La sociedad se conmovió y fue impresionante la convocatoria. Tan impresionante. Yo recuerdo llegar a una confitería en la esquina de Rivadavia y Callao, entrar por una puerta y salir por la otra porque ni siquiera podías acercarte a una mesa. No se podía ni caminar. A partir de ahí fue para nosotras fundamental tomar la posta. Todo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, pidiendo `Ni una menos´. Ni una menos no solo por el riesgo de vida sino además por las muertes de abortos clandestinos. Por eso, de alguna manera, aquella primera marcha acrecentó la lucha por conseguir la interrupción voluntaria del embarazo después”, dice Nina Brugo, abogada y una de las redactoras del proyecto de Ley de IVE.
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La periodista Paula Rodríguez, autora del libro “Ni Una Menos”, recuerda las señales particulares de ese primer estallido: “El 3J estuve con las organizadoras y tengo presente sentir como un dato importante la cantidad de adolescentes y de mujeres muy jóvenes que había en la concentración, y que fueron las que se quedaron bailando, rancheando en la calle hasta más tarde. Parte de lo que interpeló socialmente fue la serie de femicidios cubiertos por los medios con víctimas adolescentes. Evidentemente tuvo que ver con esta irrupción de las jóvenes masivamente al feminismo. Que no se da solamente acá sino en otras zonas del mundo, pero que en la Argentina tuvo como emergente el 3 de junio. Podría haber sido otro, pero queda claro que algo que estaba pasando iba a emerger y emergió de esta manera”.
Sin embargo, tras ocho años, ocho movilizaciones (debido a la encerrona obligatoria por pandemia en 2020), dos presidencias, leyes, decretos, dos planes de acción nacional, líneas telefónicas, vagones rosas, protocolos, campañas… los números de la violencia machista no aflojan.
Según el informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro, del 3 de junio de 2015 al 28 de mayo de este año se produjeron 2282 femicidios vinculados de mujeres y niñas, 58 trans/travesticidios y 214 femicidios vinculados de varones adultos y niños. En paralelo, 2691 hijos e hijas quedaron sin mamá, de los cuales el 61% son menores de edad.
El documento registra especialmente un dato: del total de femicidios, 121 corresponden a adolescentes de entre 13 y 17 años. La Casa del Encuentro explica el recorte: “Realizamos un análisis sobre el rango etario de Chiara Páez porque consideramos que merece una visibilización aparte. Necesitamos trabajar en la prevención de las violencias con la efectiva implementación de la ley de Educación Sexual Integral, y de manera particular en las primeras relaciones ya que en muchos casos son la puerta de entrada de las violencias a través de lo que denominamos el `amor romántico´ que inicia en esa etapa de la vida”.
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En la misma línea se posiciona Brugo: “Podemos sugerir varias hipótesis sobre por qué los feminicidios no bajan, pero hay una teoría fundamental para mí que tiene que ver con el incumplimiento de todos los organismos educativos de la Ley 26150 de Educación Sexual Integral. Desde el año 2006 y hasta el día de hoy queda a voluntad de cada docente o de las autoridades de las escuelas. Pero si a las personas las formamos para respetar a los y las demás, para que se entienda que las mujeres no somos de ninguna manera seres inferiores, yo creo que se hubieran salvado y salvaríamos muchísimas vidas. Es un elemento fundamental la formación de ESI y que sea obligatorio su cumplimiento”.
Violencia económica en la mira
Este sábado 3 de junio la cita en Buenos Aires es a las 14 horas frente al Congreso de la Nación. Están previstas intervenciones fotográficas, performances culturales, y acciones gráficas y visuales. A las 16 horas se leerá un documento que se fue gestando y consensuando en asambleas con la participación de organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos y sueltas, y que se resume bajo la consigna: “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con este poder judicial no hay ni una menos”. Estarán acompañando familiares de víctimas y el fin de la jornada quedará a cargo de un show musical de Sudor Marika.
En diálogo con Infobae, Lucía Cavallero, socióloga e integrante del colectivo Ni Una Menos, le da contexto a las demandas: “Desde 2015 hemos ido variando las declinaciones de la consigna hasta hacer más eje en la violencia económica. Hemos empezado a poner en la agenda pública las razones económicas de la falta de autonomía económica para salir de las violencias. Nos queremos vivas, nos queremos libres y para eso necesitamos que el Estado nos provea soluciones que nos permitan alcanzar la autonomía económica para salir de las violencias. Diría que uno de los cambios más importantes ha sido que la consigna evidencie las formas en que la violencia económica se relaciona con la violencia por razones de género”.
