Roca y su pelea con la iglesia: una escuela excomulgada, maestras acusadas de herejes y la expulsión del nuncio apostólico

A Eduardo Wilde, como ministro de Instrucción Pública y Culto en la primera presidencia de su amigo Julio A. Roca. le tocó lidiar con tres leyes fundamentales: la 1420, de educación común, gratuita, obligatoria y laica; la 1565, que establecía la creación del Registro Civil y la 2393 del Matrimonio Civil. Configuraban un paquete que la iglesia interpretó como un avasallamiento sobre el terreno de la educación y la administración de la vida civil que lo consideraba de su exclusiva propiedad.

En 1865 Wilde se había casado con Ventura Muñoz de Zavaleta, a la vez viuda de un médico. Cuando su esposa falleció, un amigo, Ramón de Oliveira Cézar le propuso: “¿Por qué no se casa con una de mis hijas?”.

Guillermina María Mercedes de Oliveira Cézar y Diana había nacido en Montevideo el 25 de junio de 1870. Había estudiado en el Colegio Americano, donde trabajaba la irlandesa Mary Elizabeth Conway, una de las maestras que había traído Domingo Faustino Sarmiento.

Wilde aceptó la propuesta. Convertido en una figura por demás impopular para la iglesia, debió sortear otro escollo. Cuando fijó 1885 como fecha para su matrimonio, la iglesia no lo quiso casar. Es que además era un abierto ateo y un masón.

Este caso tal vez fue el lado más risueño de una relación entre el Estado argentino y la iglesia, que terminaría en ruptura.

En ese camino hacia el progreso, llevado adelante por las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y el propio Roca, un amplio sector liberal consideraba que la iglesia representaba un obstáculo. Era una institución profundamente arraigada en nuestro país, pero un importante sector de la clase dirigente era de la idea que había que separar de una vez las leyes que regían el Estado de las que imponía la iglesia, que se hacía oír a través de encumbrados voceros en cuestiones sensibles para nuestro país, como la educación o la misma inmigración: los religiosos no eran proclives a darle la bienvenida a aquellos extranjeros que no fuesen católicos.

Cuando el primer gobierno de Roca llegaba a su fin, existían en el país 1741 escuelas públicas, a los que asistían 133.640 alumnos. Otros diez mil lo hacían en establecimientos particulares. Durante la primera presidencia de Roca se crearon diez institutos normales, tres de varones y siete de mujeres y todas las provincias disponían de un colegio nacional.

El primer ministro de Justicia e Instrucción Pública de Roca fue el cordobés Manuel Pizarro, quien alentó una ley de educación general, que contemplaba la enseñanza del catecismo católico, así como el derecho de los padres de niños de otras confesiones a pedir que no se les impartiese religión a sus hijos. Se convino que grandes personalidades del quehacer nacional discutiesen esta norma en un congreso pedagógico. Pizarro no pudo inaugurarlo porque debió renunciar al atacar, en un momento inoportuno, al gobernador Dardo Rocha, con el que Roca mantenía una rivalidad política.

Roca entonces nombró a su amigo Eduardo Wilde.

Gracias a su muñeca política, el presidente hizo aprobar una moción para que en dicho congreso no se discutiese la cuestión religiosa. Pero al primer mandatario lo sorprendió enterarse de que estaba dando vueltas un proyecto que establecía la eliminación de la enseñanza del catolicismo de las escuelas. Los católicos -encabezados por José Manuel Estrada, Miguel Navarro Viola, Pedro Goyena y Tristán Achával Rodríguez- luego de que sus protestas fueron desoídas, se retiraron del congreso y así esa ley laica siguió su camino.

Nuevamente, el país se dividió en dos, entre los que apoyaban la enseñanza religiosa, nucleados en torno al diario La Unión y los que aceptaban que se diera el catecismo, pero en forma optativa fuera de los horarios de clase, postura difundida, por ejemplo, por el diario La Nación.

El proyecto laico fue aprobado en diputados, pero el Senado, con mayoría católica, lo rechazó, y volvió a la cámara baja.

