Las siniestras historias de los represores liberados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final

La mañana del 23 de junio de 1987 las portadas de los principales diarios argentinos informaban sobre el primer caso de divorcio legal en el país, concretado en el Palacio de Tribunales durante una audiencia que duró apenas veinte minutos; el Superprode se repartía entre nueve tarjetas ganadoras, cuyos felices poseedores se embolsarían 605.000 australes cada uno, y el mundo del espectáculo se conmovía por la muerte del gran Fred Astaire.

Pero la noticia más importante era otra: el día anterior, con tres votos a favor y dos disidencias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había declarado constitucional la llamada Ley de Obediencia Debida, que establecía la presunción de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores o de inmuebles de desaparecidos), durante el terrorismo de Estado y la dictadura militar no eran punibles, por haber actuado en virtud del concepto de “obediencia” en las Fuerzas Armadas, según el cual los subordinados no tienen otra alternativa que obedecer las órdenes que les dan sus superiores.

Por esa razón, esa misma mañana, algunos de ellos, que estaban detenidos con prisión preventiva a la espera de sus juicios, celebraron su impunidad y volvieron a la calle para mezclarse con los ciudadanos comunes, y más de uno, seguramente, al día siguiente se regodeó al comprar los diarios que anunciaban “Liberan a militares por obediencia debida” y buscaron sus propios nombres en la lista.

Esos nombres habían sido repetidos una y otra vez durante el Juicio a las Juntas Militares y, antes, en los desgarradores testimonios de los sobrevivientes de los campos clandestinos de detención y tortura ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP). Nombres que encarnaban el terror y el horror del plan sistemático de represión ilegal de la última dictadura, como Alfredo Astiz (a) “El Ángel Rubio”, Jorge Acosta (a) “El Tigre”, Julio Simón (a) “El Turco Julián” o Antonio Domingo Bussi, responsable máximo de la llamada “Operativo Independencia” que tiño de sangre a Tucumán.

Impunidad express

Todo había sucedido muy rápido para que pudieran volver a la calle. En apenas seis meses habían logrado la impunidad de sus crímenes de lesa humanidad.

El gobierno de Raúl Alfonsín, que había hecho historia apenas iniciado al promover en diciembre de 1983 el Juicio a las Juntas Militares y avalado los procesos judiciales a los genocidas, pronto había retrocedido ante las presiones militares y, también, de ciertos sectores políticos, incluso dentro de su propio partido.

El 5 de diciembre de 1986 –tres días después de conocerse las sentencias en el juicio del llamado “Circuito Camps” por la represión ilegal a cargo de la Policía Bonaerense– Raúl Alfonsín le había hablado al país por la cadena nacional. Vestido con traje azul y corbata al tono, el Presidente no abandonó ni por un momento la expresión adusta mientras se dirigía a los argentinos.

“El 13 de diciembre próximo se cumplen tres años del mensaje que dirigí al pueblo argentino para anunciar la decisión política del gobierno de investigar judicialmente las violaciones a los derechos humanos. Existe de manera clara una dificultad creciente, consecuencia del largo tiempo transcurrido en las investigaciones con el consiguiente retraso en la asignación de responsabilidades. Las causas de este retraso son variadas, pero lo cierto es que se está afectando de modo directo tanto a las víctimas de la represión ilegal como a un número considerable del personal de las Fuerzas Armadas que experimenta dudas acerca de su eventual situación procesal”, diagnosticó.

Trazado el cuadro de situación, Alfonsín se despachó con lo concreto:

“Es así que estamos enviando al Congreso de la Nación para su tratamiento en sesiones extraordinarias, un proyecto de ley que contempla un plazo de extinción de la acción penal que permita en el menor tiempo razonable liberar de sospechas a quienes, a más de tras años de iniciadas las investigaciones, no hayan sido considerados formalmente sospechosos por los jueces, al par de que se procura también, como dije antes, acelerar esos procesos”, anunció.

La intención del discurso presidencial era mostrar como un avance lo que en realidad era un claro retroceso en la producción de justicia: se estaba gestando la primera ley de impunidad, la de “Punto Final”, que fue aprobada y sancionada ese mismo mes.

Según la norma, de siete artículos, la Justicia tenía apenas 60 días para iniciar los procesos a los represores.

Pero hacía falta más…

El gobierno de Alfonsín había logrado la ley que buscaba: sesenta días era un plazo muy corto, sobre todo si se tenía en cuenta que la feria judicial del mes de enero. En la práctica, se trataba de apenas un mes para presentar las acusaciones contra los responsables de delitos de lesa humanidad.

