A dos años de la sanción de la ley del aborto legal: el desafío de mejorar la calidad del acceso al derecho

“Hola Gise. Te escribo yo porque mi mamá está como en shock no para de llorar, se hizo un test de embarazo y le dio positivo, no quiere tenerlo. ¿La podes ayudar?” “Hola. Necesito tu ayuda. Tengo un problema, me hice la ecografía y estoy embarazada. Sabes que ahora no voy a poder seguir. Estoy rota”. “Gi, cómo andas. Quería consultarte. Tengo una amiga que está embarazada ya del cuarto hijo pero no lo quiere tener. ¿Vos podés ayudarme en eso para ella?”

El celular de Gisela Stablun acumula mensajes para no olvidar. Como médica, integrante de la Colectiva de salud feminista Irma Carrica y parte de la Red de profesionales por el derecho a decidir, comenzó a acompañar interrupciones de embarazo desde un centro de salud cuando en el país ni siquiera regía el fallo de la Corte Suprema - conocido como “fallo F.A.L”- que en 2012 resolvió como no punible la interrupción de un embarazo producto de una violación y exhortó a implementar protocolos hospitalarios.

“Me llegaban constantemente mensajes y desesperados pedidos de ayuda por redes sociales o al teléfono. Al principio el contexto era muy diferente porque solamente podíamos hacer consejerías en reducción de riesgos y daños. O sea, brindábamos información de cómo interrumpir un embarazo en forma segura pero no garantizábamos la receta ni la medicación. Fueron momentos de angustia, muy difíciles de procesar y de resolver. Hoy casi no llegan mensajes porque tenemos ley. Por eso los dos años se celebran. Decidir sobre nuestros cuerpos ya no es un delito, es nuestro derecho”, dice Gisela fuerte y claro. Y sonríe.

El 30 de diciembre se convirtió en una fecha histórica en la Argentina: hoy se cumplen dos años de la sanción de la ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto.

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La ley establece una mixtura de plazos y causales y concede el derecho de personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo, sin tener que compartir motivos, hasta la semana 14 ─inclusive─ del proceso gestacional. Este derecho coexiste con un sistema de causales que indica que, independientemente de la edad gestacional, la persona gestante puede interrumpir el embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o su salud (ILE).

Según registros de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) -responsable de la implementación efectiva de la ley, en conjunto con las direcciones y programas provinciales de salud sexual y reproductiva de las 24 jurisdicciones-, durante 2021 se practicaron 73.487 abortos en el sistema público nacional de salud. Y entre enero y septiembre de 2022 se informaron casi 60 mil prestaciones, en sintonía con los protocolos, las directrices y las recomendaciones.

“No es solo llegar al procedimiento sino que ese procedimiento sea cada vez de mayor calidad, más sencillo, más accesible y acompañado”, remarcó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, durante un encuentro en Casa Rosada donde se compartieron los principales avances y desafíos de la puesta en marcha de la 27.610.

Vizzotti también destacó que ya son 1437 los centros de salud y hospitales públicos que garantizan ILEs e IVEs en el país, cuando en 2020 eran 907. Y que fueron 187 las personas gestantes que pudieron abortar a partir de la articulación entre las provincias y la DNSSR para sortear barreras y/o situaciones de mayor complejidad.

“Detrás de los números hay personas que accedieron a un derecho, y hay personas que trabajaron para que se pueda acceder a esos derechos. Tenemos una ley que se consiguió durante la pandemia gracias a la lucha de los movimientos feministas en las calles y a la voluntad política de este gobierno. Es una ley muy importante para la Argentina y para la región, porque abre caminos y es modelo a nivel mundial”.

En el mismo evento, Vilma Ibarra -secretaria Legal y Técnica y una de las redactoras del proyecto de ley- hizo hincapié en la fortaleza de la norma: “Yo creo que la ley es muy poderosa porque recogió nuestra trayectoria social y política, nuestras experiencias de 2018, recogió los estándares internacionales, y porque la redactamos pensando en los embates judiciales que sabíamos que íbamos a tener y mirando los votos que necesitábamos juntar en el Congreso. La ley no obliga a nadie, pero permite reconocer y proteger derechos que nos fueron negados. Nosotras defendemos la vida y lo que logramos no va para atrás”.

Abortos de calidad

Pero a dos años de la conquista de un derecho que ubicó a la Argentina entre los 75 países del mundo que más protegen la vida de las mujeres, todavía se producen dilaciones innecesarias cuando una persona demanda un aborto y se realizan procedimientos no recomendados en los protocolos oficiales.

