Feriado escolar por el Día del Maestro, el 11 de septiembre de 1985 cayó en miércoles y amaneció con tres noticias que por entonces concitaban la atención de los argentinos. Eran el envío por parte del gobierno de Raúl Alfonsín al Congreso Nacional del proyecto de ley de obras sociales, el levantamiento del paro del gremio de camioneros y un caso policial que tenía en vilo a la sociedad: se había pagado el rescate exigido por los secuestradores del empresario Osvaldo Sivak pero sus captores no lo habían liberado. Había también fútbol, con el enfrentamiento de dos equipos chicos -Argentinos Juniors y Ferrocarril Oeste- que ese año pisaban fuerte.
Pero la expectativa del día estaba centrada en el Palacio de Tribunales, donde se desarrollaba el juicio a las juntas militares de la última dictadura. La democracia recuperada no había cumplido todavía dos años y muchos argentinos se estaban enterando de las atrocidades cometidas por el Estado terrorista que las Fuerzas Armadas habían instaurado en el país con el golpe del 24 de marzo de 1976.
El juicio había empezado el 22 de abril y durante cuatro meses y medio se habían escuchado en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de la Nación -y leído en los medios de comunicación- centenares de testimonios de sobrevivientes y familiares y familiares de desaparecidos.
En el banquillo estaban sentados los comandantes de las tres primeras juntas: Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.
Terminada esa etapa, comenzaría el alegato de la acusación, a cargo del fiscal Julio César Strassera, y además de la expectativa por sus palabras, la presencia de los acusados era todavía una incógnita para casi todo el mundo. En los días previos, las defensas de algunos de los acusados habían intentado evitarles el trance.
“¿Estarán o no estarán todos? Con la ambición de la primicia, los programas radiales de la mañana se interrogaban más por la presencia de los nueve excomandantes en la Sala que por el contenido del alegato de la Fiscalía. En los días previos a la acusación, las noticias hicieron eje en un pedido de Videla que pretendía ser eximido de concurrir. La Cámara lo rechazó y quedó claro que veríamos por primera vez a los integrantes de las tres juntas genocidas uno al lado del otro. ¿Con uniforme militar o sin uniforme militar?”, escribió años después el periodista y abogado Pablo Llonto, que siguió día tras día el desarrollo del juicio.
La “Cámara” a la que se refería era la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, que rotaban semana a semana en la presidencia del tribunal.
Juntos por primera vez
Pese a que no era lo más importante, la pregunta que todos se hacían esa mañana tenía fundamento: hasta entonces, durante todo el desarrollo del juicio, los nueve acusados nunca habían estado todos juntos en las audiencias. De ocurrir, sería la primera vez.
La incógnita tuvo respuesta alrededor de las tres de la tarde, cuando se los vio entrar a la sala colmada de periodistas y público para ubicarse en los lugares que les correspondían. Siete de ellos vestían los uniformes militares con los que habían comandado el genocidio dictatorial; solo Videla y Galtieri había elegido usar trajes de civil.
Videla se mostraba serio y cejijunto como siempre, Massera intentó esbozar una sonrisa entre irónica y desafiante, Galtieri parecía mirar alrededor desde las alturas de un poder que ya no tenía, Viola no levantaba casi la cabeza y el resto se mantenía serio y silencioso.
Quisieran o no, estaban ahí para escuchar el alegato de la acusación que comenzaría a pronunciar Strassera, que lo había preparado con la colaboración de dos jóvenes fiscales, Luis Gabriel Moreno Ocampo, el adjunto, y Aníbal Ibarra.
La redacción del texto, aunque pocos lo sabían, había recibido también el inapreciable aporte de la pluma que un hombre que sabía usarla de manera magistral, el dramaturgo Carlos Somigliana.
El reloj marcaba las 3.20 de la tarde cuando Julio César Strassera empezó a hablar.
“Un cross a la mandíbula”
El fiscal se acomodó los anteojos de grueso marco para leer mejor y arrancó con firmeza ante una sala silenciosa: “La comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y fácticas tales como la ausencia del un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente esta forma de delincuencia que hoy se enjuicia aquí y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado a exhibir, a los largo de diecisiete dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país”, empezó.
