El secuestro y la condena a muerte por “justicia popular” de Oberdán Sallustro y la indemnización a los terroristas

El martes 21 de marzo de 1972 un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo secuestró al director general de la empresa automotriz FIAT-CONCORD, Oberdán Sallustro, generando una conmoción mayúscula en la Argentina y en el exterior. Según se desprende de la investigación de su secuestro y posterior asesinato, la planificación del hecho “se remonta a diciembre de 1971 y a los dos primeros meses del corriente año.”

En los meses que se planifica el secuestro, el jefe del PRT-ERP Mario Roberto Santucho se encontraba preso. Había caído en Córdoba en agosto de 1971 y fue trasladado al penal de Villa Devoto. Seguidamente fue reemplazado por Luis Pujals, jefe de la Regional Buenos Aires de la banda terrorista. “El Flaco” Pujals duró poco en la comandancia porque el 17 de septiembre de 1971 desapareció en Rosario, Santa Fe. A continuación asumió Benito “Mariano” Urteaga, quien el 6 de septiembre de 1971 acababa de huir de la prisión de alta seguridad de Tucumán junto con 17 altos jefes de la organización.

Según figura en el informe policial sobre el caso Sallustro, del que solo existen 12 copias con 27 anexos, todo el operativo va a ser conocido y autorizado por Benito Urteaga e informado a Santucho en Villa Devoto. Además del secuestro y muerte de Sallustro, Urteaga o “Mariano” estuvo al tanto de los hechos más resonantes que realizó la organización hasta su muerte en julio de 1976, aunque el operativo más importante que lideró fue el ataque al Batallón Depósito de Arsenales 601 de Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975.

El largo informe de la Policía Federal –que presidía el general Jorge Cáceres Monié, más tarde asesinado con su esposa por Montoneros- dice que “los pasos previos al secuestro de Sallustro se inician con la obtención de viviendas y vehículos, así como fundamentalmente con la integración y entrenamiento de los miembros de la célula que realizaría la acción y de los que actuarían indirectamente en funciones de apoyo. Entre los meses de enero y febrero de 1972 se alquilan y ocupan casi simultáneamente todos los domicilios que sirvieron a éste operativo. En la mayoría de ellos, se instalan matrimonios jóvenes o parejas con apariencias de tales, a los efectos de brindar una imagen de normalidad ante el vecindario y no despertar sospecha sobre sus verdaderas actividades.”

Para llevar adelante el delito se comprometieron diez viviendas ubicadas en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. El informe especifica que las mismas fueron alquiladas “por particulares o agencias inmobiliarias que comercialmente ofrecen su aval”. Solo pone la lupa en la vivienda de la calle Bacacay 2654 de Capital Federal cuya “garantía es dada por el abogado Gustavo Tomás Soler, yerno del ex Presidente Arturo Illia.” El informe no lo dice pero Soler no tenía ninguna relación con el PRT-ERP y en su aval hubo “abuso de confianza”. También se informa que algunos de estos domicilios “pudieron ser utilizados por los autores del asalto al Banco Nacional de Desarrollo (del 28 de enero de 1972), ya que los elementos secuestrados en Pueyrredón 1133 de la localidad de San Martín, y el dinero hallado en Brasil 353 de Capital Federal son indicios reveladores de la relación entre los autores de ambos operativos”. En este domicilio de la Avenida Brasil se secuestraron 25 millones de pesos entre dólares y pesos moneda nacional. En el mismo lugar fue detenida, entre otras, Emma Elide Angelina De Benedetti, hermana de “El Tordo” Sigfrido De Benedetti. El paso siguiente es aclarar en qué viviendas y cuántas personas planificaron el operativo. Luego quiénes y cómo se robaron varios móviles para concretar el hecho.

“Es de hacer notar que durante varios días antes del operativo, todos los integrantes de la célula realizaron por turnos observación de la casa de Oberdán Sallustro, y vigilancia de todos los movimientos a su alrededor, con el objeto de reconocer perfectamente a Sallustro, verificar sus horarios en que salía y regresaba a su hogar, las personas que lo acompañaban, la actividad de vehículos y peatones en la zona en diferentes horas del día, etc. Esta tarea la realizaban individualmente y en pareja.”

El 21 de marzo de 1972. “a las 11.20, sale el Dr. Sallustro de su casa de la calle Casares 2628, en la localidad bonaerense de Martínez, conduciendo personalmente su automotor, acompañado por su chofer, José Fuentes, el que se hallaba sentado a su derecha”.

