Fueron apropiados, descubrieron que habían vivido engañados y ahora quieren restituir su identidad: la lucha de “los buscadores”

La apropiación de bebés en Argentina es una problemática que existe desde hace tiempo y que remite a la última dictadura cívico militar, donde cientos de menores de edad fueron robados y separados de sus familias. La lucha por encontrar a esos niños fue iniciada por la Asociación Civil de Abuelas de Plaza de Mayo, que ya logró restituir el derecho a la identidad de 132 nietos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando alguien que busca conocer su origen contrasta su material genético con el de familiares de detenidos-desaparecidos y da negativo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde se acude?

Son secretos a voces, el rumor de una vecina, lo que se oculta pero se siente en el cuerpo. Son las vidas de argentinos y argentinas que un día descubrieron que su verdad era otra, que su familia biológica no era la que creían y que, en realidad, habían sido víctimas de un delito en sus primeros momentos de vida: embarazos fingidos, partos que nunca existieron y partidas de nacimiento falsificadas son algunas de las prácticas -muchas veces realizadas en silencio y otras veces en complicidad de la sociedad- que constituyen la historia de miles de personas.

Hoy en día las cifras oficiales no son exactas y las respuestas del Estado para aquellos que buscan conocer su identidad, más allá de los delitos de lesa humanidad, recién comienzan a desplegarse, según cuentan las víctimas, muy lentamente.

En una primera instancia, las campañas comunicacionales de Abuelas y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) fueron el disparador para todos los ciudadanos que buscaban saber la verdad acerca de sus raíces biológicas. Si bien cientos de personas se encontraron en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) -el archivo público que contiene muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante el terrorismo de Estado-, muchas otras no.

En la actualidad, el BNDG presenta alrededor de 14 mil resultados de ADN negativos, según confirmó a Infobae Mariana Herrera Piñero, directora de la entidad. Son los habitantes que sienten incertidumbre sobre su verdadero origen pero que no coincidieron con las muestras genéticas que había almacenadas. A esas personas se las conoce como “buscadores”, y una de ellas es Clara Lis, locutora de Radio Nacional y activista histórica por los derechos humanos. A sus 27 años descubrió que había sido apropiada y logró el primer fallo penal por sustracción de identidad en Argentina, con el que se condenó a la partera que la vendió al nacer.

La historia de Clara Lis

Su lucha comenzó en 2005 cuando, gracias a la consulta de un médico, descubrió que había sido apropiada. Antes no había tenido ninguna duda respecto a su identidad de origen, hasta que progresivamente los secretos familiares empezaron a manifestarse.

Clara Lis había crecido con sus dos abuelos (no biológicos), Clara y Orestes, los padres de Lidia, la mujer que la había anotado como su hija. “Yo siempre le decía a los médicos que mi mamá había muerto de cáncer cuando yo tenía un año y a un doctor se le ocurrió preguntarme: ‘¿Y de qué cáncer se murió tu mamá?’. Ahí me di cuenta de que yo jamás había preguntado eso. Mi historia me cerraba como cuando le dicen a un niño que existe Papá Noel”, relata en diálogo con este medio.

La incomodidad que sintió y la falta de respuestas generó un movimiento en su familia, que terminó por confesarle la verdad. ”Lo comparo mucho con la película de The Truman Show, que habla de vivir en un mundo donde todos sabían lo que pasaba menos el protagonista”, relató.

Frente a la desesperación, Clara decidió iniciar una intensa búsqueda. Como su partida de nacimiento decía que había nacido el 2 de marzo de 1978, primero se contactó con Abuelas de Plaza de Mayo para descubrir si era una de las nietas de los detenidos-desaparecidos de la última dictadura.

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“Me dieron un turno de inmediato. Fui al Hospital Durand, tenía turno a las siete y cuarto de la mañana. Lo relato casi como un cuento, recuerdo con mucho dolor cada detalle, para mí fue algo casi cinematográfico. Fui con mi compañero de toda la vida, muy nerviosa en búsquedas de respuestas, deseando que la prueba sea positiva. Me acuerdo la imagen cuando la jeringa se llenaba de sangre, de mi sangre. De los nervios, le hablaba permanentemente a la enfermera que me tomó la muestra, me sacó una foto y le pedí, por favor, si me dejaba reírme, porque así me siento representada en las fotos. Ella me autorizó, y de ahí, mi imagen y mi ADN fueron destinados a un legajo que aún se encuentra en el Banco de Datos Genéticos. Me dijo que había casi trescientas familias de desaparecidos y que si te daba positivo con alguien, me lo iban a avisar, y que si era negativo también”, contó.

