La lucha de los Lanús-Moreno Vivot para que la Justicia no les saque al niño que criaron

Pablo Lanús y Elena Moreno Vivot son padres de cinco hijos: Alfonso, Catalina, Marcos, Mateo y Santiago. El 7 de enero, Santiago, de seis años, falleció por el golpe de una rama que se desprendió del árbol bajo el cual comían con otros familiares, como siempre, en un campo de General Madariaga. Pablo y Elena entraron en shock. Lo llevó al hospital el tío del nene, Eduardo “Coco” Oderigo, fundador de Espartanos, la organización que usa el rugby y la espiritualidad para acompañar a personas privadas de su libertad. Los médicos intentaron reanimarlo, pero no se pudo hacer nada.

La solidaridad y la fe son centrales en la vida de esta familia. En diálogo con Infobae, un allegado cuenta que “la mirada sobrenatural de Pablo y Elena los llevó a pensar que esta es la forma que tuvo Santi de ayudar a que el caso se conozca”. Porque esto no empezó ahora. La demanda de adopción para convertirse en los papás de “José” (resguardamos su nombre real), el nene de casi cuatro años al que criaron como familia de tránsito desde los cuatro meses de vida, se inició a fines de 2021. “Veníamos pensando en contar la historia antes y nos terminamos de decidir después de lo de Santi”, relata este familiar.

¿Y cómo es la historia? En marzo de 2019, Pablo y Elena se animaron a convertirse en una familia de tránsito y contactaron a un hogar de San Isidro para niños y niñas. “Nunca pensaron en adoptar”, dicen desde el entorno. “Eso estuvo claro desde el principio. Ellos nunca fueron de la idea de adoptar. Tenían cinco hijos. Lo tomaron como un proyecto familiar de seis meses a un año, como un ejemplo de compromiso para sus hijos”.

El procedimiento, regulado por las leyes de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, permite que una familia (también llamada de “acogimiento” o “abrigo”) aloje o cuide a niños y niñas de manera transitoria y excepcional hasta que un juez o jueza ordena que vuelvan con su familia de origen o bien declara su situación de adoptabilidad. Es un modo de reemplazar los clásicos hogares, sobre todo en el caso de los más pequeños, que requieren mayor estimulación y un contacto más cercano.

Las medidas de abrigo deben durar, por ley, un máximo de 180 días. Pero esto rara vez ocurre. ¿Por qué? El problema no es que la Justicia sea lenta o vaga, como solemos pensar, sino que son casos complejísimos. No hay soluciones únicas y es difícil determinar qué es lo mejor para el interés del niño o niña. Se requieren informes de todo tipo, detalles, opiniones de distintos especialistas, dictámenes del asesor o asesora de menores, etc. La decisión de separar a una persona de su familia biológica no es sencilla, suele haber idas y vueltas (por ejemplo, porque los padres o madres con consumos problemáticos de sustancias tienen períodos de recuperación y de recaídas) y, además, hay que priorizar a la familia extendida. Todo esto no se hace en seis meses.

En el caso de José, hubo un detalle adicional: la pandemia. Elena y Pablo recibieron al bebé, por entonces de cuatro meses, en agosto de 2019. En marzo de 2020 comenzó el aislamiento por Covid-19. Todo se demoró y la adoptabilidad del nene se resolvió recién a fines de 2021. “Por un montón de circunstancias, de errores, del hogar que estuvo sobrepasado en la pandemia y perdió contacto con José, de la Justicia que demoró en decidir la adoptabilidad, de la familia biológica, de cosas que hicieron los adultos, los seis meses que establece la ley se convirtieron en tres años y medio”, le dijo a Infobae un familiar de los Lanús-Moreno Vivot.

En este tiempo, el niño naturalmente se convirtió en un integrante más de la casa. Aprendió a caminar, dijo “mamá” y “papá”, se crio con otros niños a los que vivenció como sus hermanos (en especial a Santi, el más pequeño, que falleció), fue al mismo colegio que los hijos del matrimonio y recibió atención neurológica y de estimulación porque tiene un retraso madurativo.

Esta es la razón por la que Elena y Pablo decidieron pedir la adopción de José. Creen que, al haber pasado tanto tiempo, el nene estableció un apego tal a la familia que separarlo ahora implicaría un nuevo desgarro en su vida que lo afectaría de manera irremediable. “Esto no se trata de ellos”, explica la familia. El segundo año lo llevaban dos veces por semana al hogar porque con cinco hijos en la pandemia estaban sobrepasados. “Es una prueba clara de que nunca pensaron en adoptar”, dicen, “pero acá no estamos buscando defender el derecho de ellos, sino el interés superior de José”.

De hecho, los Lanús-Moreno Vivot están de acuerdo con la regla legal que prohíbe que las familias adopten a niños y niñas que reciben en tránsito. “Elena y Pablo están a favor de que no se permita la entrega directa porque el sistema está pensado así para priorizar el interés de los chicos. Si se habilitara siempre, mucha gente se anotaría para guarda de tránsito y la convertiría después en una adopción evitando los controles debidos, incluso con el riesgo de que haya dinero de por medio”, refieren desde el entorno familiar.

Lo que plantean es que, como se hizo en muchos otros casos (incluso hay antecedentes de la Corte Suprema), se atienda a la especial situación de José y, como excepción a la prohibición referida, se les otorgue la guarda con fines de adopción aunque hayan sido su familia de tránsito. No pretenden que esto sea automático. Solo piden que se analice la complejidad del caso, que se hagan todos los informes socioambientales correspondientes y, sobre todo, que se escuche al niño.

“La asesora de menores nunca se juntó con José para ver su situación, conocer a la familia y entender el contexto y las particularidades del caso”, dijo el allegado al matrimonio en diálogo con este medio. Inicialmente, una jueza de primera instancia mandó a hacer una serie de informes con intervención de una asistente social, una psicóloga y una psiquiatra que, según la familia, fueron concluyentes en cuanto a que los Lanús-Moreno Vivot están preparados para ahijar a José y que un nuevo desgarro sería perjudicial para él.

Pero la asesora, que representa el interés de los menores de edad, llevó el caso a la Cámara de Apelaciones y comenzó a intervenir una nueva jueza que se apegó a la letra fría de la ley: las familias en tránsito no pueden convertirse en adoptantes. Con ese criterio, ordenó que Elena y Pablo entregaran de inmediato a José al hogar de niños y niñas, donde dispuso que podrían visitarlo. Pero a fines de 2022 el hogar dijo que no tenía vacantes y que tampoco estaba dispuesto a recibir visitas de la familia de tránsito. Desde entonces, la cuestión está en una suerte de limbo y en el juzgado ahora hay un magistrado de turno por la feria judicial.

“Entendemos la posición de la Justicia, entendemos la posición del hogar (que hace un trabajo espectacular más allá de que se pueda estar equivocando en este caso) y defendemos la regla general de la ley para que no se falsee el sistema”, dice el entorno de los Lanús-Moreno Vivot. “Solo pedimos que se escuche al niño y que se priorice su interés. No el de Pablo, no el de Elena ni el de quienes están en lista de espera para ser padres. Queremos que se decida lo mejor para José y creemos que eso es quedarse en esta familia”.

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