Frente al hecho consumado, los organismos de Derechos Humanos, abogados comprometidos en la lucha contra la impunidad y funcionarios judiciales trabajaron a destajo durante enero y febrero de 1987 para concretar el mayor número posible de imputaciones.

Alarmados, los sectores de las Fuerzas Armadas dispuestos a lograr su impunidad volvieron a presionar a Alfonsín en una escalada que comenzó con la negativa a presentarse cuando eran convocados por la Justicia y que culminó con el levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987.

El Presidente sintió el golpe y, el 8 de junio de 1987, el Congreso sancionó una nueva ley enviada por el gobierno de Raúl Alfonsín. La “Ley de Obediencia Debida”, que dejaba impunes a casi todos los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Apenas dos semanas después, la Corte Suprema de Justicia –con los votos a favor de los jueces Carlos Fayt, José Severo Caballero y Augusto César Belluscio, y las disidencias de Jorge Bacqué y Enrique Petracchi– la declaró constitucional y abrió las puertas de las cárceles para que salieran los genocidas.

Empezaron a salir hace exactamente 35 años, el 23 de junio de 1987.

Bussi, el precursor

La ley de “Punto Final” tuvo entre sus beneficiados a Antonio domingo Bussi, que estaba acusado de secuestros y asesinatos en la provincia de Tucumán, primero como jefe de la llamada “Operativo Independencia”, iniciada durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y luego como interventor provincial.

Su carrera pública como represor había comenzado en diciembre de 1975,

Su vida pública comenzó en diciembre de 1975, cuando reemplazó al frente de la “Operativo Independencia” a Acdel Vilas. Antes de irse, Vilas anunció que la guerrilla tucumana había sido derrotada. A Bussi le tocó “rematar a la subversión”, explicó alguna vez.

El 24 de marzo de 1976 se convirtió en interventor federal y jefe militar de Tucumán, concentración de poder que no ostentó ningún otro gobernador de facto. Siempre desbordante de pistolas y granadas para infundir sumisión, extendió al infinito el concepto de “subversivo”, que no excluyó ni a los mendigos: la noche helada del 16 de julio de 1977 ordenó levantarlos de las calles y tirarlos en un desierto de Catamarca.

El 70 por ciento de los 507 secuestros registrados en Tucumán se produjo durante los dos años de su gobierno. Sólo una de cada cinco víctimas tenía militancia política o gremial conocida. “Nueve de cada diez fueron secuestrados en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas que actuaban con una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1″, decía la acusación que se preparaba contra él cuando lo benefició la ley de “Punto Final”.

Su liberación no sólo lo devolvió a las calles, sino que dio lugar a una paradoja: se transformó en dirigente político de la democracia que tanto despreciaba y volvió a gobernar por los votos a la provincia que había sumergido en un baño de sangre.

Un año después de ser liberado fundó Fuerza Republicana, partido con el que ganó ocho elecciones. En 1993 asumió como diputado nacional y dos años después como gobernador.

En 1999 volvió a ser electo diputado, pero la APDH lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado cuentas bancarias en Suiza. La Cámara le impidió el ingreso al Congreso.

Su última elección fue en 2003 cuando ganó la intendencia de San Miguel de Tucumán por una diferencia de 17 votos, pero no pudo asumir. La derogación de las leyes de “Obediencia Debida” y de “Punto Final” marcó el final de sus tiempos políticos.

El 28 de agosto del 2008, Bussi fue condenado a prisión e inhabilitación perpetua y años después fue dado de baja del Ejército, con la pérdida de su rango de general. Murió el 24 de noviembre de 2011.

“Había que matarlos a todos”

La ley de “Obediencia Debida” le devolvió ese 23 de junio la libertad a Julio Simón (a) “El Turco Julián”, policía y agente civil de Inteligencia con larga trayectoria en los centros clandestinos de detención de la dictadura. Estuvo en Club Atlético, El Banco y El Olimpo, pero también colaboró con los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada y en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército.

“El Turco Julián me aplicaba la picana por no conocer el Padrenuestro, mientras aseguraba ‘esta noche vamos a hacer jabón’. Ponía el equipo de música a todo volumen con marchas nazis”, contaría años después Rebeca Sacolasky durante el juicio que lo tuvo como acusado.

“En El Olimpo yo tenía que preparar la comida, lavar los platos, limpiar baños, o sea, tenía que moverme. En uno de esos movimientos paso frente a una habitación que estaban usando como sala de torturas, donde habían dejado la puerta abierta, y estaba Julián interrogando a un detenido, torturándolo. Pero no lo torturaba con una picana. Lo tenía apoyado sobre la mesa de torturas, boca abajo, con los pies colgando hacia el suelo. Había enchufado un cable con la punta pelada y lo torturaba con los 220 del enchufe. Esto no le alcanzaba, parece, porque le había metido en el ano un pedazo de palo de escoba. Entonces, la persona, al ser torturada con electricidad, se retuerce y salta y la presencia del palo de escoba en el ano lo destrozó todo. Esta persona se le murió en la tortura”, relató Mario Villani, otro sobreviviente.

