“Me amigué con la calle, caminé entre la gente sin esconderme como tiempo atrás, sucia, sin lucidez. Hoy voy con la cabeza en alto mirando los rostros de frente para que entiendan que pertenezco a esta sociedad y nunca más a la suciedad”. Karina Pintarelli gime versos. Sus propios versos. Los que escribe “por necesidad y como un desahogo también”.
Mueve las manos cuando habla, las junta y suenan todos los anillos de sus dedos. Karina mira fijo, sostiene la mirada desde unos ojos chiquitos para contar su historia. Esa que se convirtió en única, sin precedentes en el país cuando el Estado por primera vez reconoció que durante la última dictadura cívico-militar la persiguió de forma sistemática por ser una persona trans y, en consecuencia, le corresponde ser incluida en el régimen reparatorio previsto en la Ley 24.043 para personas ex presas políticas en época de militares.
“Para mí significa un reconocimiento por haber sido hostigada y violentada toda mi vida. Mi rutina era salir a la calle, caer presa, soportar golpes, que me digan `puto de mierda, das asco´, pasar tres o cuatro días en el calabozo de las comisarías o en el departamento de la policía, esperar el camión de traslado, llegar a Devoto, que me corten el pelo y me metieran en los pabellones de hombres. Una vez me internaron como dos meses en el Borda, un neuropsiquiátrico de hombres. Y nada de esto acabó con la democracia. A través de los edictos policiales nos siguieron persiguiendo por nuestra condición sexual. Se les metió en la cabeza que nosotras éramos subversivas”.
Hasta su derogación, los edictos policiales o códigos de faltas fueron instrumentos que delegaban en la policía provincial o federal la tarea de reprimir actos no previstos por el Código Penal: ebriedad, vagancia, mendicidad, desórdenes y prostitución podían ser castigados con treinta días de arresto. El escándalo habilitaba la represión de quienes “se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo contrario” (artículo 2° F) y “las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieren al acto carnal” (artículo 2° H).
“Lo más importante de este reconocimiento es la carga simbólica porque es una reconstrucción de los hechos vividos. A las compañeras que vivieron lo mismo quiero decirles que sigan luchando, que vale la pena porque la lucha llega a su fin y nos permite cerrar una etapa para empezar otra más calma”.
Tiempos de reparar
Karina forma parte de No Tan Distintes, una organización social que acompaña a mujeres cis y trans, lesbianas, travestis e identidades no binaries en situación de calle. Ese grupo que cobija fue el que sostuvo el proceso eterno que llevó buscar las pruebas del dolor, los legajos que dieran fe de los atropellos. Reconstruir la memoria.
“En 2017 vi en Internet que una compañera de Santa Fe hacía algo parecido y comenté en No Tan Distintes que quería litigar. Entonces empezamos con la búsqueda de mis antecedentes. Fueron cinco años de salir a rastrear las pruebas de mis detenciones. En la ciudad de Buenos Aires encontré la documentación pero en provincia contestaron que mi prontuario se lo habían comido las ratas. Fue indignante. La búsqueda, además, me generó mucho dolor. Se abren muchas heridas al recordar, al tener en mente todo por lo que pasé”.
AboSex (Abogad*s por los Derechos Sexuales) y el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se sumaron a darle forma al reclamo ante la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.
En diálogo con Infobae, la abogada de AboSex Sofía Novillo Funes evoca el caminito de construcción jurídica del caso de Karina: “En primer lugar fue difícil porque le implicó a ella poner en palabras y revivir en primera persona el relato de los hechos para que nosotras pudiéramos armar la justificación que sustentó la solicitud de reparación. Por otro lado, esto supuso hacernos de prueba documental, por eso solicitamos a la Policía Federal el legajo de Karina. Ese legajo es la prueba viva del continuum de violencias de las que fue víctima Karina durante la dictadura cívico-militar y luego en democracia. La criminalización por su identidad de género, la persecución y las violencias sufridas por la Policía, particularmente a partir de la división de Moralidad, es lo que obliga al Estado a reparar”.
El informe técnico de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación da por probado “el ensañamiento contra las personas trans como parte de la Doctrina de la Seguridad Nacional”. El dictamen destaca el carácter “dinámico” de la política reparatoria integral, el rol de la Policía Federal en el marco del terrorismo de Estado y, muy particularmente, el uso de las contravenciones como herramienta represiva. Se concluye que “el Estado asume aquí que las mujeres trans, en su encarnación del género, fueron consideradas agentes subversivos”.
La visibilización de la historia de Karina es la oportunidad, asimismo, de instalar la conversación pública sobre las realidades de la “población T”. Según el informe Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina, una de cada tres personas trans vive en hogares pobres, en particular en la región Noroeste del país; el 83% de las personas trans y travestis encuestadas fueron víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial; el 34% de las mujeres trans y travestis viven con VIH; y la expectativa de vida es de 35 años.
Con 64 años, Karina se sabe una sobreviviente. Sus compañeras la cuidan: le encargan el almuerzo, preguntan si tiene frío, le arreglan el cuello de la blusa antes de las fotos. Karina se deja cuidar, se entrega a los mimos. Es tiempo de reparar.
“Ahora quiero estar tranquila, serena, hacer lo que me gusta que es escribir poesía. Ya pasé por mucho”, dice. Y su voz suena cansada.
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