Asesinato de Facundo Quiroga: el fusilamiento de los Reynafé, la muerte por sorteo y las amenazas de Rosas

Lo que vivió el abogado Marcelo Gamboa y Piñero en la ciudad de Buenos Aires durante el rosismo fue un verdadero infierno. No tuvo mejor idea que, siendo defensor de oficio de José Antonio y José Vicente Reynafé -dos de los autores intelectuales del asesinato de Juan Facundo Quiroga- solicitó autorización para publicar su defensa y hasta dar a entender que Juan Manuel de Rosas había prejuzgado en ese resonante caso.

El asesinato espantó a Buenos Aires pero causó algarabía en Santa Fe. Siempre hubo más que sospechas que el gobernador Estanislao López algo había tenido que ver.

Cuando fue derrotado el general José María Paz, la codiciada Córdoba fue disputada por ambos caudillos y se disparó una pugna por imponer al gobernador de esa provincia. Pese a la oposición de Quiroga, el 5 de agosto de 1831 se eligió a José Vicente Reynafé, hombre de confianza de López. Desde entonces, la relación entre ambos caudillos fue pésima.

No fue casualidad que el riojano haya sido asesinado en Córdoba.

La muerte en Barranca Yaco el 16 de febrero de 1835, cerca de Sinsacate, desencadenó un proceso en el que habría ganadores y perdedores: mientras los federales culparon a los unitarios, el gobernador provisorio de Buenos Aires Manuel Vicente Maza renunció el 6 de marzo de 1835 y la Sala de Representantes nombró -a propuesta del diputado Agustín Garrigós- a Juan Manuel de Rosas gobernador por el período de cinco años, con “toda la suma del poder público de la provincia, por todo el tiempo que a su juicio fuere necesario, sin más condiciones que las de defender la Religión Católica Apostólica Romana y la causa nacional de la Federación que han proclamado todos los pueblos de la República”.

Rosas quiso dejar en claro lo que venía: “El señor Dorrego fue fusilado en Navarro por los unitarios. El general Villafañe, compañero del general Quiroga, lo fue en su tránsito de Chile para Mendoza por los mismos. El general Latorre lo ha sido a lanza después de rendido y preso en la cárcel de Salta, sin darle un minuto para que se depusiera, lo mismo que al coronel Aguilera que corrió igual suerte. El general Quiroga fue degollado en su tránsito de regreso para ésta el 16 del pasado último Febrero, 18 leguas antes de llegar a Córdoba. Esta misma suerte corrió el coronel José Santos Ortiz, y toda la comitiva en número de 16, escapando solo el correo que venía, y un ordenanza que fugaron entre la espesura del monte. ¡Qué tal! ¿He conocido o no el verdadero estado de la tierra? ¡Pero ni esto ha de ser bastante para los hombres de las luces y de los principios! ¡Miserables! Y yo insensato que me metí con semejantes botarates. Ya lo verán ahora. El sacudimiento será espantoso, y la sangre Argentina correrá en porciones”.

López, sospechado de su complicidad en el crimen, fue abrumado por Rosas con una abundante correspondencia a fin de presionarlo, sabiendo de sus vínculos con los hermanos Reynafé, considerados los ideólogos del hecho. “Es usted de mi propia opinión respecto a que los unitarios son los autores y los Reinafé los ejecutores de nuestro infortunado compañero el general Quiroga…”

En un primer momento, López quiso defender a los Reynafé, pero visto que Rosas expuso este asesinato como un atentado a la federación, debió ceder, más aún cuando se deslizó que los asesinos habían buscado refugio en Santiago del Estero y en su provincia. López terminaría soltándole la mano a los hermanos.

El apellido Reynafé vendría del apellido irlandés Kennefick, y se dice que ya poblaban estas tierras por 1770. José Vicente Reynafé asumió como gobernador de Córdoba en 1831 y había sido juez en el Tribunal de Apelaciones en el gobierno de Juan Bautista Bustos. Francisco Isidoro trabajaba bajo las órdenes de Estanislao López; José Antonio ocupó cargos públicos durante la gestión de Bustos y la de López y Guillermo había luchado primero contra el general Paz y luego contra Quiroga.

José Santos Pérez, el jefe de la partida que asesinó a Facundo Quiroga y a toda su comitiva, incluso a un postillón de diez años, era un criollo de unos treinta años, soltero, nacido en San Antonio de Tulumba.

Se hizo una parodia de juicio en Córdoba, digitado por los Reynafé, en el que todos los inculpados fueron absueltos. “Un documento fingido y forzado sin la menor destreza”, lo describieron.

El gobernador Pedro Nolasco Rodríguez, puesto por los Reynafé, hizo lo imposible por desviar la investigación del crimen y quiso hacerlo pasar como un robo. Tildado de unitario por Rosas, su mandato duró de agosto a octubre de 1835. Fue reemplazado por Manuel López, más conocido como “Quebracho”, hombre de pocas luces pero de confianza del gobernador bonaerense.

El 23 de junio de 1835 Rosas le había adelantado a López que acusaría a los hermanos, para que recibiesen un castigo ejemplar y lo invitó a sumarse a la intimación para que Córdoba le entregase a los acusados, aún cuando los tribunales de Buenos Aires no eran competentes y sus jueces no podían actuar, ya que el crimen se había cometido en otra jurisdicción.

