En octubre de 1982 la dictadura estaba en franca retirada, pero pretendía seguir manteniendo su ya desgastada imagen. El jueves 5, cuando los organismos de Derechos Humanos se aprestaban a ingresar a la Plaza de Mayo en la Marcha por la Vida, la Policía Federal intentó impedirlo. Uno de los uniformados alto, de físico intimidante – puso el cuerpo delante de las Madres y cuando una de las Madres, Susana Leguía, lo increpó, el policía la atrajo hacia su pecho para neutralizarla.
Dos fotógrafos que cubrían la marcha, Marcelo Ranea, de la agencia DyN, y Jorge Sánchez, de la estatal Télam, dispararon sus cámaras y tomaron varias fotos de la escena. Una de ellas, tomada por Ranea, fue portada de uno de los diarios del día siguiente, que la ancló con el título “Pacífica concentración en el centro”. Las tomas de Sánchez nunca fueron publicadas.
En ese momento, prácticamente a las puertas de la recuperación de la democracia con las elecciones del 30 de ese mismo mes, la escena fue mostrada como un “abrazo” que simbolizaba la “reconciliación de los argentinos”.
Eso hizo que la imagen fuera reproducida por muchos medios del exterior. “La fotografía tuvo inmediata trascendencia mediática y se utilizó para sostener una supuesta política de reconciliación entre las organizaciones de derechos humanos y las fuerzas represivas que, en los hechos, jamás existió”, escribió en un análisis la investigadora fotográfica Cora Gamarnik.
La realidad había sido muy diferente. Eso es lo que mostraba una de las fotos tomadas por Sánchez, que la dictadura impidió publicar. En la foto del reportero gráfico de Télam, además del supuesto “abrazo” se veía como otra Madre, Nora Cortiñas, increpaba al policía que trataba de impedirles el paso. Recién el año pasado, Sánchez la compartió con un texto que decía: “Esta imagen la comparto hoy después que fue censurada en aquel mismo día por el presidente de la agencia Télam, el coronel (Rafael) De Piano cuando, detrás de su escritorio, sin mediar dialogo se escuchó con voz de mando: ‘Esto de acá no tiene que salir publicado por su bien y retírese’”.
Sánchez fue secuestrado dos días después y fue sometido a intimidaciones, maltratos físicos y verbales hasta que lo liberaron horas más tarde.
Lo que nadie sabía ese día –ni las dos Madres de Plaza de Mayo ni los fotógrafos– es quién era el policía de la foto. Se sabría recién muchos años después, cuando se lo identificó como uno de los responsables de la ejecución de 30 detenidos y detenidas de la Superintendencia de Seguridad Federal el 20 de agosto de 1976, que se conocería como la Masacre de Fátima.
Mentiras en un comunicado
La dictadura llevaba casi cinco meses en el poder, aplicando implacablemente su plan sistemático de represión ilegal, cuando la tarde del viernes 20 de agosto de 1976, el Ministerio del Interior a cargo del general Albano Harguindeguy dio a conocer un comunicado oficial que rápidamente se convirtió en despacho de agencias de noticias y artículos de las redacciones periodísticas.
Esa mañana, decía, “se habían encontrado” restos humanos correspondientes a treinta personas, que “habían sido dinamitados”, en el partido de Pilar, al norte bonaerense, a apenas 1.500 metros de un camino de tierra a la altura del kilómetro 64 de la ruta 8.
El informe oficial decía que el gobierno repudiaba “terminantemente este vandálico episodio sólo atribuible a la demencia de grupos irracionales, que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino, así como también crear una imagen negativa del país en el exterior”.
Ningún periodista en su sano juicio podía creer en la versión de que algún grupo guerrillero hubiera sido responsable del “vandálico episodio”. Sin embargo, desde el golpe del 24 de marzo, en las redacciones no se chequeaban los partes surgidos de oficinas de la Casa Rosada. Y si se chequeaban, no se podían publicar informaciones que los desmintieran
La tarde de aquel viernes, varios camiones de la Municipalidad de Pilar retiraron los restos humanos y los llevaron a la Morgue de esa localidad. Eran los restos de 20 hombres y 10 mujeres, todos con orificios de bala, la gran mayoría con las manos atadas por la espalda. En esos días, solo cinco de las víctimas fueron identificadas, las otras 25 fueron llevadas al Cementerio de Derqui e enterradas como NN.
La verdad detrás de la mentira
Las treinta víctimas, en realidad, habían sido sacadas del tercer piso del edificio de la Superintendencia de Seguridad (SSF) de la Policía Federal ubicado en Moreno 1417, pleno centro porteño, en la manzana contigua de donde hasta hoy funciona la sede central de esa fuerza de seguridad.
Allí funcionaba un centro clandestino de detención donde los funcionarios públicos torturaban, mataban o, como aquel viernes de agosto, sacaban a prisioneros –algunos de ellos ya asesinados- y terminaban con sus vidas en otros lugares. Esa vez, fue Fátima.
Lo tenebroso del aparato del Estado es que la SSF antes era Coordinación Federal (“Coordina” en la jerga) y había atravesado por la dictadura de Juan Carlos Onganía hasta la de Jorge Rafael Videla. En el medio, salvo el breve período en que Esteban Righi estuvo al frente del Ministerio del Interior, entre el 25 de mayo y el 13 de julio de 1973, “Coordina” era un centro de tortura y muerte.
Antes de llegar al Ministerio del Interior de la dictadura encabezada por Videla, Harguindeguy había sido jefe de la Policía Federal durante más de un año, nombrado por María Estela Martínez de Perón. Allí creó el Grupo de Tareas 2 (GT-2), encargado de la represión ilegal, en el ámbito de Coordinación Federal.
