Casi 7.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos migrantes en Argentina esperan hasta 3 años para recibir el Documento Nacional de Identidad (DNI). La regularización es un paso fundamental que deben dar los países de acogida a los migrantes para asegurar la integración plena y el ejercicio de derechos, especialmente cuando se trata de menores de edad.
Erismar, su esposo Miguel y su pequeño hijo Marcelo emigraron de Venezuela con la esperanza de reconstruir sus vidas en Argentina. De inmediato emprendieron los trámites para obtener el documento de identidad del niño de apenas un año de edad que, en definitiva, le permitiría integrarse con plenitud de derechos a su nuevo país. La espera se prolongó por casi tres años; tres años durante los cuales Marcelo, como otros niños venezolanos, permanecieron o permanecen al margen.
Aunque la familia estuvo un año haciendo todos los trámites necesarios para salir lo “mejor preparados” de Venezuela, se impuso la premura de huir y el niño llegó a Argentina sin pasaporte; solo contaba con un certificado de nacimiento que no era suficiente para tramitar su DNI, según las autoridades migratorias del país en ese momento.
El día de la cita en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) le tomaron las huellas al pequeño, pero a su madre le advirtieron que el trámite de regularización de su hijo quedaría “intimado”, es decir paralizado, ya que no contaba con la documentación necesaria para acreditar su identidad, en su caso un pasaporte o cédula del país de origen. Erismar le explicó al funcionario que la atendió que la partida de nacimiento era el documento de identidad de su hijo, pero este no lo aceptó. La madre se fue cargada de incertidumbre y angustia, pues era prioritario garantizar el acceso a la salud y a la educación de su hijo.
Cuando un niño o niña nace en Venezuela, su único documento de identidad hasta los nueve años es la partida de nacimiento, que es similar al certificado de nacimiento argentino, pero sin huellas, foto o un número que permita reafirmar la identidad.
En 2020 Erismar dio a luz a su segundo hijo, y allí entendió la diferencia de los trámites para acceder a la identidad en Venezuela y en Argentina. Mientras a su hijo venezolano no le darían una cédula de identidad venezolana hasta alcanzar los nueve años, su hijo argentino antes de los 3 meses de nacido ya tenía un certificado de nacimiento con huellas y un número de identidad. Más importante aún: tendría su Documento Nacional de Identidad (DNI) con su foto, datos y huellas.
El caso de Marcelo no es aislado, pues entre 8.000 y 9.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) venezolanos migrantes en Argentina se encontraban en la misma situación a finales de 2019, según indicó la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano. La mayoría de los casos correspondían a menores de nueve años que habrían viajado solo con certificado de nacimiento, no tenían DNI venezolano o se les había vencido el pasaporte al llegar al país. En cualquiera de los casos, no podían tramitar su documento de identidad en Argentina.
La ruta en procura de documentos de identidad en Argentina contrasta con lo que ocurre en Venezuela. Erismar recuerda que cuando ella y su esposo decidieron migrar querían hacerlo con la mayor previsión posible. En sus palabras: “Una migración ordenada, responsable”. Su hijo nació en marzo de 2018, de inmediato iniciaron los trámites para obtener el pasaporte del niño y les dieron cita para acudir a las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en mayo. Pero desde entonces comenzó una indefinida espera por la impresión del documento, cosa que nunca ocurrió pues el organismo cometió errores que no resolvió oportunamente.
Así fue como en enero de 2019 compraron los boletos para viajar a Argentina. La situación económica de la familia seguía empeorando. Marcelo necesitaba vacunas, algunas de las cuales cuestan hasta USD 150 y no estaban siendo suministradas por el Estado venezolano. Después de un año de espera por el pasaporte, los padres decidieron iniciar su tránsito hacia nuestro país y otorgaron un poder a un familiar para persistir en la obtención del documento. Venezuela persiste en negarle su derecho a la identidad.
