Tribunales de familia: los conflictos se agravaron con la crisis económica

Cuando la política piensa en la Justicia, habla de Comodoro Py 2002, el fuero que más concita la atención mediática. Pero la justicia de la gente está en otro lado. Uno de esos focos a observar son los tribunales de familia, por donde pasa gran parte de la vida judicial de los ciudadanos anónimos. Conflicto entre padres e hijos, violencia familiar, la pelea por las cuotas alimentarias, divorcios, adopciones, guardas o declaración de incapacidad son solo algunos de los asuntos que se debaten en este fuero. Por estos juzgados desfila gente de todas las clases sociales porque los desacuerdos familiares no son patrimonio de un sector en especial, pero la mayoría de los que demandan justicia son personas de clases vulnerables. Bajo esa lupa, la crisis económica vino a agudizar los problemas.

“La situación económica y el proceso inflacionario de los últimos años ha agravado los conflictos. La gente está en una situación complicada, muchas veces desesperante y esto llega también a los tribunales de familia”, dice a Infobae la jueza María Victoria Famá, titular del juzgado en civil 92 y especialista en Derecho de Familia. Un ejemplo es cómo se han incrementado las presentaciones por la falta de coberturas médicas y el reclamo de pago de la cuota de alimentos.

Ya no se trata de la foto del hombre en buena situación económica que se separó y no quiere pagarle a su ex pareja para mantener a los chicos como una forma de seguir teniendo el control familiar. Esos casos existen, pero son los menos. Ahora muchos de los hombres que no llegan a pagar la cuota a tiempo es porque no les alcanza.

Pero las crisis económicas también impactan en la búsqueda de postulantes para adopción, en donde el mayor problema está en poder encontrar familias para chicos más grandes, de muchos hermanos o con discapacidad. “No cualquiera en estos momentos se anima a asumir el cuidado de tres o cuatro chicos hasta por una cuestión económica”, señala Famá.

Si bien todos los problemas son graves cuando uno es el protagonista, si alguien tuviera que evaluar cuál es, hoy en día, el talón de Aquiles en los tribunales de familia es la demora en la revinculación entre niños alejados de sus padres. No todos los casos tienen la misma complejidad. Hay casos en que los vínculos se interrumpen por cortocircuitos entre los adultos y en una instancia de diálogo y empatía dentro del juzgado aparecen las soluciones.

Pero el problema se presenta con las denuncias graves por abuso sexual o maltrato infantil, en donde un juez de familia tiene que esperar el resultado de la causa penal para poder habilitar un grado de acercamiento. Y eso puede demorar años. Hoy, la interrupción de la comunicación entre un niño y su progenitor puede resolverse en unas horas, pero un turno para evaluar si se puede reiniciar ese diálogo demora hasta ocho meses. “Eso es como echar combustible al fuego”, ilustra en diálogo con Infobae el defensor de Menores Atilio Alvarez.

Estado de situación

En todo el país, en cada jurisdicción, hay tribunales que analizan esta temática. Solo en la Capital Federal hay 24 juzgados en el fuero civil que evalúan de manera exclusiva expedientes de derecho de familia, junto a siete defensorías de menores. Según un informe al que accedió Infobae que elaboró la jueza y consejera Agustina Díaz Cordero y fue presentado ante el Consejo de la Magistratura, en 2019 fueron sorteadas en este fuero 41.718 causas, es decir 1.738 expedientes por juzgado. En 2020, pandemia mediante, la cifra había bajado a 28.184 casos (1.174 causas por juzgado), pero en 2021 volvió a crecer.

Como botón de muestra, en 2021 los procesos se repartían en distintos conflictos: 843 eran reclamando comunicación parental, casi 3000 reclamos alimentarios, 10.087 denuncias por violencia familiar, 870 determinaciones de la capacidad, 5.124 evaluaciones de internación sin consentimiento o controles, 6.761 divorcios, 826 nulidades matrimoniales, 213 adopciones o 28 restituciones internacionales.

