¿Un edificio en una plaza porteña? La lucha de un grupo de vecinos y una promesa que no se cumple

Todo lo que sobrevive son escombros de lo que alguna vez fue una casona centenaria. Pedazos de azulejos, cemento destrozado, mampostería y también basura, bolsas abiertas, restos de comida, el tesoro de los gatos inocentes del barrio. La imagen no tendría nada de particular, podría ser la foto de miles de cuadras de la ciudad de Buenos Aires si no se ubicara este “terreno baldío” en su contexto: está “incrustado” en la plaza Antonio Malaver, uno de los únicos dos espacios verdes que tiene el barrio porteño de Villa Ortúzar. Hasta hace unos meses, allí estaba todo dado para que en ese lugar creciera una construcción de siete pisos.

Un edificio en una plaza. En una ciudad que tiene la mitad de espacios verdes por habitante de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y en uno de los barrios con más cemento de la Capital. Ese era el escenario hace un año cuando una mañana de septiembre se enteraron por las máquinas de demolición que estaba todo dado para levantar viviendas. Peor, cuando uno de ellos encontró en Internet que ya estaba “el pozo”.

La idea generó estupor. Y la resistencia de los vecinos hizo que la obra se frene. Ocurrió en noviembre del año pasado, cuando el Gobierno porteño anunció un convenio con dos privados que implicaba no solamente el fin de la construcción, sino la ampliación de la plaza, a cambio de la construcción de más metros en una torre en Núñez.

Un año después, la gente del barrio siente que esperó demasiado y que no hubo novedades. El baldío profundiza su condición de basural, y el convenio nunca se firmó porque debe ser aprobado en la Legislatura. Mientras tanto, la paciencia se agota también del otro lado del mostrador. Tanto el constructor fallido de la obra sobre Heredia 380, como el que aceptó pagar el terreno y cederlo al Estado para obtener una ampliación en otro barrio porteño, necesitan que la rueda gire.

“El compromiso del Gobierno el año pasado nos pareció una buena noticia. Después empezamos a ver cuál era la realidad. El lugar sigue tapiado, demolido y abandonado. En abril tuvimos una reunión con funcionarios del gobierno y nos mandaron a los vecinos a rosquear los votos en la Legislatura. Anunciaron una solución que no tienen”, comentó a Infobae Ernesto Algranati, profesor de música, usuario de la plaza Malaver y vocero del grupo de vecinos que resistió la construcción del edificio.

Algranati y el resto de ciudadanos del barrio se preocuparon cuando en abril pasado Alejandro Daian, titular de la empresa de desarrollo inmobiliario que compró el lote ubicado en uno de ­los vértices de la plaza, amenazó en La Nación que podría retomar la construcción del edificio si no se resolvía el convenio en la Legislatura. “Necesito que ese acuerdo se cierre urgente porque parte de ese dinero que recuperaría lo necesito para seguir construyendo”, dijo Daian y el diario aseguró en el párrafo final que “si no se resuelve en los próximos meses, deberá retomar la construcción del proyecto de todas formas”.

“A él también lo están cagando. Él tiene que recibir el dinero del terreno”, considera Algranati, que cuenta que la plaza se construyó en 1939 por un proyecto municipal sobre el terreno que ocupaban las canchas de dos clubes de barrio, pero que el Estado no consiguió comprar todas las propiedades y por eso sobrevivieron viviendas en dos de las cuatro esquinas de la manzana.

Mientras los vecinos esperan que el baldío se funda con la plaza, el Gobierno de la Ciudad tiene frenado en las puertas de la Legislatura el convenio que permitirá integrar esos metros de espacio al verde. El acuerdo es un triángulo que incluye, además del Estado, a Andrés Brody, de la desarrolladora BrodyFriedman, y a Daian.

Brody había presentado una propuesta de convenio urbanístico para que el edificio que está levantando sobre Avenida del Libertador, en Núñez, pueda crecer de 25 a 36 pisos. Un paréntesis curioso: en esa zona el Código permite que edificios de hasta 15 pisos pero los planos de la obra fueron aprobados en 2018, con otra reglamentación.

