Una jugadora de fútbol denunció violencia de género y la suspendieron

Pamela Tortul tiene 33 años, es abogada de familia y juega de volante central en la primera división del Club Atlético y Social San Benito de la ciudad de Paraná, en donde también coordina el fútbol femenino y dirige al sub-16. Es una incansable luchadora por los derechos de las mujeres en el deporte que ama y, en su vida profesional, asistió a víctimas de violencia de género. Nunca pensó que ella misma podría estar en ese lugar.

Desde el 15 de julio, Pamela llora todos los días. Esa tarde participó junto a unas 30 personas de una manifestación pública frente a la Liga Paranaense de Fútbol para protestar por la planificación de los partidos de las categorías femeninas, que consideran injusta y discriminatoria. La primera división y el sub 23 masculino juegan siempre los domingos en horario central (entre las 14 y las 15), mientras que las categorías del femenino compiten por la mañana.

Consultada por Infobae, Tortul dijo que esto impacta directamente en el desarrollo del fútbol para las niñas, adolescentes y mujeres. Al superponerse los horarios de las inferiores y la primera, las niñas no llegan a ver los partidos de las mayores. Además, como la mayoría de las jugadoras de primera también son formadoras, tienen que elegir entre jugar o dirigir. Y también tiene consecuencias económicas: el horario de la mañana tiene menos concurrencia y esto perjudica la recaudación.

El presidente de la Liga Paranaense, Alejandro Schneider, dice que es muy difícil lograr que todas las categorías puedan jugar en horario central. En diálogo con este medio, explicó que son 250 partidos por fin de semana y que hay un enorme déficit de canchas: en el femenino, de los 14 equipos de primera división, solo 6 tienen cancha propia. La Liga se ocupa de salir a buscar o incluso alquilar espacios, a pesar de que es una responsabilidad de los clubes.

Tortul sostiene que la manera de resolverlo es que el femenino y el masculino de primera roten: por ejemplo, que juegue un domingo cada uno en el horario central. Esta es la propuesta que le hizo el Club San Benito a la Liga y fue la falta de respuesta lo que, según la capitana, motivó la manifestación.

Schneider señala que San Benito pidió una reunión por el tema de la programación recién un día antes de la protesta y dice que está de acuerdo con la rotación, pero que los clubes no quieren. El problema es que los gastos de los partidos del masculino son mucho mayores ($40.000 contra $8.500) porque es obligatorio tener policía, incluso para el sub-23. Si le sacan el horario central al masculino, baja la recaudación y no pueden cubrir costos. El presidente de la Liga propuso que jueguen las dos primeras sábado y domingo en horario central de manera rotativa, pero los clubes tampoco aceptaron.

El tema económico no es menor. Hay muchos clubes pobres y, según Schneider, reciben apenas $4.500 por mes. No les alcanza ni para comprar una pelota. Pero, incluso si hubiera una salida lógica (por ejemplo, rotar y compensar el costo del masculino con el incremento de recaudación que tendría el femenino al jugar en horario central), la perspectiva de género todavía no llegó a los clubes. Y es razonable. Si los grandes del fútbol profesional, que nadan en ventas millonarias de jugadores y contratos de esponsoreo, siguen dormidos incluso ante la violencia de género, ¿por qué sería mejor una pequeña liga de Paraná?

Recordemos, además, que no hay cupo femenino. La ley de deporte establece que las listas de comisiones directivas de las asociaciones civiles deportivas deben tener un mínimo de 20%, en conjunto, de mujeres y de personas jóvenes de entre 18 y 29 años. Si son 30 cargos, ese 20% pueden ser 5 varones jóvenes y 1 mujer. Según Tortul, de los 28 clubes que integran la Liga Paranaense, solo 4 tienen presidentas mujeres y 16 tienen fútbol femenino. Schneider pone como ejemplo paradigmático el caso de Patronato. “Es el club más importante de la provincia y no tiene femenino”, dice.

Más allá de la negativa de los clubes, Schneider reconoce que la decisión final es de la Liga. “Yo podría hacer obligatoria esa rotación, pero siempre me manejo con consensos”, le dijo a Infobae. Sin embargo, en 2020 actuó al margen de lo que querían los clubes para corregir una situación de inequidad de género. Las jugadoras de primera hicieron reclamos y banderazos con el eslogan “nivelar la cancha” porque el masculino cobraba premios y ellas no recibían nada. La Liga les dio la razón. Ahora cobran ambos y por igual. Y los clubes tampoco querían hacerlo.

