Hay momentos en que un simple hecho –por ejemplo una decisión judicial- suele convertirse en un signo de los tiempos. La liberación de la ex Presidenta de la Nación María Estela Martínez de Perón, más conocida como “Isabel”, por parte de las autoridades que gobernaban de facto la Argentina desde que la derrocaron el 24 de marzo de 1976, ante el silencio y la aquiescencia de gran parte de la ciudadanía, fue un eslabón determinante de un proceso de agotamiento del llamado Proceso de Reorganización Nacional.
La viuda de Juan Domingo Perón, como muchos de los dirigentes de su época, estaba inhibida de administrar sus bienes por estar comprendida en el Acta de Responsabilidad Institucional. Fue la mandataria constitucional que más tiempo sufrió prisión: 5 años, 3 meses y 8 días; desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 9 de julio de 1981. En estos años pasó por diferentes lugares de detención. Primero en “El Mesidor”, Villa La Angostura, Neuquén. Luego la base naval “Juan Bautista Azopardo” de Azul, provincia de Buenos Aires y por último en la quinta de San Vicente, propiedad de su esposo, el ex presidente Perón.
Isabel fue acusada de distintos delitos que se fueron cayendo uno a uno ante diferentes estrados judiciales. Algunas –en la Argentina de estos tiempos- harían estallar sonoras carcajadas a la sociedad. Una primera argumentaba “la imputación dirigida por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas” contra María Estela Martínez de Perón y otras siete personas “y contra tres otras personas fallecidas en el curso de este proceso”, por “haber obsequiado los Directores del Banco Ciudad de Buenos Aires a la que fuera Presidente de la Nación, cuando lo era, dos piezas de piedra dura y un collar de oro con ojo de tigre, y a quien fuera Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, señor Raúl Lastiri, dos cuadros –óleo sobre tela – de un conocido pintor argentino” (Vicente Forte).
El juez que tuvo que entender en la causa sobreseyó a todos el 22 de febrero de 1980, con una larga sentencia no menos ingeniosa. La escribió Pedro Narvaiz, “Pedrito” para los amigos. Luego de varias consideraciones dijo: “Seguramente, en los folios que quedan atrás (eran 614) y las horas de trabajo que su confección ha llevado, se ha de haber gastado casi tanto cuanto costaron los lícitos –bien que inoportunos, pues al país no le sobraba entonces dinero para andarse con cumplidos y regalos– obsequios que motivaron este juicio. Como decía Don Luís Jiménez de Asúa: ‘¿No sería más práctico tener cuidado con el funcionario que se elige’?”.
Luego se la acusó por peculado con los fondos reservados. La causa era la Nº 16.583, contra “María Estela Martínez de Perón, Julio Carlos González y Luís Miguel Caballero”. El juez Rafael “Lalo” Sarmiento dictó prisión preventiva en abril de 1978 en orden al delito de peculado, malversación de caudales públicos, a través de una sentencia de media carilla, en un expediente plagado de testimonios y abundantes pruebas “condenatorias”.
Entre las tantas “pruebas” están las boletas de compra por parte de la Presidencia de la Nación de “2 almendras peladas de 200 gramos cada una” por 59.90 pesos (10 de abril de 1975); “200 gramos de avellanas a 46 pesos”, en “Aromas SA” (28 de abril de 1975); “150 gramos de jamón cocido y 150 gramos de jamón crudo (45 pesos)” en la “Confitería del Molino” (26 de mayo de 1975) y una bolsa de “caramelos especiales” en la “Casa Bonafide” (16 de junio de 1975).
Todo esto generó con el tiempo el allanamiento a la Quinta “17 de octubre” de Madrid. En esta causa Isabel va a salir indemne. Primero fue sobreseída el 4 de febrero de 1981 (día de su cumpleaños ) por el juez federal Martín Anzoátegui que fundamentó la revocatoria de la prisión preventiva basándose en los principios de “legalidad” y “reserva” (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional) por cuanto los cargos “no alcanzan a configurar delito alguno del derecho penal por resultar atípicos, y en tal sentido habré de pronunciarme revocando por contrario imperio el auto de prisión preventiva dictado en su contra”.