En ese momento se ponen en marcha los distintos escalones del operativo. “Eduardo Adrián Menajovsky alerta a Andrés Ernesto Alsina Bea (uruguayo), conductor de la camioneta Dodge” que intercepta al auto de Sallustro y simultáneamente seis extremistas descienden de la caja de la camioneta. “Inmediatamente Carlos Tomás Ponce de León y Ángel Averame abren la puerta del lado izquierdo” del auto de Sallustro y José Eduardo Beristain y Elena María Da Silva Perreira se ocupan de inmovilizar a Fuentes en el costado derecho del automóvil. Mientras tanto “Osvaldo Sigfrido De Benedetti se ubica detrás de la pickup a corta distancia mirando a la Avenida del Libertador con el fin de impedir el paso peatonal y de posibles móviles.”

“El Dr. Sallustro intentó resistirse, tirándose hacia atrás en el interior del coche, produciéndose un violento forcejeo perdiendo el saco que vestía. Se produce en ese instante un disparo que hiere al señor Fuentes, quien en tales condiciones huye en dirección a la finca de la calle Carlos Casares 2628 (del Dr. Sallustro). Reducido Sallustro es llevado a la caja de la camioneta, ascendiendo también Ángel María Averame, Carlos Tomás Ponce de León, Elena María Da Silva Ferreira y Osvaldo Sigfrido de Benedetti, quienes de inmediato lo atan de pies y manos y lo introducen en una bolsa de cuerina color marrón claro.”

Enrique Gorriarán Merlo, que se encontraba detenido junto a Santucho en Villa Devoto, contará en sus Memorias que “el objetivo de esta acción era doble. Por un lado, dinero para solventar la actividad clandestina del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del ERP, además de un importante reparto de alimentos y medicamentos en las zonas pobres; por el otro, la liberación de 30 compañeros presos” (en sus comunicados hablan de la liberación 50 detenidos).

Tras el secuestro, el comando se aleja del lugar en diferentes móviles (todos individualizados posteriormente) y en la Ruta Panamericana con Edison es transbordado Sallustro desde la Dodge a una camioneta Citroen, “para agilizar la maniobra ambos vehículos se colocan de culata”.

Así se llega a la primera etapa del cautiverio del empresario, en Reconquista 180 de la localidad bonaerense de Chilavert. Al mismo tiempo, en otros lugares, los móviles utilizados para el secuestro son abandonados y quemados. En este lugar Sallustro estuvo preso ocho días, hasta el 29 de marzo de 1972.

“Mientras permanecían con el secuestrado los extremistas lo hacían con capucha, manteniendo con el mismo largas conversaciones sobre temas de distinta índole o bien entreteniéndolo con juegos de naipes.”

El 21 de marzo la organización terrorista redacta el Comunicado N°1, donde se explica que el secuestro es poner a Sallustro a disposición de la “justicia popular” por el “saqueo al país”. El 24 de marzo se difunde el Comunicado N°4 donde se establece que Sallustro fue sometido a juicio y condenado a muerte, pero se determinan una serie de exigencias (reunidas en 7 puntos) que el Gobierno y la empresa FIAT deben cumplimentar para liberar al secuestrado.

El mismo día 24, dice el informe policial, la empresa FIAT inicia tratativas con internados en la Unidad Carcelaria de Villa Devoto. “A las 22.30 aproximadamente el señor el señor Alfredo Raúl Salvatto se entrevista con Alfredo Alberto Curutchet, abogado de SITRAC-SITRAM (asesinado por las Tres A en 1974); Raúl Seres, activista de SITRAC-SITRAM; Eduardo Castello Soto, dirigente del ERP (peruano, moriría el 2 de abril de 1976).

También Salvatto va a entrevistarse con los dirigentes erpianos Santucho, Gorriarán Merlo y Pedro Cazes Camarero. Al día siguiente, el mismo abogado, acompañado de dos directivos de FIAT, vuelve a entrevistarse con Santucho y Gorriarán Merlo. El domingo 26, con conocimiento y autorización del Servicio Penitenciario Federal, Salvatto vuelve a mantener dos largas conversaciones con los dos jefes terroristas. Según el informe, durante las tratativas se suspende la exigencia de liberar a los dirigentes de SITRAC-SITRAM; se anula lo “relativo a las libertades y traslado a otro país de 50 guerrilleros detenidos y el ERP mantiene en cautiverio de Sallustro pero se compromete a velar por el cuidado material y espiritual del mismo.”

El 29 de marzo Sallustro es trasladado a Pedro Morán 3251 por unos días. Luego es llevado a Yerbal N°83, 4° piso “E” de Capital Federal. Finalmente recala en Castañares 5413 de Capital Federal.