“¿Vos pensás que cuando puse el premio igualitario no me ligué puteadas?”, dice Schneider. “Me ligué todas las puteadas que se te ocurran”. Pero lo hizo igual. Así que se puede. Como se hicieron otras cosas que destaca de su gestión: cuando asumió en 2018 había 6 equipos de femenino y hoy hay 18 más las inferiores; se televisó en horario central la Supercopa; se financia a la Selección femenina (a la masculina no) para la Copa Federal; hay paridad de género en la Comisión Directiva; se creó un Consejo Asesor de Fútbol Femenino; se incluye a jugadoras trans; se suspendió a árbitros de oficio por violencia verbal; y en 2022 todos los torneos llevan el nombre de la primera presidenta del Consejo, Marita Correa.

Pero, si la programación equitativa es compleja, la sanción a Pamela Tortul por expresar que se sintió víctima de violencia de género es inadmisible. La primera reacción de la Liga a la protesta fue un comunicado diciendo que se elevarían actuaciones al Tribunal de Disciplina porque se había empapelado la fachada del edificio con pancartas y se habían producido daños a la cerradura. Esto nunca se comprobó, no se constató ni siquiera por acta y no se hizo la correspondiente denuncia policial.

A raíz de ese comunicado, en el que solo se la sindicaba a ella, Tortul hizo declaraciones a la prensa refiriendo que era víctima de un actuar violento y machista. ¿Cuál fue la respuesta de la Liga? Sancionarla con dos meses de suspensión por atacar a la institución y a sus dirigentes sin probar sus dichos.

Tortul recibió el aliento del público y el apoyo de sus compañeras. Su primer partido suspendida fue el clásico contra Mariano Moreno. Las jugadoras le dedicaron los goles. Las inferiores salieron a la cancha con carteles de protesta. Además, apeló ante el Consejo Federal de la AFA, y está preparando una demanda en el fuero civil y una denuncia administrativa ante el INADI. Sobre este punto le dijo a Infobae que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades, incluyendo la falta de acceso al expediente y a los nombres de los jueces, que conoció cuando ya la habían sancionado.

Por su parte, Schneider aclaró que la sanción no fue por la manifestación, sino por las expresiones ofensivas contra la dirigencia, que están prohibidas por el Reglamento de Transgresiones y Penas del Consejo. También explicó que la decisión del Tribunal es ajena a la Liga y que la resolución la toma un estudio de abogados de Buenos Aires. “Yo personalmente no quería que se la sancione”, le dijo a Infobae, “y si el Tribunal hubiera actuado como quería le hubiera dado 3 años, la máxima”.

¿Cómo se habría manejado el caso si la Liga Paranaense tuviera una política de género razonable (que, de nuevo, no tienen ni los grandes del fútbol profesional argentino)? En lugar de iniciar actuaciones disciplinarias contra la jugadora habría tomado intervención, de oficio, el área de género de la institución. ¿Para investigar a Pamela? No. Para acompañarla, asesorarla e iniciar un proceso interno por su denuncia pública. Esto es lo que establece cualquier protocolo de violencias más o menos decente. La Liga no tiene protocolo y, según un informe reciente del INADI y la Secretaría de Deportes, tampoco el 81% de los clubes del país.

¿Y el artículo del Reglamento de AFA sobre ofensas a dirigentes e instituciones del fútbol? Pues, lo obvio: debe leerse con perspectiva de género. Pensar que la prohibición puede impedir que una mujer denuncie públicamente haber sido víctima de violencia se lleva puestos todos los estándares normativos nacionales e internacionales en la materia (superiores al estándar interno de una asociación civil) y condena a las denunciantes al silencio.

La programación de los partidos la podemos discutir. La sanción por denunciar violencia de género no. Es un adoctrinamiento inaceptable y, si el Consejo Federal la confirma, la AFA estaría violando leyes nacionales y convenciones internacionales, con lo que pondría en juego su estatus jurídico y su reputación mundial.