El basural a cielo abierto de Luján, conocido como La Quema, tomó relevancia luego de que la Justicia federal ordenara frenar la obra de la construcción de un relleno sanitario. Sin embargo, este fin de semana, Infobae pudo registrar que camiones con restos de poda seguían ingresando, al igual que la actividad de recuperadores que trabajaban entre el fuego y las cenizas.
La medida judicial fue en respuesta a una demanda de un grupo de vecinos que objeta la obra porque considera que hay falencias técnicas que suponen un perjuicio para las actividades frutihortícolas que desarrollan en ese partido. El basural a cielo abierto ocupaba entre 12 y 18 hectáreas a la vera de la ruta 192, en Open Door, y fue dividido en 5 parcelas de las cuales tres fuero recuperadas. Y, a unos mil metros, como complemento de la obra, en un terreno al costado de las vías del tren cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se construye el relleno sanitario donde se dispondrá la basura del distrito. Este último es el denominado Sucre y fue necesario para poder cumplir con la exigencia de tener espacio para 20 años de operación.
La denuncia tiene recorrido propio. El 31 de enero de 2022, los vecinos que se sienten perjudicados por las obras -porque ven afectados sus emprendimientos agropecuarios- encabezados por Viviana Karina Novelle, Ignacio Francisco Uranga y Carlos Reyes Terrabusi, se presentaron ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación para denunciar que las obras que forman parte del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto -adjudicada la empresa Evasa- podían producir “potenciales daños a la calidad de vida, salud y patrimonio aunado a afectaciones ambientales y al patrimonio cultural para la comunidad, por el saneamiento de un basural (actualmente en operación) y la apertura de un nuevo relleno sanitario en la zona, que hacen parte del Programa”. Las actuaciones están identificadas como “MICI-BID-AR-2022-0182″.
El MICI es la oficina independiente del Grupo BID que atiende los reclamos de daños causados a la población por proyectos financiados por alguna de las instituciones del Grupo debido al potencial incumplimiento de una o más de sus políticas operativas.
Ante el MICI, los denunciantes también mencionaron los “potenciales incumplimientos con las Políticas Operativas Pertinentes al Banco (por el BID) ante la falta de información pública del proyecto y de consultas públicas adecuadas para dar consentimiento, por parte de la población afectada”.
Los Vecinos Autoconvocados de Luján afectados por la extensión de las obras para sanear el vertedero destacaron que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no realizó “estudios ambientales y sociales completos” e hizo “un deficiente análisis de riesgo sobre el impacto de las obras” que se realizan en terrenos cedidos por la Agencia de Bienes del Estado (ABE) a unos 2,5 kilómetros de distancia del basurero, en la zona denominada Sucre.
La superficie del vertedero es de unas 12 hectáreas y recibe más de 100 toneladas de residuos diarios que producen los 111.365 habitantes de Luján, según el Censo 2022.
Viviana Novelle, una de las vecinas damnificadas, al frente del proyecto Tallo Verde de producción orgánica, asegura que la obra perjudica no sólo su trabajo sino la de varios vecinos que se dedican a la actividad frutihortícola por la potencial fuga de los líquidos (conocidos como lixiviados) que podrían filtrarse al suelo. “El proyecto no sólo no cumple con condiciones técnicas que el propio BID exige, como que el espacio pueda recibir la basura por 20 años ya que no tiene capacidad para hacerlo por el tamaño del terreno, sino que además, no respetó los 80 metros mínimos de distancia con mi propiedad. Tengo la obra a 3 metros de mi casa”, indicó a Infobae.
Sin embargo, el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, autor del proyecto, entiende que las observaciones realizadas por los vecinos obedecen exclusivamente a intereses particulares: “Tezanos Pinto otorga esta cautelar, a mi juicio, sin leer el expediente, porque todo lo que él invoca como causales para la cautelar, supuestos incumplimientos del Ministerio de Ambiente, están en el expediente porque fueron incorporados en ocasión de la cautelar que dictó el juez federal de Quilmes, Armella, a fines del año pasado, quien tuvo que revocar, luego de la respuesta del Ministerio, su propia cautelar. Detrás de este fallo escandaloso está la familia Novelle Terrabusi, quienes desde el inicio del proyecto han puesto todos sus recursos económicos y de influencia con el objetivo de frenar la reconversión integral del basural e incluso tuvieron que ser desalojados por la AABE del predio denominado Sucre”.
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