Y de allí, precisamente, fueron sacadas las víctimas de la Masacre de Fátima.
La Conadep y el tipo de la foto
Con la vuelta de la democracia, apenas creada la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) por Raúl Alfonsín en diciembre de 1983, se hicieron presentes quienes habían convivido con varios de los masacrados en Pilar.
El 6 de abril de 1984, directivos de la Conadep fueron a la sede de Moreno 1417 junto a Alberto Poggi y Graciela Nora María Lara de Poggi, ambos sobrevivientes del centro de detención clandestino que funcionaba en la sede policial. Fueron una pieza clave para esclarecer lo que había sucedido en la noche del 19 y la madrugada del 20 de agosto de 1976. En efecto, ese matrimonio había compartido su estadía con Daniel Hopen, sociólogo y ex dirigente del PRT-ERP, quien les relató detalles que no pudo contar nunca porque Hopen nunca pudo recuperar la libertad y es un detenido desaparecido. Los 20 hombres y las 10 mujeres que fueron dinamitados a las 4.30 del 20 de agosto estaban en Moreno 1417.
Mucha más repercusión tuvo en aquellos días de principios de 1984, la declaración del ex cabo primero de la Federal Armando Víctor Luchina, quien reconoció haber sido parte del operativo. Luchina dijo que estaba presente cuando uno de los oficiales a cargo “contó hasta 30″, en referencia a la cantidad de personas subidas a un camión que estaba en el playón del edificio.
“Algunos estaban envueltos en frazadas”, en referencia a que los vejámenes y torturas los habían dejado inconscientes o muertos. Brindó también los nombres de quienes estaban a cargo: los oficiales Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole y Miguel Timarchi.
Las Madres de Plaza de Mayo que se habían indignado un año y medio antes por el fraudulento uso de la foto, pero su dolor y fue mayor cuando supieron que Gallone había sido uno de los responsables de la Masacre de Fátima.
El suboficial Luchina, en su declaración a la Conadep, afirmó lo que se supo desde el primer momento: la masacre era “una represalia” al atentado realizado por un comando montonero ocurrido el mediodía del 2 de julio de aquel 1976 en el comedor del edificio de Moreno 1417 que costó la vida de 23 personas
Distintas denuncias recibidas en la Conadep certificaron que unos 50 miembros de Montoneros detenidos ilegalmente fueron asesinados entre el 3 y el 7 de julio, “como respuesta” al atentado de esa organización. La Masacre de Fátima fue, entonces, otra venganza de la policía.
La identificación de las víctimas
La Conadep sumó, a los del matrimonio Poggi, decenas de testimonios de sobrevivientes del centro clandestino que funcionaba en Moreno 1417. Iniciadas las denuncias penales, por efecto de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, el procedimiento judicial quedó en suspenso. Sin embargo, a fines de 2003, el Congreso Nacional votó la nulidad de esas leyes así como de los indultos posteriores y el juicio fue retomado.
Los restos de 25 de las 30 víctimas estaban en el Cementerio de Derqui, el más cercano al lugar donde dinamitaron los cuerpos. La Justicia, como en tantos otros casos, contaba con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense.
En una tarea que todavía no está terminada -valiéndose de restos óseos y cotejándolos con muestras de sangre de familiares de detenidos desaparecidos- los antropólogos identificaron a 20 de los cuerpos dinamitados en aquella fría madrugada. El último en recuperar su identidad fue Oscar Ledesma, en mayo de 2019.
Los veinticinco identificados por los antropólogos son Inés Nocetti, Roberto Olivestre, Ramón Vélez, Enrique Agio, Ángel Leiva, María Rosa Lincon, Alberto Comas, Oscar Medina, Conrado Alzogaray, Jorge Argenten, Carlos Pargas, Ricardo Herrera, José Bronzel, Cecilia Podolsky de Bronzel, Susana Pedrini de Bronzel, Haydée Cirullo de Carnaghi, Juan Carlos Pasquarosa, Ernesto Saravia, Norma Frontini, Selma Ocampo, Horacio García Gastelú, Marta Spagnoli de Vera y Juan Carlos Vera.
Los datos de quiénes eran, qué hacían, qué actividad gremial o política tenían las víctimas identificadas, así como las circunstancias en que fueron secuestrados de modo ilegal están en la página web confeccionada por sus familiares y amigos (masacredefatima.com.ar).
El juicio y las condenas
En julio de 2008, tras el juicio de primera instancia, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a prisión perpetua a los comisarios Carlos Gallone y Juan Carlos Lapuyole por los homicidios de las 30 víctimas. Lapuyule era el director de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) en tanto que Gallone era el jefe de la Brigada de la SSF.
A su vez, el TOF 5 absolvió al comisario Miguel Timarchi, “por insuficiencia de pruebas”. Esa decisión produjo consternación entre los familiares de las víctimas ya que había datos suficientes como para confirmar que Timarchi estaba en el playón donde subieron a las víctimas en la madrugada del 20 de agosto. El propio suboficial Luchina lo había advertido a la Conadep en 1984.
En cuanto a Albano Harguindeguy, pese a su rol central en la dictadura, logró sortear todas las acusaciones públicas sobre su rol en la represión clandestina. En Paraná se abrió una causa caratulada “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros”. Aunque algunos de los acusados en ese expediente fueron condenados el 27 de diciembre de 2012, el ex ministro del Interior de la dictadura no llegó a la sentencia. Murió el 29 de octubre de ese año.
Carlos Gallone, el policía de la foto, murió por Covid en mayo de 2021 cuando cumplía prisión domiciliaria debido a una insuficiencia respiratoria.
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