Y continuó casi sin hacer una pausa para el punto y aparte: “Pero no estoy solo en esta empresa. Me acompañan en el reclamo más de nueve mil desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo pero no por ello menos elocuente testimonio acusador”.
Con el número de “más de nueve mil” se refería solo a los casos recogidos por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y no a la totalidad de desapariciones forzosas perpetradas por la dictadura.
Desde el comienzo mismo, el discurso de Strassera señalaba dos cuestiones centrales: la excepcionalidad de lo que se estaba juzgando y la magnitud de las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el marco del plan sistemático de represión ilegal perpetrado por la dictadura. Y no solo eso: calificaba a los delitos de genocidio, una caracterización que abría un camino judicial y sería decisiva en el futuro.
“Era un excelente inicio. Arlt lo hubiese llamado un cross a la mandíbula como efecto de escena y aplicado en uno de los momentos más esperados del juicio. Jurídicamente, en 1985, aún no podíamos apreciar nada relevante en aquella introducción; pero años después, la detección de la palabra ‘genocidio’ merece un paréntesis (…) La sola mención de ‘genocidio’ en causas de lesa humanidad, para la época del juicio y sin antecedentes internacionales, ya era un triunfo. Recién el 2 de septiembre de 1998, el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, creado por las Naciones Unidas, condenó por genocidio al alcalde de la ciudad ruandesa de Taba”, analizó años después Llonto al recordar el alegato en su libro El juicio que no se vio.
“Viva la vida”
Otro de los párrafos del discurso que comenzó a pronunciar Strassera ese día ante los nueve acusados, los jueces, los periodistas y el público proponía a la justicia como un camino de dejar atrás a la muerte y rescatar la vida.
“Si de este modo logramos sustituir aquel fanático ‘viva la muerte’ de Millán Astray reivindicaba su perversa doctrina por un ‘viva la vida’ en rescate de los valores éticos sobre los cuales esta Nación fue fundada, habremos de darnos por satisfechos”, dijo.
En sus asientos, los perpetradores del genocidio cometido durante más de siete años en la Argentina escuchaban en silencio. Algunos, como Videla o Agosti, con expresión en apariencia atenta; Lami Dozo, reconcentrado; Viola apenas levantando la cabeza; Massera, oscilando en un juego de labios apretados y pretendida sonrisa gardeliana.
Así sería entre ese miércoles 11 y el 18 de septiembre, los días durante los cuales Strassera y Moreno Ocampo se turnaron para pronunciar los alegatos.
La frase final, pronunciada por el fiscal Julio César Strassera la tarde del miércoles 18, nuevamente ante una sala de audiencias colmada, ha quedado marcada a fuego en la historia argentina: “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’”.
Lo que ocurrió a continuación, este cronista prefiere dejárselo a la reconstrucción que hizo la pluma de Pablo Llonto: “En las dos bandejas superiores donde se encontraba el público nadie aguantó más. Era el momento para aplaudir y vivar a los fiscales. Era el momento para putear a los genocidas (…) Abajo, los genocidas se levantaron de sus asientos. Cuando se retiraba Viola como parte de la fila india que formaban todos los acusados, se lo vio mover los labios igual que cuando uno murmura ‘hijos de puta’. Videla, quien encabezaba la fila, detuvo la marcha, y así la de todos. Levantó la mirada hacia la tribuna, acomodó sus anteojos y movió la cabeza como quien maldice y promete acordarse de cada uno de ellos”, escribió.
El fallo
El 9 de diciembre de 1986, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital dio a conocer su fallo: Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta con accesoria de destitución; Viola fue penado con 17 años de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución; Lambruschini fue condenado a 8 años de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución; y Agosti recibió 4 años y 6 meses de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución.
Omar Domingo Rubens Graffigna y Arturo Basilio Lami Dozo fueron absueltos porque asumieron la comandancia después que se cerrara el único centro de detención de su fuerza. Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos porque no se pudo demostrar que personal a su cargo siguiera cometiendo alguno de los delitos del sistema ilegal de represión implementado cuando ellos asumieron el poder.
Juicios posteriores, a partir de nuevas pruebas y testimonios, demostrarían la responsabilidad de los absueltos, que también serían condenados.
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