Es que en épocas en que los salarios no llenan changuitos, con cifras de inflación que superan los tres dígitos y alquileres a precio dólar, las demandas del Ni una menos se complejizan e insisten en poner el foco en el entramado económico que sostiene muchas de las violencias contra las mujeres.
“Este año la denuncia de la violencia económica se muestra de distintas maneras. Las trabajadoras comunitarias hablan de la falta de reconocimiento a las tareas que hacen en los comedores, pero también como promotoras de género y de salud. Se han acercado compañeras que están visibilizando el reclamo por el incumplimiento de la cuota alimentaria, que es un deber de los progenitores que generalmente dejan de pagar cuando las parejas se separan. Y aparece muy fuerte el problema de las mujeres para acceder a la vivienda, porque no hay planes de vivienda con perspectiva de género”, señala Cavallero.
Cocineras comunitarias de distintos comedores de CABA y del conurbano aprovecharán la convocatoria del 3J para hacer correr la noticia de la presentación, el próximo lunes, de un proyecto de Ley para el Reconocimiento Salarial de las Cocineras Comunitarias.
Claudia `la Negra´ Albornoz, referente nacional de la agrupación La Poderosa, da cuenta de la propuesta: “En un contexto donde hay 40% de personas en situación de pobreza y 2,4 millones de personas en situación de indigencia, las cocineras alimentan a más de 10 millones de personas. Este trabajo es indispensable para garantizar el acceso a la alimentación de grupos vulnerados y casi en el 80% somos mujeres las que estamos al frente de comedores y merenderos. Imaginate 10 millones de personas sin poder comer o sin garantizar un plato de comida por día. Obviamente, la Argentina hubiera explotado hace rato. Por eso decimos que nosotras venimos alimentando los 40 años de democracia”.
La creación de un Programa Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores Comunitarios consiste en reconocer y otorgar un salario mínimo, vital y móvil, vacaciones, obra social o cobertura médica, ART, licencia por enfermedad y/o accidente, aguinaldo, licencia por maternidad y paternidad, jubilación y licencias especiales a quienes desempeñen un rol como trabajadora o trabajador en comedores y/o merenderos populares. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación se plantea como la autoridad responsable de la implementación.
Albornoz desarma discursos que circulan y se instalan a costa de sacrificios ajenos: “La cocinera es la que dedica un tiempo muy importante en la elaboración de alimentos para las familias de su barrio, y cuando está cocinando no puede estar trabajando afuera. O sea, no puede ir a limpiar la casa de otra persona, no puede salir a la venta ambulante, no puede hacer ninguna changa porque está cocinando para la comunidad. Por eso pensamos en este proyecto de ley para las cocineras comunitarias. En definitiva tiene que ver con hacer justicia en un sector muy amplio del país, porque sobre el lomo de las que estamos en la base de la pirámide social hay explotación. Nosotras hacemos lo que no hace el Estado. El Estado no cocina, cocinamos nosotras. El Estado no acompaña a las mujeres y a las disidencias en una situación de violencia, las acompañamos nosotras. Entonces, no es que nosotras vivimos del Estado, el Estado vive de nosotras”.
Precisamente para denunciar también que lo que no hacen unos recae sobre otras es que las rejas que rodean al Congreso y diferentes ciudades serán escenario el 3J de “tendederos de deudores alimentarios”, una campaña craneada por organizaciones de hogares monomarentales que colocarán tender –como los de colgar la ropa— con fotos y nombres de varones deudores de cuotas alimentarias, cantidad de hijos e hijas, y los años que llevan sin pagar.
“Somos millones las madres que sufrimos violencia económica y son millones los niños a los que se les vulnera el derecho de acceso a algo tan básico como comer, vestirse, educarse y tener salud ya que los progenitores incumplen y usan el dinero como herramienta para perpetuar las violencias. Pero el Estado igualmente nos violenta porque los tiempos del sistema judicial no son los mismos que los nuestros. Las necesidades de nuestros hijos e hijas son diarias, no pueden esperar. Las familias monomarentales tenemos la sobrecarga de criar 24/7, empobrecidas y precarizadas. Tener hasta tres trabajos no es vida, e incumplir alimentos es violencia de género y violación a los derechos humanos de mujeres y niñas, niños y adolescentes”. La que habla es Jésica Flores, presidenta de la Asociación Civil MOTA y co-creadora de la Red Nacional de Familias Monomarentales.
Y continúa: “Con el tendedero queremos visibilizar la enorme cantidad de madres criando solas y los millones de delincuentes que hacen su vida desatendiendo sus obligaciones. El incumplimiento de la cuota alimentaria es delito, pero no se toma como tal. Donde ya se intentó todo lo que queda es exhibirlos, y que la vergüenza cambie de lado”.
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