“Aniquilar al terrorismo”, la orden de Isabel Perón frente a la ola de asesinatos de empresarios por la guerrilla

1975 fue un año de cambios en el mapamundi político. Tras la “revolución de los claveles” del 25 de abril de 1974, un año más tarde se derrumbó lo poco que quedaba del imperio portugués: se independizaron Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe. El 30 de abril cayó Saigón en manos de los comunistas de Vietnam del Norte. En España, el 27 de septiembre, se efectivizaron las últimas sentencias de muerte de la época de Francisco Franco Bahamonde. Fueron fusilados tres terroristas a pesar del indulgente pedido de Su Santidad Paulo VI. El 20 de noviembre murió el “Caudillo” español. En la Argentina, 1975 fue el año de River: ganó los campeonatos Nacional y Metropolitano de la mano de Ángel Labruna y también fue el año de la violencia subversiva incontenible.

También eran tiempos de “argentinización”. Los sindicatos reclamaban la nacionalización de las bocas de expendio de la Shell y Esso y de cinco bancos que habían sido comprados por empresas extranjeras durante el anterior gobierno militar. Medidas anunciadas con entusiasmo por Isabel Perón. El ministro Alfredo Gómez Morales las negaba. El estado del balance de pagos empeoraba día a día. Las exportaciones pactadas a un valor dólar no podían cumplirse porque el precio de la divisa en el mercado oficial marcaba una diferencia abismal con el paralelo: el dólar oficial valía 1.000 pesos, en el paralelo 2.500 pesos. La brecha cambiaria daba para todo tipo de maniobras. Por ejemplo, cálculos de la época informan que el 80 % de la cosecha de soja fue contrabandeada.

El 6 de enero de 1975, el Comandante del Cuerpo III, general Enrique Salgado y su Estado Mayor junto con el comandante de la Brigada de Infantería 5, general Ricardo Muñoz y su estado mayor realizaban un reconocimiento aéreo de la futura zona de operaciones. Las bruscas variaciones de las condiciones climáticas provocaron que el transporte se estrellara contra una de las laderas del cerro Ñunorco Chico, falleciendo todos sus ocupantes. La tragedia no pasó desapercibida para la directiva del PRT-ERP y la pregunta que se hizo la organización armada fue: ¿Qué hacían dos altos jefes militares y sus estados mayores sobrevolando el territorio en el que ellos operaban? Fue un llamado de atención, un aviso de que algo estaba por suceder.

El 6 de febrero de 1975 Isabel Perón y su gabinete firman el decreto “S” 261, por el cual se ordena al Comando General del Ejército ejecutar las operaciones necesarias para neutralizar y/o aniquilar el accionar guerrillero en la provincia de Tucumán. En cumplimiento de esta orden, se inicia la “Operación Independencia”. El Ejército no sólo iba a combatir contra guerrilleros argentinos, sino también extranjeros. Había unos pocos europeos y estadounidenses, pero la mayoría eran latinoamericanos pertenecientes al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) de Chile, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) de Bolivia y MLN-T (Tupamaros) de Uruguay. Organizaciones pertenecientes a la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR).

El 28 de enero fue asesinado Armando Canziani, Director de Delegaciones Regionales del Ministerio de Trabajo. Alrededor de las 8 horas, salió de su domicilio, en compañía de su chofer, el señor Roberto Hualde, dirigiéndose a pie a un garaje cercano para retirar su auto. Antes de llegar se detuvo junto a ellos un vehículo del que descendieron dos individuos y sin mediar palabras abrieron fuego con armas cortas y largas, para luego darse a la fuga. Tanto Canziani como su chofer quedaron tirados en la vereda gravemente heridos, donde fallecieron antes de ser trasladados a algún centro asistencial. Durante un allanamiento a un refugio del “ERP 22 de Agosto” en la calle Lavalleja 168 de la Capital Federal , en septiembre de 1976, además de enseres de logística, una imprenta y explosivos, se encontró un fichero donde figuraban estos asesinatos como cometidos por esa organización terrorista.

