Niñas, no rehenes: tiene 12 años, fue violada por su padre, pidió interrumpir el embarazo, pero fue interceptada por una organización

Una niña dibuja. Usa los colores para imaginarse cielos. Pide un deseo: volver a la pileta. Ella quiere chapotear con sus amigos en la colonia de verano. Empezar un año nuevo que terminó de la peor manera. Quiere cerrar los ojos y cuidarse de que no la salpiquen o subir los pies para tirarse de palito y caer al agua mientras las piernas se deslizan en cámara lenta y toman impulso para volver a salir a la superficie. Ella pinta un futuro en el que sale a flote.

Se imagina cansada y casi dormida por el sol en su piel. Quiere acostarse rendida para volver a levantarse y caer contra la superficie líquida en una fiesta interminable de subidas y bajadas. Ella es una niña que dibuja, pinta y juega. Quiere volver a la colonia y nadar en la pileta como el resto de los chicos y chicas de su edad. Ella quiere que los golpes de la vida estén amortiguados por el agua que todo lo calma y envueltos por la rutina de la colonia en donde es una niña más que puede volver a decir su nombre solo para pedir chocolatada o helado y decir presente entre las actividades de verano.

Ella es una niña y tiene derecho a seguir siendo una niña. Estuvo internada en la sala de pediatría de un hospital de Santa Fe (se reservan los datos de su nombre para que nadie vuelva a intentar interrumpir su niñez con señalamientos ni condicionamientos) en donde escucharon su pedido enmarcado por la ley 27.610 y le practicaron la intervención que solicitó junto a su madre.

La niña fue violada por su progenitor y pidió a las autoridades sanitarias interrumpir el embarazo. No quería que se le note la panza y le daba vergüenza que sus compañeros la vean como a una adulta embarazada. No quería perpetuar las huellas de la agresión en su cuerpo y en su vida. Pidió seguir jugando. Pero, en vez de recibir la atención adecuada sin inconvenientes, su caso fue difundido y la interceptaron durante fin de año.

Ella ya tenía cita para el hospital, pero su pedido fue interrumpido por una intervención extralimitada de una organización anti derechos que intentó disuadirla y evitar la intervención y en el que sus integrantes, además, insultaron y calificaron de “asesina” a las médicas intervinientes que estaban a cargo del seguimiento del caso.

La niña, finalmente, accedió al derecho de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que, antes de la ley, ya existía en el Código Penal (de 1921) y que, además, había sido refrendado por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2012, para casos de violación y, específicamente, de menores de edad embarazadas por una violación. Sin embargo, su derecho fue obstaculizado.

La periodista Bárbara Favant informó que “la niña fue abusada, en reiteradas ocasiones, por parte de su padre (Gustavo Miguel A.)” que también era violento con su madre y que ambas viven en un paraje rural en una situación económica muy vulnerable. El agresor estuvo prófugo hasta el lunes 2 en el que fue arrestado y el miércoles 4 fue imputado por la Unidad Fiscal de Género Familiar y Sexual. La fiscal Alejandra del Río Ayala lo imputó por abuso sexual agravado después de una audiencia en Tribunales de Santa Fe.

La niña fue a ver a una médica el 28 de diciembre, acompañada de su mamá y ella le brindó tres opciones: continuar con el embarazo y convertirse en madre, continuar con el embarazo y darlo en adopción e interrumpir el embarazo. “Jamás se la indujo a abortar”, resalta una fuente sanitaria. Y acentúa: “Se le brindó toda la información disponible sobre las diferentes opciones. La niña pidió que le realicen un aborto y la madre dijo que nunca podría criar un hijo de su hija y de su ex pareja”.

Sin embargo, una vecina se enteró de la situación, le contó al cura del puebloy se empezó a mandar una cadena de watsap pidiendo una cadena de oración que no respeto el derecho a la privacidad y vulneró los derechos de la niña. “Ya tiene padres adoptivos esperando”, festejaban en un spam por la red social en donde enumeraban donaciones y se alistaban a preparar un bautismo no consentido.

Esa cadena generó que la organización Grávida se buscara a la madre en una casa humilde en una zona rural en la que viven expuestas a multiples fragilidades. La organización religiosa alega que se acercaron para darles toda la información disponible, sin infringir los derechos de la niña y las leyes vigentes. Pero, una persona allegada a la familia detalla que las asustaron con información no científica, ni válida y que su accionar habría dilatado la intervención: “Ellos dijeron que en el hospital le mintieron y que la niña iba a morir desangrada por el aborto y que, en cambio, parir no tenía riesgos y ellos se ocuparían de dar en adopción al bebé”.

