Continúa el drama de 55 familias que pagaron su departamento y la obra está frenada por una insólita disputa política

Al menos 55 familias todavía continúan en el medio de un limbo judicial y, pese a haber pagado cientos de miles de dólares por un departamento nuevo en el barrio de Saavedra, todavía esperan que se destrabe un conflicto entre dos ramas del Partido Socialista para que se continúe la obra del edificio.

En el mes de junio, Infobae sacó a la luz la historia de estas familias, que ya realizaron un reclamo judicial para que se levante una medida cautelar y que la empresa CM Emprendimientos, propiedad de Horacio Omar Mazza y Néstor Ariel Curland, pueda finalizar la construcción de un edificio ubicado en la calle Crisólogo Larralde al 2491.

La obra se encuentra frenada desde el 2018 debido a un litigio que se disputan dos ramas del PS: por un lado, la Sociedad Anónima Editora La Vanguardia, que posee representantes afines al Gobierno nacional, y, por el otro, el Partido Socialista, cuya titular es Mónica Fein, y se encuentra liderado por Roy Cortina, aliado al PRO porteño.

“Pasaron los meses y la causa sigue estancada. Y lo peor es que no parece haber salida. Hasta que alguna de estas dos partes no dé el brazo a torcer o hasta que el juez entienda de una vez nuestra situación y levante la medida cautelar, seguiremos esperando con las manos vacías”, le expresó Alberto Furguiele, uno de los damnificados, a Infobae.

“El próximo viernes acudiré al Juzgado Nº 101 para hablar con el doctor Alejandro Verdaguer y que me diga la verdad. Que me diga si realmente hay posibilidades de levantar la cautelar. Yo ya estoy cansado de visitar su despacho y de insistir. Es agotador”, completó.

La constructora CM comenzó la obra y las “ventas en pozo” después de adquirir el terreno a La Vanguardia, que en ese momento se presentaba como la propietaria. Ya con el 70% de avance del proyecto, el PS reclamó ante la Justicia la titularidad del lote. Allí comenzó el derrotero judicial para los propietarios que pagaron hasta 350.000 dólares con la promesa de que en menos de un año se mudarían al techo propio, algo que jamás sucedió.

Los damnificados aseguran que la desarrolladora cobró la totalidad de los fondos y la construcción nunca terminó. Pese a que existe una medida cautelar que prohíbe disponer del terreno, la empresa constructora les exige nuevos pagos a los compradores para avanzar con las terminaciones del edificio. El inmueble tiene los 15 pisos construidos y en varios departamentos ya colocaron ventanales y comenzaron trabajos de carpintería y yesería.

“Lo peor es que después de esa medida cautelar, el desarrollador vendió más propiedades, cuando la Justicia se lo impedía. Entonces, estamos en una situación en la que se podrían sumar otras 14 familias al mismo problema”, afirmó Furguiele.

Incluso, el damnificado explicó que en las discusiones mantenidas entre ambas ramas del PS, también se incluyen los departamentos de otro edificio ubicado en Caballito con problemas judiciales similares.

“Hay una obra también trabada en la avenida Rivadavia al 2100, donde funcionó la Casa del Pueblo Socialista. Desde el partido socialista parecen estar negociando con La Vanguardia y les dicen que si les liberan algunos de los departamentos de ese edificio, ellos levantan la medida cautelar”, detalló Furguiele.

Como si fuera poco, la constructora CM se encuentra sin fondos y necesita al menos un millón de dólares para poder avanzar con la construcción. Fue tal la desesperación de los propietarios que se creó un fideicomiso para poder cubrir esos gastos y dar inicio a las obras apenas se levante la medida cautelar.

“Además, la desarrolladora CM tiene un pedido de quiebra en puerta. Si eso se llegara a concretar y la constructora quebrara, ahí perdemos todos. Los propietarios, La Vanguardia y el Partido Socialista nos quedamos sin nada. Por eso hay que destrabar este asunto cuanto antes”, aseguró el damnificado.

Furguiele también advirtió que una vez resuelto este problema, el grupo de propietarios tendrá que hacer frente a otro conflicto con algunos de sus pares que no quisieron unirse al reclamo colectivo: “Hay dos o tres propietarios que no les interesa vivir allí y que están peleados con nosotros. Ellos le hicieron juicio a la constructora por su cuenta y embargaron el terreno. Por lo cual, una vez que se levante la cautelar, nos piden que les abonemos el costo de sus departamentos y de los abogados para que se levante el embargo del terreno. Es un problema atrás de otro”, confirmó el damnificado.

Ya pasaron cuatro años desde que se impuso la medida cautelar y según el propio Furguiele, la paciencia de todos los afectados por este problema judicial parece haberse colmado. “Hay dueños que tienen entre 65 y 68 años, que gastaron todos sus ahorros para poder tener su departamento, y ahora tienen que hacer malabares para alquilar un lugar para vivir. No es justo. Al final, los que siempre terminamos pagando y sufriendo esto somos la gente normal”, se lamentó.

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