Desde el 2013 y hasta diciembre del 2022 un total de 669.339 mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans y queers (LGBTQ+) recibieron asistencia estatal por violencia de género. La cifra, que también incluye a quienes realizaron consultas sobre esta temática, se desprende del Primer Informe Estadístico Global del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) presentado este lunes, por la titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina.
A lo largo de sus 24 páginas, el documento explica, entre otras cosas, que “el SICVG tiene un doble propósito: sistematizar la información con un enfoque estadístico y ser una herramienta de consulta, articulación y seguimiento”.
El análisis determinó que el 97,5% de las personas agredidas son mujeres y, el resto del porcentaje, corresponde a LGBTIQ+.
Con respecto al país: la provincia y la Ciudad de Buenos Aries, Córdoba, San Juan y Tucumán son los distritos con mayores registros. También se reveló que en el ámbito doméstico es donde más se manifiesta la violencia, con un 97,1 % de los registros. Le siguen el 1,3 % con violencia laboral y el 1,2 % con violencia institucional.
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Respecto a las características de las personas agresoras el informe es contundente: el 95,8 % son varones; de los cuales el 87,8 % son la pareja o ex pareja de la persona en situación de violencia.
Como novedad, el SICVG incorporó variables y categorías que permiten sistematizar información sobre LGBTIQ+ en situación de violencia por motivos de género. Así, según el informe, 18.808 LGBTIQ+ fueron asistidas y, de ese total, un 54,4 % tiene entre 19 y 29 años, mientras que el 50,3 % no finalizó sus estudios secundarios o poseen un menor nivel educativo.
Además de los datos clásicos como la modalidad, el tipo de violencia, la provincia de residencia y el vínculo con la persona agresora, el SICVG da cuenta del nivel de riesgo, las conductas violentas experimentadas, características de interseccionalidad como migración, población indígena, afrodescendientes, trata, conflicto con la ley penal, entre otras.
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También el Sistema incorporó datos sobre violencia contra la libertad reproductiva (190 registros), violencia obstétrica (160), violencia en el espacio público (110) y violencia política (8). “Si bien aún son datos residuales, es importante destacar que comenzamos a tener registros de esas situaciones que podrán ser analizadas con más detalle mediante otro tipo de abordajes”, apunta el documento.
De acuerdo con el SICVG, una misma persona puede ser víctima de distintos tipos de violencia a la vez, pero a los efectos estadísticos se diferenció entre psicológica (85%); seguida por la física (74,3%), la económica (40%), simbólica (30,1%), ambiental -cuando se dañan objetos de las víctimas- (19,7%) y sexual (19,2%).
El Sistema, además, identificó víctimas que están embarazadas, conviven con una discapacidad, son afrodescendientes, migrantes, refugiadas, pertenecientes a pueblos originarios, privadas de libertad o en conflicto con la ley penal. También lugares donde viven las víctimas, determinando tipo y condiciones de vivienda, situación de calle o residencia en una institución.
Así, este primer informe del SICVG incorporó la dimensión de la interseccionalidad (una categoría de análisis que muestra las distintas realidades de una persona, por ejemplo, si convive con una discapacidad) y la diversidad de género y orientación sexual.
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También aportó que sólo el 10% de las víctimas no tiene niñas, niños, adolescentes, personas mayores o con discapacidad a cargo, es decir, el 90% son cuidadoras.
Sobre las intervenciones ante estas situaciones, la mayoría de las personas recurrió a la Policía y a la justicia. En pocas ocasiones al sistema de salud o a dispositivos de protección integral.
En palabras
Durante el evento de presentación del documento, la ministra Mazzina destacó la construcción del SICVG, lo definió como “una herramienta única en Argentina” que, no solo “permite conocer en profundidad” las características de las violencias de género, sino también determinar el nivel de riesgo en que se encuentra una persona. Además, aseguró que su concreción responde a una demanda histórica de contar con datos estadísticos sobre las violencias por motivos de género por parte de las organizaciones feministas.
“No estamos acá por arte de magia: hoy podemos llegar a este lugar porque hubo muchas conquistas de compañeras y compañeres que nos dejaron los cimientos sólidos y el camino abierto para que podamos dar una respuesta transparente como Estado, presentando una herramienta federal e interseccional. Cada logro no es sólo de este Ministerio, sino de todas, de todos y de todes. Es para seguir construyendo una Argentina libre de violencias y discriminación”, dijo.
En su exposición, la ministra también destacó que los casos ingresados en el SICVG “no son solo datos y números”, ya que “detrás de esos datos hay personas” las cuales “necesitan una respuesta institucional y de personas que estamos atrás”.
Cómo funciona el SICVG
El Sistema funciona a través de una aplicación web en la que se aloja un padrón integrado de personas asistidas y consultas que se identifican por tipo y número de documento, según informó la agencia de noticias Télam.
Para este informe se utilizaron datos de nueve áreas de género provinciales y seis municipales, un organismo judicial, cinco dispositivos territoriales de protección, datos del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres de diecisiete provincias y siete organismos nacionales, y la información de cuatro programas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Como conclusión, el informe destacó que “construir información sobre las violencias por motivos de género constituye una obligación del Estado argentino para la que trabajamos desde el inicio del Ministerio, a partir de una estrategia que tuviera en cuenta el camino recorrido en la materia, pero sabiendo que había muchos aspectos para optimizar. En 2013, el entonces Consejo Nacional de las Mujeres contaba únicamente con registros de comunicaciones a la Línea 144. A partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2019, se llevaron adelante políticas que tienen como foco la extensión en el territorio, llegando a provincias y municipios. Esta extensión fue acompañada por una fuerte impronta de registro que reconoció la importancia de contar con información de calidad para la gestión y para el seguimiento eficiente de los casos”.
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