La División Delitos Tecnológicos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina desarticuló esta semana una sofisticada organización que se dedicaba a falsificar y comercializar documentos públicos. Según dijeron a Infobae fuentes con acceso al expediente, a cargo del Juzgado Federal N°1 de María Servini, se los acusa de confeccionar títulos secundarios, analíticos universitarios y hasta registros de conducir para una cartera de más de 500 clientes.
La investigación se inició a fines de 2021, después de que la PFA detectara que la banda captaba a su clientes a través de perfiles en redes sociales, en los que ofrecía sus servicios. Tras pactar la elaboración del documento apócrifo, el comprador le pagaba a la banda a través de una transferencia bancaria y debía aguardar hasta que “Alejo” -el líder de la organización- lo confeccionara. Después, el falsificador se lo entregaba a su equipo de distribuidores, para luego hacérselo llegar al cliente.
Con la ubicación de los sospechosos establecida, se ordenaron un total de nueve allanamientos en distintos domicilios de la Capital Federal. Así, fueron por “Alejo” y sus seguidores. Encontraron su base, un taller de imprenta conformado por computadoras, scanners e impresoras de gran volumen, con lo que confeccionaban los documentos. También encontraron una gran cantidad de sellos falsos y dinero en efectivo.
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También se logró la detención de siete personas. Uno de los arrestados fue un hombre de 56 años, registrado en los rubros de seguridad privada de la AFIP. Se lo acusa de haber comprado un título falso, que se le encontró en su casa al ser allanado.
Además de efectivos de la División de Delitos Tecnológicos, el operativo contó con la participación del Grupo de Contención perteneciente a la Superintendencia Federal de Intervención Territorial de la PFA.
En febrero de este año, la PFA logró el arresto de seis personas que integraban la organización de “Alejo”. Pese a esto, los agentes sabían que había más involucrados y ahondaron en la investigación. Sospechaban firmemente que la banda todavía estaba lejos de ser desmantelada.
Para esta nueva etapa, se puso el foco investigativo sobre las personas que adquirieron los documentos públicos apócrifos y que continuaron con la obtención de ganancias del negocio. La persistencia dio finalmente sus frutos y finalmente los siete integrantes -que según investigadores todavía operaban con total impunidad- fueron detenidos.
Los sospechosos quedaron a disposición de la jueza Servini, acusados del delito de falsificación de documentos públicos.
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