En las cadenas de watsap aseguraban que ya había una pareja dispuesta a adoptar. En principio, si una mujer quiere dar un bebé para ser críado por otra familia está en todo su derecho y es un mecanismo regulado por el Estado. Pero el mercado de parejas o personas en lista de espera en el sistema público de adopción tiene más demanda que oferta y es muy riesgoso que se busque a niñas para satisfacer las demandas de quienes quieren tener un hijo/a a costa de usar de incubadora el cuerpo de una niña.

Por otro lado, cercenar el derecho de una niña a interrumpir un embarazo y pedirle que deje de ir a la colonia, a la escuela o de vivir su infancia por complacer a una pareja adulta que quiere adoptar es una práctica peligrosa que, en otros tiempos, se alentó a través de la venta de bebés o de la supresión de identidad de niñas, adolescentes y mujeres vulnerables, especialmente de Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero.

En Gravida alegaron que la madre llego a la institución con consentimiento. “Ella subió al auto por su propia voluntad pero por miedo a que su hija se muriera si se hacía el aborto. De hecho, cuando fueron recuperadas la mamá reiteró la pregunta por los riesgos de la interrupción y, con la información precisa, volvió a pedir que se practique el aborto. Pero la manejaron con el miedo”, determina una fuente del área de salud provincial.

El martes 3 de enero la policía fue a buscar a la niña, con una orden judicial, a una casa vinculada con Grávida, según publica el diario El Litoral. En un comunicado de prensa la entidad se defendió: “¿Podemos decir que se forzó a alguien cuando fueron las personas las que eligieron recibir la ayuda ofrecida por parte de Grávida? Desde el primer encuentro, se fue dejando en claro que se estaría acompañando, ofreciendo alternativas, poniéndonos a disposición, con absoluto respeto de las decisiones que se fueron tomando”. Y se explaya: “Reafirmamos que el trabajo de Grávida respeta la libertad de las personas. Nuestro servicio se basa en contener y acompañar (…). Y ha sido esa ayuda, respetuosa, personalizada y dialogada la que se aplicó en cada paso de nuestra intervención”.

“Desde los equipos de salud duele que acusen de mentir y manipular cuando son sus métodos, no los nuestros”, contestan. Incluso, a pesar del comunicado de prensa que demuestra una actitud pacífica y respetuosa de la voluntad individual y del trabajo del personal de salud, una médica fue acusada de “asesina” cuando llamo por teléfono a la mamá y le sacaron el teléfono que contestó otra persona.

A partir de eso, la Campaña por el Derecho al Aborto, Regional Santa Fe, pidi+o que se investigue si la organización “quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo” en el procedimiento en el que terminó en la “Casa Hermanas de Betania”. “Exigimos que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió en la violación del Art. 47, inc. C. de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10 y, de ser así, que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento”, solicitaron en un documento.

La intervención de la organización no fue inocua: intentó culpabilizarla y asustarla. A pesar de eso, la niña pidió a las médicas expresamente “volver a jugar, ir a la pileta y que no se le notara la panza porque le daba vergüenza con sus compañeros”. Ella ya está bien. En Argentina se garantizaron sus derechos, su deseo y se redujo el daño del abuso. Es importante cuidarla, que haya justicia y que las niñas, después de un abuso, no sean revictimizadas por nada, ni por nadie.

El 19 de diciembre la madre realizo la denuncia policial. Había llevado a su hija a un centro de salud y le habían informado que su hija estaba embarazada. Ella contó que su progenitor la había abusado. En menos de diez días pidió que se le practique un aborto legal, seguro y gratuito. “El 27 de diciembre la madre de la niña realizó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo por abuso. Se le dio un turno el 28 de diciembre para que sea evaluada en la localidad más cercana a su casa y se le informó de todas las opciones posibles.

Cuando, finalmente, después de un operativo policial, la nena llegó al hospital “se le iluminó la cara”. Se la dejo descansar en pediatría y se puso a pintar y a dibujar. Además, fue contenida por el equipo de salud mental. Estuvo acompañada amorosamente para que pueda seguir creciendo en libertad y terminar de vivir su infancia sin que le arrebaten su futuro aunque la hayan lastimado en el pasado. “Se respetó su decisión”, resaltan.

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