El femicidio de Anahí Benítez: un juicio anulado, una condena y una absolución

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de Lomas de Zamora dio a conocer este martes su veredicto contra Marcelo Villalba y Marcos Bazán, quienes llegaron acusados del femicidio de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años que fue asesinada y violada en 2017 y cuyo cuerpo fue encontrado en la Reserva Natural Santa Catalina, en la zona Sur del Conurbano bonaerense. Esta tarde, los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo sentenciaron a prisión perpetua a Villalba (46) y determinaron absolver del caso a Bazán (39), quien había sido condenado en un primer juicio que luego fue anulado. Ambos habían llegado a este segundo debate como coautores del femicidio.

Villalba fue condenado por los delitos de robo y abuso sexual agravado por acceso carnal, en carácter de actor, y por privación ilegal de la libertad agravada, y homicidio criminis causa agravado por alevosía por mediar violencia de género, en carácter de coautor.

Con la sentencia, que se pudo ver por el canal de Youtube de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, llega a su fin un extenso reclamo de justicia iniciado por la familia de la joven, aunque con un sabor agridulce. Es que en la última audiencia previa al veredicto, Silvia Pérez Vilor, la madre de la víctima, dijo sentirse “nada representada por el Estado” en este debate y reclamó la pena de prisión perpetua también para Bazán, para quien la fiscalía, a cargo de Marisa Monti, ya había solicitado la absolución.

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Fue un punto controversial del debate la postura de la fiscal Monti con respecto a Bazán, representado por Manuel Garrido, director de Innocence Project Argentina. Es que durante el debate se difundió un posteo suyo de 2020 donde abogaba por la libertad del mismo hombre que llevó a juicio acusado de femicidio, y por el que luego pidió la absolución.

Pérez Vilor, representada como particular damnificado por Guillermo Bernard Krizan y Fernando Herrera, criticó la investigación y el manejo que la Justicia hizo del caso desde que se sentó como testigo hasta la última jornada. Incluso, sobre el final, también se quejó hasta de su abogado, por haber pedido que Bazán fuera acusado, al menos, de una participación secundaria a 14 años de cárcel o, subsidiariamente, requirió 5 años y 6 meses por el “encubrimiento agravado”.

Lo cierto es que los jueces le dieron la derecha a la fiscal, quien había solicitado la pena máxima para Villalba –el imputado comprometido por un estudio de ADN y el celular de la víctima– por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada, robo, homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género”, y “abuso sexual agravado por acceso carnal”, en perjuicio de Anahí, y consideró que Bazán debía ser absuelto.

Para Monti, Bazán no formó parte del hecho y ligó su incriminación con la participación del adiestrador de perros Diego Tula, cuyo peritaje fue cuestionado por la falta de “rigor científico”. Justamente, cuando habló ante el tribunal en sus últimas palabras, Bazán pidió “justicia” por Anahí y se encolumnó bajo la consigna del ‘Ni una menos’, tras solicitar que ‘no haya gente inocente presa’.

A su turno, en esa misma jornada, Villalba descartó la posibilidad de hablar y solo les solicitó a los jueces volver a su lugar de detención. Cuando le preguntaron si quería decir algo, contestó: “No, nada. Yo quería pedirles si me pueden reintegrar a la Unidad 34″, en referencia a la cárcel especializada en pacientes psiquiátricos ubicada en Melchor Romero.

Anahí tenía 16 años y era estudiante del 5° año en la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) de Banfield. Fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo. Seis días después, el 4 de agosto, su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina. La autopsia determinó que la joven había muerto por asfixia por sofocamiento y que había sido víctima de un ataque sexual.

En los análisis de las muestras tomadas del cuerpo de la víctima se detectó la presencia de “fosfatasa ácida prostática (semen)”, lo que acreditó que hubo actividad sexual en un marco de privación ilegal de la libertad. De acuerdo con la investigación realizada por las fiscales especializadas en Género, Verónica Pérez y Fabiola Juanatey, Anahí habría sido abusada bajo amenazas o los efectos de algún narcótico.

Los peritajes realizados por los forenses determinaron la presencia en el estómago de la chica de un ansiolítico derivado de la Benzodiazepina, que cumple funciones de miorrelajante y anticonvulsivante y que en altas dosis puede actuar como sedante, ya que produce una inhibición en la actividad física y un letargo en la reacción.

El material genético hallado en el cuerpo de Anahí se correspondió con el de Marcelo Villalba, a quien también le encontraron el celular de la víctima cuando lo arrestaron. Justamente, la activación del teléfono fue la clave para dar con él: se lo había entregado a su hijo.

