Exclusivo, habla la dueña de la casa derrumbada en Floresta: “Me sacaron una vivienda y me devuelven un terreno”

María del Carmen González viaja a la velocidad de su memoria hasta su adolescencia. Son los últimos días de agosto de hace 49 años y se acerca su fiesta de 15. En la panadería de su padre todos trabajan en los sanguchitos y las tortas del cumpleaños que se viene. Es el final del invierno del convulsionado 1973 y la maquinaria familiar de los González y Méndez se mueve a destajo en el local de avenida Rivadavia 8758 para la celebración.

María del Carmen cierra los ojos y viaja en el tiempo. Una manera de suspender por un rato el disgusto del presente: recuerda emocionada aquel momento, los años felices, y regresa al 2023. La panadería ya no está. Una pared azul tapó lo que fue el frente de la Confitería Rivadavia. Tampoco está el “copetín” de al lado. Ni el hotel familiar de la planta alta. En efecto, una parte del edificio desapareció con el derrumbe de la noche del martes. González no había dado por perdida la propiedad, ocupada desde hace casi dos décadas, pero no esperaba que una tragedia, que incluyó la muerte de un hombre mayor de edad, una nena y una anciana, le fuera a devolver su casa.

“Me tomaron una propiedad y me devuelven un terreno, si es que me lo devuelven”, dice a Infobae María del Carmen, contadora de 64 años, heredera de la propiedad de Rivadavia 8758, una construcción de principios de siglo XX sobre un lote de 480 metros cuadrados.

Su padre compró el edificio hace medio siglo. Primero adquirió junto a un grupo de socios el fondo de comercio de lo que en aquel momento era la panadería Casa Sierra a una familia, de apellido Sierra, lógicamente, que tenía su negocio abajo y vivía arriba.

Entonces los nuevos propietarios abrieron la Confitería Rivadavia, donde María del Carmen trabajó en su adolescencia, y años más tarde González y Méndez compró toda la propiedad, que incluía otro local pequeño sobre Rivadavia y la planta alta con la vivienda amplia que él luego alquiló a un tercero para que funcionara allí un hotel familiar.

María del Carmen recuerda que el inquilino que administraba el hotel falleció en los años 90 y que esa fue la primera experiencia de ocupación ilegal. “Se murió el hombre y las personas que arrendaban las habitaciones se quedaron, lógicamente. Ese fue el primer desalojo pero no pasó nada”, cuenta.

En 1988, tras la muerte de su padre, ella y su hermano José Benito (ya fallecido, hoy tendría 74 años) vendieron el fondo de comercio de la panadería. “Y luego la gente que nos compró a nosotros le vendió a otros y un verano, no recuerdo de qué año, hicieron un remate y abandonaron la propiedad. En ese momento quedó vacía la parte de abajo”, explica.

Eso fue después de 1996 porque en los registros oficiales de los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires, a los que tuvo acceso este medio, figura una una foto del frente del edificio de Rivadavia 8758 con la panadería abierta y en el pequeño local de al lado, un cafetín típicamente porteño.

Para el 2007, según consta en los mismos expedientes, la panadería ya estaba cerrada y en el local más pequeño funcionaba un kiosco. De todo aquello no queda nada. Los frentes de ambos comercios fueron tapiados cuando personas sin vivienda, la mayoría migrantes llegados de Perú, tomaron la propiedad completa. Según consta en el sistema de mapeo y fotos Google Street View, entre noviembre de 2013 y abril de 2014 se tapó el frente del local de la panadería y recién en 2021 ocurrió lo mismo con el kiosco.

De acuerdo a lo que estima González, la propiedad fue usurpada hace unos 15 años. “Al principio la tomaron unos delincuentes totales. Nosotros para no llamar a cuatro mafiosos que los sacaran a patadas fuimos a la Justicia y al Gobierno de la Ciudad pero no prosperó hasta que en algún momento hubo una órden de desalojo”, cuenta la mujer, y aclara que no se efectivizó “porque apareció gente en silla de ruedas y no se pudo sacar a las personas”.

Después hizo otra demanda que también llegó a juicio. “Se había obtenido la sentencia de desalojo a fines del 2021 pero esta gente, con varios abogados, apelaron hasta la Corte. Como la Corte no toma estos casos volvió a Casación y se dilató”, cuenta.

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Sin embargo, dos semanas antes del derrumbe su abogada la llamó para contarle que era factible que en un par de meses pudieran finalmente hacer el desalojo. “Pero pasó esto”, comenta. Según ella, el derrumbe se produjo porque alguien lucraba cobrando alquileres por las habitaciones y construyó casillas en la terraza del viejo edificio. “Pero la parte posterior de la terraza era la parte superior del horno de ladrillo de la panadería, no era una estructura para soportar semejante construcción y se vino abajo”, explica.

María del Carmen nunca entró a su propiedad mientras estuvo intrusada pero sí lo hizo varias veces su abogada. “Ella me advirtió que empezaban a construir en la terraza, eso fue antes de la pandemia”, explica y aclara que “la parte de adelante está perfecta, sólo cedió la de atrás, pero lo lamentable es que murió gente inocente como esta chiquita de 12 años”.

Del lado de adentro de la puerta de la propiedad de María del Carmen González abundan las historias de hacinamiento, crisis habitacional y vulnerabilidad social. Hasta el martes, 36 familias compartían el espacio en dos plantas. Catorce familias abajo y 22, arriba. Casi todos fueron trasladados momentáneamente al Hotel Presidente por el Gobierno de la Ciudad. Muchos de los habitantes decidieron quedarse a dormir en la vereda de Rivadavia, a metros de sus camas, especialmente aquellos que tuvieron la “suerte” de que no se derrumbara su habitación.

Según explicaron fuentes del Gobierno nacional que censaron a las familias, en las habitaciones vivían grupos de entre tres y seis personas. Como el caso de Persy Manga Fernández, que empezó a vivir en este edificio hace 13 años. Primero llegó su esposa con su beba de un mes de vida. Y luego vino él, desde Perú, con la esperanza de una vida mejor aquí que en su tierra natal. Tuvieron otros dos hijos. Hasta el derrumbe vivían todos en una pequeña habitación que hace unos años Persy le compró a “una mujer”.

Según los sobrevivientes del derrumbe con los que habló Infobae, ya no pagaban alquiler a nadie. Los investigadores consultados por este medio creen que, por razones de seguridad personal, mienten. Una mujer que prefirió no dar su nombre admitió que hasta hace 15 años sí le pagaban a un hombre.

“Pero cuando llegó la primera orden de desalojo el tipo desapareció. Yo vivo con mi mamá y nosotras creíamos que ese señor era el dueño, pero evidentemente era un mafioso”, contó a este medio.

Con aquel desalojo los vecinos que habitaban el edificio de Rivadavia se organizaron y formaron una cooperativa, que llamaron Nuevos Horizontes, inscripta en el INAES el 13/10/2020, con domicilio legal en Del Barco Centenera 2055. “Fíjese que le pusimos ese nombre porque lo que queremos nosotros es una vida digna, no queremos que nos regalen nada, sino que nos ayuden con un crédito que pagaremos con nuestro trabajo para mudarnos a alguna vivienda donde podamos vivir”, dice Persy. Llevan seis años esperando una resolución para mudarse, a la espera de lo que, ellos saben, sería la orden de desalojo.

“Estamos como usurpadores y formamos la cooperativa para no quedarnos ahí. Pero ahora con el derrumbe nos quieren llevar a Once y todos tenemos hijos que van a la escuela en el barrio”, dice Persy. A su alrededor, dos niños juegan acostados en colchones tirados en la vereda.

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