Los liberales llamaban a los católicos “sacristanes”, mientras que éstos le decían “masones”. El ex presidente Nicolás Avellaneda, defensor de la enseñanza católica, denunció en un folleto “Escuela sin religión”, que editó en septiembre de 1883, que el Estado quería ser nuevamente omnipotente y que deseaba apoderarse de la escuela en la que se “forma el alma de los pueblos”. Le respondió Domingo F. Sarmiento con una serie de artículos periodísticos que llevaban el título de “La escuela sin la religión de mi mujer”, que fueron ampliamente difundidos por varios diarios y que hasta fueron traducidos a otros idiomas.

Mientras tanto, Roca operaba para que la ley no llegase a los dos tercios y todo quedase en la nada. Pero no contó con la intervención del vicario Gerónimo Clara, a cargo de la diócesis de Córdoba, y la explosiva pastoral en la que prohibía a los católicos enviar a sus hijos a la Escuela Normal, donde enseñaban maestras protestantes. Clara era un viejo conocido que ya había despotricado contra los constituyentes de 1853 acusándolos de no tener autoridad para legislar sobre libertad de cultos.

Las maestras protestantes eran consideradas “herejes”. La iglesia decidió aplicar un anatema a la Escuela Normal, algo así como una excomunión.

La iglesia sintió como un embate un paquete de medidas que la desplazaba del centro de la escena: en nueve años se creó el registro civil, los cementerios abandonaron la órbita de la iglesia y se sancionó el matrimonio civil.

El 8 de julio de 1884 el Congreso sancionó la ley 1420: enseñanza gratuita y obligatoria con religión optativa, dictada fuera de las horas de clase. Así lo señalaba en su artículo 8: “La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de las horas de clase”.

Roca calificó de subversiva la pastoral del obispo Clara, que a su vez contraatacó y declaró nulas las disposiciones del gobierno de no considerar obligatoria la enseñanza del catolicismo. El obispo terminó procesado.

El nuncio Luis Mattera, quien veladamente estaba operando para frenar el embate contra la educación religiosa, viajó a Córdoba.

Se entrevistó con la directora de la Escuela Normal, quien le pidió que levantase la sanción. El nuncio puso condiciones: que la escuela enseñase la religión católica, que él pudiera inspeccionarla para velar por el cumplimiento y que no se impartiese educación protestante. Y que el gobierno argentino se retractase.

Tanto Roca como Wilde dijeron que lo de Mattera era una intromisión en asuntos del país. Este declaró que no pensaba responder el pedido de explicaciones exigidos por el canciller Francisco Ortiz hasta que el propio gobierno se disculpase por lo que se publicaba en la prensa contra él. Mattera, ninguneándolo al canciller, le escribió al presidente, fundamentando su posición, sin ceder en su postura.

El gobierno, haciendo uso de la institución del Patronato -contemplado en el artículo 83 inciso 8 de la Constitución de 1853- terminó relevando al vicario de Córdoba. Nuevamente, las protestas de Mattera.

Colmada su paciencia, Roca consideró improcedentes la imposición del diplomático, ordenó se le remitieran sus pasaportes y le dio 24 horas para dejar el país. Era el 18 de octubre de 1884.

El primer mandatario le explicó al Papa León XIII que no estaba rompiendo relaciones, sino que cancelaba la aceptación del pasaporte diplomático del belicoso nuncio. Pero lo cierto es que las relaciones entre ambos estados se interrumpieron durante 16 años. Sería el propio Roca quien las reestablecería en su segundo gobierno.

La historia risueña del casamiento de Wilde tuvo un final feliz. Las gestiones de Roca lograron que el mismísimo arzobispo de Buenos Aires intercediera y hubo casamiento oficiado por el obispo de Cuyo, con actores de lujo: el presidente fue el padrino, mientras que Carlos Pellegrini y Victorino de la Plaza fueron los testigos. Lo que pasó después es tema de otra nota, pero lo cierto es que estuvieron juntos -avatares mediante- hasta que la muerte los separó.

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