Agravio del gobierno bonaerense a los psiquiatras: en un cartel oficial insinúa que sus prácticas se equiparan a la tortura

El 15 de marzo pasado, el gobierno de Axel Kicillof dispuso el cierre de un pabellón del neuropsiquiátrico Alejandro Korn y lo celebró colocando una placa en uno de sus muros internos con un texto llamativo por lo agraviante: “Desde finales de la década de 1960 hasta abril de 2023, funcionó aquí un pabellón de encierro manicomial. En el día de la fecha se cierra definitivamente como espacio de vulneración”.

El mensaje oficial se completa con la frase: “En la memoria de los cientos de personas que vivieron, sobrevivieron y murieron aquí. ¡Manicomio nunca más!”

Como si hubieran clausurado un Auschwitz…

Más allá de la mala redacción, lo impactante es que pareciera que en vez de cerrar un hospital estuvieran cerrando un centro clandestino de detención. Y lo inaceptable es el agravio a una especialidad de la medicina y a los profesionales que la practican.

La Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) repudió la decisión gubernamental y, sobre todo, esta criminalización de su profesión a través de lo que calificó como “texto agraviante”.

Además, la AAP desmintió la versión oficial sobre lo que era ese neuropsiquiátrico, al aclarar que “la era de los manicomios había terminado muchos años antes de la sanción de la nueva ley de salud mental”.

La Ley aludida, n° 26657, promulgada en 2010, disponía el cierre de todos los monovalentes, es decir de los establecimientos especializados en neuropsiquiatría, asimilándolos a “manicomios”, entendidos éstos como meros depósitos o sitios de encierro permanente de pacientes.

“El viejo manicomio, que implicaba encierro, aislamiento y ausencia de tratamiento pertenece a una época en que no había terapias alternativas ni el desarrollo que hoy tiene la psiquiatría”, explicaba a Infobae en julio de 2021, el médico psiquiatra Emilio De Fazio (mn 34959), presidente de la Asociación de Instituciones de Salud Mental de la Argentina (Aisame). Por ese entonces, Marina Charpentier, madre de Chano, reclamaba que se reformase esa Ley que determina el cierre de clínicas y hospitales especializados. “La desmanicomialización implica tratar al paciente con prácticas que no sean asilares -decía el doctor De Fazio-. Eso ya sucede en el país. Se nos acusa de usar prácticas de manicomio por desconocimiento porque hace rato que están en desuso. Las internaciones se han transformado en terapias interdisciplinarias, el paciente se reintegra rápidamente a la comunidad. La internación crónica es algo absolutamente marginal en números”.

Pero la Ley de Salud Mental fue dictada sin consulta con los profesionales del sector, y es de un espíritu claramente antipsiquiátrico; estigmatiza la profesión y hasta niega la enfermedad mental.

No es la primera vez que el gobierno que preside Axel Kicillof incurre en este tipo de agravios a una rama entera de la medicina. Por la misma época en que Marina Charpentier pedía que se reformase la ley, el gobernador bonaerense celebraba los avances de la desmanicomialización -y se enredaba en ese palabra impronunciable- con el argumento de que había que “dejar de estigmatizar, perseguir y marcar a aquellos que tienen estas dificultades”, eufemismo para referirse a las enfermedades mentales, como si por no nombrarlas dejaran de existir.

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La Ley votada en el año 2010, disponía el cierre de los llamados monovalentes -clínicas y hospitales psiquiátricos- para el 2020, es decir en un plazo de 10 años, previo aumento presupuestario, readecuación y creación de nuevos dispositivos. Como suele suceder, esa parte de la ley no se ha cumplido: no se han creado esos dispositivos alternativos en cantidad suficiente, lo que no impide al gobierno bonaerense seguir desmontando alegremente el sistema.

La decisión de cerrar el Alejandro Korn, que se ampara en una supuesta defensa de los derechos humanos, desampara a los pacientes psiquiátricos y tilda de “torturadores” a los profesionales que los atienden. Agravia a la entera profesión y en especial a los muchos psiquiatras que han trabajado y se han formado en esa institución, al insinuar que son responsables del sufrimiento y muerte de muchos pacientes, a cuya memoria unas conmovidas autoridades sanitarias bonaerenses dedican una placa.

