La Justicia porteña le ordenó a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) que se haga cargo de los costos de la operación para el cambio de sexo de Cristina Montserrat Hendrickse, quien meses atrás se convirtió en la primera funcionaria trans del Poder Judicial bonaerense.
La mujer, que también es docente en la escuela Normal Superior N°8 del barrio de San Cristóbal (por ello también es beneficiaria de la obra social de la Ciudad), solicitó en marzo de 2021 la cobertura integral de la cirugía de reasignación genital de masculino a femenino, conocida como vaginoplastia, la cual había sido indicada por el médico con el que se atiende.
Recién en julio llegó la respuesta por parte de OsbSBA, que mediante un correo electrónico le informó que no podía autorizar el procedimiento porque no había enviado una serie de documentos personales, como el resumen de historia clínica, con todos los antecedentes.
La paciente se negó a entregar este tipo de documentación, dado que entendía que ese pedido excedía “el requerimiento único del artículo 11 de la ley 26.743, que es el consentimiento”, por lo que volvió a reclamar el pago de la operación.
Sin embargo, ante la persistente negativa de la obra social, Montserrat Hendrickse terminó accediendo a la entrega de su historia clínica y una nota de su médico personal, que indicaba: “Paciente de 56 años que refiere identificarse y sentirse mujer. Los adornos, vestimenta y comportamiento son los asignados desde el punto de vista social al género femenino, siendo biológicamente hombre. En el marco de la Ley 26.743 de identidad de género, solicita cirugía de reasignación genital feminizante. La paciente se encuentra realizando terapia de reemplazo hormonal, la cual debe suspender 30 días antes de la cirugía”.
Pero eso no fue suficiente, ya que siguió sin tener una respuesta por parte de las autoridades de la entidad de salud y, ante esta situación, la docente “consideró al silencio de la administración como una denegatoria tácita”.
Por este motivo, decidió realizar una denuncia formal, que recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 23 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Francisco Ferrer, ya que entendió que, “habiendo transcurrido un plazo excesivo para que la parte demandada apruebe su petición, continuaba con sus prácticas transfóbicas y discriminatorias causándole un perjuicio”.
A través de los mecanismos judiciales, Montserrat Hendrickse solicitó que “se ordene el cese de tales prácticas haciendo lugar a la medida cautelar” que obligue a ObSBA a hacerse cargo de la operación.
Entre los fundamentos que presentó, señaló que “la dignidad supone así, tal como es reconocida por la ley 26.743, el derecho a adecuar la corporalidad en función de la identidad autopercibida, siendo el cuerpo, la imagen, un elemento central de la dignidad de las personas”.
Según precisaron a Infobae fuentes de la Oficina de Información Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, en las últimas horas el juez Ferrer hizo lugar al planteo y le ordenó a la obra social la cobertura integral de la operación.
En su resolución, el magistrado señaló que el artículo 37 de la constitución porteña reconoce “los derechos reproductivos y sexuales, libres de coerción y violencia, como derechos humanos básicos” y que la Ley de Identidad de Género contempla las intervenciones quirúrgicas totales y parciales, incluida la vaginoplastía.
“Hacer lugar a la acción de amparo y, en consecuencia, ordenar a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires la cobertura integral de la Cirugía de Reasignación Genital de femenino (vaginoplastía) de la Sra. Cristina Montserrat Hendrickse, en los términos indicados por su médico tratante, sin necesidad de requerir ninguna otra documentación que aquella con la que ya cuenta, y aclarando que la cobertura integral comprende, entre otros, la totalidad de los gastos de medicamentos, estudios médicos y honorarios profesionales que pudieran generarse, tanto sean previos, simultáneos o posteriores”, ordenó el juez.
Además de trabajar como docente en la escuela Normal N°8, Montserrat Hendrickse se convirtió en julio pasado en la primera funcionaria trans del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, al ser designada como auxiliar letrada en el Tribunal de Trabajo N° 5 del Departamento Judicial de San Martín.
La mujer, que actualmente tiene 58 años, se presentó en 2021 como candidata a concejal del partido bonaerense de Vicente López, ocupando el puesto 12 de la lista del Frente de Todos, en representación del Partido Comunista de la Argentina, pero no consiguió entrar al recinto.
Graduada en derecho en la Universidad de Buenos Aires, durante su juventud se fue a vivir a la Patagonia, donde conoció a Liliana, su esposa, con quien tuvo 4 hijas. Recién en 2016 decidió asumir su identidad de género y un año más tarde hizo los trámites para que en su DNI figure su nuevo nombre y “femenino” como sexo.
“Ojalá llegue el día en el que las nuevas generaciones se acostumbren a vernos desarrollar tareas en todo tipo de actividades, de tal manera que no sea necesario que haya leyes de cupo trans”, aseguró Montserrat Hendrickse en diálogo con la agencia Télam, poco después de asumir su cargo en el Poder Judicial.
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