De “la cara de guerra” y los tanques a la rendición: los secretos de la última aventura de Rico como carapintada

Parece de otro país y de otro mundo. Y acaso lo fue. Pero durante unos pocos días del caluroso enero de 1988, el país vivió al borde del abismo por saber del paradero de un teniente coronel. Era Aldo Rico, que debía estar en prisión domiciliaria, se había fugado, había pasado veloz por una quinta del barrio Los Fresnos, en Bella Vista, y se había esfumado.

¿Adónde estaba Rico? La democracia todavía flamante, recuperada en 1983, temblaba. Y con ella varios funcionarios del gobierno de Raúl Alfonsín, que debía lidiar con el descontento militar, todos habían salido escaldados del levantamiento militar de Semana Santa, que había colocado a Rico en el pedestal del liderazgo carapintada, como eran conocidos los sublevados desde la primera rebelión militar de abril de 1987. El de Rico era un pedestal acaso de cartón pintado, pero pedestal al fin.

Rico se había marchado a Corrientes, a sublevar el Regimiento de Infantería 4 de esa localidad en nombre de la dignidad del Ejército a la que decía representar, para salvar en parte su carrera militar, ya condenada a la destitución y, de paso, para forzar un cambio en la jefatura del Ejército que reemplazara a “los generales gordos” o “caralavadas”, como llamaban los sublevados a la jerarquía militar de la época y, a ser posible, a forzar un golpe de Estado contra el gobierno que, sostenía la hipótesis carapintada, los perseguía.

En esa supuesta persecución, los carapintadas incluían los juicios a los militares acusados de crímenes contra la humanidad durante la represión al terrorismo de los años 70. En 1985, la Justicia había condenado a seis de los nueve miembros de las primeras tres juntas militares del “Proceso de Reorganización Nacional”. Esa sentencia, en su punto 30, había abierto la puerta a que fuesen denunciados los oficiales de menor jerarquía a la de comandantes, que hubiesen cometidos delitos aberrantes, como habían revelado los estremecedores testimonios durante el juicio a las Juntas.

El alzamiento de enero de 1988 en Monte Caseros terminó pronto y mal para los sublevados. Rico se rindió el 18 de enero, hace treinta y cinco años, después de lograr que apenas se unieran a su intentona tres unidades militares y un comodoro de la Fuerza Aérea, Luis Estrella, que tomó el Aeroparque y fue desalojado por la policía. Con los años, Estrella sería condenado por el asesinato en La Rioja del obispo Enrique Angelelli, en agosto de 1976.

Es imposible recordar Monte Caseros sin hablar de Semana Santa y de la singular figura de Rico. Era en aquellos años un poco patético, dicho esto con simpatía. Sentía, o decía sentir, un profundo desprecio por la sociedad civil; su insulto preferido, “miserable”, signaba sus declaraciones y era el calificativo preferido que encerraba su visión, acaso estrecha, del mundo no militar, amplio, próspero y fructífero. Solía usar también otro calificativo teñido por el menosprecio: “pusilánime”. Y si a este último adjetivo, le agregaba “zurdito”, para colocar a su ocasional oponente en un diálogo, o a un lejano antagonista, o a una figura discrepante, o rival en la cumbre del descrédito y la deshonra, el otro quedaba liquidado. Se oponía con tesón a la democracia liberal y a la socialdemocracia, que también hoy tiene sus insultantes detractores. No hace mucho, en ocasión de un debate por la película Argentina 1985, el ex jefe del ejército, teniente general Martín Balza, reveló que, en aquellos cuarteles, se hablaba de Alfonsín como del “anticristo”.

Y todo, insultos y definiciones contundentes, lo hacía Rico con una mueca que, en el ámbito militar, se conoce, o solía conocerse, como “poner cara de guerra”. Una tontería grande como un pino que consistía en fabricar un ligero promentonismo, elevar el labio para dejar al descubierto los dientes superiores y deslizar las frases con un ronquido, también fabricado, como de papel de lija en la garganta. Se suponía que eso infundía temor. Rico también se jactaba de haber comido serpientes en sus ejercicios como miembro del grupo de comandos del Ejército, como si el valor de un soldado en combate dependiera de su cena. Había combatido en Malvinas y sus anhelos políticos, remover al jefe del Ejército y que fuese nombrado un general afín a los carapintadas, forzar un golpe de Estado, terminar con los juicios a militares y aumento presupuestario, entre otras demandas, latía bajo la cobertura de la guerra de Malvinas, en la que habían combatido muchos de los sublevados.

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La rebelión de Semana Santa estalló en abril de 1987, cuando ya Alfonsín había anunciado, o prefigurado, lo que sería luego la ley de Obediencia Debida, y cuando regía, desde diciembre de 1986, la Ley de Punto Final. La nueva ley establecería tres niveles de responsabilidad penal para los delitos cometidos durante la represión al terrorismo: quienes por su responsabilidad política habían puesto en marcha la metodología; otro tipo de responsabilidad para quienes se habían excedido en el cumplimiento de esas órdenes y un tercer nivel, para quienes las habían cumplido “en circunstancias tales que prácticamente constituían una coerción”.

