Tras una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Trabajo, representantes de la empresa DOTA y de los choferes de las 50 líneas de colectivos que habían interrumpido el servicio en el AMBA este lunes 27 de febrero desde la medianoche, acordaron normalizar el pago de un incremento salarial del 10% que no se había efectivizado pese a estar previamente pactado.
Luego de un encuentro de dos horas, el gobierno comunicó el levantamiento de la medida de fuerza y se espera que en las próximas horas empiece a normalizarse el servicio.
Según informaron desde la cartera laboral, la reunión entre las partes se llevó adelante en forma virtual y, tras ello, los representantes gremiales sometieron a asamblea los resultados del encuentro. Con el compromiso de saldar la deuda exigida por los choferes, se espera que el servicio público que utilizan decenas de miles de usuarios en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires comience a normalizarse.
La inesperada medida de fuerza dejó sin transporte a miles de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Más de 50 líneas de colectivos fueron afectadas por un reclamo gremial de trabajadores del Grupo DOTA, que abarca a gran parte de todo el servicio de micros de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Los choferes exigieron el pago de una deuda salarial.
Anoche a última hora gremios del sector decidieron llevar a cabo una abstención de tareas hasta que las empresas paguen lo adeudado a los choferes. En efecto, los colectiveros se presentan en cabecera pero hasta tanto no cobren lo que desde el GRUPO DOTA les deben no prestarán el servicio. Por lo pronto la medida de fuerza afecta a más de 50 líneas de colectivos que operan en el AMBA pero podría extenderse a más de 80 si continúa sin saldarse la deuda salarial. Con la particularidad que el paro se está llevando a cabo en el día que comienzan las clases en la Ciudad de Buenos Aires.
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La medida de fuerza se llevó adelante producto de una deuda de la empresa DOTA, de una diferencia salarial a los empleados respecto a un acuerdo firmado a fines de enero. Los trabajadores debían cobrar un 10% de aumento que se iban a pagar en el transcurso de febrero, pero esto no ocurrió.
Hasta el mediodía, según los dirigentes gremiales, desde la empresa DOTA no se habían comunicado con los delegados de los trabajadores, y tampoco habían depositado el saldo que reclamaban los choferes. Tras el encuentro arbitrado por la Secretaría de Trabajo se espera que esta situación comience a normalizarse.
Las líneas que realizaron el paro son: 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 107, 108, 117, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 San Vicente, 514 Almirante Brown, 520 Lanús. Mientras que hay otras como la 100 del Grupo DOTA que funcionaron con menos frecuencias.
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Pasadas las cinco de la mañana de este lunes comenzaron a acumularse filas de personas en Constitución que se vieron sorprendidas por la medida de fuerza que comenzó a regir desde la medianoche.
“Hay varios colectivos que no están andando; no sabía que había paro, me enteré esta mañana”, manifestó uno de los tantos usuarios que -en diálogo con Crónica- transmitió su sorpresa por la decisión gremial.
“Hay que tener mucha paciencia”, lamentó una pasajera que esperaba el colectivo para llegar a su trabajo en un inicio de semana complicado. “Voy a esperar y sino tomaré otro”, agregó un usuario que se encontraba esperando en Constitución, quien a la vez reconoció que el colectivo es su única opción para viajar a su trabajo ya que tomar un taxi “es muy caro”.
Desde el Ministerio de Transporte advirtieron por posibles sanciones
El secretario de articulación interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, Marcos Farina, señaló que “sorprende y mucho” la protesta. “No es un paro de la UTA, sino de un sector de los trabajadores compositores de la dirigencia de la UTA que perdieron la elección en septiembre”, aseguró el funcionario.
“Perjudica muchísimo y estamos tratando de llegar a un buen entendimiento. Hace 10 días cerraron paritarias entre la UTA y empresarios y el Estado reconoce la reestructura de costos, pero el único sector que no firmó acuerdo salarial, de las cinco cámaras del AMBA, fue la cámara que hoy representa a estos trabajadores”, explicó en declaraciones a Radio Nacional.
Sobre el atraso salarial argumentó que “no son empleados del Estado, sino de los empresarios que tienen un sistema de transporte público”.
“Desde la CNRT estamos controlando, fiscalizando y multando a los que no presten servicios. Se tienen que hacer cargo los empresarios. Le estamos pidiendo a las otras cámaras que refuercen servicios hasta que quede solucionado el conflicto originado por este sector que son oposición a la actual dirigencia de la UTA, porque la UTA no está llevando adelante este paro”, dijo.
Asimismo, advirtió que en estos casos pueden existir sanciones. “Necesitamos que se cumpla el servicio que es público y esencial. Si no serán sancionados como lo establece la ley”, advirtió.
El organismo se rige por el artículo 83 del decreto Nº 1395/1998, que establece que “la violación del régimen diario de frecuencias diurnas y nocturnas en los servicios públicos de transporte urbano de pasajeros será sancionada, en cada caso, con multas de hasta $525.000″.
El Gobierno les dará $ 28.000 millones a las empresas de transporte público de pasajeros del interior del país
En medio de las habituales discusiones que se generan año tras año sobre la diferencia del precio del boleto de colectivo que rige entre el AMBA y el resto del país, el Gobierno Nacional anunció la semana pasada que le otorgará un total de $ 28.000 millones de pesos a las empresas de transporte público urbano y suburbano del interior del país en carácter de subsidios.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó el pago de hasta $ 7.000 millones de pesos por mes, cifra que otorgará por los meses de enero, febrero, marzo y abril de este año. Por esto mismo, ordenó además que la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios del Ministerio de Transporte realice las liquidaciones correspondientes del primer y segundo mes de 2023, puesto que son plazos vencidos o próximos a vencer. Además, pidió que se avance con las liquidaciones de los meses restantes.
La resolución llegó tan solo una semana después de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocara a un paro total de actividades en reclamo de sentarse a negociar las paritarias del 2023. Tras las amenazas, logró llegar a un acuerdo de un aumento semestral menor al 30% para los choferes.
No obstante, uno de los requisitos que solicitó el Gobierno para la entrega de los subsidios es implementar el sistema SUBE o estar próximo a hacerlo en las unidades de cada jurisdicción.
“El importe de cada cuota se determinará teniendo en cuenta el personal que corresponda a cada operadora por un lado y los kilómetros informados para cada empresa/jurisdicción por otro”, asegura el documento. De esta manera, se tendrán en cuenta también los agentes computables declarados por la empresa, además de otras variables que derivan de esos dos puntos centrales.
Para eso, la Subsecretaría de Política Económica y Financiera de Transporte solicitará a las empresas beneficiarias y/o jurisdicciones toda la información necesaria para procesar los datos.
Aquellos agentes que sean beneficiarios de este subsidio deberán suscribirse al “Convenio año 2023″, al igual que deben tener adoptado o estar próximos a implementar el servicio de SUBE, como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público.
Al convenio, deberán adherir las provincias o, en su caso, municipios para poder beneficiarse de las compensaciones.
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