La Justicia federal ordenó frenar la obra de la construcción de un relleno sanitario que reemplazará el basural a cielo abierto de Luján, conocido como La Quema, que tiene 50 años de vida. La medida cautelar se otorgó en respuesta a una demanda de un grupo de vecinos que objeta la obra porque considera que hay falencias técnicas que suponen un perjuicio para las actividades frutihortícolas que desarrollan en ese partido.
La creación del Centro Ambiental de Luján, que incluye un centro de separación y recuperación de materiales y un relleno sanitario para la disposición final del material orgánico que quede como desecho, se enmarca dentro del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto y comprende una inversión por parte del Estado nacional junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de USD 18 millones.
El fallo del juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que fue apelado por el Ministerio de Ambiente de la Nación, ordena “la prohibición de innovar respecto de la situación del basural a cielo abierto ubicado en el partido de Luján, debiendo disponerse, en un plazo de 48 horas, de los residuos sólidos urbanos y peligrosos en un sitio alternativo, ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento, a cargo de las demandadas Estado Nacional y Municipalidad de Luján”. Y añade que “se abstengan de ejecutar cualquier otra obra o acción sobre el Predio Sucre del Partido de Luján, hasta que se resuelva en forma definitiva la cuestión de fondo planteada en autos”.
Ayer, durante una recorrida realizada por Infobae, se pudo ver que camiones con restos de poda seguían ingresando así como actividad de recuperadores que trabajaban entre el fuego y las cenizas.
El basural a cielo abierto ocupaba entre 12 y 18 hectáreas a la vera de la ruta 192, en Open Door, y fue dividido en 5 parcelas de las cuales tres han sido recuperadas. Y, a unos mil metros, como complemento de la obra, en un terreno al costado de las vías del tren cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se construye el relleno sanitario donde se dispondrá la basura del distrito. Este último es el denominado Sucre y fue necesario para poder cumplir con la exigencia de tener espacio para 20 años de operación.
Viviana Novelle, una de las vecinas damnificadas, al frente del proyecto Tallo Verde de producción orgánica, asegura que la obra perjudica no sólo su trabajo sino la de varios vecinos que se dedican a la actividad frutihortícola por la potencial fuga de los líquidos (conocidos como lixiviados) que podrían filtrarse al suelo. “El proyecto no sólo no cumple con condiciones técnicas que el propio BID exige, como que el espacio pueda recibir la basura por 20 años ya que no tiene capacidad para hacerlo por el tamaño del terreno, sino que además, no respetó los 80 metros mínimos de distancia con mi propiedad. Tengo la obra a 3 metros de mi casa”, indicó a Infobae.
Los trabajos de la obra civil y de operación por los primeros dos años del relleno sanitario fueron adjudicados el año pasado a la empresa EVA SA, concesionaria que ejecuta otros emprendimientos de este proyecto que se inició en la anterior gestión de gobierno, encabezada por Mauricio Macri. El complejo, como se dijo, dividido en dos espacios, también incluye la construcción de un centro de separación y reciclaje, que será manejada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
El viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, autor del proyecto, entiende que las observaciones realizadas por los vecinos obedecen exclusivamente a intereses particulares: “Tezanos Pinto otorga esta cautelar, a mi juicio, sin leer el expediente, porque todo lo que él invoca como causales para la cautelar, supuestos incumplimientos del Ministerio de Ambiente, están en el expediente porque fueron incorporados en ocasión de la cautelar que dictó el juez federal de Quilmes, Armella, a fines del año pasado, quien tuvo que revocar, luego de la respuesta del Ministerio, su propia cautelar. Detrás de este fallo escandaloso está la familia Novelle Terrabusi, quienes desde el inicio del proyecto han puesto todos sus recursos económicos y de influencia con el objetivo de frenar la reconversión integral del basural e incluso tuvieron que ser desalojados por la AABE del predio denominado Sucre”.
Entre los considerandos de su fallo, el juez federal afirma: “Sin temor a equivocarme que, en cuestiones donde se pone en tela de juicio un potencial daño ambiental, deben ejercerse con carácter prioritario acciones de prevención del daño futuro, resultando aplicable a los casos ambientales un criterio amplio a la hora de interpretar los presupuestos procesales de admisibilidad de la medida cautelar (”fumus bonis iuris y periculum in mora”), ante la necesidad, reitero, de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”.
Para el funcionario nacional este argumento es de los más lábiles que tiene la cautelar: “Ligeramente escriben y frenan la obra para impedir el impacto ambiental negativo y el proyecto lo que hace es intentar frenar la contaminación que el distrito sufre hace 50 años”. “Más impacto ambiental negativo que ese basural no conozco”, agregó.
Los vecinos, agrupados en la Asociación Civil Nuevo Ambiente, aportaron a la causa varios estudios de suelo con muestras tomadas en el basural y en el predio complementario en los que se detectó presencia de sustancias contaminantes como dioxinas y furanos, originados por las cenizas acumuladas en medio siglo que muestran que no son aptos para uso agrícola. “En este basural que vive en llamas se han arrojado residuos industriales y peligrosos, pero esta información se oculta porque el proyecto internacional es para residuos domiciliarios y no para peligrosos. Entonces se decidió que, en vez de sanear o remediar se taparon las parcelas, pero sin hacer este proceso anteriormente”, dijo Novelle.
En el Ministerio de Ambiente indicaron que esto no es así. “Este proyecto acata todas las leyes locales, provinciales y nacionales e incluye todos los estándares que fija el organismo internacional. De lo contrario el BID no entregaría los fondos. Las dos posibilidades frente a cualquier basural a cielo abierto son: llevar toda la basura que hay ahí y trasladarla para que sea tratada y la otra es que todo lo que está ahí no siga contaminando. Después de un año y medio de análisis técnico, el BID recomendó que el basural fuera clausurado técnicamente e impida el ingreso de nuevos residuos. Se utilizó entonces la técnica de encofrado con sistema de captación de gases (el biogás que genera la basura cuando está enterrada) y lixiviados. No hay una zona de sacrificio, hay una zona contaminada sistemáticamente que va a ser confinada para que deje de contaminar y que, se presume, en un plazo de 10 años podría dar lugar a un espacio verde”, explica Federovisky.
La operación del nuevo relleno sanitario y el control de la zona encofrada estará a cargo de la concesionaria EVA SA por el lapso de dos años, según indica el proyecto. Luego de ese plazo la obra pasará a jurisdicción del municipio de Luján que será el encargado de definir si renueva o vuelve a llamar a licitación para continuar con la operatoria.
Entre el antiguo basural y el nuevo predio hay una escuela y varios barrios carenciados. Para los vecinos tampoco se tuvo en cuenta esta situación ya que, los estudios de suelo, incluyeron muestras en espacios y también muestran contaminación. “Los lixiviados que ya contaminaron esos suelos tampoco serán remediados y la nueva operación también tendrá estos espacios en el medio”, agregó Novelle.
Federovisky no está de acuerdo: “Es insólito que el fallo también sigue hablando en pasado. Del basural original hoy sólo queda el 30%, porque el 70% ha sido remediado. Hubiera sido muy interesante que el juez mandara a alguien a mirar o sacar una foto para ver que la obra tiene un nivel de avance extraordinario, está para ser inaugurada en su totalidad en el mes de octubre, con el basural saneado y con el centro del ambiental construido”.
La reconversión incluye la construcción de una planta integral de tratamiento de residuos y el Centro Ambiental en la cual trabajarán unos 300 recuperadores informales. Un grupo de ellos cortó la ruta 192 la semana pasada en reclamo de sus fuentes de trabajo.
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