En febrero, reiteradamente, se hablaba de la inseguridad de los empresarios pero nadie los cuidaba. No existían garantías para sus vidas. Nada era novedoso porque unos años antes, en tiempos de Perón, muchos se habían mudado a Montevideo y desde allí manejaban sus negocios.

A pesar de los esfuerzos del gobierno argentino nada hizo cambiar la situación de inseguridad. Por ejemplo, el lunes 23 de junio de 1975, un alto funcionario del Palacio San Martín (que no podía ser otro que Juan Alberto Vignes) afirmó al periodista Heriberto Kahn de La Opinión que “el eje de la política exterior argentina pasa en este momento por nuestra relación con Estados Unidos”. El periodista reveló que en el último encuentro de Vignes con el Secretario de Estado, Henry Kissinger (segunda semana de mayo) el canciller argentino “se esforzó especialmente por lograr que el jefe de la diplomacia norteamericana echara todo su peso encima de los sectores financieros privados de los Estados Unidos, a fin de provocar y acelerar sus decisiones en materia de inversiones en la Argentina. Todo parece indicar que el canciller obtuvo éxito en esa materia.” Era sólo una expresión de deseos— por decir lo mínimo —del jefe del Palacio San Martín. Olvidó recordar que los empresarios norteamericanos, en esa época, ya realizaban reuniones en el extranjero para evitar ser secuestrados o asesinados. El miércoles 5, Montoneros tirotea al salir de su casa al directivo de ENTEL, Oscar Etchepare. También el mismo día atentan contra César Calvo, el delegado gremial de Terrabusi.

El viernes 7 de febrero, un supuesto comando del ERP asesinó al gerente administrativo de Alba S.A. (Bunge y Born), Antonio Muscat que iba acompañado por sus hijas María Cristina y Silvia Angélica. Su automóvil fue interceptado y cuatro hombres jóvenes armados lo hicieron descender tirándole gas pimienta. Una vez que se bajó fue herido con proyectiles de ametralladora, luego ya en el piso fue acribillado a balazos con pistolas 9mm. Según testigos, caminó en forma tambaleante unos metros, mientras le hacían otros disparos, hasta que cayó al suelo sin vida a la altura del 87 de la calle Rodolfo López. En la revista Estrella Roja Nro. 49, órgano de prensa del ERP, se publicó que “un comando ejecutó al gerente de Alba, Antonio Muscat”.

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Más tarde, equivocadamente, se sostuvo que ese comando pertenecía al ERP 22 de agosto. En realidad había sido Montoneros y el asesinato era un elemento de presión más sobre los ejecutivos de Bunge y Born para que pagaran los 60 millones de dólares que exigían de rescate para liberar a los hermanos Juan y Jorge Born. Los mismos mensajes mafiosos que les hicieron perder la vida al sindicalista José Ignacio Rucci y el ex Ministro Arturo Mor Roig. En esas mismas horas Montoneros secuestró en el gran Buenos Aires a Carlos Gagey, un ejecutivo de la empresa REHEM SAIAR.

El sábado 15, son tiroteadas las casas de los ejecutivos de Molinos Río de la Plata (también de Bunge y Born), Alberto Méndez y Pedro León San Juan, gerente industrial de Grafa. El martes 18 Félix Villafañe, delegado de Fitran S.A. caminaba junto a su esposa, en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, para dirigirse a su trabajo. En ese momento dos desconocidos que simulaban esperar un medio de transporte se le acercaron y sin mediar palabra, le efectuaron a quemarropa varios disparos de arma de fuego que lo hicieron caer, mientras continuaban disparándole aun en el suelo. De inmediato subieron a un auto y escaparon. Se comprobó luego que la víctima tenía 11 impactos de bala. La organización terrorista Montoneros se auto adjudicó el asesinato en su revista Evita Montonera Nro. 3 del mes de marzo de 1975. El Gran Buenos Aires era tierra de nadie.