En ese marco, el Proyecto Mirar -iniciativa del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health que monitorea la aplicación de la 27.610- puso esta vez el foco en la calidad de los servicios de aborto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad se define como una atención que es eficaz, eficiente, accesible, aceptable/centrada en la/el paciente, equitativa y segura.

Para Mercedes Krause, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CEDES y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la calidad es con derechos: “Se abre una etapa en la que debería abordarse la calidad de los servicios como un aspecto crítico de la política de acceso al aborto. El cómo se accede al aborto importa. Desde antes de dirigirte a un servicio de salud, según la información con la que contás, hasta la atención posaborto y el acceso a métodos anticonceptivos. Durante todo el proceso deberían garantizarse los procedimientos más seguros y eficaces, con personal capacitado, con los insumos e infraestructura disponibles lo más cerca de las personas. Pero a la vez generando un trato respetuoso, una comunicación atenta y una transparencia activa para ofrecer el derecho a interrumpir un embarazo”.

El reporte “Calidad: el desafío a dos años de la Ley de Aborto”, presentado por Proyecto Mirar, identificó síntomas de avances para asegurar la calidad en la provisión de los abortos.

En primer lugar, en 2021 la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva distribuyó 74.071 tratamientos de misoprostol: cuatro veces más que durante 2020. La interrupción de un embarazo con el medicamento misoprostol tiene una eficacia de entre el 85 y el 90%. A esa cifra se le sumó la distribución del combipack o tratamiento combinado de mifepristona y misoprostol, la segunda forma segura de lograr un aborto completo en el 98% de las situaciones, con menor tiempo de sangrado, menos dolor y efectos secundarios que el tratamiento con misoprostol solo.

En el año que termina, además, se pusieron en marcha nuevos procesos de producción de los medicamentos misoprostol y mifepristona en laboratorios públicos del país, a favor de la soberanía sanitaria.

Así lo explicó la ministra Vizzotti: “Es de suma importancia que Argentina tenga laboratorios públicos de producción de medicamentos relevantes para las políticas públicas, porque eso hace que no dependamos del interés del mercado. Es una decisión política que contemos con 49 laboratorios en provincias, que tres produzcan misoprostol y que otro en Santa Fe esté avanzando en la producción de mifepristona”.

El documento del Proyecto Mirar resalta especialmente el cambio de paradigma que trajo la norma sancionada a fines de diciembre de 2020 por el Congreso argentino. Las mujeres y personas con capacidad de gestar saben que tienen derecho a abortar y se sienten con el derecho a reclamar a los hospitales e inclusive a los lugares privados. La creciente conciencia legal motivó una apropiación subjetiva del derecho.

En palabras de Krause: “Se produjo una apropiación subjetiva de los términos de la ley, tanto por parte de las personas que buscan abortar y ven cada vez más la interrupción del embarazo como un derecho, una opción legítima; como también por parte de los servicios de salud, en los que se busca dejar atrás el modelo de excepcionalidad y respetar cada vez más la autonomía de las personas usuarias. Una mayor tranquilidad por parte de ambas partes afecta positivamente la calidad en la atención de los abortos”.

Con relación a los abordajes de los equipos de salud opina, en diálogo con Infobae, Sandra Vázquez, Directora Ejecutiva de Grupo FUSA: “Las camadas de residentes de los últimos tres o cuatro años vienen con la idea de que la IVE es un servicio más que hay que brindar, igual que la ligadura tubaria por ejemplo. Se está notando un cambio, sobre todo en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Tengo esperanza, entonces, de que en próximos años, si esta evolución sigue y no hacemos marcha atrás con algo, no va a importar tanto que haya algún objetor de conciencia porque vamos a tener a cinco que no lo son”.

Carrera de obstáculos

Los registros desglosados de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva muestran las desigualdades entre territorios para acceder al derecho. Así, mientras en Buenos Aires se informó -al 31 de julio de 2022- la realización de 33.147 IVE/ILE y en CABA, 8.847; la provincia de Formosa contó 273 prácticas, Santa Cruz 278, y Tierra del Fuego 343.