El llamado a declarar ante la justicia cordobesa al entonces mayor Ernesto “Nabo” Barreiro y su negativa a presentarse ante los tribunales, desató la rebelión. Barreiro estaba acusado de graves delitos contra la humanidad, cometidos la mayoría en el centro clandestino de detención cordobés La Perla, en dependencias del Tercer Cuerpo de Ejército. Fue condenado a cadena perpetua por 228 secuestros, 211 tormentos, 65 homicidios calificados, 13 tormentos seguidos de muerte y el robo de un menor de diez años. En 2019 se le otorgó la prisión domiciliaria.

También eso se jugaba en cada rebelión carapintada. Barreiro se refugió en la 14 Brigada de Infantería de Córdoba, al amparo de su jefe, el coronel Luis Polo, que adhería a los carapintadas y siguió a Aldo Rico en su posterior aventura política como líder del MODIN, Movimiento por la Dignidad y la Independencia. Mientras Barreiro huía de su refugio militar, en aquellos días se dijo que bajo el amparo del cardenal Raúl Primatesta, en Campo de Mayo, Rico y su estado mayor, los tenientes coroneles Enrique Venturino y Gustavo Martínez Zuviría y el mayor Gustavo Breide Obeid, sublevaron a la Escuela de Infantería.

Una enorme movilización popular copó las calles de la Capital y la Plaza de Mayo, con la intención de marchar en masa a Campo de Mayo. Fue Alfonsín quien anunció en aquel domingo de Pascua que iba a dialogar con los sublevados para exigir el fin del amotinamiento. Los rebeldes ya habían hecho saber sus demandas al entonces ministro de Defensa, Horacio Jaunarena: el retiro del jefe del Ejército, Héctor Ríos Hereñú, el nombramiento de un nuevo jefe del Ejército de entre una lista de cinco candidatos propuestos por los rebeldes, amnistía general, cese de la campaña en los medios contra las fuerzas armadas, aumento del presupuesto y que los rebeldes no fuesen castigados. Jaunarena había dado como respuesta: que Ríos Hereñú ya había anunciado su renuncia cuando terminara el motín; que el Presidente había anunciado ya un proyecto de ley de Obediencia Debida; que el gobierno no dirigía los medios de comunicación; que el presupuesto militar debía contemplar las demandas de todos los sectores y que la Justicia ya intervenía por el alzamiento y sería la que iba a resolver el destino de los sublevados.

Rico reiteró sus demandas ante Alfonsín y recibió igual respuesta. Los testigos de aquel encuentro, en especial el brigadier Héctor Panzardi, jefe de la Casa Militar, afirmó que en todo momento Rico trató a Alfonsín como Presidente de la Nación. En su libro El planisferio invertido, Pablo Gerchunoff afirma que Rico dijo al entrar a la sala de la Dirección de Institutos Militares donde se iba a reunir Alfonsín con los rebeldes, “Permiso, señor Presidente” y arriesga que en ese momento Alfonsín supo que no habría golpe de Estado. Panzardi afirmó también que Rico hizo callar a un oficial que lo acompañaba cuanto este trató mal al Presidente. Panzardi no lo identificó, pero la hipótesis sugiere que fue Venturino: no había mucha gente en esa tensa reunión. Alfonsín dijo a Rico que los sublevados iban a ser castigados. Después entró a la sala el edecán de Alfonsín, coronel Julio Hang, que dijo a Rico que la sublevación sería encuadrada como motín, lo que auguraba un juicio militar y no civil. Rico dijo que su intención no era la de alterar el orden constitucional, que todo era un problema interno del Ejército y se puso a disposición de las autoridades.

Rico fue juzgado por un tribunal militar y encarcelado en la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo. El nuevo jefe del Ejército, teniente general Dante Caridi, no era carapintada. Los sublevados no habían conseguido una de sus demandas. Pero sí lo era el número dos de la fuerza, general Fausto González, a quien Caridi pasó a retiro casi de inmediato, en julio de ese año. El 30 de diciembre de 1987, ocho meses después de Semana Santa, el fiscal militar atenuó los cargos contra Rico y le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, a cumplir en Los Fresnos. El beneficio tenía una condición: el pase a retiro de Rico, que no la aceptó, o sí la acepto y después quebró el acuerdo. Dos semanas después, el destino del detenido en casa era un misterio.

De aquellos lodos nació la segunda sublevación carapintada. Rico marchó a Corrientes, a sublevar el Regimiento de Infantería 4, a salvar acaso su destino militar, que ya estaba jugado, no podía ignorarlo, a jaquear de nuevo al gobierno con la mentira que afirmaba que no era una acción contra las instituciones sino un problema del Ejército. Se presentó por radiograma a todas las unidades del país como el líder de un “Ejército Nacional en operaciones”, y reclamó el cumplimiento del acuerdo, o supuesto acuerdo, con Alfonsín. Los testigos de aquella charla hablan más bien de la sumisión de Rico a la autoridad presidencial, más que de un acuerdo entre pares.