Como resultado de la detención de José Luis Da Silva Parreira se logra allanar el domicilio de Martiniano Leguizamón 4445, Capital Federal, pensándose que podría encontrarse Sallustro. En ese lugar son detenidos, entre otros, Osvaldo Sigfrido De Benedetti, Silvia Inés Urdampilleta de Mac Lean y Mirta Emilse Sgro de Menajovsky, todos intervinientes directos del secuestro del empresario.

También se encontraron armas, proyectiles, documentos falsos y todo tipo de elementos de enmascaramiento personal. “Del análisis del material secuestrado en Martiniano Leguizamón 4445, se obtiene un número telefónico, el cual pertenece a la finca de la Avenida Castañares 5413, Capital Federal.”

Con “plenos poderes” para intentar acordar la liberación de Sallustro, llegaría al país el presidente del Club de Roma, Aurelio Peccei, uno de los empresarios más importantes de Europa y suegro de un reconocido diplomático argentino.

El gobierno del presidente Alejandro Lanusse respondió, tanto a Peccei como al presidente italiano Giovanni Leone, que “no negociaría con delincuentes comunes”. También, a manera de presión, el Papa Paulo VI pidió por la pronta aparición del secuestrado.

Aurelio Peccei intentó no sumergirse en la vida política argentina pero, con la mediación de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, abogados del PRT-ERP, llegó a entrevistarse con Roberto Santucho en la oficina del jefe del penal de Devoto. Nunca se supo qué se conversó, pero cuando el gobierno se enteró del encuentro trasladó al jefe del PRT-ERP y a Gorriarán Merlo al penal de Rawson (5 de abril de 1972). Dado que no encontraba soluciones, el sábado 1° de abril, Aurelio Peccei retorno a Roma. Ya no quedaba margen de negociación.

“Presumiblemente entre el viernes 7 y domingo 9 de abril” Sallustro fue llevado a Castañares 5413. El 10 de abril de 1972, alrededor del mediodía, una brigada policial llegó hasta el lugar. Desde el interior fueron atacados con disparos de armas de fuego y cae herido Miguel Ángel Minazzo, oficial Inspector de la policía. La atacante era Guiomar Schmidt de Klachko.

Mientras tanto “otras dos o tres personas del sexo masculino huían cubriendo su retirada a tiros por los fondos y casas vecinas hasta lograr desaparecer de la escena del hecho”.

Una vez que penetraron, en el piso de la habitación principal encontraron el cadáver de Oberdán Sallustro “quien presentaba dos heridas de bala, una en la cabeza y otra en el pecho, dando muestras evidentes de haberse consumado el hecho instantes antes” (como Anexo consta la autopsia).

Entre las ropas de Sallustro se encontró una esquela dirigida el Doctor Peccei que decía: “Estimado amigo Doctor Aurelio Peccei: Me han informado que está usted en Buenos Aires. Más que el Jefe está aquí el amigo. Resuelva todo con serenidad y equilibrio, como siempre.”

“Sócrates, antes de tomar la cicuta, deploraba la actitud llorona de sus discípulos. Los juzgaba de envidiosos porque él conocería antes que los demás La Verdad. Estoy muy sereno yo también porque finalmente conoceré La Verdad de Giorgio y de Dios. Cordialmente, Oberdán Sallustro.” Giorgio era su hijo muerto ahogado en la pileta familiar.

El lunes 10 de abril de 1972 también cayó asesinado el jefe del Cuerpo II de Ejército, Juan Carlos Sánchez, a la salida de la sede de su comando, en Rosario. La muerte de Sánchez fue producto de un operativo conjunto, denominado “Sonia II”, entre el PRT-ERP y las FAR. Ellos sabían que el jefe militar se desplazaba sin custodia. Mucho antes del 10 de abril de 1972, el teniente general Sánchez sabía que era un “blanco” primordial de las organizaciones terroristas. Había crecido su fama de duro. En una ocasión, su amigo Ángel “Cholo” Peco le mandó decir que se cuidara a través de uno de sus hijos: “Lo quieren matar”. La respuesta del general Sánchez fue muy simple, lo pintaba de cuerpo entero: “¿Qué querés que haga? ¿Que tenga una fuerte custodia, con motociclistas, mientras mis oficiales caminan solos por las calles? ¿Qué ejemplo es ese?”. Así fue como esa mañana la única y última compañía que tuvo fue la de su chófer, el suboficial Juan Berneche, que fue gravemente herido.

La causa sobre el secuestro y asesinato de Oberdán Sallustro cayó en la Sala 2 de la Cámara Federal Penal de la Nación y ahí estaban los jueces Jaime Lamont Smart, César Black, Eduardo Munilla Lacasa y en pocas semanas el caso estaba resuelto. En noviembre de 1972 comenzó el juicio y el 16 de marzo de 1973 se dieron a conocer las sentencias.