Madres que alzan la voz
En el país de Nicolás Maduro protestar puede ser considerado un delito que, en casos extremos, acarrea prisión. En Argentina es diferente: hay protestas todos los días, en todas partes y por los motivos más diversos y ello no implica riesgo para las personas que manifiestan su descontento públicamente.
Esto lo entendieron las madres venezolanas que habían migrado a la Argentina. Madres con hijos “intimados” se organizaron, crearon grupos en WhatsApp, abrieron una cuenta de Instagram, compartieron sus historias en defensa del derecho a la identidad y fundaron un movimiento: Niños Venezolanos Intimados
Solución temporal
En julio de 2021, la DNM anunció una nueva disposición, la 1891/2021, que pretendía regularizar el derecho a la identidad de 6.800 niños, niñas y adolescentes indocumentados que ingresaron al país solo con partida de nacimiento.
Así dejaría sin efecto la disposición 520/2019, vigente desde enero de 2019 y que permitía el ingreso al país de menores de edad venezolanos sin cédula ni pasaporte. Los menores de edad sin pasaporte ya no iban a poder ingresar, pero los que ya lo habían hecho estarían habilitados a regularizar su situación. Un derecho por otro.
Aunque de manera provisoria, con la nueva disposición los menores venezolanos migrantes y refugiados podrían acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino para gozar de más derechos, como ir a la escuela, acceder al sistema de salud público o afiliarse a un plan sanitario privado.
En la presentación de la disposición, la Directora de Migraciones, Florencia Carignano sostuvo: “Con la firma de esta disposición otorgaremos DNI provisorio para casi 7.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos. Y a partir de hoy encararemos encuentros con todos los organismos aquí presentes para solucionar definitivamente los problemas de documentación, de modo que cada niño, niña y adolescente acceda a un DNI permanente”.
“Cuando llegamos al organismo nos encontramos con un gran problema. En aquel momento había aproximadamente entre 8 mil y 9 mil niños y niñas adolescentes venezolanos que no podían acceder a algo tan básico como el DNI del país al que habían elegido para vivir, estudiar y trabajar”, aseguró Carignano.
El DNI concedido los menores tendría una vigencia de dos años y permitiría que accedieran a servicios de salud y educación. El lapso de dos años fue empleado por padres, madres y representantes para tramitar los documentos requeridos para obtener un DNI permanente que acredita la residencia en Argentina.
Entre los beneficios que estableció la última disposición fue el de tramitar un documento provisorio solo con partida de nacimiento, sin necesidad de estar legalizada o apostillada. Sin embargo, se concedieron apenas 60 días para que todas las personas afectadas se registren en el sistema de identificación a distancia (RADEX) y, cuando fuera el tiempo de renovar el DNI sería indispensable una cédula o pasaporte venezolano.
Historias paralelas
La historia de Maria Isabel y sus hijos es similar a la de Erismar, pero con algunas diferencias. Los dos pequeños de María Isabel, que tenían 8 y 9 años en marzo de 2019 cuando llegaron a Argentina, sí tenían pasaporte pero su partida de nacimiento estaba sin apostillar. Eso fue un obstáculo insalvable cuando intentaron obtener el DNI de ambos menores y, al igual que Marcelo, fueron intimados.
Con la paralización del trámite, el pasaporte se les venció y no contaban con el dinero necesario para resolver ambos documentos en la embajada venezolana: apostillar la partida de nacimiento y renovar el pasaporte.
“Así fue pasando el tiempo, ya llevamos acá 3 años y a los niños no les ha salido el DNI. Me piden la apostilla de la partida de nacimiento y un documento de identidad vigente”, explica Maria Isabel. Ella recibió el 6 de agosto del año pasado un correo de la DNM que le aseguraba ser parte de las familias que se beneficiarían con la nueva disposición, sin embargo hasta la fecha ambos hijos siguen sin DNI.
En abril de este año Maria Isabel logró ahorrar el dinero necesario para avanzar con la renovación de los pasaportes de sus dos hijos: USD 150 al momento de la solicitud y USD 80 al momento de la expedición del documento; un total de 460 dólares. Después de cinco meses, sigue esperando respuesta de la Embajada de Venezuela en Argentina.