La sentencia causó un escándalo por parte de la Sala I de la Cámara Federal que la rechazó, integrada por los doctores Mantarás, Montoya y Rodríguez Araya. El rechazo, el 15 de abril de 1981, generó que Anzoátegui pidiera el juicio político a la Cámara por sus términos descalificantes y a su vez solicitó su propio juicio político, pero la Corte Suprema de Justicia desechó ambos. Al ser rechazada la sentencia de Anzoátegui, los camaristas resolvieron “remitir estas actuaciones para su ulterior tramitación al señor Juez Federal que sigue en orden de turno”. La causa cayó en “Pedrito” Narvaiz que, si bien contaba entre sus pergaminos haber pertenecido a la Cámara Federal Penal que juzgó al terrorismo entre 1971-1973 (lo mismo que Martín Anzoátegui), era mirado con desconfianza por el Ministro de Justicia por estar divorciado (“Situación Irregular Familiar”). El juez, dadas las “calidades” de los camaristas, antes de pronunciarse presentó un borrador, un preanuncio de lo que iba a dictaminar, y pocas horas más tarde, el 24 de junio de 1981, dicto sentencia con “sobreseimiento provisional” y esta vez la Cámara la confirmó.
De todos los cargos que se le hicieron, quedaron firmes las condenas por los cheques de la Cruzada de la Solidaridad (juez federal Norberto Giletta), donde se había cerrado la causa y luego volvió a abrirse, y otra por una donación irregular de un inmueble del Estado (juez federal Pedro Narvaiz). El famoso inmueble había sido confiscado por el Estado a la familia Bemberg durante el primer gobierno de Perón. El mismo -así consta en el acta- fue donado a la Fundación Eva Perón, varios años antes de 1955. Lo que hizo Isabel fue devolverlo al Estado y donarlo al Partido Justicialista. La causa no cayó en la prescripción porque Giletta la había condenado en la causa de la Cruzada.
El juez federal Pedro Narvaiz, sacó la cuenta de la condena por el inmueble, la sumó a la del juez Giletta y consolidó las condenas. Como había cumplido dos tercios de las mismas decretó su excarcelación.
El fiscal Julio César Strassera no apeló y por extensión el dictamen benefició a José López Rega, Carlos Villone y al ex asesor José Miguel “Gordo” Vanni. A decir verdad, ninguno de los jueces que dictaminaron en las causas reconocieron haber sufrido ninguna presión del poder militar.
Para mandar un mensaje a la sociedad –que era la Justicia la que la excarcelaba-, luego de despistar al periodismo, Narvaiz hizo trasladar a Isabel desde San Vicente en un helicóptero del Ejército que cedió el general Alfredo Saint Jean, en ese momento Secretario General del Ejército, y comparecer a Tribunales en un auto con custodia policial.
Como llegó al juzgado antes de tiempo, Narvaiz se encontraba almorzando un poco de jamón y dos huevos duros. “¿Usted almorzó, señora?”, le preguntó el juez. “Sí, doctor”, respondió la ex Presidenta de la Nación. A renglón seguido le comunico cuál era su situación: su excarcelación. La primera reacción de Isabel fue preguntar por el doctor Jorge Manuel Lanusse (pariente del ex presidente Alejandro A. Lanusse), un abogado que había oficiado de “defensor oficial” ante la Corte Suprema y los juzgados federales, cuando en un momento ella se encontraba sin nadie que la defendiera. Narvaiz lo mando llamar y poco después llegó Lanusse y se saludaron afectuosamente. Más tarde arribó Manuel Arauz Castex, con quien se retiró en libertad.
El juez Narvaiz solo le impuso una carga insólita a la libertad condicional de la ex presidente: como ella eligió vivir en Madrid tenía la obligación de presentarse cada dos semanas al Consulado por si existía alguna requisitoria. Era la hora de firmar lo que le pidieran porque lo cierto es que nunca la iban a requerir. Estaba claro que había una decisión de justicia plena para liberarla.
