Una estafa millonaria corre riesgo de quedar en la nada por inacción de la Justicia. Se trata del caso del jubilado Luis Vázquez, un empresario inmobiliario que se quedó pobre cuando estaba agonizando. Nunca se enteró porque jamás salió del coma pero el apoderado en el que había delegado un poder para hacer trámites, Maximiliano Teta, le vendió más de 30 propiedades a un precio irrisorio. Los familiares del jubilado están convencidos de que el apoderado se las entregó a sus familiares y amigos que no tenían capacidad económica para hacer inversiones. Es más, algunos eran beneficiarios de AUH. El caso, que fue revelado por Infobae el año pasado, tuvo una novedad la semana pasada: después de más de dos años, la justicia finalmente concretó un allanamiento en la escribanía de la localidad bonaerense de Ezeiza donde se hicieron todas las transacciones.
Pero el operativo tuvo circunstancias insólitas. Es que la medida fue anunciada a todas las partes de la causa. Es decir: sorpresa cero. Y además los querellantes denunciaron que los citaron a 25 minutos del lugar de la escribanía cuando la policía ya estaba en el punto del objetivo con testigos. Del lugar, vieron salir a una mujer con un cochecito de bebé. Todo fue filmado por uno de los abogados que, sospechando, se fue directo al lugar donde creía que se haría el procedimiento.
Pese a todo, lo único que encontraron, después de tanto tiempo y tanto anuncio, igual refuerza las sospechas contra los implicados. Es que, como es obvio, cuando una propiedad se vende, el ex dueño no tiene más poder sobre el inmueble, pero aquí se encontró que los supuestos compradores firmaban, después de comprar, un poder en favor de Teta, el apoderado acusado de infiel. “¿Por qué darle un poder al que me vendió?. Solo porque la venta fue simulado”, dijo a Infobae el abogado Juan Caimi Villanueva. Esos poderes nunca fueron reportados al juzgado. Se encontraron ahora, revisando los libros en la escribanía allanada ¿Por qué no se pensó en hacer desaparecer esta prueba si sabían del procedimiento, entonces? Porque esos datos constan en el libro de protocolo que pertenece al Colegio de Escribanos y no se puede modificar el orden de las actas.
Los familiares del jubilado volvieron a pedir entonces que se ordenen las indagatorias del apoderado y del resto de la cadena de compradores de las propiedades. Corren contra reloj: si no se hace nada, la causa prescribirá el 26 de julio próximo. El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8 de Delitos Económicos de Lomas de Zamora, a cargo de Jorge Grieco. Infobae intentó comunicarse insistentemente con la fiscalía pero hasta ahora no tuvo respuestas.
El caso
La historia se remonta a 2009, cuando Luis Vázquez decidió darle un poder general de administración –que también era recíproco-. Eso convertía a Teta en una suerte de testaferro del anciano. Fue ese documento el que terminó sellando lo que cobra ahora relevancia en este juicio. “Eso no solo era conocido por todos en Ezeiza, sino que se verificaba en que la administración y los frutos de dichos inmuebles eran de Vázquez, a pesar de que formalmente se encontraban a nombre de su infiel empleado”, admite la demanda.
Vázquez tenía muchos problemas de salud (ACV, operaciones de cerebro, internaciones) y en el año 2009 otorgó poder a su empleado de confianza, Maximiliano Teta, para que en caso de esos episodios pudiera continuar con el giro comercial de su actividad. Los problemas de salud de Vázquez se agravaron en 2016. El 30 de abril se cayó y se rompió en la cadera. Después de un mes de internación en un sanatorio porteño, quedó recluido en su casa, sin poder levantarse de la cama. Y el 13 de julio, tuvo un ACV que lo dejó inhabilitado. “Nunca hubiera podido firmar actas”, sostuvo la demanda.
La demanda de Hugo y Guillermo Vázquez afirma que en solo 59 días, desde 19 de julio al 16 de setiembre de 2016, cuando su tío, Luis Vázquez, estaba “internado en grave estado de salud, con un grado de conciencia mínima, asistencia respiratoria mecánica, cuadripléjico y con una traqueotomía” se transfirieron 34 inmuebles “a un precio absolutamente ridículo –que tampoco ingresó a su patrimonio”.
En algunos casos el precio en que se vendió llegó a ser hasta el 7424% inferior al valor de plaza. Todas las operaciones se hicieron ante el escribano Andrés Ariel Ringuelt, pese a que habitualmente es el comprador el que elige ante quién hacerse. Las operaciones fueron todas en en efectivo, antes de la escritura, y sin que se diera difusión.
La causa se abrió el 7 de junio del 2020, con la denuncia de los abogados Caimi Villanueva y Matías Ledesma, en representación de los sobrinos y herederos del jubilado. En ese momento se pidió la citación a indagatoria de todos los acusados. Sin respuestas, el 20 de mayo de 2021, once meses después y luego de que por fin se resolviesen cuestiones de competencia, la querella volvió a insistir con los allanamientos y las indagatorias. Lo volvieron a reclamar en agosto, setiembre, noviembre de 2021 y en febrero pasado. No pasó nada.