Sin embargo, ocho meses después, el resultado de ese cotejo de ADN dejó nuevos interrogantes: “Fue en febrero del año siguiente. Me acuerdo cuando atendí el teléfono y me dijeron que no pertenecía a la búsqueda del Banco, pregunté: ‘¿y ahora qué hago?’, y me dijeron que me quedara tranquila, que la muestra quedaba ahí por si entraban más familias de desaparecidos. ¿Cómo quedarme tranquila si yo quería saber quien era mi familia?, ¿cómo buscaba ahora a mi mamá?, ¿si ella me estaba buscando a dónde podría ir? A la distancia me di cuenta de que era un sentimiento de haber sido descartada, me quedé días congelada sin saber cómo seguir. Con los años, transformé esa incertidumbre y ese dolor en activismo para ayudar a otras víctimas y visibilizar nuestra necesidad”, siguió Clara Lis.

“Me dijeron que al no pertenecer a esa búsqueda no me podían ayudar. No hay un protocolo de atención completo hoy, casi 20 años después, para quienes buscamos nuestro origen y pertenecemos a historias antes, durante y después de la dictadura, porque no existe un archivo que reciba nuestros ADN, tanto de las madres que nos buscan como de los hijos”, sostuvo.

Con más dudas que certezas, Clara Lis se apoyó en su psicóloga Mirta Clara, reconocida militante por los derechos humanos, quien le recomendó contactarse con Alejandro Inchaurregui, director del Registro de Personas Desaparecidas de la provincia de Buenos Aires. El funcionario la recibió en su oficina y trató su caso, que había ocurrido en la localidad bonaerense de González Catán. “Tuve mucha contención por parte de él y de su equipo. Mientras intentás averiguar información, es muy difícil buscar en soledad cuando nadie de la familia habla y no dicen lo que saben”, expresó.

“Alejandro me llamó y me dijo: ‘antes que nada, quiero que sepas que lo tuyo no es una adopción, es importante que sepas que esto se denomina apropiación’. Esto es fundamental para entender nuestra historia. A muchas de las víctimas les lleva tiempo y no les gusta, les cuesta encuadrarse dentro de esa palabra, lo entiendo y lo respeto, porque cada uno de nosotros, como víctimas, tenemos un tiempo diferente”, contó.

El deseo de conocer la verdad impulsó a Clara a indagar por su propia cuenta, lo que la llevó a buscar en foros y sitios de internet. En esa investigación virtual, se encontró con un mundo de buscadores, entre los que se encontraban Andrea Fabiana Belmonte y Patricia Guadalupe Uriondo, quienes también habían descubierto que habían sido apropiadas. Las tres tenían algo más en común: sus partidas de nacimientos eran falsas y todas estaban firmadas por la partera Nilda Bomina Civale, fechadas entre 1969 y 1978.

Con la ayuda de un equipo de profesionales -bajo el patrocinio de la Defensoría General de la Nación-, Andrea, Patricia y Clara iniciaron un reclamo civil, que terminó por archivarse. Solamente la causa penal prosperó, y así fue cómo Civale fue condenada a 12 años de prisión. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de San Martín en 2012 y marcó un antecedente histórico en el país, siendo el primer fallo por sustracción de identidad en casos de tráfico de bebés.

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“Yo nací bajo la clandestinidad. Entonces, ¿cómo no hablar de tráfico de bebés? Primero, tenemos que sincerarnos, cortar con la hipocresía de querer justificar un delito, planteando certezas que no tenemos. Gran parte de la sociedad para justificar estos actos hace algunos señalamientos, como por ejemplo: ‘si tu mamá te regaló, ahora tenés una mejor vida’, ‘te educaron, te dieron de comer, te mandaron a un buen colegio’. No está bien comprar ni vender un bebé, y también hay que terminar con estigmatizar a las mujeres”, señaló.