Gran parte de estas causas se dan en diversos niveles de vulnerabilidad y violencia. No es un dato menor el último informe de 2021 de la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia, en donde se reporta que el 44 por ciento de las personas afectadas proviene, en su mayoría, de las zonas con menores recursos económicos.

Según dicen en tribunales, muchas veces estas situaciones “desborda las capacidades de impartir justicia”. La gente se desborda, se altera. Hay que pedir intervención policial o llamar al SAME. El departamento de Recursos Humanos de la Cámara Civil verificó que el personal está expuesto a “violencia extrema”. Un 84 por ciento de de integrantes de los equipos de trabajo de los 24 tribunales de familia reportaron haber sufrido este tipo de situaciones.

Según Díaz Cordero, al evaluar las estadísticas de la oficia de violencia surge un “crecimiento exorbitante de casos que merecen atención urgente y diaria de los magistrados”. En 2021, se dictaron casi 30 mil medidas de protección y casi 300 tienen medidas de protección. El 77 por ciento de los denunciados son varones. Y 8 de cada 10 personas afectadas son niñas y/o mujeres adultas. “El 99 por ciento de los casos que ingresan a la OVD ameritan la intervención de la justicia civil con competencia exclusiva y excluyente en derecho de familia”, se añadió.

Equipo especializado

“Los tribunales de familia son los que atienden las cuestiones más urgentes de la gente, lo más cercano -explica la jueza Famá-. Estos tribunales necesitan de no solo de un rol jurídico sino una mirada interdisciplinaria. Por eso es tan importante el apoyo de otros profesionales. Se necesita que sea un trabajo muy humano, muy cercano, para que los que acuden a estos espacios se sientan contenidos y puedan llevarse una solución”.

Es que cuando un matrimonio se divorcia y discute una liquidación de bienes no solo es una discusión patrimonial muchas veces. “Son espacios catárquicos donde se esconden muchas historias. Se necesita tiempo, compromiso y vocación”. Lo miso sucede cuando se trata con personas con problemas de salud mental, donde se despliega un sinfín de necesidades humanas a las que debe atender la justicia.

En los próximos días se pondrá en marcha un cuerpo Interdisciplinario Forense para los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, con competencia en cuestiones de familia, y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. La idea, avalada en la órbita de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, quedó plasmada en una reciente resolución en la que se avaló la designación de 24 profesionales que trabajen en este tipo de causas para dar contención a las partes. Según se indicó, la Cámara Civil aprobó el pasado 22 de agosto lo actuado en dos concursos por los cuales fueron designados un total de ocho profesionales en psiquiatría, otros ocho del área de psicología y otros ocho en trabajo social, en sintonía con la resolución 3224/2021 dictada por los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La conformación de estos equipos interdisciplinarios está contemplada en diversos instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (leyes 26.378 y 27.044), ambas con jerarquía constitucional; la Ley N° 26.061 sobre “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”; la Ley N° 26.485 de “Protección Integral de las Mujeres”, y la Ley N° 26.657 de “Salud Mental”. Pero además el Código Civil y Comercial de la Nación prescribe que los jueces ante los cuales tramitan las causas de familia “deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario”, y que cuenten para expedirse con el dictamen de un equipo interdisciplinario.

Es que un juzgado de familia que trabaja sin interdisciplina es como un barco a la deriva. Estos equipos son una vieja aspiración y demorada de los tribunales de familia, que hoy entre su personal tienen dos trabajadores sociales por juzgado. Sin embargo, en principio, el equipo que quedará bajo la órbita de la Cámara Civil tendrá una función pericial con evaluaciones tanto en salud mental como distintas situaciones de adoptabilidad, competencias parentales o regímenes de comunicación.