Según el reporte del Proyecto Mirar, para llegar a donde hace falta el primer paso es identificar personas, grupos y poblaciones vulnerables en el acceso al derecho a la salud sexual en general, y al aborto en particular. Entre los factores a atender para garantizar un acceso equitativo y de calidad surge la necesidad de una comunicación más inclusiva (a partir de la difusión de información en diferentes lenguas o sistemas de escritura, por ejemplo), accesibilidad geográfica y consejerías personalizadas que puedan adaptar los procesos a las variadas situaciones socio-familiares y económicas que surjan.

Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES, describe la foto desigual: “Como cualquier política sanitaria, la ley 27610 propone una curva de aprendizaje. Y en los primeros años hay idas, vueltas y ritmos de implementación distintos. Eso es claramente observable en la Argentina, donde tenemos un panorama desigual en la implementación de la ley en detrimento de los lugares más alejados de las ciudades capitales donde es más difícil acceder a un aborto, en detrimento de algunos grupos poblaciones en particular como las adolescentes o las niñas abusadas sexualmente que requieren un aborto; o las poblaciones migrantes. Todo eso necesita de un cierto tiempo, que no debe ser mucho y que nos debe tener vigilantes identificando los problemas, reclamando por soluciones y empujando las acciones para que la política se encarrile lo más pronto posible”.

El uso de tecnología riesgosa y obsoleta es otro de los aspectos a erradicar para que el derecho a decidir sea respetado de forma integral. Es que se siguen realizando legrados para terminar el procedimiento de aborto aunque no están recomendados por el protocolo nacional y, en cambio, no se fomenta como opción la aspiración manual endouterina (AMEU) con más capacitaciones y estrategias.

Urge, asimismo, acabar con las rutas de atención poco claras de algunos servicios de salud que, como consecuencia, suelen demandar más procedimientos de los que la ley plantea, principalmente en el primer trimestre. A estas trabas a veces se agregan “malas objeciones cotidianas”, cuando por ejemplo personal administrativo obstaculiza o demora la recepción o la reserva de turnos.

Acompañar abortos no es delito

Casi como un chiste malo, a semanas del segundo aniversario del aborto legal en Argentina dos mujeres integrantes de la colectiva Socorristas en Red y una profesional de la salud fueron detenidas en la ciudad de Villa María por orden del Ministerio Público Fiscal cordobés acusadas, respectivamente, de supuesto “ejercicio ilegal de la medicina” y de “encubrimiento”. Días después, la Policía de Seguridad Aeronáutica encerró en una celda del aeropuerto de Ezeiza a otras dos compañeras socorras que volvían de sus vacaciones.

Tras conocerse la noticia, inmediatamente más de cuarenta organizaciones feministas y de la sociedad civil junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación presentaron un escrito de preocupación ante el Juzgado de Control de Villa María, a cargo de la jueza María Soledad Dottori. La médica fue liberada el 23 de diciembre y el resto de las detenidas el 27. Las causas permanecen bajo secreto de sumario.

Con la voz cansada y el cuerpo aún tenso, la coordinadora de Socorristas en Red, Ruth Zurbriggen, compartió con Infobae su lectura sobre la persecución a quienes acompañan a abortar.

“Es muy difícil pensar con claridad ante hechos tan espantosos de atravesar, tan dolorosos, que se sienten tan injustos y angustiosos. Es muy difícil además encontrar un único motivo de por qué de pronto se criminalizan acompañantes, cuando las Socorristas es una red pública que ya cumplió 10 años de existencia. Quizás es una revancha. No podemos dejar de mirar que estos hechos sucedieron muy próximos a la celebración de la sanción de la 27610. Una ley que tanto tiempo nos llevó conseguir. La ley más colectivamente luchada y que se corre del paradigma de la criminalización. Ya no se puede criminalizar a quienes abortan. No importa la causa por la que hayan abortado, no se las puede denunciar. Por supuesto que tampoco se puede denunciar a médicos o médicas garantistas del derecho, a no ser que lleven adelante la práctica contra la voluntad de la persona que aborta. De ahí que pareciera que quienes quedan en el escenario para criminalizar son quienes acompañan”.

Socorristas en Red es una articulación federal de organizaciones que acompaña la demanda de abortos seguros. Solo en 2021, socorristas de todas las regiones intercambiaron con 13.502 mujeres y otras personas con posibilidad de abortar para ofrecerles información sobre usos seguros de medicación y acompañamiento.

Todo dentro del marco de la ley 27610 de orden público y obligatoria... porque acompañar abortos no es delito y acceder a derechos nos cambia la vida.

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