De todos los detenidos, el “Tordo” De Benedetti, Silvia Urdampilleta y Carlos Tomás Ponce de León reconocieron pertenecer al PRT-ERP. Entre los varios imputados estaba también el “tupamaro” Andrés Alsina Bea. Ponce de León fue sentenciado a cadena perpetua; De Benedetti a 12 años; Urdampilleta 9 y Alsina Bea a 6 años. La sentencia fue leída por altavoces dado el tumulto inicial de las sesiones. Los presos, lo mismo que el periodismo nacional, permanecieron fuera de la sala donde se había constituido el tribunal.

Las decisiones del tribunal fueron tomadas con tranquilidad por unos y preocupación por otros. Los primeros, porque pensaban que tras la asunción de Héctor Cámpora todos serían amnistiados o indultados indiscriminadamente. Los otros, porque estimaban que el trámite de liberación iba a demandar un largo período procesal. En ese sentido, Julio Cortázar, que había llegado a Buenos Aires para presentar su “Libro de Manuel” exigía la liberación incondicional de todos los presos el 25 de mayo de 1973.

A Silvia Urdampilleta la asaltaban las mismas dudas. No pensaba en su libertad inmediata, tampoco la esperaba su jefe, Roberto Mario Santucho. Por esas semanas pidió conversar con uno de los miembros de la Sala y la audiencia le fue otorgada:

— Juez Smart: ¿Estarás contenta?

— Urdampilleta: ¿Por qué?

— Juez Smart: Y porque el 25 de mayo van a salir libres.

— Urdampilleta: Los que no están condenados saldrán y para los sentenciados será el año que viene…

Mirando el escritorio de su interlocutor preguntó ¿y eso qué es?

— Juez Smart: La causa tuya.

— Urdampilleta: ¿Causa? Pero eso es un término pequeño burgués.

— Juez Smart: Bueno, tomalo como quieras, es lo que manda el Estado.

— Urdampilleta: Ustedes se equivocan. Así no van a ganar. Nos tendrían que haber fusilado.

Tras la amnistía del 25 de mayo de 1973 todos los “combatientes” volvieron a tomar las armas. Lo he contado en mi libro Volver a Matar (2009). A manera de simple ejemplo digamos que Carlos Tomás Ponce de León tres meses más tarde asaltaría el Comando de Sanidad para robar armas y medicamentos. Durante el ataque fue asesinado el teniente coronel Raúl Juan Duarte Ardoy.

La historia no termina aquí. Con el paso de los años, por razones inexplicables, solo atendibles en un Estado desamparado, los terroristas que intervinieron en la muerte de Oberdán Sallustro fueron indemnizados.

Por ejemplos, a Ponce de León en diciembre de 1998 (gobierno de Carlos Menem) se le otorgaron $13.242.898, en liquidación del Ministerio de Economía N° 11.804.

Elena María Da Silva Parreira, muerta en un tiroteo el 15 de julio de 1974 (gobierno de Isabel Perón), sus familiares cobraron en mayo de 2009 (gobierno de Cristina Kirchner) una indemnización de $23.788.026 por liquidación del Ministerio de Economía N°37.320 y su nombre figura en el Parque de la Memoria (inaugurado por Fernando de la Rúa) como “combatiendo por ideales de justicia y equidad”.

“El Tordo” Osvaldo Sigfrido De Benedetti, detenido en Tucumán en 1974 y preso hasta el 20 de julio de 1978 (gobierno de Jorge Rafael Videla), en que se le aplicó la ley de fuga, en 1998 alguien cobró por “detenido o exiliado”, como si estuviera vivo, la suma de $12.376.059 y figura en el Parque de la Memoria. Su hermano Gabriel, asaltante del Comando de Sanidad, cobraría en julio 1999 (gobierno de Menem), por Ley 24.043, $6.519.236 y en julio de 2006 (gobierno de Néstor Kirchner), en virtud de la Ley 24.411 la suma de $22.724.917. Ambas indemnizaciones sumaron la friolera de $29.244.153.

Por último, Silvia Urdampilleta, es detenida y desaparecida desde el 12 de abril de 1975 (gobierno de Isabel Perón). En mayo de 2000 (gobierno de Fernando de la Rúa) sus causahabientes cobraron del Estado $10.048.075, actualizados por inflación a Mayo de 2020, en Liquidación N° 1.782 del Ministerio de Economía y el Parque de la Memoria la recuerda porque murió “combatiendo por ideales de justicia y equidad”.

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