Los incendios volvieron a ser noticia nacional. En lo que va de 2022 ya se registraron más de 4.000 focos de fuego concentrados exclusivamente en el Delta del Paraná: el fuego arrasó, nuevamente, humedales y biodiversidad. A esto se suma una sequía gravitante que afecta a muchas partes del país, generando condiciones para que estos incendios sean más extremos y menos controlables en los próximos meses del año.
A qué se deben los incendios y cómo puede el Estado prevenir la destrucción que provoca en los ecosistemas, la fauna, las comunidades y las ciudades, son dos grandes preguntas que arrinconan a la actualidad. Sus respuestas ya se conocen. En cuanto a sus causas, Pablo Javkin -intendente de Rosario– aseguró la semana pasada que los incendios son “un hecho intencional que requiere gente presa”, por lo que el municipio presentó una denuncia al mismo tiempo que demandó al Congreso de la Nación que se sancione la tan dilatada y postergada Ley de Humedales.
En este sentido, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego establece dos tipos de incendios: naturales, el resultado del propio ciclo de la naturaleza, pero agravados por el cambio climático, y antrópicas, por la intervención del ser humano. Sequías más extensas, suelos degradados y poca retención de agua son algunas de las condiciones que los magnifican. Sin embargo, el mismo organismo nacional encargado de luchar contra los incendios hace una aclaración: “El 95% de los incendios son causados por actividades humanas”.
Según el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), los humedales son el ecosistema más degradado y transformado, quedando tan solo un 15% del total. Incluso, en los últimos 100 años, se estima que han desaparecido el 64% de los humedales, teniendo una tasa de degradación de 1,5% por cada año que pasa. Todo esto causado por la actividad humana.
Los beneficios ecosistémicos de los humedales pueden enlistarse por largo rato: son fuentes naturales de agua dulce, previenen la erosión costera, funcionan como esponjas naturales que controlan las inundaciones por absorción, mitigan las sequías, suministran alimentos, aunque ocupan el 6% de la superficie terrestre, albergan al 40% de todas las especies vegetales y animales -que los utilizan para vivir y reproducirse- y resultan ser excelentes captadores gases de efecto invernadero (GEI) que afectan al calentamiento global.
Sin embargo, a pesar de su necesidad para la vida humana y el equilibrio natural, los humedales siguen siendo objeto de la ambición, la avaricia y la negligencia. La quema de pastizales y el “despeje” de zonas son mecanismos utilizados muchas veces para expandir las fronteras productivas agropecuarias como también para establecer distintos negocios inmobiliarios. Una vez despejado el humedal queda una tierra muy fértil disponible para, por ejemplo, sembrar soja. Es una suerte de círculo vicioso: desaparece un humedal, se aumenta la producción mediante técnicas de monocultivo a gran escala y la utilización de agroquímicos, se degrada la tierra, se favorece a que haya mayores sequías e inundaciones, lo que favorece la propagación de los incendios. Luego, se avanza sobre estos ecosistemas mediante quema de pastizales, con mayores probabilidades de desatar una tempestad del fuego incontenible, aumentando nuevamente la superficie productiva, degradando más suelos, perdiendo más humedales, y agravando aún más la situación.
En este sentido, la Ley de Humedales es una de las históricas cuentas sin saldar con la sociedad. Los intereses de ciertas personas y sectores se anteponen al bien común, y han logrado frenar los avances legislativos que hubo para sancionarla. Se han presentado más de 20 proyectos de ley para proteger a los humedales. Tan sólo en 2020, cuando el país se encontraba en cuarentena y los incendios en el Delta tomaron la primera plana de casi todos los medios, se presentaron al menos 11 proyectos de ley de Humedales. Y ninguno llegó siquiera a ser votado. Estos proyectos -presentados por legisladores y legisladoras como Gladys González, Leo Grosso, Graciela Camaño, Maxi Ferraro, entre otros-, aunque con matices, plantean en muy resumidas cuentas realizar un inventario de los humedales en todo el país. A partir del mapeo, identificarlos –según sus propiedades, características y localización– con una señalización semáforo para distinguir hasta qué punto pueden tolerar la actividad económica humana sin degradarse. Por lo que habría áreas donde ciertas actividades productivas estén permitidas, otras donde estén restringidas o incluso prohibidas. Similar a lo que ocurre, o debería ocurrir, con los bosques nativos.
Hernán Pérez Araujo, diputado nacional por la provincia de La Pampa, plantea una alternativa a la tan resistida Ley de Humedales. Presentó un proyecto de ley de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que tiene como objetivo proteger al ambiente, y supo tener dictamen por unanimidad: “No pretendemos reemplazar a la tan promocionada y necesaria Ley de Humedales, para la cual también presentamos un proyecto oportunamente, pero creemos que sin dudas la Ley de EIA apunta a la protección de todos los ecosistemas, entre ellos, claro está, los conformados por humedales”. En este sentido, resaltó su importancia como “una herramienta fundamental para evitar que en el futuro ocurran situaciones de despojo y de daños ocasionados de manera antrópica”.
Consultado, el diputado explicó: “La EIA funciona de forma previa al desarrollo de cualquier proyecto, ya que su finalidad es la prevención del daño ambiental”. De esta manera se lograría “evaluar las diferentes obras/actividades que se desarrollen en el país, de forma tal que los mismos se ejecuten de forma sostenible, previniendo sus impactos negativos o mitigándolos”. Hoy las Evaluaciones de Impacto Ambiental existen pero se dan de forma irregular y sin uniformidad. Con una ley nacional que establezca presupuestos mínimos, se lograría poner en práctica -dice el diputado- “el principio que tanto escuchamos en las noticias, el principio de prevención”.
La EIA, que a priori parece algo demasiado técnico y de nicho, tiene una relevancia enorme a la hora de proteger al ambiente. Probablemente al aparentar semejante tecnicismo, es que siendo tan necesaria como la ley de humedales, la EIA se diferencia al no estar tan politizada. En otras palabras: sortea la manipulación de ciertos sectores económicos que vienen obstaculizando la Ley de Humedales. En este sentido, Pérez Araujo expuso que “algún poder oculto hay detrás de la negativa o no tratamiento contra la cual este año estamos luchando, sectores de la construcción, el extractivismo, el agronegocio, que tienen fuerte influencia en sectores de la política y medios de comunicación”.
Los humedales y los ecosistemas están en jaque por la actividad antrópica, humana. Ante esto, el Estado tiene el deber de prevenir los daños y regular en pos del bien común. El contexto actual demanda urgentemente la sanción de una ley que proteja a los humedales, y a los ecosistemas en general, ante el avance del humano sobre ellos. Lamentablemente, sobran ejemplos de desastres ambientales y sociales en los que el fuego arrasó con hogares y personas. Queda poca tierra sin explotar, y debe ser protegida para evitar seguir agravando la crisis social y ambiental. Ante esto, los proyectos de ley de Humedales y de Evaluación de Impacto Ambiental, son dos instrumentos distintos, complementarios y esenciales para prevenir y mitigar los daños.
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