“Desgraciadamente esto no va a impacta en el mayor de los problemas que tenemos: la revinculación entre padres e hijos”, dice a Infobae el defensor Alvarez. Es que una cautelar para impedir el contacto tarda 8 horas y un turno para comenzar una revinculación de manera vigilada puede demorar ocho meses. “Si a una personalidad ansiosa y violenta se le da un plazo de 8 meses, es obvio que va a reaccionar mal. Es como echar combustible al fuego”, agrega.

Los turnos dependen de la oficina del Cuerpo Interdisciplinario de Violencia Familiar del Ministerio de Justicia que también se reporta colapsado. “Es un tema muy delicado. Y no hay posibilidades de hacerlo más rápido porque no hay turnos. Pero se trata de un problema exponencial. Hoy entran 10, 15 casos diarios a través de la OVD y no se resuelven con la misma agilidad. Se transforman en casos crónicos”, explica Alvarez.

Para Atilio Alvarez, otro de los problemas que colapsa innecesariamente los tribunales de familia son los casos que obligan a certificar, periódicamente, una situación de discapacidad. “Y lo digo yo que di una lucha durante años para entrevistarme cara a cara con una persona a la que se buscaba declarar incapaz -señala-. Pero nos fuimos de mambo. De no conocer a nadie, pasamos a hacerlos venir una y otra vez a gente discapacitada cuyo estado es irreversible”. Coincide la jueza Famá: “El Código Civil ordena que cada tres años a alguien a quien se le dictó una incapacidad deba ser reevaluado. Esto implica un movimiento permanente. Muchas veces personas de bajos recursos, mujeres solas que acompañan a sus hijos. Debería ser más fluido este tipo de reevaluaciones porque tiene que ver con el acceso a justicia”.

El ejemplo de esta situación lo expuso brutalmente una mujer que llevó a su hijo con síndrome de Down y ceguera siete veces en los últimos años a tribunales. La última vez que la convocaron, la mujer dijo que ya no quería ir porque temía que su hijo se contagiara tras la pandemia del COVID. Cuando la intimaron a presentarse, la mujer dijo que iba, pero que sólo aceptaba que la entrevistaran en la puerta del Palacio de Tribunales. ¿Qué podía haber cambiado en la capacidad de su hijo? ¿Cómo podía en ese contexto el joven vincularse con el defensor de Menores para certificar algo que estaba claro para todos? ¿Había necesidad de volver a exponerlo a un trámite innecesario?. Eso es lo que planteó Atilio Alvarez eximir a esta familia de esta diligencia, después de haberse entrevistado siete veces con este joven.

Ahora, existe un proyecto que busca convertirse en ley en el Senado para que la certificación administrativa de discapacidad no sea necesaria repetirla periódicamente cuando el estado sea irreversible. Para Alvarez, si esa iniciativa fuese aprobada, sería una forma de darle respuesta a las familias de estas personas.

Los otros conflictos pasan por la falta de prestaciones médicas en materia de discapacidad, en donde cada vez más se terminan judicializando reclamos al PAMI, las obras sociales y las prepagas para que cumplan con estas atenciones, un escenario que también tiene que ver con la crisis económica.

Y un triste clásico del fuero: las dificultades para encontrar familias que quieran adoptar chicos grandes y con discapacidades. “A los bebés los quieren todos, nuestros problemas están encontrar familias para los chicos que no eligen”, dice Álvarez. Así y todo, los hallazgos se viven como un gol doble cuando se logran. En esas anécdotas aparecen como un triunfo el haber encontrado en plena pandemia familias para cinco hermanitos que no querían separarse. No fue una, sino dos veces. Uno de los casos fue relatado por Infobae para el Día del Padre del 2020. El otro caso prefirió la reserva.

“En los juzgados de familia se ven miles de historias -insiste la jueza Famá-. Se ven litigios con protagonistas de alto nivel económico y otros de mucha vulnerabilidad. A veces las personas con mayores recursos pueden llegar a acuerdos extrajudiciales. La gente más vulnerable no. Por eso muchas veces nos encontramos con personas que están en situaciones complicadas, desesperantes. Y hay que darles respuesta”.

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