De Buenos Aires salió una partida para apresar a los hermanos. Fue sencillo detener a José Vicente Reynafé, tenía problemas de salud y le era dificultoso movilizarse. José Antonio intentó llegar a Chile por Bolivia pero fue detenido en Antofagasta. Francisco logró huir a la Banda Oriental. Luego del combate de Cayastá, el 26 de marzo de 1840, se ahogó en el río Carcarañá al intentar huir. El teniente coronel Guillermo Reynafé fue apresado en el bosque de Totoral, donde estaba escondido. Tenía en su poder las pistolas que le había arrebatado al cadáver de Quiroga, y documentos manchados con la sangre del riojano.

Los hermanos fueron remitidos a Buenos Aires en dos carretas. En una iba José Vicente, con un criado; estaba muy enfermo y debían ayudarlo a movilizarse. En la otra iban sus hermanos junto a Domingo Aguirre, ex ministro. Todos con grillos dobles.

En total, hubo 63 detenidos que viajaban a Buenos Aires a esperar lo peor. El 1 de noviembre de 1835 por la noche los encerraron en la cárcel de Buenos Aires.

El 20 detuvieron a Santos Pérez. Vivía escondido luego de que Reynafé intentase envenenarlo en un encuentro en que aquel le llevó las dos pistolas y un poncho de vicuña de Quiroga. Estaba en la quinta de los Yofre, donde había ido a visitar a una mujer, en la ciudad de Córdoba. Seis días después se unía al resto de los prisioneros.

Todos fueron acusados de “lesa Patria”, por haber asesinado, en una misión oficial, al representante de Buenos Aires para la pacificación del interior.

La instrucción del juicio estuvo a cargo de Manuel Maza -que no decidía nada sin antes consultarlo con Rosas- juez especial comisionado, auxiliado por el asesor general del gobierno. El fiscal era Manuel Insiarte.

Los abogados defensores de José Vicente y José Antonio Reynafé fue Marcelo Gamboa; a Guillermo Reynafé y Domingo Aguirre lo asistió Bernardo Vélez; a Santos Pérez y a los miembros de su partida, Miguel Marín. José Barros Pazos, Tiburcio de la Cárcova y Matías de Oliden defendieron a otros implicados.

En el medio del proceso, el gobierno dio un golpe de efecto. A comienzos de 1836 los restos de Quiroga fueron llevados a Buenos Aires a pedido de su viuda Dolores Fernández. Hubo importantes honras fúnebres, loas a la Santa Federación y la necesidad de hacer justicia.

El 12 de abril 1837 concluyó proceso, con el pedido de pena de muerte. Solo 13 fueron absueltos. La sentencia, que quedó en manos de Rosas, apuntaba al “desagravio de la vindicta pública, atrozmente ofendida con un atentado que ha llenado de pavor y escándalo, cubriendo de luto a los pueblos de la Gran Confederación Argentina, comprometiendo el honor nacional”. El fiscal había pedido 10 años de cárcel para José Vicente. Moriría en prisión antes de la ejecución.

Luego de la apelación, el 9 de octubre de 1837 se dictó sentencia definitiva: pena de fusilamiento para los Reynafé. Eludió el castigo Francisco, que se había fugado. También debía enfrentar la pena capital José Santos Pérez.

Al día siguiente, hubo un macabro sorteo en el Supremo Tribunal entre otros 25 condenados, de los cuales ocho se salvarían del fusilamiento, para cumplir una pena de diez años de presidio.

La ejecución se fijó para el miércoles 25 de octubre a las 11 de la mañana, en la plaza de la Victoria. Además, se fusilaría a Cesáreo Peralta, Feliciano Figueroa y otros tres en la actual plaza del Retiro. Hubo condenas menores de cárcel y destierro para los restantes procesados.

Las sillas donde se sentaron los condenados fueron colocadas frente al Cabildo. Para ello, uno de sus arcos inferiores fue tapiado.

Una multitud colmó la plaza, y 2.000 hombres permanecían formados al mando del general Agustín de Pinedo. A los condenados se les leyó la sentencia. Antes de ser fusilado Santos Pérez gritó: “¡Rosas es el asesino de Quiroga!”

Los tres cuerpos permanecieron colgados de horcas por seis horas, con sus grillos puestos, tal cual se había estipulado.

Muchas miradas se dirigieron a Rosas, al considerarlo el verdadero ideólogo de la muerte de Quiroga. “…muerte de mala muerte se lo llevó al riojano, y una de las puñaladas lo mentó a Juan Manuel”, escribió Jorge Luis Borges en su poema “El General Quiroga va en coche al muere”.

Se expuso, por algún tiempo, la galera donde había sido muerto Quiroga, y se mandaron a imprimir litografías de su retrato y de la ejecución de los condenados.

La furia del Restaurador de las Leyes se ensañó con el abogado Gamboa. “Atrevido, insolente, pícaro, impío, logista unitario”, lo acusó. Le prohibió alejarse a más de veinte cuadras de la Plaza de la Victoria. No podía ejercer como abogado ni hacer escrito alguno. Se le negó el uso de la divisa federal ni usar los colores de la federación. Caso contrario, sería paseado por las calles en un burro celeste y castigado según el tamaño de su falta. Y si se le ocurría abandonar el país y era apresado, sería fusilado.

Parientes y amigos lo abandonaron. Solo se animaba a visitarlo, en su casa de la calle Victoria, el general José Ignacio Garmendia. Falleció el 27 de agosto de 1861 a los 74 años y en sus funerales recibió los honores de Estado, aquel mismo que lo había perseguido por cumplir con su deber, que era el de trabajar por la justicia.

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