El primer juicio por el crimen de Anahí comenzó en febrero de 2020 y tuvo como imputados a Marcos Esteban Bazán y Marcelo Sergio Villalba, acusados de haber abusado y matado a la joven.

Bazán había sido detenido en agosto de 2017, a partir de que un perro rastreador marcara su casa, la cual estaba ubicada a unos 300 metros del lugar en el que fue encontrado el cadáver de la adolescente. Mientras que Villalba, un vecino de Llavallol, fue apresado al descubrirse que había tenido en su poder el celular Samsung Core de la víctima, el cual entregó a su hijo, y cuyo material genético coincidió con el cotejo de ADN realizado al cuerpo de Benítez.

Antes de esto, el primer sospechoso que tuvo el caso había sido un profesor de matemáticas de la víctima, quien debió ser liberado ese mismo mes por falta de pruebas.

El juicio debió ser suspendido por 57 días debido a la pandemia de coronavirus. El 27 de mayo de 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Elisa López Moyano, Roberto Conti y Roberto Lugones, condenó a Bazán a la pena de prisión perpetua, al ser considerado coautor de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada, homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género”, y partícipe necesario de un “abuso sexual agravado por acceso carnal”. La pena coincidió con lo que habían solicitado en sus alegatos la querella y el fiscal del juicio, Hugo Carrión.

Por su parte, Villalba dejó de ser juzgado en la segunda audiencia porque se concluyó que era un “psicótico” que no estaba en condiciones de estar en el juicio. Previamente, su abogado, Roberto Fernández, había explicado al TOC 7 en la primera jornada que un peritaje realizado al imputado reveló que no estaba apto psicológicamente para afrontar el proceso y que podría sea juzgado más adelante, en un segundo debate oral.

La petición del letrado no fue bien vista por Carrión ni por Krizan, representante de la madre de Anahí, quienes rechazaron el planteo del defensor oficial de Villalba, ya que consideraron que sí estaba en condiciones de participar del juicio porque comprendía “la criminalidad de los hechos”.

El único acusado en el caso -quien desde el primer momento sostuvo su inocencia- siguió todo el juicio por videoconferencia desde la Unidad 9 de La Plata, aunque esa vez decidió no conectarse. Su defensa sostenía que estaba detenido “injustamente” desde hace más de dos años y también hablaban de una “causa armada”.

Frente a esto, y ante el reclamo de distintos organismos de derechos humanos, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la organización Innocence Project, en diciembre de 2021 el Tribunal de Casación Penal bonaerense decidió anular el fallo que había condenado a prisión perpetua a Bazán por el femicidio de Anahí.

La decisión fue adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires, integrada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana. En el fallo, Casación no solo anuló el veredicto condenatorio y la prisión perpetua para el único acusado, sino que también ordenó la realización de un nuevo juicio oral en el que, además de este imputado, debía ser juzgado Villalba. Y cuya sentencia se conoció este martes.

Durante el primer juicio, como prueba clave contra Bazán, el fiscal del caso mencionó el olfato del perro rastreador Bruno, de la brigada canina de Escobar, que detectó el rastro odorífero de Anahí dentro de su casa y la presencia del propio imputado en la fosa donde se halló el cadáver de la víctima, a 235 metros de su vivienda. Además, otros de los indicios fueron una tijera secuestrada en el domicilio del condenado que la chica solía tener en un morral, una llave que solía colgarse en el cuello y que se comprobó que abría la puerta del hogar del imputado y una pala con tierra similar a la del sitio donde fue enterrado el cuerpo.

Por otra parte, los restos de ADN hallados en el cuerpo de la joven condujeron a Villalba, el hombre que dijo haber encontrado el teléfono de la estudiante “en una vereda”, al cual le quitó el chip, y lo tiró, según sus propias palabras. “Después le saqué la funda y también la tiré”, presuntamente en un descampado. Los investigadores encontraron la funda rosa del celular en el terreno baldío lindero con el fondo de su casa. Los perros rastreadores también marcaron el lugar donde apareció el accesorio del teléfono.

Días después, Villalba, quien se encuentra separado de su mujer hace años “por violento y por tener problemas psiquiátricos”, le regaló el celular a su hijo de 17 años. Pero la Policía llegó hasta él porque al encenderlo se activó el IMEI, la identificación única que trae cada aparato, independientemente del chip que lleve en ese momento.

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