El 21 de febrero de 1975 apareció en Londres el número 8 (volumen IX) de “Latin America”, un semanario de información política y económica latinoamericana que se caracterizaba por su alto nivel de información. Al analizar el “operativo Tucumán”, el medio londinense sostuvo que, efectivamente, existe un “foco” guerrillero: “Tucumán está hecha a la medida para la guerrilla. Guevara había identificado las “cordilleras” de Salta y Tucumán como la Sierra Maestra de Sudamérica. La provincia tiene un territorio escabroso y densamente poblado. Los trabajadores de los ingenios azucareros tiene una tradición de rebeldía y hay en la población un amargo resentimiento por el trato que Tucumán recibe de Buenos Aires. La guerrilla tiene esperanzas de que la reconocida tradición peronista de la provincia no le impedirá ganar apoyo masivo, principalmente a expensas de los montoneros […] El ERP, “además está considerada como la que dispone de guerrillas rurales mejor financiadas y armadas y con mejores estrategas en casi toda Latinoamérica. Los secuestros le han proporcionado millones de dólares, incluidos los 14 millones obtenidos de Exxon el año pasado.”

El viernes 21, es asesinado el dirigente Teodoro Ponce de la UOM de Rosario y Secretario Adjunto de la CGT. El 22 -siempre Montoneros-ataca con granadas el Batallón 3 de Infantería de Marina en Ensenada, Buenos Aires. En esas horas también eran atacados a balazos los dirigentes de petroleros Adolfo Cavalli (falleció) y el sindicalista portuario (SUPA), Eustaquio Tolosa. Ambos militaban en la ortodoxia peronista. El miércoles 26 de febrero, fue secuestrado en General Belgrano, el Cónsul de los Estados Unidos en la provincia de Córdoba, John Patrick Egan. Su cuerpo fue encontrado 48 horas más tarde en un baldío por una comisión policial. El cadáver se encontraba con las manos atadas y mostraba un tiro en su ojo derecho. La organización Montoneros se adjudicó el hecho en un “Parte de Guerra”, en el que informa que lo realizado la “Columna Emilio Maza” (uno de los fundadores de la organización y asesino de Pedro E. Aramburu). El texto del Parte de Guerra sostiene: “Con esta acción contribuimos a fortalecer la consigna ‘liberación o dependencia’, continuadora de aquélla, en momentos en que un gobierno que se dice peronista profundizó la dependencia, sometiendo al pueblo a la explotación económica y a la represión con la policía y el ejército, mientras entrega a nuestra Patria a los yanquis”.

El 4 de marzo de 1975, el comisario Luis Margaride fue invitado a la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica para conversar con sus más altos funcionarios. De ese encuentro, que se extendió entre las 11.30 y 12.25, uno de los diplomáticos escribió un memorando para el Departamento de Estado. En uno de sus pasajes, relató que la reunión comenzó con las presentaciones que realizó el embajador Robert Hill y que en un momento el embajador dijo que le gustaría hacer una pregunta y que entendería si Margaride no quisiera responder. Margaride dijo que contestaría cualquier pregunta. El embajador Hill dijo que frecuentemente había visto al embajador soviético en reuniones sociales y que éste siempre estaba pregonando irónicamente sobre la seguridad que usaba la embajada norteamericana y que él personalmente no necesitaba ningún tipo de seguridad. A esto Margaride respondió que “el embajador soviético no necesitaba seguridad porque él estaba comandando todas las operaciones terroristas. Que dichas acciones estaban inspiradas por el comunismo y que sin duda alguna recibían plata y probablemente consejos de los soviéticos”. Y que estaba “convencido que países comunistas como la Unión Soviética y Cuba estaban contribuyendo con plata a las operaciones terroristas en la Argentina.” Simples palabras: la organización Montoneros seguía sin ser declarada fuera de la ley. Recién lo sería el 8 de septiembre de 1975.

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