A comienzo de 1981, Isabel había dejado de estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional pero continuó recluida por causas judiciales pendientes en la quinta de San Vicente, propiedad de su fallecido esposo Juan Domingo Perón. Como hemos dicho, durante mucho tiempo Isabel no tuvo abogado personal. Fue su ex ministro de Bienestar Social, Aníbal Demarco, el que le presentó a Julio Isaac Arriola. Con el paso de los meses el abogado entendió que debía convocar a un peronista para que hiciera de enlace con la prensa y atendiera los pedidos de audiencia a la viuda de Perón. La gestión declinante del gobierno militar parecía haber revalorizado el papel de Isabel en la política y todos querían verla, imploraban por entrevistarla, en especial cuando se estableció en San Vicente. Por lo tanto, Arriola nombró a Ricardo Fabris, “Lalo” para sus íntimos, un peronista ortodoxo, con un pasado nacionalista, que había sido Secretario de Cultura del intendente porteño Leopoldo “Polo” Frenkel y luego director de Prensa de la Presidencia de la Nación hasta el 24 de marzo de 1976.
Cuando la bruma castrense comenzó a disiparse alrededor de la expresidente aparecieron como abogados los “Tres Mosqueteros”: Ítalo Argentino Luder, Ángel Federico Robledo y Manuel Arauz Castex. De todas maneras, Arriola no fue desplazado pero se entendía que los tres altos dirigentes justicialistas iban a realizar una serie de encuentros y negociaciones con autoridades a las que él no podía acceder.
Isabel Perón recibía a poca gente a pesar de los numerosos pedidos. Imaginaba que deseaban quedarse con lo mucho o poco que aún representaba. Así nació la idea de que había “un cerco” a su alrededor. “¿Che, ustedes no la estarán entornando a la Señora?”, le preguntó un día Lorenzo Miguel a Ricardo Fabris. “No, no hay ningún cerco”, respondió displicentemente. Finalmente, Fabris se instaló en San Vicente y cada pedido de audiencia era consultado. Ella hablaba poco, movía la cara como diciendo “no” y sobraban las palabras. Ni sus hermanos Aracelli y Carlos Ernesto Martínez Cartas lograron pasar las vallas de las dos entradas de la quinta. Lorenzo Miguel, Saúl Ubaldini, Roberto García, Carlos Gallo, Deolindo Felipe Bittel y los miembros del Consejo Superior se quedaron afuera como muchos. Para romper “el cerco” la hicieron venir a Pilar Franco que tampoco fue recibida. Ella siempre respondía –así está en los diarios– que sólo iba a dar entrevistas en el exterior. Y con esa finalidad eligió ir a España. Para viajar necesitaba un pasaporte y hasta San Vicente fue personal de la Policía Federal para llenar las fichas y sacar las fotos.
Su día de partida a Madrid fue el 9 de julio de 1981, mientras se festejaba con aires marciales el Día de la Declaración de la Independencia. Estaba claro que los militares no entendían del valor de los símbolos sino tendrían que haberle elegido otra fecha para su partida. La noche anterior, los “Tres Mosqueteros”, más Arriola y Fabris cenaron en San Vicente un plato de pescado. Ella casi no tomaba alcohol. En silencio participaron dos oficiales del Ejército, responsables de la seguridad de la quinta. Todos se miraban con “cara de poker” (me contó Fabris) y ella no largaba prenda cuando le preguntaban qué iba a hacer de su futuro. Todos sabían que en ese momento un veto de “la Señora” era para algunos casi la muerte política.
La tapa del semanario Somos, muy próximo al régimen castrense, en su número 251, del 10 de julio, parecía sostener algo parecido: “Después de 6 años ¿todo sigue igual?”. En la misma tapa, en un pequeño recuadro, aparecían las fotos de Ricardo Balbín y Deolindo Felipe Bittel, presidentes del radicalismo y el peronismo. Para los militares era el regreso de los viejos fantasmas que creían haber dejado atrás en la madrugada del 24 de marzo de 1976.
Días antes de su partida a España se libró una pugna alrededor de Isabel para saber quiénes la acompañarían. Se hizo una corta lista tamizada por Luder, Robledo y Arauz Castex. Finalmente, la delegación que subió en el vuelo 996 de Iberia, que partió a las 18.35, estuvo integrada por Arolinda Bonifatti (que se sentó junto a ella en la fila uno de Primera Clase), Arriola, Fabris, Horacio “Chacho” Bustos –incorporado para apoyar en algunas tareas al vocero de prensa– Magdalena Álvarez Seminario, Amelia Álvarez y Nélida “Cuca” Demarco.