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Ante la fuga, Caridi declaró a Rico en rebelión y el ministerio del Interior ordenó su captura. Pero Rico sabía cuáles resortes tocar. El regimiento de Monte Caseros estaba a cargo del mayor Jorge Jándula porque el jefe de la unidad, teniente coronel Héctor Álvarez de Igarzábal, estaba de vacaciones en las sierras de Córdoba y se reintegraba el 20 de enero. El regalito que recibió con Rico sublevado no lo sorprendió demasiado: adhería al planteo rebelde, bautizado como Operación Dignidad, al igual que el segundo jefe, mayor Jándula, que había combatido con Rico en Malvinas.

Los verdaderos sorprendidos fueron los habitantes de Monte Caseros, una ciudad tranquila, pacífica, turística que se vio envuelta de golpe en la música áspera de los sables y las bayonetas, y en el alboroto verbenero desatado por los medios que llegaron en masa a esa ciudad, una de los seis puntos del país que comparten frontera con Uruguay y Brasil.

Las autoridades locales también reaccionaron ante la intentona militar: abrieron las puertas de la Municipalidad y convocaron a los ciudadanos. Notaron, con cierta inquietud, que un jeep del Ejército rondaba la plaza principal, vuelta tras vuelta. Después supieron que los sublevados a bordo intentaban pedirles prestado un mimeógrafo; un aparato en el que el municipio imprimía el Boletín Oficial y los comunicados esenciales y en el que los rebeldes pretendían imprimir ellos la proclama revolucionaria que iba a hacer saber a la comunidad cuáles eran sus intenciones. No hubo préstamo y la virtual cesación de mimeógrafo en las fuerzas rebeldes acaso haya contribuido al fracaso de la intentona.

Si Rico esperaba una adhesión masiva a su aventura, debe haber sentido cierta decepción. Tres unidades de San Luis, Tucumán y San Juan adhirieron a su nuevo planteo, que esta vez fue reprimido por tropas del Segundo Cuerpo de Ejército. No hubo combates, no hubo batallas épicas, en un gesto de estrategia sobreactuada, los rebeldes, que habían cortado todas las comunicaciones de Monte Caseros, volaron también el puente sobre el arroyo Timboy, en la ruta 33, a pocos kilómetros de la ciudad. Pero bastó el estallido de una mina rebelde en la ruta 25, que hirió de gravedad a tres oficiales leales, para poner fin a la aventurade Rico, que entendió enseguida que esos heridos y esa sangre bloqueaban ya cualquier adhesión militar a su intentona

Antes, en la tarde del 17, ante la prensa siempre ávida de sus declaraciones pomposas, enarboló una frase que traza el ADN de su personalidad. Le preguntaron si había dudado, o si dudaba, del paso dado. Y Rico contestó: “Yo no dudo. La duda es la jactancia de los intelectuales”. Esa mentalidad había mantenido en vilo al país durante casi un año. Los carapintadas, ya sin Rico y con el liderazgo del coronel Mohamed Seineldín, encararían otra rebelión, en diciembre de 1990. Pero esa es otra historia.

Rico fue a parar a la prisión militar de Magdalena. El 7 de octubre de 1989, el flamante presidente Carlos Menem firmó cuatro decretos que indultaban a doscientos veinte miliares y a setenta civiles, entre quienes se hallaba Aldo Rico. Se lanzó a la política que tanto detestaba, o decía detestar, como líder del MODIN, Movimiento por la Dignidad y la Independencia, y fue electo diputado en 1991. Fue miembro de la Convención Constituyente que reformó la Constitución en 1994 y aliado de Eduardo Duhalde. En 1997 fue intendente de San Miguel y en 1999 el gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf lo nombró ministro de Seguridad Bonaerense, pero fue despedido cuatro meses después en medio de un escándalo: aseguró que el ex represor Carlos “El Indio” Castillo era custodio del presidente Fernando De la Rúa, pese a la desmentida del ministerio del Interior. En 2011 anunció que sería candidato a intendente se San Miguel por el kirchnerista Frente para la Victoria, pero luego lo hizo como candidato de la Unión Popular de Eduardo Duhalde.

Sobre finales del año pasado, publicó un video en el que llamó a las fuerzas armadas a “organizarse” porque “la Patria está en peligro”, en abierta crítica al gobierno de Alberto Fernández. “Las circunstancias de violencia se van a profundizar -dijo entonces Rico- Estamos en manos en un grupo de personas que nos quieren arrastrar a Venezuela, Irán o Cuba. La sociedad no está dispuesta a tolerarlo. Nosotros, que hemos luchado por la Patria, que tenemos compañeros muertos por la Patria o prisioneros, no podemos estar ausentes (…) Es un llamado a reunión antes de las crisis. Hoy, la Patria es una anarquía y no hay Gobierno”

En la historia de su agitada vida militar queda como una joya en bruto otro de los desplantes lanzados en los días tensos y rocambolescos de Monte Caseros. El 17 de enero le preguntaron a Rico si pensaba en rendirse. Y contestó: “Yo tengo sangre asturiana y gallega. Esa sangre no se rinde”.

Rico se rindió al día siguiente, a las cinco y media de la tarde.

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