El derecho más vulnerado
Para Carlos Trapani, coordinador general de Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), una organización no gubernamental venezolana pionera en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, “el derecho a la identidad es el más vulnerado en contextos de movilidad humana y tiene un impacto diferenciado en niños, niñas y adolescentes”.
Según el experto, la violación del derecho a la identidad de los menores migrantes y refugiados es una situación pluriofensiva: “No solo vulnera el derecho a la identidad, a portar documentos públicos de identificación, sino que se vulneran otros derechos: a la familia, a estar escolarizado, a acceder a servicios públicos de salud y de educación. Hay una realidad muy compleja que gira en torno a la falta de documentos de identidad”. Y en ese sentido, Trapani advirtió: “El no tener documentos de identidad es la peor violación a los derechos humanos porque eres invisible jurídicamente, y no puedes ser considerado sujeto de derecho”.
“Cuando un niño, niña o adolescente en situación de movilidad no tiene documento de identidad aumentan los factores de riesgos: trata, sustracción, explotación”, advierte Trapani. Explica que tanto el Estado de origen como el Estado de destino son responsables y menciona dos aspectos clave: “Uno, la protección que tiene el niño independientemente de su nacionalidad; y dos, tener en cuenta el contexto social, jurídico e institucional que impera en Venezuela y hace difícil que las familias obtengan estos documentos”.
Sobre la responsabilidad del Estado venezolano, sus sistemas y organismos de identificación Trapani señala que “el niño, niña o adolescente, independientemente de donde se encuentre, es venezolano por nacimiento y el Estado debe garantizar los mecanismos y procedimientos para que tenga acceso a procedimientos gratuitos, oportunos, sencillos y uniformes para estar identificado”.
Niñez migrante sin fronteras
Los niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana están expuestos a una doble o triple situación de vulnerabilidad, donde la combinación de factores de edad, condición migratoria y situación documentaria hace necesaria una protección particular. Es así que ser menor de edad y migrante representa, para los Estados, una doble protección: una por la condición de niño o niña y otra por la condición de migrante.
La primera está amparada por la Convención Sobre los Derechos del Niño y la segunda por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Ambos acuerdos implican mirar la niñez y la migración como un suceso que se interconecta en los procesos de movilidad humana. Este experto advierte que “este contexto obliga a los países a generar un marco de protección en el que ser niño prime sobre el hecho de ser migrante”.
Para esto, Trapani propone que los Estados adopten protocolos transfronterizos que garanticen la protección del niño porque este es su derecho independientemente de su nacionalidad. Estos protocolos deben ser creados desde el doble enfoque: ser niño y ser migrante, pero teniendo como prioridad el interés superior de la niñez. “Tomando en cuenta esa realidad, yo como Estado facilito mecanismos y procedimientos, adecuo la legislación que garantice la regularización y la mayor cantidad de derechos por el mayor tiempo posible”, explicó el defensor de derechos humanos.
“El contexto de la migración venezolana es forzada, no están por turismo, no es una decisión voluntaria, no es una decisión libre de cualquier tipo de coacción o miedo. Responde a una situación de país que hacen considerar la migración como una opción de supervivencia. No tener documentos de identidad no hace que las familias dejen de migrar, sino que hacen la migración más insegura”, agregó.
La falta de documentación en procesos de movilidad humana es un llamado a los Estados a favorecer la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, en especial a los menores de edad, puesto que a los países de tránsito y destino les conviene regularizar el estatus migratorio y facilitar los mecanismo, a colocar más obstáculos. Por eso, alertó Trapani, “reformar legislaciones que no facilitan el proceso migratorio y la identidad de las personas, son decisiones que van en contra de la lógica de derecho”.
Desiré Santander es miembro de la Unidad de Datos de Infobae
Visualización de datos: Andrés Snitcofsky
Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, la Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
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