Detuvieron al jefe del regimiento del Ejército de Gualeguaychú tras las denuncias de tres soldados mujeres por abuso sexual

El Regimiento de Caballería N°12 “Dragones Coronel Zelaya” de Gualeguaychú, Entre Ríos, fue allanado este lunes a la mañana por orden de la Justicia Federal que investiga tres denuncias de abuso sexual cometidas contra soldados mujeres, en 2021.

En ese marco, detuvo a su jefe, Juan Facundo Candiotti, por supuesto encubrimiento y amenazas; y también dispuso la detención de dos suboficiales, uno de los cuales se encuentra en estos momentos cumpliendo funciones en Campo de Mayo.

Los procedimientos estuvieron a cargo de Sergio Salinas, Jefe de Gendarmería de Gualeguaychú, junto al personal del Escuadrón N° 56 y la Unidad de Reunión de Información de esa ciudad entrerriana.

“Se trata de una causa de 2021 y dos de las denunciantes todavía cumplen servicio en la fuerza”, explicó Salinas al ser entrevistado por TN.

Los domicilios del jefe y de los dos suboficiales también fueron allanados en busca de pruebas que permitan corroborar los hechos denunciados. En el regimiento, por ejemplo, se focalizaron en las imágenes de las cámara de seguridad con las cuales habrían realizado un seguimiento a las víctimas.

De las tres denunciantes, una renunció a la carrera militar y las otras dos temen por las represalias de sus superiores a raíz de lo acontecido.

Las jóvenes tienen entre 21 y 24 años y las tres acusaron a los dos suboficiales por los abusos sexuales que incluyó tocamientos y hostigamiento permanente, así como amenazas para que no hagan las denuncias correspondientes.

El jefe del Regimiento, además, está acusado de la destrucción de pruebas en la investigación que están llevando adelante el juez Hernán Viri y el fiscal Pedro Rebollo.

Uno de los militares acusados, que está radicado en Paraná, ya había sido procesado a fines de agosto de 2022 como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra una de las soldados.

En su resolución el juez Viri consideró que imputado abusó sexualmente de la soldada voluntaria “mediando una relación intimidatoria fundada en la relación de poder existente por sobre la víctima con basamento en la jerarquía militar y funciones asignadas a cada uno de ellos”.

“Existía entre ellos una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, la que resultó corroborada no sólo por la verificación del cargo que cada uno detentaba en la estructura orgánica de la repartición del Ejército Argentino en la que desempeñaban sus funciones, sino que puede verse reflejada en los dichos de la víctima y en los del propio imputado en la declaración indagatoria”, agregó.

En tal sentido, aseguró que el imputado tuvo conocimiento de la realización de un acto de carácter sexual sin consentimiento de la joven, ya que el hombre continuó con los tocamientos pese a la negativa y la oposición férrea y expresa de la víctima. “Esto demuestra a las claras el desprecio del imputado hacia la voluntad y libertad de la víctima”, aseveró.

El magistrado resaltó en su resolución que las acciones emprendidas por el imputado durante la mañana del 13 de julio de 2021 fueron las más gravosas y ostentosas, pero “no fueron las únicas”, ya que el imputado habría tenido antes actitudes y comentarios de contenido sexual hacia la víctima de este caso y, a su vez, se habría mostrado molesto al verla hablar con otros hombres.

“En resumen, aparece claro y se encuentra debidamente acreditado, que el imputado tenía el pleno dominio sobre los hechos, toda vez que las probanzas arrimadas al sumario, acerca de la materialidad fáctica, objetiva e histórica de los sucesos objeto de juzgamiento en la presente causa, han permitido demostrar la autoría del imputado en los hechos que se les imputan con el grado de provisoriedad propio de esta etapa procesal”, añadió el juez.

Luego de la difusión del procedimiento judicial efectuado hoy, el Ejército Argentino comunicó que se encuentra “a disposición de las autoridades judiciales actuantes, a fin de colaborar con sus requerimientos”.

Asimismo, brindaron precisiones respecto de la posición que adoptó la institución ante la denuncia del caso. “En cumplimiento del protocolo institucional ante casos de violencia de género, el Ejército llevó adelante las actuaciones administrativas pertinentes para la comisión de una falta grave, aplicó las consecuentes medidas disciplinarias”, argumentaron.

La Secretaría General de la fuerza reconoció que la situación ocurrió en el cuartel del entonces Regimiento de Caballería de Exploración 12, ubicado en la localidad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. En aquella oportunidad “se determinó el cambio de destino del acusado a fin de proteger los derechos de la presunta víctima”, informaron.

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