Pero si los testimonios de sus víctimas son estremecedores, sus propias confesiones fueron obras maestras del terror. Porque al salir en libertad, Simón no se conformó con hacer mutis por el foro y guardarse avergonzado en su casa, sino que se convirtió por iniciativa propia en una figura mediática, asiduo participante como panelista o invitado en algunos programas de televisión donde no tuvo reparos en relatar sus crímenes.

Frente a las cámaras de Telenoche se despachó con declaraciones como éstas: “Yo participé en los grupos de tareas para frenar la horda asesina que nos traían del exterior. El criterio general era matar a todo el mundo y los interrogatorios los acelerábamos con la tortura”.

También sostuvo muy suelto de cuerpo que “los hijos de Hebe de Bonafini están vivos en España”.

Después de esa aparición estelar –una entrevista dividida en tres partes y difundida durante tres días consecutivos– se convirtió en panelista permanente de la tevé donde volvió a banalizar el terrorismo de Estado.

Casi siempre terminaba con un latiguillo: “Lo volvería a hacer”.

Con la derogación de las leyes de impunidad, esas declaraciones le costarían caras en los juicios. Fue el primer condenado en esa nueva etapa de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

El 4 de agosto de 2006 fue condenado por el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal a 25 años de prisión, por la detención ilegal y los tormentos infligidos a José Poblete y Gertrudis Hlaczik y por la ocultación de una menor, hija del matrimonio, que en ese momento tenía ocho meses de edad.

Luego fue sentenciado también a 23 años de prisión en la causa conocida como “Batallón 601″, por los secuestros, las torturas y la desaparición forzada de personas.

Los símbolos de la ESMA

Los marinos Alfredo Astiz y Jorge Acosta fueron otros dos beneficiados por la ley de “Obediencia Debida” que recuperaron su libertad el 23 de junio de 1987. Por los testimonios de los detenidos que sobrevivieron a su detención sus nombres se convirtieron en símbolo del terror que se vivió en las catacumbas de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Junto con “El Campito”, que funcionó bajo la órbita del Ejército en el predio de Campo de Mayo, el de la Escuela de Mecánica de la Armada fue uno de los mayores centros clandestinos de detención y tortura establecidos durante la última dictadura. Se estima que entre 1976 y 1983 allí fueron llevadas, encerradas y torturadas más de 5.000 personas. La enorme mayoría permanece desaparecida.

Allí funcionó también una de las tres maternidades clandestinas que el Terrorismo de Estado instaló en la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires para que dieran a luz las mujeres secuestradas que estaban embarazadas. En la mayoría de los casos, esos bebés fueron apropiados. La maternidad clandestina de la ESMA se transformó en una referencia dentro del aparato de la represión ilegal y el plan sistemático a apropiación de bebés, a tal punto que el segundo al mando de los grupos de tareas del centro clandestino, Jorge “El Tigre” Acosta se refería a ella con orgullo como “La Sardá”, equiparándola a la maternidad pública de la ciudad de Buenos Aires.

Entre las “hazañas” de Alfredo Astiz se cuentan haber matado de un tiro en la espalda a la adolescente sueca Dagmar Hagelin y haberse infiltrado en el primer grupo de las Madres de Plaza de Mayo para señalar a las víctimas de los secuestros en la Iglesia de la Santa Cruz.

Al “Tigre” Acosta le gustaba definirse como el “dueño de la vida y de la muerte” en la ESMA y se jactaba de eso diciendo: “Yo decido quién se queda acá y quién se va para arriba”, en una directa alusión a quienes iban a ser arrojados vivos desde los aviones que realizaban los “vuelos de la muerte”.

Gracias a las leyes de impunidad, pese a los crímenes que cometieron como parte del aparato del Estado Terrorista instaurado por la dictadura, vivieron impunes y caminaron desafiantes por las calles hasta que volvieron a ser detenidos y juzgados. Los dos recibieron condenas a prisión perpetua.

Los casos de Bussi, Simón, Acosta y Astiz son apenas cuatro muestras del daño social causado por las leyes de “Punto Final” y de “Obediencia Debida”.

Sus historias se replican en centenares de otras que tuvieron como protagonistas a los represores que recuperaron su libertad aquel 23 de junio y que les permitieron vivir 17 años en la más completa impunidad.

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