El Gobierno estableció para el convenio, entonces, que la desarrolladora que quiere más pisos tiene que comprar la parcela de la plaza Malaver y pagar las obras para integrarla a la plaza, además de abonar unos 5 millones de dólares. Y Daian recuperaría el dinero invertido en el terreno.

Para varias asociaciones ambientalistas y urbanistas que participaron del conflicto de la plaza Malaver, el daño colateral del convenio, que beneficia a los vecinos de Ortúzar, es lo que perjudica a los de Núñez. “La aprobación de este convenio constituiría un precedente más para seguir autorizando edificios más altos en esta zona muy buscada por los desarrolladores inmobiliarios”, remarcaron en un informe del Observatorio de Derecho a la Ciudad.

“Más allá de las diferencias que podemos tener en el colectivo de vecinos, ninguno quiere un edificio en una plaza. La solución del convenio no nos cierra, pero si lo votan está bien porque tenemos que evitar el edificio. Ahora nos preocupa tener ese terreno ahí. Si no construyen, alguien lo puede tomar en cualquier momento. Ahora que hay un baldío pareciera que están incentivando a dividir a los vecinos y que muchos terminen pensando que era mejor el edificio”, reflexionan desde el colectivo de vecinos, desde donde creen que el Gobierno porteño podría tranquilamente comprar el terreno y resolver las cuestiones de forma más directa y sin afectar a los vecinos de Núñez.

Eso no va a pasar. Al menos no está entre las posibilidades que esgrimió, ante la consulta, Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad. “Obviamente la expropiación no es el camino para hacerlo. Tratamos de buscar otras alternativas. En este caso, me junté con los vecinos y les propuse que dentro del llamado de convenios urbanísticos, tratar de conseguir que algún convenio nos dé como contraprestación el terreno de la plaza Malaver. Logramos que un privado ponga la plaza Malaver como contraprestación y es parte del convenio entre el Ejecutivo y el privado. El Ejecutivo avanzó hasta el máximo lugar y ahora está a instancias de la Legislatura”, explicó el funcionario.

Los vecinos de “Somos la Malaver” aseguran que García Resta los mandó a “rosquear” con los legisladores para que apuren el proyecto y aprueben los convenios urbanísticos. “En abril tuvimos una reunión con él y nos mandó a hablar con los legisladores de Juntos por el Cambio y de la oposición. Más que indignarnos nos quedamos sorprendidos”, dice Algranati.

“Lo que digo siempre es que cuando el proyecto está en Legislatura tienen que tratar de hablar con ellos que votan. Yo no soy legislador. Les dije que hay una instancia que no es conmigo”, reconoció García Resta ante la consulta.

El funcionario asegura que la ampliación de la plaza Malaver no corre riesgos, que “es cuestión de tiempos”. No faltan los vecinos que cuando escuchan la cuestión de “los tiempos”, recuerdan que la obra del edificio se suspendió en campaña electoral y que luego no avanzó la conversión en plaza ni el convenio entre privados.

“No diría que no se avanzó en nada. Quizás ellos no tienen noción del avance en acuerdos entre privados. Y dentro de la Legislatura estamos trabajando para que eso que siempre fue privado sea público. Estamos a la instancia de enviar varios convenios juntos a la Legislatura. El convenio urbanístico recontra sirve para estas cosas. Se critica la herramienta, pero falta gente que busque soluciones”, consideró García Resta.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad aseguran que “el Gobierno porteño está utilizando la propuesta ciudadana de recuperar un predio para la Plaza Malaver para legitimar un gran negocio inmobiliario como es el Convenio Urbanístico en el barrio de Núñez”.

Desde esta organización se asegura que tras aprobar 16 convenios urbanísticos, la Coalición Cívica decidió no dar los votos de sus legisladores para más convenios y que eso generó que más de 100 convenios urbanísticos en trámite en el Poder Ejecutivo estén frenados por no tener los votos suficientes en la Legislatura.

El valor del terreno de Heredia 380, de acuerdo a los montos que figuran en el proyecto de Convenio Urbanístico es alrededor de 120 millones pesos. “No es una cuestión de falta de recursos sino de voluntad política. El Gobierno destina más de $ 110 millones al Campeonato Federal del Asado”, aseguran los vecinos.

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