El radical Víctor Guillot estaba anímicamente destruido. Cuando fue interrogado por Alfredo Palacios y Vicente Solano Lima, miembros de la comisión investigadora, vieron a un hombre derrumbado, que clamaba por su inocencia, y que juraba que no se había quedado con un solo peso. Pero los investigadores tenían el dato de que una tal Ana Gómez había cambiado los títulos que él había recibido en el Banco Español. La mujer se había esfumado.
Guillot vivía en Cangallo 2630, en la ciudad de Buenos Aires. En el primer piso tenía la vivienda familiar y en el octavo su estudio. Ahí, el 23 de agosto de 1940, luego de escribir una carta a sus hijos, se pegó un tiro. Lo descubrió un amigo.
Esa fue la cara más trágica de un escándalo de corrupción en el país, en el que fueron cómplices altos jefes militares, legisladores nacionales y que llevó al presidente Roberto M. Ortiz a firmar su renuncia.
Todo había comenzado en 1937 cuando se inauguraron las obras del Colegio Militar de la Nación, que integraba un ambicioso plan de obra pública desarrollada por el presidente Agustín P. Justo.
El año anterior, se presentaron ante las autoridades del Ejército las hermanas María Antonia y María Luisa Pereyra Iraola de Herrera Vegas, propietarias de 222 hectáreas pegadas al colegio. Qué mejor que ofrecérselas para que pudiesen ampliar las instalaciones. Realizaron una oferta de venta de 10.000 pesos la hectárea.
En noviembre de 1936 la tasación realizada por la Dirección General de Ingenieros arrojó un valor de 2000 pesos, aduciendo que eran terrenos inundables y poco productivos.
En el medio de la negociación apareció Néstor Luis Casás, un intermediario, quien le ofreció a las hermanas venderles los terrenos a 6.500 pesos, quedándose él con la diferencia que pudiera obtener.
Cerraron el trato.
En 1937, siguiendo las indicaciones del Ministro de Guerra general Basilio Pertiné, el Ejército ofertó 1.900 pesos la hectárea, pero las propietarias comunicaron que retiraban la oferta. Lo que los militares entonces ignoraban que un apoderado de Casás, llamado Jacinto Baldasarre Torres, había comenzado a entrevistarse con miembros de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que estaban estudiando el presupuesto para el año 1938. Baldasarre Torres ofreció las tierras a 11.000 pesos la hectárea.
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Cuando este personaje entrevistó a Pertiné, el militar le dijo que la operación le interesaba pero que no contaba con los fondos.
“¿Y si el Congreso dispusiera de una partida especial en el Presupuesto?”, surgió la idea.
Mientras tanto, el tiempo corría. El 20 de febrero de 1938 asumió la presidencia Roberto M. Ortiz. Y como ministro de Guerra fue nombrado el General de Brigada Carlos Demetrio Márquez.
En el proyecto de ley de Presupuesto para 1938, diputados y senadores aprobaron el artículo 27 que facultaba al Presidente a comprar las tierras en cuestión a un precio no superior a 11.000 pesos la hectárea, cifra que Baldasarre habría acordado con Juan Kaiser, presidente de la Cámara de Diputados.
Algo debió sospechar el primer mandatario, ya que recién autorizó la compra el último día del año.
En febrero de 1939 el gobierno ordenó librar el pago y en marzo el general Márquez estableció firmar el boleto de compra venta que contemplaba el valor de la hectárea a 11.000 pesos, sabiendo que la Dirección de Ingenieros de Ejército sostenía que el valor no debía superar los 1.900 pesos aunque por gastos de expropiación y otros podría llegar a abonarse hasta 4000 pesos.
El 24 de abril de 1939 se labraron tres actas en forma simultánea: el gerente del Banco Nación declaró cancelada la hipoteca que pesaba sobre las tierras; las hermanas vendieron a Casás por 6500 pesos y éste al Estado por 11.000.
En resumidas cuentas, las tierras se compran con títulos públicos. Las propietarias consiguieron 7.500 pesos por hectárea, embolsando 1.447.000 pesos, mientras que el intermediario Néstor Casás se llevó un millón de pesos.
La compra pareció haber quedado atrás. El 26 de febrero de 1940 se realizaron las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Manuel Fresco, quien llevaba como candidato a Alberto Barceló, el caudillo conservador de Avellaneda. Como los comicios fueron fraudulentos y haciéndose eco de las pruebas presentadas por la oposición radical y socialista, el presidente Ortiz intervino la provincia en marzo y anuló las elecciones.
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Fresco se vengó. Contactó al periodista José Luis Torres, un tucumano de ideas nacionalistas, a quien le contó con lujo de detalles la escandalosa maniobra. Torres lo denunció en el Semanario Ahora, y la olla se destapó.
El senador conservador Benjamín Villafañe realizó la denuncia en la cámara alta y se formó una comisión encabezada por Alfredo Palacios, Gilberto Suárez Lago y Héctor González Iramain. Luego de entrevistar a los implicados y de evaluar las pruebas, la comisión concluyó que el ministro de guerra Márquez, el presidente de la Contaduría General de Gobierno y el Escribano de Gobierno habían violado los deberes de funcionario público.
Uno de los escribanos que había participado de la operación, suministró la lista de algunos de los sobornos pagados, que incluían a:
Juan Káiser, presidente de la Cámara de Diputados entre 1938 y 1939 $126.925,18
Gregorio Godoy. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda $140.689,26
Diputado Miguel Aguirrezabala, $25.373,85
Diputados Víctor Guillot y José Bertotto compartieron $12.612,48
Agustín Echevarrieta, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda $10.100
General Alonso Baldrich $ 8.871,39
La investigación buscó, sin suerte, a los poseedores de cerca de 500.000 pesos en títulos públicos que nunca aparecieron.
Fueron acusados de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Hubo intentos de juicio político contra el general Márquez que no prosperaron.
Por el escándalo desatado, Roberto Ortiz quiso presentar la renuncia, argumentando que las acusaciones contra su ministro de Guerra –que el ingenio popular había bautizado como “palomarquez”- eran una acusación contra su persona. Aseguran que Ortiz se victimizó y usó la maniobra como una suerte de relanzamiento de su gestión.
La Asamblea Legislativa rechazó la dimisión del presidente por 170 votos contra 2 en la sesión del 24 de agosto de 1940. Pero Ortiz ya estaba seriamente enfermo y apesadumbrado por la muerte de su esposa, María Luisa Iribarne, ocurrida tres meses atrás.
Finalmente, delegaría el mando, por cuestiones de salud, en Ramón Castillo. Renunció el 27 de junio de 1942 y falleció el 15 de julio víctima de diabetes. Ya casi había quedado ciego.
En 1945, los legisladores involucrados fueron condenados a penas de entre 5 y 6 años de prisión, entre ellos el propio presidente de la Cámara Baja. Pero a esa altura ya se habían fugado al Uruguay. Baldasarre Torres y Casás terminaron presos. En 1947 el presidente Juan Perón indultaría a algunos de ellos.
¿Qué pasó con las tierras en cuestión? El Ejército las arrendó para la instalación de un tambo. Muchos no saben que esos terrenos inundables, casi inservibles, estuvieron por hacer caer a un presidente.
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