María Estela Martínez de Perón salió de San Vicente rumbo a Ezeiza en un helicóptero junto con Arriola y Fabris. Cuando despegó pudo ver a un numeroso grupo que coreaba su nombre como en el pasado. Como sucedía en esos años la Fuerza Aérea tenía bajo su jurisdicción el aeropuerto internacional. Uno de los que viajaron con Isabel me recordó que se había presentado el brigadier Ataliva Fernández para coordinar la seguridad. Fue el jefe aeronáutico que antes de desplegar a su gente impartió la siguiente orden: “Escuchen bien, al que la saluda como ‘Presidenta’ le corto las pelotas”.
Las fotos publicadas en los diarios del día siguiente muestran a Isabel con un elegante tapado de piel de zorro, flanqueada por Ricardo Fabris, de traje cruzado claro, y un solemne Bustos que lucía una de sus tantas corbatas oscuras. También viajaron varios periodistas pero el primero que pudo entrevistarla fue el ex diplomático Albino Gómez –que ocupaba un asiento en primera clase (el asiento A de la 6ª fila)- en nombre de Clarín. En su primera entrevista pública Isabel no habló de política, sino que sobrevoló sus años de detención, sus preferencias y lecturas. Le dijo a Albino Gómez que tenía a la Biblia como su libro de cabecera y que se había pasado horas de detención viendo la telenovela “Rosa de lejos” y se distraía con “Polémica en el bar”, “Operación Ja Ja” y “Videoshow” conducido por Cacho Fontana.
En esas horas, Hernán Pereyra, columnista de la agencia UPI, escribió que “el fracaso de los cinco años de gobierno militar, entendido como la imposibilidad de que la Argentina crezca económicamente y encuentre un sistema político estable, ha devuelto a Isabel Martínez parte de su prestigio perdido (...). La situación económica y política del país, signada por una crisis definida como la peor en los últimos 50 años, no parece ser hoy mejor que en 1976, y algunos la definen como peor”.
Otra que tomo el mismo vuelo fue Renee Salas de Gente y en clase turista viajó Fermín Cháves. La llegada a Madrid fue un escándalo. Gritos a favor y en contra, maltrato al periodismo español, que lo reflejó en sus medios, y corridas que generaron roturas de vidrios. La nota del día fue verlo al ex Secretario General de la CGT, Casildo Herreras, con un ramo de flores en el aeropuerto. El mismo que había pasado a la historia con su frase, pronunciada lejos de Buenos Aires, horas antes del golpe del ‘76: “Yo me borré”.
Del aeropuerto de Barajas se dirigieron al Hotel Ritz cuyos gastos estuvieron a cargo del abogado español Ignacio Collantes, con oficinas en Almagro 31, piso 4º. A la quinta “17 de octubre”, donde ella había vivido con Juan Domingo Perón, no se podía ir porque estaba “destrozada” según dijo Fabris a la prensa. Unas semanas más tarde, el grupo partió de vacaciones a Estepona huyendo de los calores de Madrid. Antes de partir, Fabris le alquiló un departamento en el 4º piso de la calle Moreto 3, cuyo dueño era un señor Oriol. Antes vio otro en Miguel Ángel nº 15 pero a Isabel le pareció muy “hollywoodense”.
Poco más de un año más tarde, cuando Isabel les dijo “yo no quiero actuar más en política”, Ricardo Fabris y Horacio Bustos emprendieron la retirada de Madrid. El primero volvió a Buenos Aires y Bustos viajó a Colombia donde lo esperaba Osvaldo Pappaleo, el último jefe de prensa de Isabel Perón en 1976, y entre los dos pusieron una empresa de representación de artistas y organización de recitales y eventos. Les fue muy bien si se tiene en cuenta a los cantantes con los que trataron: Barry White, Roberta Flack que no pudo dejar de cantar “Killing Me Softly with His Song”, la cubana Celia Cruz y Gloria Gaynor, entre tantos.
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