“Habiendo recorrido mucho en esta problemática, hoy con certeza puedo decir que nunca va a ser una mejor vida viviendo bajo una mentira. Nunca una ‘buena educación’ reemplazará la importancia de vivir con la verdad. Si bien aún tengo un montón de preguntas sin respuesta, vivo mucho más cómoda con esas preguntas que forman parte de mi realidad, porque esa es mi nueva construcción también. Tuve una crianza en la que me brindaron mucho amor, y así y todo insisto en que viviría mi vida igual pero con la verdad. Sé de quien no soy hija y hasta ahora la justicia no puede decirme quién soy. ¿Qué hago con mi apellido, ya que no es mi apellido? En principio no lo uso, en ningún lado, me genera incomodidad. Lo tengo solo en el documento”, dijo.

Apropiaciones y desigualdad

Actualmente, el Registro de Personas Desaparecidas de la provincia de Buenos Aires cuenta con aproximadamente 2.300 casos de buscadores que quieren conocer su identidad de origen. “Es imposible saber el número exacto por la cuestión de la clandestinidad. De esos casos, el 85% son apropiaciones, el 15% restante son adopciones. Y de los que buscan, el 97% son hijos o hijas, y el 3% son madres que buscan a sus hijos”, explicó Incharregui en declaraciones a Infobae.

“Las apropiaciones en el contexto del terrorismo de Estado son un subconjunto que pertenece a un universo mucho más grande, que son los apropiados por el resto de la sociedad. En nuestra historia, antes del 24 de marzo de 1976, siempre ha habido apropiaciones avaladas por la sociedad”, dijo.

“Normalmente, es gente de mayor poder sobre gente de menor poder. O dicho de otra manera: gente rica que dispone de los hijos de los pobres. Son apropiaciones de clase. Un rico se apropia de los hijos de un pobre y es visto como un benefactor que salvó a un niño de un orfelinato horrible y que ahora tiene bienes materiales y antes no los hubiera podido tener. Eso es algo muy difícil de entender”, sostuvo el titular del organismo.

En abril del año pasado, la Legislatura bonaerense sancionó la Ley del Derecho a la Identidad de Origen (Ley N°15.329), promovida por cientos de buscadores y buscadoras, que garantiza el acceso al derecho primario a todas las personas que están buscando a sus familias. Pero al momento, la ley no fue reglamentada.

El derecho a la identidad

También, a nivel nacional, y gracias al reclamo de organizaciones y agrupaciones de víctimas, hoy existe el Programa sobre el Derecho a la Identidad Biológica, que desde 2021 pasó a desempeñarse en el ámbito de la Conadi, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, con el objetivo de “atender la problemática de la búsqueda de identidad de origen biológico ligada a la circulación coactiva de niños y niñas, y a la apropiación de menores no vinculada a delitos de lesa humanidad”.

En sus bases, el programa se propone acompañar a los buscadores nacidos en Argentina que quieran conocer su origen, cualquiera sea su fecha de nacimiento, y convocar a los familiares biológicos que busquen a sus hijos, independientemente de las circunstancias en que se haya producido el nacimiento.

“La propuesta inició con una campaña muy importante pero una de las faltas que tiene es que no han convocado a todas las víctimas para que dejen su perfil genético. Es una primera respuesta que da el Estado en definitiva, pero que resulta ser incompleta y que, lamentablemente, mientras tanto, mueren madres, mueren hijos, mueren hermanos, que al no estar en un archivo genético el día de mañana si aparece la otra parte, no van a poder reconstruir su historia”, sostuvo Clara Lis.

“Es una muy buena iniciativa a la que todavía le falta mucho para cubrir las necesidades de la cantidad de víctimas que hay. Y una de las mayores necesidades hoy es poder reunir un archivo genético de todos los buscadores y buscadoras. Las víctimas estamos esperanzadas y no bajaremos los brazos, seguiremos luchando para encontrar y completar nuestra historia, y vivir con la verdad que siempre sana”, concluyó.

Actualmente, agrupaciones de todo el país solicitan que se trate un proyecto de Ley Nacional de Identidad de Origen para garantizar el aporte y acompañamiento del Estado “con todas las herramientas necesarias”.

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