En Twitter, un psiquiatra escribió: “Estas placas se ven en la puerta de un campo de concentración o de los gulags estalinistas. Ver esto en la puerta de un monovalente, es una agresión inconcebible. La psiquiatría es una rama de la medicina que se encarga de la atención de pacientes que sufren enfermedades mentales. Equiparar un monovalente con un lugar de tortura, no solo es falso, sino cínico para quienes jamás intentaron mejorar ediliciamente las condiciones”. Y remató: “Hospital Alejandro Korn. Melchor Romero. Dónde me forme, estudié y aparentemente me recibí de torturador”.

“Las asociaciones representativas de los psiquiatras de nuestro país nos hemos manifestado con fundamentación adecuada, en contra del desmantelamiento de los hospitales especializados”, dice la réplica de la comisión directiva de la AAP. Además, denuncian que “el estado de abandono de los Hospitales Especializados” no es responsabilidad de “los trabajadores de la salud mental”. “La falta de medios, modernización y equipamiento es responsabilidad exclusiva de las autoridades políticas que, durante décadas, han tenido a la salud mental como la cenicienta”, acusan.

Destacan que la modernización de la práctica psiquiátrica es muy anterior a la Ley y no necesitó de ésta para realizarse: “A partir de los avances de la psicofarmacología y los programas de salud mental comunitaria que se iniciaron en la década del 1960, fue posible iniciar el camino que hoy recorremos en forma vigorosa, hacia una salud mental moderna. Asumir, como se insinúa, que los psiquiatras que trabajaban en esos tiempos son cómplices de violaciones a los DDHH es una provocación a la nos hemos acostumbrado, pero no podemos dejar pasar ni normalizar”.

También la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) publicó un comunicado: “No es lo mismo una sala de internación psiquiátrica que un centro clandestino de tortura. No es lo mismo luchar contra el manicomio como concepción que cerrar camas de internación psiquiátrica allí donde éstas son necesarias y aun urgentes”.

La APSA apunta contra una consecuencia grave de estas medidas: “La lógica manicomial no sólo no se supera por ese camino sino que se acentúa: allí donde haya abandono, soledad, estigma y desamparo, estará el manicomio operando”.

El repudio de los psiquiatras se hizo sentir también desde otras provincias, dado que la ley que habilita la estigmatización de la psiquiatría es nacional. “Los psiquiatras no matamos ni torturamos”, dice un comunicado de la Comisión Directiva de la Sociedad de Psiquiatría de Tucumán, que repudia “la placa instalada por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en el Hospital Alejandro Korn de la localidad de Melchor Romero”.

“Se insinúa maliciosamente -sigue diciendo el comunicado- que en dicho Hospital psiquiátrico se privó ilegítimamente de la libertad, se torturó y se asesinó a pacientes desde los años 60 hasta abril de 2023, finalizando el relato con la frase ‘manicomio nunca más’ haciendo una analogía con el Nunca Más que refiere a los desaparecidos durante la última dictadura militar”.

Y concluyen con algo del sentido común que les falta a los legisladores y funcionarios: “Querremos recordar a la población que la psiquiatría es una rama de la medicina que se encarga de prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar a personas con trastornos mentales, y que con el avance del conocimiento dichos trastornos son eficazmente controlados no necesitando internaciones permanentes”.

Por último, instan a “retirar la placa ofensiva” y a “abandonar ideologías fallidas y fracasadas” que estigmatizan la psiquiatría.

La Ley de Salud Mental, que tanto los psiquiatras como los familiares de los pacientes piden reformar, es una norma de espíritu profundamente antipsiquiátrico, que demoniza a la profesión, cuestiona el criterio del médico psiquiatra para definir los tratamientos y las internaciones -los pone en un plano de igualdad con psicólogos, asistentes sociales y otros agentes del sistema, y condena a las clínicas y hospitales neuropsiquiátricos -calificados todos anacrónicamente como manicomios-, disponiendo el cierre de los ya existentes y la prohibición de crear nuevos.

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