Finalmente, después de las advertencias sobre el peligro de prescripción, la causa pareció moverse. De todos los allanamientos requeridos, la fiscalía solicitó hacer uno solo. El juez no hizo lugar diciendo que la maniobra debía como una maniobra global. La fiscalía entonces apeló la decidió. El caso se fue a la la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora discutiendo esa cuestión.
El allanamiento anunciado
Según se desprende del expediente, el 10 de mayo, la querella solicitó una serie de medidas de prueba y pidió el secreto de sumario. Pero el 27 de mayo el juez de Garantías Gustavo Caig le pidió al fiscal que justificara un dictamen “en función de la complejidad de los hechos pesquisados”. No lo decía expresamente, pero para cualquiera de los intervinientes de la causa era claro que el Ministerio Público estaba pidiendo medidas de impacto en el expediente. Así como lo vieron los querellantes, también lo vieron los defensores. La querella entonces presentó un escrito apurando definiciones. Pero el documento también fue subido al expediente digital. Los defensores ahí tuvieron en claro qué se estaba solicitando. Podía deducirse un allanamiento.
Pero si alguna duda quedaba el 7 de junio último en la causa apareció un oficio librado al Colegio Público de Escribanos para designar un veedor para concretar el allanamiento que se iba a hacer en la escribanía. Es decir: cualquier factor sorpresa para encontrar alguna prueba quedaba en la nada.
Los querellantes pidieron estar en el procedimiento. Lo hicieron en un escrito en donde se decía que “era altamente probable que la o las medidas que se hubiesen ordenado no tuviesen resultado positivo, atento a la publicidad que se le había otorgado, ya que se les dio la oportunidad de sustraer o hacer desaparecer documentos o pruebas de interés para la causa, entorpeciendo así la investigación”.
Según consta en la causa, un oficial de la Policía Federal se comunicó con una de las abogadas del caso y le hizo saber que debería concurrir a un “punto de encuentro” situado en Monte Grande. Es decir: a 25 minutos de distancia de la escribanía Ringuelet. Mientras tanto, otro de los abogados, Caimi Villanueva, llamaba a la fiscalía para preguntar por qué el punto de encuentro estaba tan lejos de donde suponían que se haría el procedimiento: la escribanía clave. Sin respuestas concretas y mientras una abogada del estudio esperaba en el punto informado por la policía, Caimi se fue a la cuadra de la escribanía y ahí se encontró y filmó a los policías que ya estaban en el lugar. También filmó a una mujer que salía con un cochecito de bebe de la escribanía antes de que el procedimiento se iniciara.
“Sr. Fiscal, parece absurdo tener que recordarle, a estas instancias, los derechos de las víctimas. Nos han paseado mientras se preparaba el operativo, ya que si bien la Dra. Barbara Rivero Blanco fue al punto de encuentro, el Dr. Caimi en el entendimiento de que no tenía sentido citar a las partes a 10 km de distancia de donde se llevaría a cabo la medida, se dirigió directamente a la escribanía y, para su sorpresa se encontró con personal policial y testigos ya seleccionados -que no pudimos estar presentes para constatar su elección-. ¿Cómo es posible que el operativo haya comenzado sin esperar la presencia de esta parte que solicitó expresamente participar? ¿Qué hacía el personal policial en el lugar del allanamiento antes de comenzar la medida si la orden había sido que nos juntáramos todos en un punto de encuentro?” Tal como se observa en los videos que tiene esta parte, cuando aún no había llegado “la comitiva que se encontraba en el punto de encuentro” salía gente de la escribanía trasladando cosas de manera altamente sospechosa”, dice el escrito de la querella aportado a la causa.
Según la querella, “llama poderosamente la atención que el Oficial de la Policía Federal nos haya comunicado que se llevaron a cabo otros allanamientos en el día de ayer, sin darnos la posibilidad de presenciarlos -dada la gravedad de los hechos denunciados y del actuar judicial ya denunciado hasta el hartazgo en estos actuados-. ¿Qué resultado espera obtener de la medida ordenada en el día de hoy si los allanamientos no se llevaron a cabo de manera simultánea y si los abogados defensores tuvieron acceso dos días antes a la información de que la escribanía sería allanada? Este tipo de prácticas que en el mejor de los casos podría considerarse negligente, atenta contra el deber del Ministerio Público de investigar la verdad y contra los derechos de las víctimas en una causa que se lleva a un ritmo fatídico y preocupantemente lento”.
En este contexto, los querellantes insistieron en este contexto con el pedido a indagatoria de todos los imputados y se dicten procesamientos. El tic tac del reloj sigue sonando, con el riesgo de que el caso prescriba.
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